nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, treinta de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el 24 de noviembre de 202025 comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, ingeniero en computación, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por haber rechazado, mediante notificación de fecha 28 de octubre de 2025, la solicitud de retiro de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156, sosteniendo la recurrida que los documentos acompañados - en particular el certificado emitido por la institución de seguridad social - no cumplen con los requisitos exigidos para dicho trámite.

Considera dicha actuación ilegal y arbitraria, ya que la recurrida no fundamenta el motivo del rechazo, limitándose a indicar que se encontraron observaciones sin precisarlas, omitiendo verificar la autenticidad de la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pese a que dicho documento contiene un código alfanumérico que permite su validación a través de los portales oficiales de esa institución, e introduciendo exigencias formales no contempladas en la normativa aplicable, las que, además, resultan de imposible cumplimiento atendida la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Lo anterior vulnera los derechos fundamentales del recurrente, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, específicamente la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2, y el derecho de propiedad, previsto en el artículo 19 N° 24, así como la garantía consagrada en el artículo 19 N° 26 de la Carta Fundamental.

Solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos previsionales requeridos, junto con toda providencia necesaria para restablecer el imperio del derecho.

En cuanto a los hechos, expone que durante el mes de octubre de 2025 presenta ante la recurrida, mediante el portal web respectivo, la solicitud N° 1013802 de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para los técnicos extranjeros. Posteriormente, con fecha 28 de octubre de 2025, es notificado por correo electrónico del rechazo de su solicitud, indicándose como motivo que el certificado de la institución de seguridad social no cumpliría con los criterios de aceptación, sin mayor fundamentación.

Refiere que la constancia acompañada fue emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y que su autenticidad puede verificarse mediante el código N° 2b6575273-2025909 ingresado en el portal institucional, o bien a través de consulta con la cédula de identidad venezolana, medios de validación que la recurrida omitió emplear, pese a tenerlos disponibles, y que han sido aceptados por otras administradoras, como AFP Cuprum.

En cuanto al derecho, invoca los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, sosteniendo que dicha normativa exige únicamente que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, condiciones que se acreditan plenamente con la constancia acompañada.

Cita el artículo 18 del Código Civil para descartar la exigencia de formalidades adicionales y el artículo 45 del mismo cuerpo legal respecto del caso fortuito o fuerza mayor derivado de la inexistencia de relaciones diplomáticas con Venezuela. Invoca, asimismo, jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, roles N° 28881-2022, N° 96.380-2021 y N° 7254-2025, así como sentencias de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, Santiago y Concepción, que han acogido pretensiones análogas. Sostiene que el actuar de la recurrida vulnera la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, al dispensar un trato desigual respecto de otros solicitantes en idéntica situación; el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, al privarlo de la disposición de sus ahorros previsionales mediante la imposición de exigencias formales no previstas en la ley; y la garantía del artículo 19 N° 26, en cuanto se afecta el derecho en su esencia.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. evacua el informe requerido por esta Corte.

Solicita el rechazo en todas sus partes del recurso de protección deducido en su contra, con expresa condenación en costas, fundado en que su actuación se ha ajustado estrictamente a la ley y a la normativa previsional vigente impartida por la Superintendencia de Pensiones, no configurándose acto ilegal ni arbitrario alguno, ni vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

En cuanto a los hechos, expone que con fecha 5 de agosto de 2025 el afiliado inicia su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, conforme a la Ley N° 18.156, respecto del empleador "Comunidad Edificio Alameda 1370", acompañando contrato de trabajo, anexo de actualización, título profesional, apostilla del título, certificado de constancia de cotizaciones y declaración jurada ante notario. Posteriormente, con fecha 28 de octubre de 2025, se notifica al afiliado el rechazo de la solicitud N° 1013802, indicándose que el certificado emitido por la institución de seguridad social no cumple con los criterios de aceptación exigidos para el trámite. Finalmente, con fecha 26 de noviembre de 2025, la recurrida toma conocimiento de esta acción constitucional.

En cuanto al derecho, sostiene que en materia laboral y previsional rige en Chile el principio de territorialidad, admitiéndose como excepción la situación contemplada en la Ley N° 18.156, cuyo artículo 1° exige, entre otros requisitos, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo acreditarse dicha circunstancia mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada. A ello se suma lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que regula la legalización de instrumentos públicos otorgados en el extranjero.

