nombre reservado con UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Santiago, catorce de agosto de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece, don nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Universidad de Santiago de Chile, representada legalmente por su Rector don nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario contenido en la Resolución Exenta RA N°323/509/2020 de 10 de febrero de 2020, que dispuso el término anticipado de su contrata, lo que vulnera a su respecto, las garantías fundamentales consagradas en los números 2, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su acción, señalando que es economista y profesor asociado, de jornada completa, grado IV, bajo la modalidad de contrata, en la Facultad de Administración y Economía de la recurrida, desde el 1° de mayo del año 2018, cargo al que postuló y resultó elegido dada su amplia formación profesional y académica que detalla, dedicada preferentemente a la economía experimental, explicando que desde octubre de 2016, y hasta la fecha del inicio de su contrata, se incorporó como investigador de post doctorado, contratado por la Universidad de Oxford, y asociado al Centre for Experimental Social Sciences (CESS), centro creado por ambas casas de estudio.

Agrega, que sin embargo, mediante el acto que impugna, notificado el 5 de marzo 2020, por correo electrónico, se le comunicó el término anticipado de su contrata, fundado aparentemente en la reestructuración de la Facultad de Administración y Economía de la recurrida, esgrimiendo la falta de crecimiento de infraestructura y matrícula de alumnos esperada, por lo que, resolvió adoptar una serie medidas, entre ellas, la que reclama, consignándose a su respecto que luego de una evaluación de su productividad investigativa, se consideró que no cumplía con los estándares en calidad y número de publicaciones, siendo mal evaluado por el Centro al que pertenece y el Decanato, y que su cargo no sería reemplazado, sino que, los fondos serían reasignados a otras líneas de investigación en donde se concretaran mayores indicadores de productividad y calidad, añadiendo que mayores antecedentes justificativos de esta decisión se encontraban en un oficio de enero de 2020, del Decano, y un informe de productividad del Vicerrector de Investigación, los que no le fueron oportunamente notificados.

Considera que dicha decisión resulta ilegal y arbitraria, pues no se encuentra justificada ni respaldada por evidencia alguna, enlistando las publicaciones que ha realizado y las actividades académicas que ha organizado para el CESS durante su cargo, y que además, la reestructuración en la que se funda, resultaría del todo falsa, pues no fue propuesta por el Consejo de la Facultad de Administración y Economía, potestad legalmente prevista para dicho órgano en el artículo 27 d) del Estatuto Orgánico de la Universidad de Santiago de Chile.

Lo anterior, en su concepto, torna el acto en discrecional, afectando a su respecto su derecho a la igualdad ante la ley, pues resulta discriminatoria, violando además la garantía de libertad de trabajo y su protección, despojándolo de su fuente laboral, y conculcando el derecho a la honra, provocándole una pérdida de autoridad y descrédito frente a la comunidad universitaria.

Solicita que se acoja su acción, dejando sin efecto la resolución impugnada, ordenando su inmediata reincorporación, así como el pago de las remuneraciones y prestaciones devengadas desde su desvinculación, más la emisión de una carta de reconocimiento a sus labores suscrita por el respectivo Rector y Decano, publicada en la página web de la Universidad y Facultad pertinente, todo ello con costas.

Segundo: Que la Universidad de Santiago de Chile, informando el recurso de protección interpuesto, solicita su rechazo por improcedente, pues sostiene que el acto atacado cumple con los estándares de legalidad y justificación suficientes.

Explica que la decisión de poner término anticipado de la contrata servida por el actor, se fundó en su falta de idoneidad en relación con los nuevos objetivos de la Facultad de Administración y Economía, reenfocados a la contratación de docentes con amplia expertis y carrera en el ámbito de las publicaciones científicas, a fin de producir investigación de alto estándar, lo que en el caso del recurrente, no se cumplió, ni en número ni en calidad, según las evaluaciones del Director del Centro CESS, y del Decano de la Facultad.

Discute que a su respecto, opere el principio de confianza legítima, pues sólo prestó servicios a la Universidad por dos años, afirmando que, en todo caso, el acto que se reclama contaba con la suficiente motivación, cumpliéndose en la especie con los requisitos del Dictamen Nº 6.400/2018 de la Contraloría General de la República, y la decisión fue adoptada por el señor Rector, en el ejercicio de las facultades y competencias legales que posee la investidura de su cargo, sobre la contratación o nombramiento del personal universitario, con arreglo a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, y por los artículos 162 letra a), de la ley Nº 18.834, y 11 letra e) del DFL Nº 149 de 1981, que regula el Estatuto Orgánico de la Universidad.

