Protección contra Superintendencia de Pensiones

C.A. de Santiago Santiago, quince de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su requerimiento, comunicado con fecha 12 de noviembre de 2025, mediante el cual dicha autoridad mantuvo la exigencia de presentar el certificado de seguridad social extranjero debidamente apostillado, denegando así la devolución de sus fondos previsionales, lo que vulneraría su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 14 de octubre de 2025 ingresó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. una solicitud formal de retiro de fondos para técnicos extranjeros, acompañando una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), su pasaporte venezolano y una carta de intención de retorno. Añade que dicha AFP rechazó su solicitud exigiendo que el certificado se presentara debidamente apostillado o legalizado y que, ante esta negativa, interpuso un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, entidad que, mediante respuesta electrónica de 12 de noviembre de 2025, ratificó lo obrado por la administradora.

Alega que el acto impugnado constituye una vulneración al principio de legalidad y juridicidad, toda vez que la Ley N°18.156 no exige expresamente la apostilla del certificado extranjero. Agrega que la exigencia deviene en arbitraria al resultar materialmente imposible de cumplir, atendido el hecho público y notorio de la inexistencia de representación diplomática o consular venezolana operativa en Chile que permita realizar el trámite de legalización o apostilla, circunstancia que hace ilusorio el ejercicio de su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados.

Por lo anteriormente expuesto, solicita que se acoja el recurso, ordenándose a la Superintendencia instruir a AFP Modelo la autorización y ejecución de la devolución de sus fondos prescindiendo del requisito de la apostilla, con costas.

Segundo: Que informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando que la acción sea declarada improcedente o, en subsidio, rechazada en todas sus partes, con costas.

En primer término, opone la excepción de improcedencia de la vía, argumentando que el recurso de protección, dada su naturaleza cautelar, no constituye la instancia idónea para emitir un pronunciamiento declarativo sobre el cumplimiento de requisitos normativos. Sostiene que la actora carece de un derecho indubitado y preexistente, ya que la controversia sobre la validez de los certificados presentados debe ser resuelta en un juicio de lato conocimiento y no a través de una acción de emergencia.

En cuanto al fondo del asunto, expone que su actuar se ha ajustado estrictamente a la normativa legal, específicamente al artículo 1° de la Ley N°18.156 y a las facultades interpretativas conferidas por el D.L. N°3.500 y el D.F.L. N°101. Explica que la exención de cotizar y la devolución de fondos es un régimen de excepción de interpretación restrictiva, exigiendo el cumplimiento de requisitos copulativos que la recurrente no acreditó. En particular, señala que la actora no probó su calidad de "técnico extranjero" al no acompañar título profesional legalizado; omitió presentar un contrato de trabajo que exprese de manera inequívoca su voluntad de mantener la afiliación a la seguridad social extranjera; y exhibió una Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS que no solo carece de firma autorizada, legalización o apostilla, sino que además se limita a mencionar de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, sin acreditar específicamente que la trabajadora ha estado protegida frente a los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo de prestación de servicios en Chile. Añade que no le corresponde a la Superintendencia pronunciarse sobre el funcionamiento de representaciones diplomáticas extranjeras ni eximir a un particular del cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

Concluye argumentando que acceder a la devolución de fondos sin el cumplimiento íntegro de las exigencias legales podría irrogar un perjuicio al Fisco de Chile, toda vez que la recurrente posee residencia definitiva en el país, lo que en el futuro podría obligar al Estado a garantizarle una pensión básica solidaria tras haber retirado los fondos ya cotizados, desvirtuando el propósito de la ley excepcional que invoca, por lo que no existe privación, perturbación ni amenaza a garantía constitucional alguna.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías allí expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio, debiendo el tribunal adoptar las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho. La procedencia de esta acción se sujeta a la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a derecho– o arbitrario –caprichoso o antojadizo– y que este cause privación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales.

Cuarto: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción que exime de la obligación de cotizar en el sistema previsional chileno a los técnicos extranjeros, exigiéndose copulativamente: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo legal autoriza la devolución de los fondos previsionales enterados, siempre que se dé íntegro cumplimiento a las exigencias del citado artículo 1°.

Quinto: Que, de los antecedentes aportados al proceso y, en especial, de los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Pensiones se tiene por establecido lo siguiente:

1. La recurrente presentó una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual no se encuentra legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, ni apostillada.

2. Dicha constancia indica que la recurrente posee estatus de "cesante" y se limita a citar de manera genérica el artículo 1 de la Ley del Seguro Social venezolano, sin certificar de manera específica que la actora, durante su permanencia y prestación de servicios en Chile, contó con cobertura efectiva para los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad (comprendiendo esta última prestaciones pecuniarias y médicas).

3. La actora no acompañó a su solicitud ni a la presente acción el contrato de trabajo que acredite su calidad de profesional o técnico extranjero, ni demostró que en dicho instrumento conste la manifestación de voluntad clara e inequívoca de mantener su afiliación al régimen de seguridad social extranjero.

4. Conforme a la copia de la Cédula de Identidad para Extranjeros acompañada al expediente, consta que la recurrente es titular de un permiso de "Permanencia Definitiva" en el territorio nacional.

Sexto: Que, sentados los hechos anteriores, la actuación de la Superintendencia de Pensiones, al mantener el rechazo de la solicitud de la actora, no puede ser tachada de ilegal ni de arbitraria. En efecto, el ente regulador actuó en el estricto ejercicio de sus competencias, exigiendo las formalidades contempladas en la ley, entre ellas, el cumplimiento de las formalidades que revisten los instrumentos públicos otorgados en el extranjero para que produzcan fe en Chile.

Séptimo: Que, en efecto, según se desprende de lo informado por la recurrida, la recurrente no sólo omitió acompañar el certificado de cobertura debidamente apostillado, sino que, además, incumplió los demás requisitos exigidos por la ley.

Ahora bien, en cuanto a la exigencia de apostilla cuestionada, cabe señalar que ésta forma parte de los requisitos establecidos por la entidad fiscalizadora en ejercicio de sus potestades, y no constituye sino la reproducción de las formalidades que nuestro ordenamiento jurídico impone respecto de los documentos otorgados en el extranjero.

En cuanto a la alegación de la recurrente relativa a la imposibilidad material de obtener la apostilla o legalización consular, atendido el quiebre de relaciones diplomáticas, esta Corte estima que, aun cuando dicha circunstancia pueda importar una dificultad para los ciudadanos de esa nacionalidad, no resulta jurídicamente procedente que, por la vía del recurso de protección, se exima a un particular del cumplimiento de exigencias previstas para acceder a un beneficio legal de carácter estrictamente excepcional, desde que acceder a ello importaría desnaturalizar las instrucciones impartidas por la autoridad técnica competente.

Octavo: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado el cumplimiento cabal de la Ley N°18.156, la pretensión de la recurrente carece del carácter de derecho indubitado y preexistente, propio de esta acción cautelar.

Por último, en cuanto a la vulneración de derechos reclamada, la negativa de la Superintendencia no constituye privación del derecho de propiedad de la actora, toda vez que los fondos siguen radicados en su cuenta de capitalización individual, encontrándose disponibles para el financiamiento de su pensión bajo las reglas generales aplicables a cualquier trabajador en el país.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-25204-2025.