nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, nueve de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Luis Cornejo Chávez, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. (AFP UNO S.A.), por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales para extranjero, notificado el 28 de octubre de 2025.

Expone que, siendo Ingeniero Industrial con residencia definitiva en Chile, y habiendo suscrito en su contrato de trabajo cláusulas previsionales manifestando su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley N°18.156, solicitó la devolución de sus fondos previsionales a través del portal web de la recurrida el 23 de octubre de 2025. Dicha solicitud fue rechazada bajo el argumento de no haber acompañado constancia de afiliación vigente debidamente apostillada o legalizada, indicando la recurrida que el documento presentado (“Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales - IVSS) correspondía únicamente a una constancia de cotizaciones y no acreditaba afiliación actual ni cobertura de prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Señala que sí cumple con las exigencias legales, manteniendo afiliación a un sistema de seguridad social en su país de origen, lo que acredita mediante la constancia electrónica del IVSS, la cual contiene mecanismos de verificación digital de su autenticidad. Agrega que la recurrida no verificó los antecedentes acompañados, incurriendo en una interpretación formalista de la normativa, pese a que el certificado acredita su estado “activo” y cobertura en contingencias de seguridad social. Sostiene que la exigencia de apostilla resulta de imposible cumplimiento debido a la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un caso fortuito, habiendo acompañado todos los antecedentes disponibles. Por lo tanto, la negativa de la AFP UNO S.A. constituye una imposición de requisitos no contemplados en la ley, afectando su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales.

Por lo anterior, solicita se ordene reconocer la validez de la documentación acompañada y se disponga un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, con la consecuente devolución de los fondos.

Segundo: Que, al evacuar informe la abogada Romina Dalbosco Cornejo, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicita el rechazo del recurso, con costas, fundado en la improcedencia de la acción cautelar y en la inexistencia de acto ilegal o arbitrario.

Expone que la solicitud de devolución fue rechazada por no haberse acompañado una certificación de afiliación vigente debidamente apostillada o legalizada, señalando que el documento presentado corresponde a una constancia de cotizaciones sin firma, que no acredita de manera idónea la cobertura previsional exigida por la Ley N°18.156 en sus requisitos de vigencia y especificidad de prestaciones (enfermedad, invalidez, vejez y muerte).

Añade que los antecedentes acompañados, incluyendo una constancia electrónica y declaración jurada, no permiten verificar la afiliación efectiva durante el período trabajado en Chile ni emanan válidamente de autoridad competente conforme a las exigencias legales, careciendo además de apostilla o legalización, requisito necesario para otorgarles valor probatorio en el país, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Agrega que la AFP ha actuado conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, que exigen certificación formal de la afiliación extranjera, con indicación expresa de coberturas y vigencia, citando los Oficios Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025 y Reservado N° 25.057 de 29 de diciembre de 2023. Además, precisa que la propia Superintendencia de Pensiones rechazó una propuesta de la recurrida (Oficio Ordinario N° 14254 de 24 de enero de 2025) para flexibilizar la validez de los certificados del IVSS.

Asimismo, señala que consta en los registros que el afiliado ya efectuó un retiro de fondos previsionales bajo la Ley N° 18.156 respecto del mismo empleador (LEVEL PROPIEDADES SpA.), el cual fue aprobado y pagado en el año 2023, y que dicho beneficio se concede de manera única por cada relación laboral bajo el régimen excepcional previsto en la normativa aplicable. Finalmente, sostiene que la presente acción no es la vía idónea para resolver la controversia, por tratarse de una materia de lato conocimiento con derecho controvertido, solicitando en definitiva el rechazo íntegro del recurso con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, en la especie, el acto que se reprocha a la recurrida consiste en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por el actor al amparo de la Ley N° 18.156, por estimar que la documentación acompañada no cumple con las exigencias legales y administrativas vigentes para acreditar su afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y además, por haberse constatado un retiro previo de fondos previsionales por el mismo empleador.

Quinto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece, como requisitos copulativos para la exención de cotizaciones previsionales de técnicos extranjeros –y, por ende, para la devolución de fondos prevista en su artículo 7°–, entre otros, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo acreditarse tal circunstancia mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, en los términos que dispone la normativa aplicable.

Sexto: Que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa uniforme de la Superintendencia de Pensiones, dicha certificación debe emanar de la autoridad previsional competente y encontrarse debidamente legalizada o apostillada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y en el Convenio de la Apostilla, cuando se trata de instrumentos públicos otorgados en el extranjero.

En efecto, el Oficio Ordinario N° 12.954, de 17 de julio de 2025, y el Oficio Reservado N° 25.057, de 29 de diciembre de 2023, ambos de la Superintendencia de Pensiones, han reiterado que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad competente venezolana, y que no consignen en forma específica las coberturas con que cuenta el afiliado ni el período efectivo de cobertura por todos los riesgos exigidos en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, no resultan idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito legal en comento.

Séptimo: Que, en la especie, el recurrente acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento que, según se desprende de los antecedentes y fue objeto de los reproches de la recurrida, carece de legalización o apostilla y no da cuenta, en forma expresa y específica, de que el actor haya contado con cobertura integral respecto de los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, durante todo el período en que prestó servicios en Chile por el cual se solicitan los fondos. La sola circunstancia de contener un código de verificación electrónica susceptible de consulta en el portal del organismo emisor no suple las exigencias formales que el ordenamiento jurídico chileno impone para que los instrumentos públicos extranjeros produzcan efectos en el territorio nacional, ni reemplaza la certificación expresa de cobertura en los términos requeridos por la normativa especial.

Octavo: Que, adicionalmente a lo expuesto, consta en los antecedentes de la causa, y es un hecho no controvertido, que el recurrente, don nombre reservado, ya efectuó un retiro de fondos previsionales bajo el alero de la Ley N° 18.156 respecto del mismo empleador, "LEVEL PROPIEDADES SpA.", el cual fue aprobado y pagado en el año 2023, y el beneficio de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros, al ser de carácter excepcional, se interpreta y aplica en el sentido de que se concede de manera única por cada relación laboral en que el trabajador extranjero ha cotizado en Chile, con el propósito de evitar una doble exención o un uso reiterado que desvirtúe el espíritu de la normativa. En consecuencia, no resulta procedente autorizar un nuevo retiro por cotizaciones efectuadas bajo la misma relación laboral para la cual ya se ha ejercido el beneficio.

Noveno: Que, en virtud de lo razonado en los considerandos precedentes, no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada, así como la interpretación de que el beneficio de devolución es por única vez por cada relación laboral, no responden a un formalismo irrazonable o a una actuación caprichosa, sino a una aplicación estricta de las normas de orden público procesal y previsional que regulan el valor probatorio de los documentos extranjeros en el país y el alcance de un beneficio excepcional, encontrando sustento en la Ley N° 18.156, el Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia administrativa uniforme de la Superintendencia de Pensiones, incluyendo los oficios antes citados y la ratificación de esta interpretación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Décimo: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por el actor, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-25344-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Manuel Esteban Rodríguez Vega y la Abogado Integrante señora Magaly Carolina Correa Farías.

En Santiago, nueve de abril de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.