nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. (AFP Modelo) y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la comunicación mediante la cual la administradora rechazó dar curso a su solicitud de devolución de fondos previsionales para técnico extranjero, amparada en la Ley N°18.156, vulnerando con ello las garantías reconocidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 10 de noviembre de 2025, la recurrente ingresó la solicitud formal de retiro de fondos invocando su calidad de profesional técnica extranjera, acompañando su cédula de identidad, título profesional apostillado, contrato de trabajo y anexo donde manifiesta su voluntad de mantener la afiliación extranjera, junto a una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y una declaración jurada notarial. Refiere que, con fecha 11 de noviembre de 2025, AFP Modelo rechazó la solicitud.

Alega que la decisión adolece de un formalismo excesivo y arbitrario, desatendiendo la finalidad de la ley. Arguye que la constancia electrónica del IVSS posee un código alfanumérico verificable directamente en el portal web de dicho organismo oficial, lo cual acredita su veracidad. Añade que exigir la legalización consular o apostilla constituye un requisito de imposible cumplimiento por constituir un caso de fuerza mayor derivado de la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Finalmente, señala que una interpretación restrictiva vulnera su derecho de propiedad sobre los fondos de su cuenta de capitalización individual y supone una discriminación frente a otros casos similares.

Por lo anteriormente expuesto, solicita en definitiva que se reconozca como válida la documentación acompañada, ordenando que se realice un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho, y dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, y en general, se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, compareció la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con costas.

Argumenta que su actuar se ha ajustado de manera estricta a la legalidad vigente, particularmente a las exigencias copulativas del artículo 1° de la Ley N°18.156, a las instrucciones del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones y a los Oficios emitidos por dicho ente regulador. Expone que la constancia electrónica del IVSS aportada por la recurrente no es un documento apto, pues no cumple con los requisitos de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil al carecer de la respectiva legalización o apostilla. Agrega que un documento electrónico no legalizado, ni suplido por una declaración jurada unilateral en Chile, no otorga la fe pública exigida para acreditar la afiliación activa a un sistema de seguridad social en el extranjero. Concluye que no posee facultades discrecionales para eximir a la recurrente del cumplimiento normativo imperativo, descartando ilegalidad o arbitrariedad en su decisión.

TERCERO: Que, por su parte, evacuó su informe la Superintendencia de Pensiones, solicitando el íntegro rechazo del arbitrio.

Como alegación previa, opone la improcedencia de la acción, por exceder el ámbito de urgencia propio del recurso de protección, requiriéndose un procedimiento de lato conocimiento al tratarse de derechos dubitados.

En cuanto al fondo, el órgano fiscalizador señala que el rechazo se ajusta a derecho. Indica que la impresión de una constancia electrónica del IVSS, desprovista de apostilla, carece de valor probatorio en Chile. Además, revela dos antecedentes sustantivos: Primero, que el documento del IVSS consigna que la actora se encuentra "actualmente en estatus de asegurado CESANTE", con fecha de egreso en abril de 2018, lo que demuestra que no posee cobertura previsional activa ni vigente. Segundo, advierte que el contrato de trabajo data del año 2018, en el cual se estipuló expresamente su afiliación a la AFP nacional, mientras que el anexo en el que manifiesta su intención de mantener la afiliación extranjera se suscribió recién en abril de 2025, casi siete años después, lo que torna la declaración extemporánea e incumple el espíritu de la excepción contenida en la letra b) del artículo 1° de la citada ley.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Es requisito indispensable para la procedencia de la acción la constatación innegable de la existencia de un acto contrario a la ley (ilegal) o producto del mero capricho (arbitrario), y que recaiga sobre derechos indubitados.

QUINTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, resulta menester presente lo preceptuado en la Ley Nº18.156. Este cuerpo legal establece un régimen de excepción que exime de la obligación de cotizar en Chile, y autoriza la eventual devolución de fondos, condicionado al cumplimiento copulativo e insoslayable de ciertas exigencias. Su artículo 1° letras a) y b) dispone que el trabajador extranjero debe encontrarse afiliado a un régimen de previsión fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que exprese en su contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Por tratarse de un régimen de exención, su interpretación y aplicación son de estricto derecho.

SEXTO: Que, del análisis de los antecedentes allegados a la causa, esta Corte advierte que el rechazo de la solicitud formulada a la AFP Modelo S.A. se encuentra ajustado a derecho y plenamente justificado, toda vez que la constancia electrónica emitida por el IVSS no cumple con el requisito exigido en la letra a) del artículo 1 de la Ley N° 18.156, ya que lo requerido es un certificado en que conste que la recurrente está afiliada a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, con la cobertura mínima antes indicada.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, consta en los antecedentes que el contrato de trabajo principal fue suscrito en noviembre de 2018, estableciéndose su afiliación al sistema chileno (AFP y FONASA), mientras que la manifestación de voluntad de acogerse a la afiliación extranjera se incorporó mediante un anexo fechado el 1 de abril de 2025. Una manifestación efectuada de manera extemporánea, transcurridos casi siete años desde el inicio de la relación laboral, desnaturaliza la finalidad de la norma excepcional que exige que la voluntad se fije en el respectivo contrato de trabajo para eximirse de cotizar desde el origen del vínculo.

OCTAVO: Que, en virtud de lo razonado, el actuar de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. al denegar la solicitud, no resulta constitutiva de un acto ilegal, pues se han ceñido a la letra de la ley, ni tampoco puede calificarse de arbitraria, por cuanto obedece a fundamentos racionales, documentados y técnicos.

Al no existir un actuar antijurídico que reprochar y al no cumplirse los requisitos sustanciales para acceder al beneficio impetrado, no se constata vulneración al derecho de propiedad ni a la igualdad ante la ley, debiendo desestimarse la presente acción cautelar.

NOVENO: Que, finalmente, respecto de la recurrida la Superintendencia de Pensiones, en el libelo de autos no se le imputó ningún hecho particular, lo que, sumado a los demás antecedentes, fluye con claridad que dicho ente fiscalizador no intervino en el proceso de solicitud de devolución de fondos previsionales formulado por la actora ante AFP Modelo, ni en el posterior acto de rechazo objeto de esta litis. Por lo tanto, al no haber realizado u omitido acto alguno que pueda ser calificado como ilegal o arbitrario, el recurso será necesariamente también rechazado a su respecto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por Pablo Daniel Peñaloza Parra en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-25221-2025.