nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de marzo de dos mil veintiséis.

Visto teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece don Matías Andrés Reinoso Miranda, abogado, en favor y representación de don nombre reservado, ciudadano venezolano, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado de manera ilegal y arbitraria la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por el afectado al amparo de la Ley N°18.156, fundando dicho rechazo en la exigencia de renovar una constancia de afiliación al sistema previsional venezolano cuya obtención resulta materialmente imposible a raíz del cierre unilateral de la Embajada de Venezuela en Chile, actuación que el recurrente considera ilegal y arbitraria, por cuanto impone al afectado una carga de cumplimiento objetivamente imposible, contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen la actuación de los organismos que prestan servicios de interés público, vulnerando con ello los derechos fundamentales del afectado, específicamente la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, garantizados en el artículo 19, numerales 2° y 24° de la Constitución Política de la República, razón por la cual solicita que se restablezca el imperio del derecho y se ordene la devolución de los fondos previsionales correspondientes.

Relata que el recurrente presentó ante AFP Provida S.A. una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, conforme a lo establecido en la Ley N°18.156, que regula la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros. Dicha solicitud fue rechazada mediante resolución de fecha 10 de noviembre de 2025, en la que la administradora señaló que la constancia de afiliación al sistema previsional venezolano se encontraba vencida al momento de presentarse la solicitud, resultando insuficiente para acreditar cobertura continua durante toda la estadía del trabajador en Chile. Sin embargo, la referida constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales había sido emitida el 24 de mayo de 2024, esto es, con anterioridad al 29 de julio de 2024, fecha en que el gobierno venezolano suspendió unilateralmente las relaciones diplomáticas con Chile y ordenó el retiro de todo su personal diplomático, dejando sin funcionamiento la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Chile y con ello todos sus trámites consulares. Por consiguiente, la imposibilidad de obtener un nuevo certificado es directa consecuencia de un hecho político ajeno a la voluntad del afectado, circunstancia que reviste el carácter de hecho público y notorio.

Sostiene que la exigencia de renovar un documento cuya obtención es materialmente imposible contraviene el principio jurídico que impide obligar a lo imposible, recogido en el aforismo ad impossibilia nemo tenetur. Agrega que el propio Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dispone de certificados y constancias electrónicas descargables desde su portal oficial, instrumentos que el afectado adjunta y que acreditan su afiliación vigente con cobertura en las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, satisfaciendo íntegramente los requisitos del artículo 1°, letra a) de la Ley N° 18.156. Asimismo, invoca el Decreto Ley N° 3.500, cuyo artículo 20 H establece expresamente que los recursos originados en los aportes efectuados por el trabajador son siempre de su propiedad. A mayor abundamiento, cita jurisprudencia reiterada de la propia Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, entre otras las causas Rol N° 45.645-2012, Rol N° 46.580-2017 y Rol N° 2.084-2024, en las que se ha acogido la acción de protección en casos análogos, declarándose ilegal y arbitraria la negativa de AFP a devolver fondos previsionales a trabajadores extranjeros que cumplían los requisitos legales.

Señala que el rechazo impugnado infringe el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al otorgar al afectado un trato desigual y discriminatorio respecto de otros extranjeros que han accedido a idéntica devolución en circunstancias similares, desconociendo la aplicación efectiva de la Ley N° 18.156; e infringe, asimismo, el numeral 24° del mismo precepto constitucional, al privar al afectado del ejercicio de su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales depositados en su cuenta individual, los que integran su patrimonio personal y respecto de los cuales la ley le reconoce expresamente la facultad de solicitar su retiro.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el Comprobante de Rechazo de Devolución Técnico Extranjero dictado con fecha 10 de noviembre de 2025 y se instruya y ordene a AFP ProVida S.A. proceder a la devolución de los fondos previsionales del afectado dentro del plazo de cinco días hábiles, o el que el tribunal estime prudente, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, comparece doña Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., evacuando el informe requerido y solicitando el rechazo del presente recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

En primer lugar, sostiene que el recurso de protección fue instituido como un mecanismo de tutela urgente destinado a proteger derechos indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, y no como una vía para resolver controversias sobre derechos discutidos o materias de lato conocimiento. Al respecto, aduce que en la especie no existe un derecho indubitado, sino uno controvertido, relativo al cumplimiento o incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, cuya determinación exige de un procedimiento judicial o administrativo de mayor amplitud, que no puede ser sustituido por la presente acción constitucional. En apoyo de esta posición, cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción y de esta misma Corte, en causa Rol N° 19.583-2024, en la que se estableció que la tutela cautelar no puede satisfacer pretensiones relativas a derechos debatidos, cuya existencia debe ser determinada en sede de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, expone que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales del afectado obedeció a causas legalmente fundadas. Señala que la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada por el recurrente se encontraba vencida al momento de la solicitud, habiendo superado el plazo de vigencia de 120 días contados desde su firma, conforme lo establece el Oficio N°7.253 de la Superintendencia de Pensiones. Agrega que la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada tampoco resulta idónea para acreditar el requisito de cobertura previsional exigido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, toda vez que dicho documento carece de firma del emisor, no se encuentra apostillado ni legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, y solo menciona de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, sin acreditar en forma específica que el trabajador contó efectivamente con protección ante las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile, tal como lo exige el Oficio N° 5.376 de la misma Superintendencia. Sostiene, además, que a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, los documentos públicos extranjeros, incluidos los venezolanos, deben ser apostillados para tener valor probatorio en el país, de conformidad con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente, hace presente que el contrato de trabajo original, de fecha 14 de noviembre de 2019, no contiene mención alguna a la voluntad del trabajador de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero, siendo recién en la modificación de fecha 2 de mayo de 2024 cuando el afectado expresa dicha voluntad, circunstancia que debilita la acreditación del requisito establecido en la letra c) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Sostiene que el Decreto Ley N° 3.500 y su reglamento establecen que los fondos de capitalización individual tienen un destino exclusivo consistente en el financiamiento de pensiones, y que las AFP se encuentran legalmente impedidas de destinarlos a un fin distinto, salvo las excepciones legales expresamente contempladas. Indica que la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del DFL N° 101 del Ministerio del Trabajo, tiene atribuciones para interpretar la legislación previsional e impartir normas obligatorias a las administradoras, de modo que el actuar de Provida se ajusta íntegramente a dichas instrucciones. Refuerza su posición citando abundante jurisprudencia reciente tanto de la Excelentísima Corte Suprema como de diversas Cortes de Apelaciones del país, que en casos análogos han rechazado acciones de protección similares, declarando que la exigencia de documentos debidamente apostillados o legalizados no constituye un actuar ilegal ni arbitrario.

En virtud de los fundamentos expuestos, la recurrida solicita que se rechace en todas sus partes el presente recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Provida, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por haber no acompañado a su solicitud la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S) con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal y que se encuentre vigente.

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, el Oficio Ordinario N°7253, de 28 de abril de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, señala que efectivamente los documentos autorizados por funcionario competente deben ser presentados dentro del plazo de 120 días.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida don Matías Andrés Reinoso Miranda, abogado, en favor y representación de don nombre reservado, ciudadano de nacionalidad venezolana, en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N° Protección-25323-2025.