nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, siete de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 4 de diciembre de 2024, comparecen Ana Eugenia Fullerton Castro y nombre reservado, en favor y representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Nacional de nombre reservado del Estado (en adelante, “DIFROL”), por haber puesto término anticipado a su designación como contrata mediante la Resolución Exenta N° 264 de fecha 8 de noviembre de 2024, actuación que considera ilegal y arbitraria, por carecer de motivación suficiente, basándose en hechos inexistentes y/o sin seguir los procedimientos legales correspondientes, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad sobre los efectos emanados de su contrata, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N° 2 y N° 24, respectivamente, por lo que solicita se deje sin efecto el término anticipado de la contrata, se reintegre al recurrente en sus funciones y se le paguen todas las remuneraciones y estipendios correspondientes.

Expone que el recurrente ingresó a desempeñar funciones en la DIFROL el 1° de enero de 2018 en calidad de contrata, siendo renovada sucesiva y continuamente hasta el 31 de diciembre de 2024, siendo la última prórroga dispuesta por Resolución Exenta N° 85/10/2024 de 28 de febrero de 2024, teniendo una antigüedad de 6 años y 10 meses. Agrega que durante dicho periodo obtuvo calificaciones que lo situaron en “Lista 1 de distinción” y detalla las diversas funciones desempeñadas por el recurrente desde su ingreso, primero bajo dependencia directa de la Dirección Nacional y luego como encargado de diversos departamentos, enumerando una serie de logros obtenidos en su gestión, sin que existieran reparos a su desempeño ni sanciones disciplinarias en su contra.

Alega que los fundamentos esgrimidos en la Resolución recurrida para justificar el término anticipado de la contrata carecen de motivación suficiente. En primer lugar, porque el recurrente se desempeñaba como profesional grado 5° y no en un cargo o función determinada, siendo las labores encomendadas como jefe de departamento sólo eso, sin que ello altere la naturaleza de su vínculo. En segundo término, porque la autoridad le imputa incumplimientos de deberes funcionarios y una supuesta pérdida de confianza, en circunstancias que aquél no ejercía un cargo de exclusiva confianza y que, de existir infracciones a sus deberes, debió instruirse un sumario para establecer su responsabilidad, lo que no ocurrió. Añade que la antigüedad y continuidad de los servicios prestados por el recurrente demuestran que satisfacía una necesidad permanente, por lo que su relación estatutaria sólo podía terminar por sumario o calificación y no por la mera voluntad de la autoridad.

Reclama que la actuación impugnada vulnera la garantía de igualdad ante la ley al someter al recurrente a un trato desigual carente de justificación racional, basado en diferencias arbitrarias, actuación que, además, se encuentra desprovista de proporcionalidad. Asimismo, afecta su derecho de propiedad sobre su empleo y las legítimas expectativas incorporadas a su patrimonio como funcionario a contrata por más de 6 años.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el término anticipado de la contrata de nombre reservado dispuesto por Resolución Exenta N° 264 de 2024 de la DIFROL, ordenando su reintegro y el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, con costas.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado, la recurrida sostiene que el recurso debe ser rechazado.

Precisa que el recurso sería inadmisible pues los mismos hechos que lo fundan son objeto de una denuncia de tutela laboral presentada por el recurrente bajo el RIT T-2926-2024 ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En cuanto al fondo, alega que el accionar de la DIFROL no es ilegal ni arbitrario. Explica que el recurrente fue contratado en el año 2018 y ha ejercido distintas funciones de confianza, como “Asesor en materias de derecho ambiental” desde el 2018, “Encargado del Departamento de Estudios Limítrofes” desde el 2020 y “Encargado del Departamento de Medio Ambiente” desde el 2022, cargo este último que requiere un perfil determinado. Agrega que si bien se estima necesario seguir contando con dicha función, desde el año 2023 han ocurrido una serie de hechos que no le han permitido contar con una persona idónea para ejercerla conforme a las necesidades del servicio.