Por otro lado, controvierte la presunta falencia de no contar la reestructuración invocada en la decisión, con la propuesta del Consejo de Facultad, pues dicho órgano según el artículo 27 del Estatuto Orgánico de la Universidad, al regular sus facultades, le otorgó sólo un rol propositivo y asesor, más no vinculante, a lo que se agrega que ninguno de los actos impugnados se refiere a la materia respecto de la cual el recurrente pretende enmarcar la actuación para efectos de hacer necesaria la participación de dicho Consejo. Así consultar la medida desvinculatoria y sus fundamentos, no está bajo ningún punto de vista dentro de las competencias de este Consejo, por no corresponder a sus competencias. En este sentido, señala, que no toda reestructuración es orgánica y estructural, como pretende el recurrente, existiendo numerosas tipologías en este ámbito.

Agrega, que en todo caso, mediante la resolución atacada no se creó ninguna estructura nueva que exigiera la participación del Consejo, sino que, simplemente se rescindió el servicio de un funcionario no idóneo, en relación a los objetivos nuevos trazados por el Decano de la Facultad.

De todo lo anterior, concluye que siendo la naturaleza de la contrata un vínculo de carácter eminentemente transitorio, mientras sean necesarios los servicios, y habiéndose justificado suficientemente el acto que les puso término, no existe acción u omisión ilegal ni arbitraria de su parte, destacando que el recurso de protección, no es la vía idónea para perseguir lo que el recurrente pretende, dado su carácter cautelar excepcional de derechos indubitados, debiendo ser los aquí reclamados, materia de un juicio declarativo expresamente previsto en la acción de tutela laboral del Código del Trabajo, por lo que no se ha vulnerado ninguna de las garantías invocadas en esta acción, debiendo rechazarse en consecuencia el presente arbitrio, con costas.

Tercero: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que es un hecho pacífico la existencia del acto del acto impugnado, la Resolución Exenta RA N° 323/509/2020, de fecha 10 de febrero de 2020, notificada mediante carta recepcionada el día 5 de marzo de 2020, mediante la cual se determinó el término anticipado de la contrata del actor.

Consta también del mérito de los antecedentes, que el recurrente ingresó a prestar servicios para la recurrida, como académico, asimilado a grado 4° Escala Sueldos Universidades Estatales, bajo la modalidad de contrata de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad de Santiago, con jornada de 44 horas semanales, desde el 1° de mayo de 2018.

Quinto: Que al momento de resolver conviene dejar establecido el marco jurídico que regula la decisión del presente asunto.

El régimen normativo del cargo a contrata y la definición del mismo se encuentran en el artículo 3° letra c) del DFL Nº 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto expresa que “Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”; y por su parte, el artículo 10° del mismo texto legal, regula su duración, al preceptuar que estos cargos durarán como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

De acuerdo a las disposiciones antes citadas los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad, encargándose la ley de fijar un término máximo de duración.

Desde marzo de 2016, con ocasión del Dictamen N° 22.766 de la Contraloría General de la República, se encuentra bastante asentado por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que la decisión de terminar anticipadamente una contrata violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de mantenerse en su cargo, confianza que, en todo caso, se configura a juicio de ambas jurisdicciones, cuando concurre un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hayan producido renovaciones sucesivas mayores a dos años de dichas contratas. Sin embargo, el reconocimiento de este principio, no es óbice o no constituye una limitación para la autoridad administrativa, en su facultad de poner término anticipado a esa forma de contratación de estos funcionarios públicos, siempre que el acto administrativo de rigor no se sustente sólo en el carácter precario o transitorio de dicha contratación consagrada en el artículo 3 letra c) del Estatuto Administrativo, pues si así fuere, dicho proceder, se tornaría ilegal y arbitrario.

Precisamente en ese orden de ideas y a fin de evitar la arbitrariedad señalada, el órgano contralor dictó el Dictamen N° 85.700, de 28 de noviembre de 2016, actualizado por el Dictamen Nº 6.400, de 2018, precisando que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente puesto en conocimiento del mismo, exento del trámite de toma de razón, acorde con lo establecido en el N°19 del artículo 7° de la Resolución N°10, de 2017, de la misma Contraloría, siempre que esta confianza legítima haya nacido conforme al presupuesto temporal antes señalado.

De ese modo, el órgano contralor ha dispuesto que para considerar fundado el respectivo acto deberá contener, “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión “por no ser necesarios sus servicios” u otras análogas, agregando por el Capítulo V, N°2, distintas hipótesis de motivaciones que ese órgano contralor considera admisibles o no de invocar.

De lo reseñado, queda en evidencia que la directriz del órgano contralor se dirige a guiar la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, cuando se ha generado la confianza legítima de ese vínculo, decisión que debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente comunicado al interesado.