Agrega que la propia Superintendencia de Pensiones, en el Oficio Ordinario N° 12954, de 17 de julio de 2025, ha precisado que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana, que carecen de firma del emisor y no se encuentran apostilladas o legalizadas, no sirven como medio de prueba para acreditar el requisito en comento, debiendo los documentos venezolanos ser apostillados conforme al Convenio de la Apostilla de La Haya, del cual ambos Estados son parte. Asimismo, refiere que la Superintendencia rechazó la propuesta formulada por la recurrida en orden a aceptar la verificación electrónica a través de la plataforma del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

En tal sentido, sostiene que la simple existencia de un código de verificación en línea no sustituye los requisitos formales exigidos por la legislación nacional, careciendo la administradora de facultades para prescindir de una exigencia legal expresa, aun cuando la inexistencia de relaciones diplomáticas con Venezuela sea una circunstancia ajena a su voluntad. Invoca, en respaldo de su posición, las sentencias dictadas por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso en los roles N° 1992-2025 y N° 1431-2025, esta última confirmada por la Excma. Corte Suprema en autos rol N° 17866-2025, así como el fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel rol N° 1461-2025.

Concluye que no concurre ninguno de los requisitos copulativos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que su actuación obedece al cumplimiento estricto del marco normativo y de las instrucciones vinculantes impartidas por el órgano fiscalizador, sin que se configure agravio ni afectación de garantías constitucionales, siendo que acceder a lo pretendido importaría, por el contrario, vulnerar el principio de igualdad ante la ley respecto de los demás afiliados.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que el acto impugnado por la presente acción constitucional consiste en la decisión adoptada por la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., notificada con fecha 28 de octubre de 2025, mediante la cual rechaza la solicitud N° 1013802 de devolución de fondos previsionales formulada por el recurrente en su calidad de técnico extranjero, al amparo de la Ley N° 18.156, fundándose dicho rechazo en que el certificado emitido por la institución de seguridad social acompañado al efecto no cumple con los criterios de aceptación exigidos para el trámite.

QUINTO: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 exige, como presupuesto para acceder a la exención de cotizaciones previsionales y, por consiguiente, a la devolución de los fondos que regula su artículo 7°, que el trabajador extranjero acredite encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo dicho cumplimiento certificarse por la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada. En armonía con lo anterior, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil regula la forma en que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero deben presentarse para producir efectos en Chile, exigencia que, tratándose de documentos provenientes de Venezuela, se satisface mediante el procedimiento de apostilla, atendido que ambos Estados son parte del Convenio de La Haya sobre la materia.

SEXTO: Que, en la especie, el documento acompañado por el recurrente, denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, carece de firma autorizada de su emisor y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa señalada. La sola circunstancia de contener un código de verificación electrónica consultable en el portal institucional venezolano no sustituye los requisitos formales exigidos por el ordenamiento jurídico nacional, ni habilita a la administradora recurrida para prescindir de una exigencia legal expresa cuya finalidad es precisamente garantizar la autenticidad y validez de los instrumentos otorgados fuera del país.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, la Superintendencia de Pensiones, mediante el Oficio Ordinario N° 12954, de 17 de julio de 2025, ha precisado expresamente que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentren firmadas por su emisor ni apostilladas o legalizadas no constituyen medio idóneo para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, criterio vinculante para las administradoras fiscalizadas en virtud de las facultades de regulación que la ley confiere a dicho órgano.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la conducta de la recurrida no puede ser calificada de ilegal ni arbitraria, en cuanto se ha ajustado estrictamente al marco normativo vigente y a las instrucciones impartidas por el ente fiscalizador, sin que el actuar denunciado obedezca a un mero capricho o voluntad antojadiza. Tampoco se advierte vulneración del derecho de propiedad invocado, pues éste presupone la existencia de un derecho indubitado sobre los fondos cuya devolución se pretende, presupuesto que, conforme a lo razonado, no concurre al no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos legales habilitantes. Por su parte, no resulta procedente la alegación de infracción a la igualdad ante la ley, toda vez que la aplicación uniforme de las exigencias legales a todos los solicitantes en idéntica situación constituye, precisamente, la materialización de dicha garantía.

NOVENO: Que, por consiguiente, no concurriendo en la especie los presupuestos copulativos que el artículo 20 de la Constitución Política de la República exige para la procedencia de la acción de protección, el presente recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N° Protección-25218-2025.