Añade que al recurrente no le es aplicable para el año 2024 el sistema de calificaciones al ser parte de la junta calificadora y que, en todo caso, no resulta aplicable la doctrina de la confianza legítima pues lleva menos de 5 años en la función específica de “Encargado del Departamento de Medio Ambiente”. Argumenta que la garantía de estabilidad en el empleo no es equivalente a la inamovilidad y que la situación del recurrente debe ser igualmente evaluada por sus superiores, sobre todo ante la existencia de graves situaciones sobre su desempeño profesional en el ejercicio de funciones de confianza, dada la especial naturaleza de la DIFROL como servicio público altamente técnico, calificado y estratégico.

Luego de explicar detalladamente la especial regulación y funciones de la DIFROL, sostiene que en el caso concreto no concurre la hipótesis de confianza legítima conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, por cuanto el recurrente no se ha desempeñado por 5 años o más en un cargo específico sino en distintas funciones. Explica que si bien fue contratado en 2018, sólo desde marzo de 2022 ejerce como “Encargado del Departamento de Medio Ambiente”, por lo que no cumple con el requisito temporal para la aplicación de dicha doctrina.

Finalmente, detalla una serie de situaciones y hechos que a su juicio fundamentan el término anticipado de la contrata, tales como, no realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia; el cuestionamiento permanente a las decisiones de su jefatura; no orientar su desempeño al cumplimiento de los objetivos de la institución y la mejor prestación de servicios (emitiendo documentos sin visación del superior jerárquico); remitiendo informes y oficios fuera de plazo; manteniendo un comportamiento altamente inadecuado con sus superiores. Concluye que el término de la contrata no se funda en que el cargo sea de exclusiva confianza, sino en el mal desempeño de las funciones encomendadas que tenían tal carácter.

Por estas consideraciones, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección interpuesto.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

1°.- Que como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y, d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

2°.- Que en lo tocante a la impertinencia de la presente acción cautelar, baste señalar para su rechazo que la existencia de un procedimiento diverso, de lato conocimiento, en el cual se pueda plantear el asunto, no impide el ejercicio del recurso, el que se entiende procedente sin perjuicio del ejercicio de otros derechos de que el afectado pueda ser titular, sin que sea esta la sede para realizar las alegaciones de este tipo, atendido lo dispuesto por el artículo 485, inciso final del Código del Trabajo.

3°.- Que en cuanto a los hechos no debatidos en el proceso, se pueden establecer los siguientes:

a) El actor inició la prestación de servicios para la recurrida, en calidad de contrata, asimilado a grado 5° de la escala única de sueldos del D.L. 3551, de 1980, de la planta de profesionales, extendiéndose dicha contratación hasta el 31 de diciembre del 2018 o hasta que sus servicios fueran necesarios, concretándose sucesivas renovaciones a partir del 1° de enero de 2019 y hasta diciembre de 2024, desempeñándose por un lapso total de 6 años y 10 meses;

b) En virtud de dichos contratos, aquél prestó servicios ininterrumpidamente como “Asesor en materias de derecho ambiental” desde el año 2018, como “Encargado del Departamento de Estudios Limítrofes” desde el año 2020 y como “Encargado del Departamento de Medio Ambiente” desde el año 2022;

c) Que durante ese período de tiempo como funcionario no existieron reparos en el desempeño de sus funciones, siendo su última calificación del período 2022 - 2023 en “Lista 1 distinción”, sin que haya existido sumario administrativo alguno o investigación sumaria en su contra; y, d) Que la recurrida puso término anticipado a la relación estatutaria que lo unía con el reclamante porque “(…) bajo la dirección de don nombre reservado, han venido desarrollándose una serie de hechos y situaciones complejas en la relación entre el Sr. nombre reservado y la Dirección Nacional de nombre reservado del Estado, en especial con la Dirección de Fronteras, unidad de la cual depende el Departamento de Medioambiente, Análisis Territorial y Recursos Hídricos Compartidos”, de acuerdo con lo señalado en el N° 16 de la Resolución Exenta N° 264 de 8 de noviembre de 2024, emitida por la DIFROL.

