nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, doce de septiembre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto arbitrario e ilegal consistente en descontar de su sueldo las cuotas de un pagaré a pesar de haber optado por la vía judicial para su cumplimiento, lo que importaría la afectación de las garantías establecidas en los N° 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, solicitando que se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida que se desista en pretender descontar por planilla de su remuneración mensual las cuotas del pagaré, todo ello con expresa condena en costas.

Explica que con fecha 10 de diciembre de 2020 suscribió el Pagaré N° 174CON102582227, a favor de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, por la cantidad de $3.435.977 comprendiendo capital e intereses, pagaderos en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $113.286.- cada una con vencimiento los días 30 de cada mes, a contar del mes de febrero de 2021.

En dicho instrumento se pactó que, en caso de mora o simple retardo, la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES podría cobrar el saldo total adeudado, considerándose la obligación como de plazo vencido.

Refiere que por diversos motivos, se vio en la imposibilidad de cumplir con las cuotas pactadas, motivo por el que fue demandada ejecutivamente por la recurrida, con fecha 25 de abril del año 2022, en causa Rol C-3371-2022 del 5° Juzgado Civil de Santiago, caratulado “nombre reservado/nombre reservado”, la que se encuentra archivada desde el 22 de febrero del año 2023, sin que se haya avanzado en su tramitación por la ejecutante.

Señala que, pese a la existencia de la mencionada causa, con fecha 21 de febrero del año 2024, se le comunicó por el jefe de remuneraciones de lugar en el que trabaja que se procederá al descuento en su remuneración del mes de febrero de la suma de $189.443, correspondiente a cuotas de créditos informados por la Caja recurrida.

Lo anterior, sería un acto arbitrario e ilegal que importa una privación sobre su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, pues no fue informada por ningún medio respecto de la mencionada decisión unilateral de realizar descuentos sobre sus remuneraciones, entendiendo que ya se había judicializado el cobro del pagaré, debiendo entender que la recurrida manifestó su clara intención de sobro por vía judicial.

Agrega que el cobro a través de descuentos en las remuneraciones autorizado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, es un beneficio que ya la ley prevé para un cobro oportuno de manera que la recurrida ya manifestó su voluntad de ejercer la cláusula de aceleración, generando así el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, demandado ejecutivamente el cobro forzado de las obligaciones. En este orden de ideas, al pretender realizar la recurrida estos descuentos por planilla, estaría abusando de las facultades que la ley le otorga al ser una facultad excepcional.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, indica que los hechos descritos importan la afectación de las garantías establecidas en los N° 24 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política, por lo que solicita que se acoja el presente recurso, ordenando que la recurrida debe desistir en pretender descontar por planilla sobre su remuneración mensual las cuotas del mencionado pagaré, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

Se refiere, en primer lugar, a los créditos sociales otorgados al recurrente, tres en total:

Con fecha 26.04.2021, otorgó a la señora nombre reservado el crédito código 208COS100050245, por la suma de $793.488.-, a una tasa de 1.83%, pagadero en un plazo de 35 meses, con una cuota de $33.306.-, cuyo primer vencimiento fue el 30.06.2021.

Las cuotas del mes de junio y julio de 2021 (1 y 2), se pagaron con fecha 07.07.2021 y 08.09.2021 y el saldo de capital al 31.07.2021, más el interés devengado al 12.08.2021, fue reprogramado en esta última fecha por la suma de $791.568.-, en un plazo de 48 meses, con una cuota del $27.321.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.10.2021. De esta reprogramación , el titular no pago ninguna cuota en el plazo establecido, es por ello, nuevamente, reprogramo el saldo de capital por $791.568.- , más los intereses devengados al 13.07.2022 por la suma de $999.407.- en un plazo de 60 meses, con una cuota de $28.446.-, cuyo primer vencimiento fue el 30.09.2022. De esta última reprogramación, la primera cuota fue diferida por LM, y la cuota del mes de octubre de 2022 (2), se pagó con fecha 03.11.2024 y las cuotas del mes de noviembre de 2022 a febrero de 2024 (3 a 18), se encuentran en mora, la cuota del mes de marzo de 2024, se encuentra en proceso de cobranza, y las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 30.04.2024 al 30.09.2027.

Con fecha 02.10.2020, otorgo a nombre reservado el crédito código 008CON102372267, por la suma de $835.548.-, en un plazo de 24 meses, con una cuota de $45.664.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.12.2020, donde las cuotas del mes de diciembre de 2020 a julio de 2021 (1 a 8), se pagaron regularmente en el plazo establecido, y el saldo de capital al 31.07.2021, más el interés devengado al 12.08.2021, fue reprogramado en esta última fecha por la suma de $620.060.-, en un plazo de 36 meses, con una cuota de $25.392.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.10.2021, donde pago la primera cuota con fecha 10.07.2022 y el saldo de capital de 31.10.2021, más los intereses devengados al 13.07.2022, fueron reprogramados en esta última fecha por la suma de $713.967, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $20.128.-, cuyo primer vencimiento fue el 30.09.2022, donde las dos primeras cuotas fueron pagadas regularmente y el saldo de capital al 31.10.2022, fueron reprogramados con fecha 04.09.2023, por la suma de $724.340.-, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $20.419.-, cuyo primer vencimiento fue el 30.11.2023, donde la primera cuota se pagó con fecha 03.11.2024, la cuota del mes de diciembre de 2023 a febrero de 2024, se encuentran en mora, las cuotas restantes tienen fecha de vencimiento 30.04.2024 al 31.10.2028.

