MINIMARKET SUPERMERCADO Y VERDULERÍA EL PROGRESO NB SPA con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA(GGDD)

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la empresa Minimarket Supermercado y Verdulería El Progreso NB SpA, representada legalmente por don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Provincial del Trabajo Poniente y de la Tesorería General de la República, solicitando se declare la existencia de actos arbitrarios e ilegales que estarían afectando gravemente sus derechos fundamentales, se ordene la suspensión inmediata del mandamiento de ejecución y embargo dictado por la Tesorería General de la República, fundado en una multa administrativa que –según sostiene– no se encuentra firme ni ejecutoriada, se suspenda cualquier apremio o medida ejecutiva derivada del acto impugnado y se restablezca el imperio del derecho.

Expone que inició sus operaciones laborales y comerciales el 1 de octubre de 2024, luego de adquirir, mediante contrato de compraventa de fondo de comercio, el establecimiento anteriormente operado por otra razón social, suscribiendo nuevos contratos laborales con reconocimiento de antigüedad respecto de los trabajadores. Señala que el 31 de enero de 2025 fue objeto de una fiscalización presencial por funcionarios de la Dirección Provincial del Trabajo Poniente, de la que derivaron dos resoluciones sancionatorias de 24 de febrero de 2025, notificadas por vía electrónica el 23 de abril del mismo año: una, por $8.798.207, fundada en la supuesta falta de entrega de documentación laboral y previsional, y otra, por $337.145, basada en una presunta omisión en la formalización escrita de una modificación contractual respecto de una trabajadora extranjera. Añade que, dentro del plazo legal, presentó recurso de reconsideración administrativa mediante carta certificada enviada el 19 de mayo de 2025, el cual —según afirma— fue recepcionado oficialmente por la Dirección del Trabajo el 26 de mayo siguiente, sin que hasta la fecha se haya emitido resolución alguna sobre el fondo.

Agrega que el 11 de noviembre de 2025 tomó conocimiento de su inclusión en la nómina pública de deudores morosos emitida por la Tesorería General de la República, bajo el Nro. 23415 del año 2025, por multas administrativas remitidas a cobranza coactiva, y que incluso se habría trabado embargo sobre su cuenta corriente sin haber vencido el plazo legal para oponer excepciones. Refiere, asimismo, haber formulado reclamos administrativos ante la Dirección del Trabajo y haber intentado oponer excepción ante la Tesorería, sin obtener una solución eficaz. Sobre esa base, sostiene que se han vulnerado las garantías consagradas en el artículo 19 Nros. 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, y también el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, al ejecutarse una multa que estima no firme ni exigible.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado, la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente solicita el rechazo del recurso. Expone que la acción se funda en la premisa de que la empresa recurrente habría interpuesto en tiempo y forma un recurso de reconsideración administrativa en contra de la Resolución de Multa Nro. 1209/25/9, de 24 de febrero de 2025, sin que dicho servicio se hubiere pronunciado sobre el mismo, lo que tornaría improcedente el cobro actualmente intentado. Sin embargo, sostiene que tal afirmación es falsa, pues revisados los antecedentes asociados a dicha resolución no consta el ingreso de recurso alguno, ni por oficina de partes ni por plataforma electrónica. Añade que, conforme al seguimiento de Correos de Chile, la carta certificada enviada por la reclamante el 19 de mayo de 2025 no fue recepcionada por la Dirección del Trabajo, sino por una persona en un domicilio diverso, ubicado en domicilio reservado, razón por la cual dicho recurso nunca llegó a poder del servicio ni pudo ser tramitado.

Agrega que, aun en la hipótesis de haberse recibido la carta, ella habría sido despachada el último día del plazo legal, por lo que el eventual recurso igualmente sería extemporáneo al momento de su recepción. Señala, además, que son falsas las alegaciones relativas a una supuesta indisponibilidad de los sistemas institucionales o a impedimentos para presentar presencialmente el recurso, y que la empresa intenta, por esta vía cautelar, validar una actuación que no fue realizada en tiempo ni forma. Finalmente, sostiene que el recurso de protección es improcedente, por cuanto la ley contempla mecanismos específicos de impugnación tanto administrativos como judiciales en contra de las multas impuestas por la Dirección del Trabajo, no pudiendo esta acción transformarse en un sustituto de tales procedimientos.

Tercero: Que, a su turno, la Tesorería General de la República solicita también el rechazo del recurso. Expone que el recurrente confunde dos procedimientos administrativos de cobro diversos: por una parte, el expediente Rol Nro. 19.766-2025, referido exclusivamente al cobro de obligaciones tributarias giradas por el Servicio de Impuestos Internos mediante formularios 21, dentro del cual se trabó embargo sobre fondos mantenidos en una cuenta corriente del Banco Santander; y, por otra, el expediente Rol Nro. 23.415-2025, relativo al cobro de tres multas laborales informadas por la Dirección del Trabajo mediante formularios 42, respecto del cual se practicó notificación y requerimiento de pago el 11 de noviembre de 2025, deduciéndose luego excepción por parte del contribuyente y trabándose embargo sobre fondos mantenidos en una cuenta corriente del Banco Itaú, suma que quedó retenida pero no imputada a la deuda mientras se resolvía la incidencia. Añade que la excepción opuesta fue rechazada de plano el 4 de diciembre de 2025.

Sostiene que carece de legitimación pasiva para responder por la legalidad, procedencia o firmeza de las multas laborales que sirven de base al cobro, pues sus atribuciones se limitan a la recaudación y cobranza judicial o administrativa de impuestos, multas y créditos fiscales ya determinados por el órgano competente, en este caso la Dirección del Trabajo. Refiere que no le corresponde revisar ni invalidar las sanciones administrativas giradas por otros servicios públicos y que, mientras ellas consten registradas en la Cuenta Única Tributaria como créditos fiscales exigibles, la Tesorería debe proceder a su cobro conforme a la ley. Agrega, finalmente, que el recurso es improcedente, pues existen procedimientos específicos para cuestionar tanto las multas de la Dirección del Trabajo como las actuaciones propias del cobro ejecutivo fiscal.

Cuarto: Que, como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: Que, en consecuencia, para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en este caso, desde que el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado.

Sexto: Que, en efecto, en el caso de autos, la parte recurrente centra sus esfuerzos argumentativos en afirmar que habría presentado un recurso administrativo en contra de la multa cursada por la Dirección Provincial del Trabajo, a pesar de lo cual la Tesorería General de la República habría procedido al cobro ejecutivo de esa sanción que, en su concepto, no sería exigible por dicho motivo.

Sin embargo, de los extremos de la controversia ya expuestos, aparece que la existencia y oportunidad del referido recurso administrativo resultó controvertida, sin que tal circunstancia corresponda ser dilucidada a través de la presente acción cautelar, toda vez que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre.

Séptimo: Que, en consecuencia, por carecer la actora de un derecho indiscutido de aquellos cuyo imperio esta Corte debe proteger por la vía de la acción de protección, no se dan los presupuestos que permitan acoger el presente arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por Minimarket Supermercado y Verdulería El Progreso NB SpA, en contra de la Dirección Provincial del Trabajo Poniente y de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Rol Corte Nro. 25278-2025 (Protección)