4°.- Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha es la decisión de poner término anticipado al contrato, sin que el funcionario recurrente se desempeñara en este caso en un cargo de exclusiva confianza, sin que haya existido, además, durante todo el período de tiempo en el que ejerció sus funciones algún reparo o sanción en virtud algún sumario administrativo o investigación sumaria.

5°.- Que incardinado con lo que precede, y como tantas veces se ha dicho, el empleo a contrata es esencialmente transitorio, de duración limitada en el tiempo y sus plazos no se encuentran establecidos ni garantizados por norma alguna. En efecto, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación con la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; es decir, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata incluso antes de la fecha recién indicada.

6°.- Que en el ejercicio de la facultad que implica la decisión de no renovar el vínculo estatutario, la administración no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente, prescindiendo de los servicios para los cuales la persona fue contratada, por en definitiva, no ser necesarios los servicios, dado que estos concluyen de pleno derecho al 31 de diciembre.

Sin embargo, distinta es la situación de los funcionarios que se encuentran protegidos por el principio de confianza legítima, que favorece a aquellos que mantienen la real expectativa de continuar prestando servicios de manera indefinida, cuando ha operado la renovación reiterada de la relación laboral, transformando por decisión de la administración en permanente un vínculo que en abstracto debía ser transitorio.

7°.- Que, de esta manera, la desvinculación de un funcionario que se encuentre en estas circunstancias requiere, entre otras exigencias, que hubiere ejercido el cargo público en las condiciones alegadas, esto es, por un período continuo y prolongado y que el acto que dispone tal medida esté dotado de la motivación y fundamento suficiente que permita vencer la expectativa de continuidad antes mencionada.

8°.- Que la Resolución impugnada es confusa ya que en los motivos 6°, 11°, 19°, 20° y 24°, se refiere específicamente a que las funciones encomendadas al recurrente requerían y requieren de la exclusiva confianza del jefe del servicio. Sin embargo, a su vez reconoce la autoridad al evacuar su informe que el término anticipado no se sostiene en que el cargo sea de exclusiva confianza, sino que su desvinculación se basa en el mal desempeño de sus funciones.

De esta forma, no cabe duda alguna que el funcionario no se desempeñaba en un cargo de exclusiva confianza, ya que dicha modalidad solo puede ser establecida por ley, cuestión que no ocurrió en este caso. Por lo demás, el término de funciones respecto de personas que sirven cargos de exclusiva confianza se encuentra regulado en los artículos 146 y 148 del DFL N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, procedimiento que tampoco se siguió en la especie.

9°.- Por otro lado, la recurrida reconoció, asimismo, que existieron diversas circunstancias que motivaron la contratación del Sr. nombre reservado, por la necesidad que existía en la DIFROL en relación con algunas aristas medioambientales transfronterizas que requerían conocimientos de temas específicos que fuesen tratados a nivel reservado y confidencial, situaciones que mantienen su vigencia hasta el presente, según lo referido en la motivación 9.

10°.- Que, en definitiva, la decisión impugnada se fundó, en resumen, según se lee de sus motivos 16° y 17°, en una serie de circunstancias genéricas, que carecen de exactitud y precisión suficientes como para fundamentar adecuadamente la decisión de poner término anticipado al contrato. Lo anterior queda de manifiesto si se tiene en consideración que no existe un sumario administrativo previo o la orden de iniciar alguna investigación administrativa para indagar en las actuaciones que se describen, de forma general, en los motivos 17° y 22°.

11°.- Que en este punto cabe subrayar que la motivación constituye uno de los elementos del acto administrativo, pues a través de ella se exteriorizan las razones que han llevado a la administración a dictarlo, exigencia que se impone en virtud del principio de legalidad. En efecto, la Ley N° 19.880 consagra los principios de transparencia y publicidad, en cuanto permite y promueve el conocimiento del contenido y fundamentos de las decisiones que adopten los órganos de la administración del Estado, calidad que precisamente detenta el organismo demandado. Es así como el artículo 11, inciso segundo, del referido texto legal, previene la obligación de motivar en el mismo acto administrativo la decisión, mencionando los hechos y fundamentos de derecho, en el caso que afectare los derechos o prerrogativas de las personas. A su turno, también el artículo 41, inciso cuarto, del aludido cuerpo normativo dispone que las “resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”, proceder que, por lo demás, se hace exigible por mandato del artículo 8° de la Carta Fundamental.

