nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 22 de noviembre de 2025, comparece Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en favor de Jatzira nombre reservado, venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros presentada por la recurrente, fundándose en requisitos formales no contemplados en la normativa vigente, actuación que considera ilegal y arbitraria, atendido a que la recurrida exige la apostilla de documentos previsionales venezolanos pese a que dicho trámite resulta materialmente imposible de obtener y no se encuentra previsto en la Ley N°18.156, vulnerando con ello los derechos fundamentales de la recurrente que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en el artículo 19 Nº2, 24 y 26, por lo que solicita se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, continuar con la tramitación de la solicitud de retiro y efectuar, dentro de un plazo razonable, la devolución de los fondos previsionales.

Expone que la recurrente es titular de residencia definitiva en Chile y que durante la vigencia de su relación laboral se le descontó sistemáticamente parte de su remuneración, enterándose cotizaciones de AFP, salud y cesantía, no obstante haber suscrito en su contrato de trabajo una cláusula previsional en que manifestó expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley N°18.156.

Señala que el 13 de octubre de 2025 la recurrente ingresó la solicitud de retiro de fondos N°1690, acompañando la documentación exigida por la normativa vigente. El 23 de octubre de 2025, recibe comunicación electrónica de la recurrida informando el rechazo de dicha solicitud, fundado en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no acreditaría cobertura previsional efectiva durante todo el período en que la trabajadora prestó servicios en Chile, ni que la cobertura por enfermedad comprenda prestaciones médicas y pecuniarias.

Agrega que, ante dicha negativa, el 28 de octubre de 2025 la recurrente ingresa un requerimiento ante la Superintendencia de Pensiones, organismo que, mediante carta de 30 de octubre de 2025, confirma la postura de la AFP en cuanto a la exigencia de una acreditación específica e individualizada de la cobertura previsional durante todo el período cotizado.

Afirma que la Ley N°18.156, en sus artículos 1 y 7, establece como únicos requisitos para la devolución de fondos previsionales a trabajadores extranjeros: primero, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y segundo, que el contrato de trabajo exprese la voluntad del trabajador de mantener dicha afiliación.

Agrega que la recurrente cumple íntegramente ambos requisitos, desde que la constancia emitida por el IVSS da cuenta de su afiliación a dicho organismo y la normativa venezolana cubre expresamente las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía, satisfaciendo con creces las exigencias legales.

Alega, en lo relativo a la apostilla, que su exigencia constituye un requisito no contemplado en la ley, cuyo cumplimiento resulta además materialmente imposible, toda vez que el Sistema de Apostilla Electrónica de la República Bolivariana de Venezuela no contempla dicho trámite para constancias de cotizaciones previsionales, configurando así un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Denuncia que el acto recurrido infringe el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política, al dispensar a la recurrente un trato desigual respecto de otros cotizantes extranjeros que han obtenido la devolución de sus fondos en situaciones análogas; vulnera asimismo el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°23 (sic) de la Carta Fundamental, por cuanto impide el ejercicio legítimo del dominio sobre los fondos previsionales de titularidad exclusiva de la trabajadora, los que constituyen un bien incorporal protegido constitucionalmente conforme al inciso 4 del artículo 20H del Decreto Ley N°3.500; y contraviene la garantía del artículo 19 N°26 de la Constitución, al imponerse condiciones y requisitos no contemplados en la ley que afectan la esencia del derecho a obtener la restitución de dichos fondos.

Solicita que se ordene a AFP Provida S.A. reconocer como válida y suficiente la documentación acompañada, retomar y continuar la tramitación de la solicitud de retiro y efectuar la devolución de los fondos previsionales de la recurrente dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada por doña nombre reservado, abogado, evacúa su informe en el que solicita el rechazo de la presente acción constitucional.

Opone como defensa principal la inadmisibilidad del recurso de protección como vía procesal idónea, sosteniendo que la materia reclamada es de lato conocimiento y carácter contradictorio, incompatible con la naturaleza cautelar y de emergencia del arbitrio constitucional.

Expone, en cuanto al fondo del asunto, que el 25 de octubre de 2025 rechazó la solicitud de devolución de fondos, por cuanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS no acredita cobertura previsional efectiva durante todo el período en que la trabajadora prestó servicios en Chile, no señala que la cobertura de enfermedad comprenda prestaciones médicas y pecuniarias, y no se encuentra firmada por quien la emite ni debidamente apostillada o legalizada.

Agrega que tanto el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil como el Convenio de La Haya sobre Apostilla, vigente para Chile desde el 30 de agosto de 2016 y del que Venezuela también es parte, exigen la legalización o apostilla de documentos públicos extranjeros para que produzcan efectos en el territorio nacional.

Añade que el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, Libro II, Título XI, artículo 1° letra b), dispone que el cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 debe acreditarse mediante certificación debidamente legalizada de la institución previsional extranjera competente. Asimismo, invoca el Oficio N°3141, de 20 de febrero de 2024, de la Superintendencia de Pensiones, que exige acreditación específica e individualizada de cobertura durante todo el período cotizado en Chile.

Concluye que no concurre ninguno de los requisitos copulativos del artículo 20 de la Constitución Política para la procedencia del recurso de protección, a saber: inexistencia de acto u omisión ilegal o arbitrario, ausencia de agravio y ausencia de privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales, por lo que el recurso debe ser íntegramente rechazado.

Solicita que se rechace en todas sus partes la presente acción constitucional interpuesta en contra de ProVida S.A., con costas.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal o que sea producto del mero capricho.

Quinto: Que la controversia jurídica se centra en determinar si la exigencia formulada por AFP Provida, consistente en requerir que el certificado de afiliación a la seguridad social extranjera (IVSS) se encuentre debidamente apostillado o legalizado para proceder a la devolución de fondos bajo la Ley N°18.156, constituye un acto ilegal o arbitrario, considerando la existencia de mecanismos de verificación digital en el documento presentado y la certificación notarial de la misma.

Sexto: Que la Ley N°18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por la recurrida, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

En efecto, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que el recurrente no acompañó la documentación que le permita exigir el retiro de los fondos previsionales conforme con el artículo 7 de la Ley N°18.156, por cuanto tal documento acompañado no se encuentra debidamente apostillado, como tampoco da cuenta del cumplimiento de las exigencias del artículo 1, letra a) de la Ley N°18.156, puesto que no señala que las cotizaciones realizadas en su país de origen, le permiten acceder a prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Noveno: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, cuestión que determina que la acción de protección deba ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de Jatzira nombre reservado en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-25183-2025.