Protección contra Instituto nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de enero de dos mil veintiséis.

Al folio 17: a todo, téngase presente.

Al folio 18: a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 25 de noviembre de 2025, comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en favor de su hijo menor de edad nombre reservado, en contra del Instituto nombre reservado, por haber dispuesto su expulsión, actuación que estima ilegal y arbitraria, vulneratoria de las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1 y N° 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que en septiembre de 2024 se habría presentado una denuncia por un supuesto abuso ocurrido de manera externa al colegio en contra de su pupilo.

Señala que dicha situación nunca fue informada a los padres sino hasta el día de la suspensión, ocurrida el 5 de octubre de 2025, oportunidad en que se les indicó que se realizaría una investigación interna y que ambas partes serían citadas para analizar la situación, según lo informado por la inspectora general, señora nombre reservado, lo que finalmente nunca ocurrió.

Agrega que, luego de la suspensión, su hijo volvió al colegio sin inconvenientes el viernes 17 de octubre, y que el lunes 20 de octubre se le informó directamente al alumno que se encontraba expulsado, sin que dicha medida hubiese sido notificada a sus padres.

Añade que con fecha 3 de noviembre de 2025 se le indicó nuevamente a su hijo que debía presentarse a una reunión con la directora del establecimiento, sin notificación alguna a los padres, citándose únicamente al alumno. Indica que en dicha reunión se le comunicó que la expulsión se fundaba en acusaciones de abuso y tocaciones deshonestas en contra de una niña, quien al momento de la denuncia era su polola, señalando que la expulsión se habría dispuesto sin pruebas y sin que se otorgara derecho a descargos ni al alumno ni a sus padres.

Sostiene que con ello se han vulnerado las garantías contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, que se ordene la reincorporación de su hijo al establecimiento educacional como alumno regular y la renovación de su matrícula.

SEGUNDO: Que evacua informe don Manuel Vallejos Tobar, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Santiago, en su calidad de sostenedora del Instituto nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas, tras estimar que la medida de expulsión aplicada al alumno se ajustó a la normativa vigente y respetó el debido proceso.

Relata que con fecha 29 de abril de 2025 el establecimiento recibió una denuncia por una transgresión en la esfera de la sexualidad de la menor que individualiza. Indica que el 30 de septiembre de 2025 se notificó personalmente al alumno y a su apoderado el inicio de una investigación interna, imputándosele la realización de tocaciones y transgresiones de carácter sexual en contra de otra estudiante, hechos que podrían constituir faltas gravísimas conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, específicamente los numerales 33 y 33.1.

Señala que el 4 de octubre de 2025 el alumno presentó descargos, negando los hechos denunciados, y que el 5 de octubre de 2025 se decretó su suspensión preventiva atendida la gravedad de la acusación.

Añade que con fecha 13 de octubre de 2025 se dio término a la investigación, concluyéndose que el alumno incurrió en una falta gravísima, resolviéndose aplicar la medida de expulsión, la cual fue notificada por correo electrónico debido a la inasistencia del alumno y su apoderado a la citación.

Indica que el establecimiento envió material pedagógico al estudiante, que el 17 de octubre de 2025 este regresó transitoriamente a clases, y que el 24 de octubre de 2025 el Consejo de Profesores ratificó la medida de expulsión. Agrega que el 3 de noviembre de 2025 se notificó formalmente la responsabilidad del alumno mediante ordinario, reiterándose la medida aplicada.

Expone, además, que durante el proceso se activaron protocolos de protección respecto de la estudiante denunciante, incluyendo atención en salud mental, y que el alumno sancionado fue derivado a programas de apoyo, informándose la medida a la Dirección Provincial de Educación y a la Oficina Local de la Niñez. Señala que la madre del alumno solicitó posteriormente la reconsideración de la expulsión.

Sostiene que la medida de expulsión se fundamenta en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que contempla dicha sanción frente a agresiones de carácter sexual, afirmando que la permanencia del alumno denunciado en el establecimiento afectaría gravemente la seguridad emocional de la comunidad educativa. Señala que el procedimiento respetó el debido proceso, incluyó notificación, descargos, acompañamiento psicosocial y recopilación de antecedentes, y que la sanción resulta proporcional a la gravedad de los hechos.