El imperativo legal antes referido supone que las razones argüidas por la autoridad hallen sustento en la realidad y que se condigan con los antecedentes fácticos del caso en concreto, pues, de lo contrario, sólo se estaría dando cumplimiento de manera formal al cumplimiento de la obligación en comento.

12°.- Que de los antecedentes de juicio incorporados al proceso no aparece debidamente justificada la causal invocada por el ente administrativo para disponer la no renovación de los servicios del actor después de haberlos desempeñado por más de seis años, atendido a que reconoció la autoridad que el cargo no es de exclusiva confianza, expuso también que las circunstancias que motivaron la contratación del funcionario siguen vigentes y ratificó, por último, que respecto de los hechos genéricamente imputados como “mal comportamiento” estos no han sido investigados a través de un sumario administrativo tal como lo establece la ley o no se ha establecido un incumplimiento comprobado por el que se justifique la desvinculación.

13°.- En consecuencia, el acto administrativo censurado carece de fundamentación, pues la razón invocada resulta impertinente atendida la posición jurídica del actor (extensión de la contrata y los mecanismos específicos que debieron emplearse para hacerlo cesar en su cargo), de manera que al encontrarse este protegido por el principio de confianza legítima, la administración sólo pudo poner término a esa relación estatutaria por una calificación anual que así lo permita, a través de un sumario administrativo, o bien mediante una resolución debidamente fundada, lo que no se satisface en la especie a través de la resolución recurrida que contiene argumentaciones genéricas y ambiguas, cuyo sustento es imposible testear.

14°.- Que, entonces, si el acto recurrido carece de la fundamentación necesaria exigida por la normativa que rige las actuaciones de los órganos de la administración del Estado, es ilegal respecto al elemento final del acto y además arbitrario por los motivos expuestos, al contrariar el propósito que el legislador prevé al establecer los empleos a contrata y definir sus características de transitoriedad.

15°.- Que a mayor abundamiento, la exposición de motivos que contiene la Resolución cuestionada, no satisface la exigencia de fundamentación de un acto administrativo en cuanto a la razonabilidad del mismo, en la medida que contradice los propios actos de la recurrida que calificó en todos los años previos en “Lista 1 de distinción” y que además estimó del caso renovar la contratación del actor en seis oportunidades distintas y sucesivas (por Resoluciones Exentas RA N° 85/64/2020 de 2020, N° 85/84/2020 de 2020, N° 85/112/2020 de 20202, N° 85/35/2021 de 2021, N° 85/72/2022 de 2022 y N° 85/10/2024 de 28 de febrero de 2024), para luego desvincularlo por estimar que tendría un mal desempeño en sus funciones cuya investigación nunca se instruyó.

16°.- Que con su proceder la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales que los números 2 y 24 del artículo 19 de La Constitución Política de la República aseguran al recurrente, en la medida que se le ha dado un trato desigual al aplicársele una facultad para un caso no previsto, privándole de las remuneraciones a que tiene derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Dirección Nacional de nombre reservado del Estado, en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 264 de fecha 8 de noviembre de 2024, y en consecuencia, se ordena a la recurrida la reincorporación inmediata del actor al ejercicio de sus funciones, además de efectuar el pago íntegro de las remuneraciones y demás prestaciones devengadas durante el período por el que se extendió su separación.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante señora Francisca Amigo Fernández.

Rol Corte Nº 25251-2024 (Protección)

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada, por la ministra (s) señora Erika Villegas Pavlich y la abogada integrante señora Francisca Amigo Fernández. No firma la ministra señora Leyton, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.