nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Luis Cornejo Chávez, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N°18.156, comunicado el 28 de octubre de 2025, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 Nos. 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente es licenciado en administración, con residencia definitiva en Chile, quien ha prestado servicios profesionales en el país. Señala que, al amparo de la exención establecida en la Ley N°18.156, el 23 de octubre de 2025 ingresó la solicitud respectiva a través del portal web de la recurrida para obtener la devolución de sus fondos previsionales, acompañando contrato de trabajo y anexo con cláusula de exención, título profesional apostillado, cédula de identidad y constancia del seguro social de su país de origen.

Agrega que, el 28 de octubre de 2025, la recurrida detuvo la solicitud, argumentando la falta de apostilla en la constancia de afiliación extranjera. Alega la imposibilidad material de cumplir con dicho requisito debido a que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, invocando la figura del caso fortuito o fuerza mayor. Sostiene que se vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos previsionales, al imponer una condición de cumplimiento imposible, carente de sustento legal y que excede lo establecido en el artículo 1 de la Ley N°18.156, que únicamente requiere acreditar la cobertura previsional en el extranjero y no la apostilla de documentos en los términos exigidos por la recurrida.

Afirma que la constancia de afiliación de seguro social acompañada posee un código alfanumérico verificable en el portal web oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, lo cual acredita plenamente que mantiene cobertura en contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Reclama que el rechazo carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política, y del artículo 11 de la Ley N°19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho.

Solicita, en definitiva, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y proceda a la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

Segundo: Que, evacuando el informe, comparece la abogada Ana María Herrera Brummer, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con costas.

Como defensa previa, sostiene la inadmisibilidad de la vía intentada, argumentando que el recurso de protección exige la existencia de un derecho indubitado, mientras que en la especie se ventila un derecho controvertido que requiere un procedimiento de lato conocimiento, no siendo esta sede cautelar la idónea para debatir el cumplimiento de normativas de seguridad social.

En cuanto al fondo, expone que su representada actuó con estricto apego a la legalidad y a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones. Explica que la exención consagrada en la Ley N°18.156 es excepcionalísima y exige requisitos copulativos. Señala que el documento acompañado por el recurrente, denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", no se encuentra apostillado ni legalizado según lo exigen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Además, indica que dicho documento electrónico solo menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, carece de firma de la autoridad emisora, y no certifica específicamente que el actor haya contado con protección efectiva durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Por otra parte, añade que el contrato de trabajo original data del 1 de octubre de 2020 y nada dice sobre la voluntad de mantener la afiliación extranjera, voluntad que recién vino a manifestarse mediante un anexo fechado el 1 de junio de 2024, es decir, años después de iniciada la relación laboral.

Finalmente, argumenta que su comportamiento ha estado ajustado a derecho, dando estricto cumplimiento a sus obligaciones legales y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Por estas consideraciones, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Constituyen requisitos indispensables de la acción cautelar de protección, la constatación de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él; que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, la controversia jurídica se centra en determinar si la decisión de Provida S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, basada en la falta de legalización o apostilla del certificado de afiliación extranjero, constituye un acto que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario.

Quinto: Que, cabe tener presente que, la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción al principio de territorialidad de la seguridad social, la cual, en su artículo 1°, exige como condición necesaria para la exención y posterior devolución de fondos que el técnico extranjero acredite afiliación a un régimen fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sexto: Que, en este caso, el actuar de la recurrida no puede ser calificado de ilegal, por cuanto, se sustenta en la aplicación de la normativa legal vigente y en las instrucciones obligatorias de su órgano fiscalizador. Tampoco puede tildarse de arbitrario, ya que el rechazo se encuentra motivado en una deficiencia formal del documento presentado, esto es, la falta de apostilla o legalización válida conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, estándar que la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema ha validado como un requisito exigible por las Administradoras.

Séptimo: Que, al no existir un acto ilegal ni arbitrario por parte de la recurrida, no se configura la vulneración a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley ni derecho de propiedad, dado que el derecho a retirar los fondos nace solo una vez que se han cumplido copulativamente y en forma legal todos los requisitos habilitantes, lo que en la especie no ha ocurrido.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en representación de nombre reservado en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-25335-2025.