PROYECTO NOLLAGAM 5 SPA con MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 30; a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Cristián Errázuriz De La Maza, en representación de nombre reservado 5 SpA, interponiendo recurso de protección, en contra de la Dirección de Obras Municipales (en adelante, indistintamente, “DOM”), de la Municipalidad de Quinta Normal y de su Director de Obras Municipales, incluyendo a su Alcaldesa y Dirección Jurídica, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la negativa a recibir e ingresar a tramitación el expediente para la obtención del permiso de edificación respecto del proyecto inmobiliario “Edificio Quinta Normal”, vulnerando con ello, según expresa la parte recurrente, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, números 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representada cuenta con un anteproyecto de edificación aprobado mediante Resolución N° 008/2025, de 23 de diciembre de 2024, denominado “Aprobación de Obras de Edificación Nueva”, el cual tiene una vigencia de un año, lo que en este caso provoca la caducidad de la aprobación el 23 de diciembre de 2025, de modo que si no se ingresa el respectivo permiso antes de esa fecha, el proyecto pierde la posibilidad jurídica de materializarse conforme al anteproyecto aprobado, lo que lo vuelve jurídicamente inviable.

Señala que, el 13 y 14 de noviembre de 2025, concurrió a la DOM para ingresar formalmente el expediente de permiso de edificación, el cual contaba con informe favorable de revisor independiente. Sin embargo, la autoridad municipal se negó a recibirlo, justificando su actuar en la existencia de una orden de no innovar (ONI) dictada por esta Corte en la causa de protección Rol N° 19.743-2025, deducida por una vecina de un inmueble colindante, quien la interpuso alegando daños en el muro medianero entre su propiedad y el terreno donde se desarrollaría el proyecto.

Argumenta que dicho actuar es ilegal por cuanto vulnera el artículo 1.4.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (en adelante, indistintamente, “OGUC”), el cual prohíbe rechazar el ingreso de una solicitud que cuenta con el informe favorable de un revisor independiente. También denuncia que la negativa a recibir materialmente la solicitud infringe la Ley N° 19.880, en cuanto priva al particular de un acceso efectivo a las vías institucionales establecidas, señalando que se vulneran diversos principios que consagra ese cuerpo legal, tales como los de escrituración, celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad, contemplados en los artículos 5, 7, 8, 9 y 14, respectivamente, todos ellos en armonía, señala la recurrente, con el artículo 41 del mismo cuerpo legal.

Añade que la negativa referida constituye una actuación arbitraria y una desviación de poder, ya que la orden de no innovar decretada prohíbe la ejecución material de "obras, faenas o trabajos", pero en ningún caso paraliza el ejercicio del derecho de petición ni la tramitación del procedimiento administrativo.

De acuerdo con lo expuesto, solicita que se ordene a la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Quinta Normal dictar resolución formal y fundada respecto del permiso de edificación presentado, pronunciándose derechamente sobre su contenido y resolviéndolo conforme a la OGUC, sea aprobándolo o formulando las observaciones que correspondan, según proceda en derecho. Asimismo, pide que se tenga por válidamente presentado dicho permiso con los antecedentes acompañados los días 13 y 14 de noviembre de 2025, sin que sea necesaria una nueva comparecencia del recurrente. Requiere también que se ordene a la DOM abstenerse de exigir requisitos no contemplados en la ley, o cualquier otro requisito informal o discrecional que no se encuentre previsto en la OGUC, la Ley Nº 19.880 o en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Por último, solicita, adicionalmente, que se declare que la fecha válida de ingreso del permiso de edificación es el 13 de noviembre de 2025, o en subsidio, el 14 de noviembre de 2025, por ser indispensable para evitar la caducidad del anteproyecto.

Segundo: Que la abogada Estefany Alarcón Ruiz, al informar en representación de la Municipalidad de Quinta Normal, sostiene que la negativa a recibir el expediente se fundó en el estricto cumplimiento de la orden de no innovar decretada por esta Corte en el recurso de protección Rol N° 19.743-2025, que dispuso que la inmobiliaria debía abstenerse de ejecutar obras y ordenó a la DOM "fiscalizar el conjunto de lo decretado".

Refiere en síntesis que, conforme al artículo 5.1.3 de la OGUC, aprobada por el Decreto Supremo Nº 47, durante la tramitación de un permiso de edificación y con anterioridad a su obtención, el titular se encuentra habilitado para ejecutar obras preliminares. En consecuencia, argumenta que el solo acto de ingresar a tramitación el expediente generaría automáticamente la posibilidad jurídica de iniciar actuaciones materiales en el terreno, lo que contravendría abiertamente la prohibición judicial vigente. Añade que, por ello, estimó que recibir el expediente y acogerlo a tramitación habría sido una vía indirecta para vulnerar la orden de no innovar decretada en el recurso Rol Nº 19.743-2025, concluyendo que dicha resolución no solo impide las obras materiales, sino todo acto administrativo que habilite su ejecución.

Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que, si esta Corte lo ordena, la Municipalidad se allanará de manera inmediata a admitir a tramitación el expediente de permiso de edificación y continuar su procedimiento conforme a derecho.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que, como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria, se prive, perturbe o amenace un derecho; y, c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica falta de razonabilidad en el actuar u omitir. Esta carencia puede traducirse en situaciones o circunstancias tales como la falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; la ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo perseguido; la inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; o un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, en la especie, no existe controversia entre las partes en cuanto a dos hechos fundamentales: por una parte, la negativa de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Quinta Normal en orden a recibir o ingresar el expediente de permiso de edificación relativo al proyecto denominado “Edificio Quinta Normal”; y, por la otra, la existencia de una orden de no innovar dictada por esta misma Corte durante la tramitación del recurso de protección Rol Nº 19.743-2025.

Quinto: Que, precisamente, la recurrente en estos autos sostiene que la Dirección de Obras Municipales actuó ilegal y arbitrariamente al negarse a ingresar el expediente de permiso de edificación fundándose en la señalada orden de no innovar, pues dicha orden no habría sido un óbice real para continuar con la tramitación normal del proyecto. En consecuencia, el punto crucial en disputa consiste en determinar la realidad de esta afirmación.

Sexto: Que, en la línea de razonamiento establecida precedentemente, la recurrente sostiene que la indicada orden de no innovar “(…) no altera la competencia de la Dirección de Obras Municipales ni la habilita para suspender el derecho de petición administrativa del interesado ni impide actividades meramente administrativas, registrales o preparatorias, siempre que no se materialicen obras ni se ejecute aquello que la orden de no innovar pretende evitar”. Corresponde examinar si estas afirmaciones son correctas o no, porque ello es lo que permitiría entender si la negativa de la Dirección de Obras Municipales de recibir el expediente de permiso de edificación contiene alguna ilegalidad o arbitrariedad que deba ser corregida a través de la presente acción constitucional.

Séptimo: Que, con el propósito recién señalado, corresponde también tener presente que, tal como se viene diciendo, en el recurso de protección Rol N° 19.743-2025, tramitado ante esta misma Corte, se dictó con fecha 9 de septiembre de 2025 una orden de no innovar que es del siguiente tenor: “(…) Vistos: El mérito de los antecedentes, se concede la orden de no innovar y en consecuencia se dispone que la recurrida deberá abstenerse de ejecutar alguna obra, faena, trabajo o vulneración del inmueble colindante al de la recurrente. Oficíese además a la D.O.M. de la comuna donde se ubica el inmueble para que fiscalice el conjunto de lo decretado precedentemente”.

Octavo: Que, como cuestión preliminar, debe insistirse en una cuestión que resulta inconcusa: el acatamiento de una orden judicial por parte de un ente administrativo no puede, en circunstancia alguna, considerarse ilegal o arbitraria. Por el contrario, desobedecer órdenes judiciales emanadas de los Tribunales Ordinarios de justicia que han actuado dentro del ámbito de su competencia y ejerciendo las facultades que la ley les entrega, es una conducta que se aparta de la ley y que, necesariamente, deberá ser considerada arbitraria en tanto no existen razones jurídicas, en un Estado de Derecho, que justifique desobedecer órdenes judiciales. Teniendo en todo momento presente esta consideración, corresponde examinar la orden judicial en cuestión y determinar si la negativa de la Dirección de Obras Municipales en cuanto a recibir y tramitar el expediente del permiso de edificación se ejerció o no en cumplimiento de la orden dictada por esta Corte el 9 de septiembre del año 2025.

Noveno: Que del examen de la orden de no innovar que se viene analizando, puede observarse que la resolución contiene dos destinatarios diferentes. Por una parte, la recurrida en aquel recurso de protección – que es ahora la recurrente en estos autos –, a la que se le ordena abstenerse de ejecutar alguna obra, faena, trabajo o vulneración del inmueble colindante al de la recurrente; y, por la otra, la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Quinta Normal a quien se le ordena fiscalizar el conjunto de lo decretado, esto es, que efectivamente la recurrida se abstenga de la ejecución de las obras indicadas. Naturalmente, cuando un administrado solicita ingresar un expediente de permiso de edificación, lo hace con la finalidad específica de edificar y ejecutar el tipo de obras de las que esta Corte ordenó a la recurrente, en la orden de no innovar que se examina, que se abstuviera de realizar. Teniendo esto presente, aceptar tal ingreso por la Dirección de Obras Municipales y continuar con la tramitación normal de la solicitud es un acto previo que se orienta, en términos teleológicos, a la ejecución de las obras prohibidas por la resolución judicial en comento. Y esta conducta de facilitación de la concreción de lo prohibido por la resolución judicial era para la Dirección de Obras Municipales absolutamente incompatible con el papel fiscalizador que le asignó esta Corte en la misma resolución del 9 de septiembre de 2025, porque, como es obvio, quien debe fiscalizar que no se avance en la ejecución de obras se encuentra vedado de dar curso a solicitudes administrativas que apuntan precisamente a tal ejecución. Si las facultades de fiscalización de la Dirección de Obras Municipales incluían, como es dable pensar, la adopción de las medidas necesarias para impedir que la recurrente avanzara en la ejecución de obras y vulnerara la orden de innovar, naturalmente incluyen también abstenerse de admitir a tramitación o adoptar decisiones administrativas que pudieran revestir de la apariencia de legalidad de que gozan los actos administrativos.