Asimismo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, dispone que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, lo que debe interpretarse en concordancia con el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, que establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, la que será fundada.

Sexto: Que, sin perjuicio de los cuestionamientos que plantea la recurrida acerca de la improcedencia de aplicar del principio de confianza legítima, en el caso del recurrente, resulta imprescindible a la luz de lo que se ha venido razonando, revisar si el acto que se impugna por esta vía, contaba o no, con la suficiente motivación.

Séptimo: Que en la especie, es a partir de lo determinado en la RA N° 323/509/2020 de 10 de febrero de 2020, que se adopta la decisión de no renovar la contrata del actor, la que se fundó en lo siguiente:

“1. Que se ha procedido a la reestructuración de la Facultad de Administración y Economía, la que a pesar del crecimiento en cuanto a infraestructura y matricula de alumnos, no ha experimentado dicho crecimiento en el área de la investigación, lo que luego de realizado un diagnostico se consideró tomar medidas tales como:

a. Cerrar el programa de Doctorado de ciencias de la administración.

b. Minimizar los recursos a la investigación alejada a las áreas de estudio de la Facultad, reasignándolos a las áreas propias de la facultad, tales como Administración, Contabilidad, Políticas Públicas, etc.

c. Cerrar el área de Historia, ajena y alejada de las especialidades y ámbito de estudio de la Facultad.

2. Que el Sr. nombre reservado, Académico con jerarquía de Asociado, profesor de Economía experimental, quien luego de una evaluación de su productividad investigativa, se considera que no cumple con los estándares en calidad y número de publicaciones, siendo mal evaluado por el Centro al que pertenece y el Decanato.

3. Que, su cargo no será reemplazado, sino que los fondos serán reasignados a otras líneas de investigación en donde se concreten mayores indicadores de productividad y calidad.

4. Que, mayores antecedentes que justifican la decisión se encuentran en el oficio Nº 17 de 22 de enero de 2020, Del Decano de la Facultad de Administración y Economía y, en informe de productividad entregado por el Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación, mediante Memo STD N° 1274 de fecha 28.01.2020.

5. Que, de acuerdo con los antecedentes expuestos, no es posible continuar con los servicios”

Octavo: Que los motivos explicitados, permiten determinar que se ha verificado en el acto impugnado una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión de la autoridad, los que resultan lógicos y coherentes con el fin público que se persigue, cumpliendo así con el deber de motivación que exige el artículo 11° de la ley N° 19.880, sin que corresponda calificar su mérito por corresponder a una decisión propia de la Administración, en este caso, de una casa de estudios pública, actuando su autoridad conforme las facultades que expresamente le reconoce al Rector, su máxima autoridad, el artículo 9° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 149 de 1981 que regula el Estatuto Orgánico de la Universidad de Santiago de Chile, en cuyo artículo 11° establece que le corresponde: “d) Determinar las plantas del personal. Designar al personal académico y administrativo de la Universidad y a los Directivos superiores, previa aprobación de la Junta Directiva. La remoción de los Directivos superiores es facultad del Rector”.

En este mismo sentido, lo dispone el artículo 162 de la ley Nº 18.834 refundido por DFL Nº 29, de 16 de marzo de 2005, el que estatuye que: “Los funcionarios que ejerzan las profesiones y actividades que, conforme al inciso segundo del artículo 43 de la ley Nº 18.575, se regirán por estatutos de carácter especial, serán los siguientes:” agregando en su letra a) a los académicos de las instituciones de Educación Superior.

Noveno: Que consecuentemente, al cumplirse con la normativa legal que aplica al caso, la autoridad no ha incurrido en abuso o exceso, de acuerdo con los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, por cuanto ésta ha ejercido sus facultades en concordancia con el objetivo considerado por el ordenamiento jurídico que aplica en este caso.

De esta manera, la resolución impugnada no contraviene la ley, más aun considerando la naturaleza transitoria de los cargos a contrata, y tampoco resulta arbitraria o antojadiza, pues, contiene los fundamentos que la justifican.

Décimo: Que así las cosas, la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible a la recurrida, resulta suficiente para desestimar el recurso, al no haber incurrido el acto que se impugna, en ilegalidad o arbitrariedad, resultando innecesario pronunciarse sobre la vulneración de garantías constitucionales como se ha denunciado.

Por estas razones, y de conformidad además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Universidad de Santiago de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Sra. Durán.

Ingreso Corte N° 25273 – 2020 Protección Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Elsa Barrientos Guerrero, e integrada por la Ministro señora Inelie Durán Madina, y la Abogado Integrante señora Carolina Coppo Diez.