Con fecha 10.12.2020, otorgo a nombre reservado, el crédito código 174CON102582227, por la suma de $3.435.977.-, en un plazo de 48 meses, con una cuota de $113.286.-, cuyo primer vencimiento fue el 28.02.2021. Donde las cuotas del mes de febrero a julio de 2021 (1 a 6), se pagaron regularmente en el plazo establecido y el saldo de capital al 31.07.2021, más los intereses devengados al 12.08.2021, fueron reprogramados en esta última fecha por la suma de $3.247.975.-, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $94.233.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.10.2021. De esta reprogramación el titular no pagó ninguna cuota en el plazo establecido, es por ello que con fecha 13.07.2022 reprogramó la suma de $3.994.550., en un plazo de 60 meses, con una cuota de $107.255.-, cuyo primer vencimiento fue el 30.09.2022, de esta reprogramación la primera cuota fue diferida por LM, la cuota del mes de octubre 2022, se pagó con fecha 11.03.2024, la cuota del mes de noviembre de 2022 a febrero de 2024, (3 a 18), se encuentran en mora, la cuota del mes de marzo en cobranza, las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 30.04.2024 al 30.09.2027.

Agrega que, si bien es cierto que su representada demandó ejecutivamente el cumplimiento de la obligación, esta demanda fue anterior a la reprogramación de 13 de julio del año 2022, por lo que las condiciones del crédito demandado cambiaron voluntariamente, no es la misma deuda demandada, por lo tanto no existe un supuesto doble cobro.

Hace presente que la reprogramación fue cursada de forma remota de acuerdo a la circular 3567 de fecha 4 de enero del año 2021.

Conforme lo expuesto, sostiene que en la especie nos encontramos frente a unos créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 es pertinente y oportuno.

En cuanto al derecho se refiere a la facultad establecida en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y a la naturaleza de crédito social del dinero que otorga en préstamo.

Luego, indica que estamos frente a una obligación actualmente exigible, desde que la prescripción debe ser declarada judicialmente. Asimismo, indica que la alegación de la recurrente en cuanto a la falta de exigibilidad del crédito excede latamente el objeto de la acción de protección y debe ser planteada en un juicio de la lato conocimiento.

Finalmente, descarta alguna afectación de los derechos indicado por el recurrente en su recurso, desde que es la propia ley la que permite a su representada solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado, de acuerdo al artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Previas citas jurisprudenciales, solicita el rechazo del recurso.

Tercero: Que por ampliación de informe, la recurrida indica que la demanda ejecutiva fue ingresada respecto de la deuda del crédito 174CON102582227, otorgado el 10.12.2020 por un monto de $3.435.977. cuyo primer vencimiento fue el 28.02.2021. Luego con fecha 31.07.2021 la recurrente reprogramó su crédito posterior a la demanda ejecutiva modificando voluntariamente las condiciones del crédito, por lo tanto, la demanda ejecutiva se termina por esta reprogramación no es la misma deuda demandada.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que en cuanto al conflicto planteado, es un hecho de la causa que la CCAF Los Andes con fecha 10 de diciembre de 2020, otorgó a la recurrente un crédito social por el monto total de $ 3.435.977, pagadero en 48 cuotas iguales y sucesivas de $113.286, con vencimiento a partir del 28 de febrero de 2021, incurriendo en mora a partir de la cuota N° 7.

Asimismo, a partir del mes de febrero de 2024 el empleador procedió a descontar de las remuneraciones de la recurrente la suma de $189.443, indicando que corresponde a “Préstamo CCAF”.

Por otro lado, consta también de los antecedentes que el acreedor de la recurrente, con fecha 25 de abril de 2022, interpuso demanda ejecutiva en contra de la recurrente, esgrimiendo como título ejecutivo en el mismo pagaré, causa Rol C-3371-22, que se sigue ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, accionando para el pago total de la obligación, demanda que fue notificado a la ejecutada el 7 de julio de 2022 y según consta de los antecedentes se encuentra actualmente archivada.

Sexto: Que en atención a la naturaleza de la entidad de previsión social, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja Acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Séptimo: Que aun cuando el recurrido manifestó en su informe que la obligación habría sido reprogramada, no consta de autos dicha circunstancia, sino únicamente el título ejecutivo antes citado.

Octavo: Que, en efecto, conforme se viene razonando se trata del mismo crédito social y habiendo optado el acreedor por iniciar el cobro judicial de la obligación, no resulta procedente el descuento de cuotas cuando la recurrente como trabajadora dependiente se incorpora al sistema formal de trabajo, pues tal mecanismo a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, se torna arbitrario, sin que pueda revivir el sistema anterior de cobro previsto para relaciones laborales vigente y obligaciones pactadas en cuotas exigibles mes a mes.

Noveno: Que de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones de la recurrente, en los términos en que se hicieron, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Décimo: Que como se viene razonando configurándose el actuar ilegal o arbitrario de la Caja de Compensación, la acción de protección será acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por deducido en favor de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, y se ordena a la recurrida restituir efectivamente dentro de décimo día, las cuotas descontadas y además, cesar en descuentos futuros.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-2534-2024.