Concluye solicitando que se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso de protección en todas sus partes.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha sostenido, constituye requisito indispensable para la procedencia de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales que el artículo 20 de la Constitución Política de la República ampara, de modo tal que habilite a esta Corte para adoptar medidas urgentes destinadas a restablecer el imperio del derecho. Asimismo, esta acción no ha sido concebida como una instancia destinada a resolver controversias de lato conocimiento ni a revisar la procedencia o improcedencia de derechos controvertidos, sino que su ámbito propio se circunscribe a la tutela de derechos indubitados frente a actuaciones manifiestamente contrarias a derecho.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, en especial del informe evacuado por la recurrida y de los documentos acompañados, consta que el procedimiento disciplinario que culminó con la expulsión del estudiante nombre reservado se inició a partir de una denuncia recibida por el establecimiento educacional con fecha 29 de abril de 2025, referida a hechos de transgresión en la esfera de la sexualidad ocurridos en el contexto de una relación entre estudiantes, los cuales fueron calificados preliminarmente como conductas que podrían constituir faltas gravísimas conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Instituto nombre reservado.

QUINTO: Que, según se desprende de la resolución de término de la investigación y de la resolución final emitida por la Rectoría del establecimiento, se tuvo por acreditada la responsabilidad del alumno en la realización de conductas calificadas como agresiones de carácter sexual, subsumidas en el numeral 33.1 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, estimándose que dichas conductas afectaron gravemente la convivencia escolar y la integridad psíquica de una estudiante del establecimiento, razón por la cual se dispuso la aplicación de la sanción de expulsión, prevista expresamente para este tipo de infracciones.

SEXTO: Que, en lo relativo al procedimiento seguido, consta que este fue iniciado formalmente con fecha 30 de septiembre de 2025, oportunidad en que se notificó personalmente al estudiante y a su apoderado el inicio de la investigación y los cargos formulados en su contra, otorgándoseles un plazo para formular descargos y acompañar antecedentes. Asimismo, atendida la gravedad de los hechos imputados, se decretó una medida cautelar de suspensión preventiva conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno. Consta, además, que los descargos fueron efectivamente presentados por el estudiante con fecha 4 de octubre de 2025 y considerados dentro del expediente disciplinario, concluyendo la investigación mediante resolución de 13 de octubre de 2025, posteriormente ratificada por el Consejo de Profesores – previa solicitud de reconsideración presentada por la madre del menor – y formalizada mediante resolución final de fecha 3 de noviembre de 2025.

SÉPTIMO: Que la normativa interna aplicada al caso se encuentra contenida en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar vigente del Instituto nombre reservado, el cual regula expresamente el procedimiento aplicable a las faltas gravísimas, contemplando el inicio formal del proceso, la notificación de cargos, el derecho a formular descargos, la adopción de medidas cautelares, la decisión fundada de la autoridad y la posibilidad de solicitar reconsideración de la sanción impuesta, etapas todas que se observan cumplidas en la especie, conforme se desprende de los antecedentes acompañados.

OCTAVO: Que, en cuanto a la determinación de los hechos, las resoluciones administrativas dan cuenta de que la decisión se fundó en los antecedentes recabados durante la investigación interna, en el relato de la denunciante canalizado a través de instancias externas y de la dupla psicosocial, así como en la ponderación de los descargos presentados por el propio estudiante, los que fueron analizados por la autoridad del establecimiento y estimados insuficientes para desvirtuar los hechos imputados, sin que corresponda a esta sede cautelar sustituir la valoración efectuada por la autoridad educacional dentro del ámbito de sus competencias regladas.

NOVENO: Que, asimismo, consta que durante la tramitación del procedimiento el establecimiento adoptó medidas destinadas tanto a la protección de la estudiante denunciante, mediante la activación de protocolos de resguardo, como a la continuidad del proceso educativo del alumno sancionado, a través del envío de material pedagógico durante el período de suspensión, así como derivaciones a programas de apoyo psicosocial, lo que da cuenta de una actuación integral en el marco de sus deberes de resguardo de la comunidad educativa.

DÉCIMO: Que, de lo expuesto, fluye que el procedimiento disciplinario se ajustó a la normativa interna del establecimiento y a los principios básicos del debido proceso administrativo en materia educacional, sin que se advierta la existencia de vicios formales ni sustantivos que permitan calificar la actuación de la recurrida como ilegal o arbitraria, tratándose de decisiones adoptadas dentro del ámbito de sus competencias y fundadas en antecedentes objetivos consignados en el expediente respectivo.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, no se configura en la especie un acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, toda vez que la resolución que dispuso la expulsión del alumno fue dictada en el marco de un procedimiento reglado, con observancia de las garantías mínimas exigibles y fundada en antecedentes suficientes, razón por la cual el recurso de protección interpuesto no puede prosperar y deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en favor de su hijo menor de edad nombre reservado, en contra del Instituto nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-25334-2025.