Décimo: Que, de conformidad con lo que se ha venido razonando, la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Quinta Normal, oficiada por esta Corte para ejercer la fiscalización del cumplimiento de la orden de no innovar, no podía sino cumplir con la orden judicial recibida y, en tal cumplimiento, era su obligación negarse a avanzar en una tramitación administrativa orientada a desobedecerla. En suma, y teniendo presente lo que se señaló en el precedente considerando octavo, no resulta posible sostener que la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Quinta Normal haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario que pudiera justificar el acogimiento de esta acción constitucional.

Décimo primero: Que, a mayor abundamiento, no se advierte la vulneración de los principios que la parte recurrente cita a propósito de la Ley N° 19.880. En efecto, en cuanto al principio de escrituración, la misma recurrente acompañó, mediante presentación de fecha 3 de diciembre de 2025, la carta Nº 391/2025, dirigida a Proyecto Nollagram 5 SpA, fechada el 2 de diciembre de 2025, emitida por el Director de Obras Municipales de la Municipalidad de Quinta Normal, don nombre reservado, donde se respondió por escrito y formalmente la negativa a recibir el expediente de solicitud de permiso de edificación, por las razones que ya se han comentado. Este mismo documento demuestra, al mismo tiempo, que no se vulneraron tampoco los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental o inexcusabilidad, pues se trata de una respuesta entregada dentro de un plazo razonable, que resuelve la petición formulada sin afectar la economía procedimental y que no vulnera el principio conclusivo porque por orden judicial no se puede, estando vigente la orden de no innovar, avanzar en el procedimiento administrativo hasta dictar un acto decisorio sobre el fondo de lo solicitado.

Décimo segundo: Que en cuanto a la alegada infracción del artículo 1.4.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, señala, en sus dos últimos incisos, que el ingreso de solicitudes a la Dirección de Obras Municipales sólo podrá ser rechazado cuando falta alguno de los antecedentes exigidos para cada tipo de permiso a que se refiere la Ordenanza, debiendo en tal caso emitirse un comprobante de rechazo timbrado y fechado que indique la causal del rechazo; asimismo, señala que no podrá rechazarse el ingreso de una solicitud si esta cuenta con informe favorable de un revisor independiente.

Esta regulación, sin embargo, debe conciliarse con las normas constitucionales que reconocen el derecho de las personas a la tutela judicial efectiva y, por ende, la obligación de todos los habitantes de la República y de todas las organizaciones estatales o privadas de obedecer las órdenes que con tal propósito emanan de los Tribunales de justicia, los cuales, además, tienen la potestad exclusiva de hacer ejecutar lo juzgado, pudiendo incluso impartir órdenes directas a la fuerza pública, normas contenidas en los artículos 19, Nº 3, y 76 de la Carta Magna. Además, también la Constitución Política de la República impone a los órganos del Estado, a través de sus artículos 6 y 7, la obligación de actuar con respeto a la Constitución y la ley, dentro de su competencia y en la forma prescrita en la ley. Esto, por supuesto, en un Estado de Derecho en el que la separación de poderes es uno de los pilares centrales, importa que toda persona jurídica y órgano administrativo obedezca las órdenes judiciales que se les impartan, cuestión que es lo que precisamente hizo la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Quinta Normal, según ya se ha dicho.

Finalmente, debe conciliarse esta regulación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones con la evidente recepción en la ley de los principios constitucionales que se han mencionado a través del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, que sanciona penalmente el desacato a las resoluciones judiciales.

La conclusión de todo lo señalado es que la regulación del artículo 1.4.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que se comenta no es absoluta y que, además de las excepciones que ella misma recoge en cuanto a la obligación de tramitar solicitudes, se encuentra – como ocurre transversalmente en nuestro ordenamiento jurídico – la de una orden judicial que pueda dictarse dentro de un procedimiento regularmente tramitado. Por esta precisa razón, la de obedecer una orden judicial, la conducta de la Dirección de Obras Municipales no infringe el ordenamiento jurídico, sino que se somete a él, ni vulnera la ley en un sentido general ni tampoco específicamente el artículo 1.4.2. mencionado.

Décimo tercero: Que, conforme a lo que se ha expresado precedentemente, esta Corte no advierte la existencia de algún acto u omisión ilegal o arbitrario por parte de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Quinta Normal que haya importado una perturbación, amenaza o vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, de libertad económica en cuanto al derecho de desarrollar una actividad económica lícita o del derecho de propiedad. Tampoco se advierte, finalmente, que se haya infringido el principio de seguridad jurídica ni de confianza legítima, porque ambas cosas descansan, sobre todo, en el respeto y acatamiento de las órdenes judiciales por parte de todos los órganos de la administración.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado 5 SpA, en contra de la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal, de su Director de Obras Municipales y de la Municipalidad de Quinta Normal.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la abogada integrante Francisca Amigo Fernández, quien no firma por encontrarse ausente.

Rol N° Protección 25.265-2025.