Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, cinco de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece José Cornejo Ibarra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000, de 21 de octubre de 2025, que declaró el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado que presentó la extranjera, por incumplimiento de requisitos formales. Actuación que considera ilegal y arbitraria, por estimar que la solicitud fue presentada dentro de los plazos legales, vulnerando con ello la garantía de igualdad ante la ley y el derecho al debido proceso consagrados en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República, respectivamente, en concordancia con las disposiciones de la Ley N°20.430, su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°837 y la Ley N°19.880, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución impugnada, se ordene continuar con el procedimiento y se acoja la solicitud sin más trámite.

Expone que la recurrente y parte de su grupo familiar fueron objeto de amenazas y extorsiones en su país de origen, teniendo temor fundado de sufrir algún tipo de afectación a su integridad personal o a sus bienes. Por lo que vino a Chile escapando de dichos actos, debido a que aquí se encuentra su hermana que goza de residencia definitiva. Ingresó el 7 de julio de 2025 por paso habilitado Aeropuerto nombre reservado.

Señala que el 4 de septiembre de 2025 manifestó su intención de solicitar reconocimiento de la condición de refugiado ante el Servicio Nacional de Migraciones, accediendo al formulario y acompañando antecedentes fundantes.

Indica que la autoridad el 30 de septiembre de 2025 la notificó del incumplimiento de requisitos formales, por no haber presentado la solicitud de refugio dentro de los 7 días de haber ingresado al país. Se le otorgó 15 días hábiles para subsanar la falta de documentación o requisitos, los cuales fueron subsanados dentro de tiempo y forma. Sin embargo, el 21 de octubre del mismo año el recurrido rechazó su solicitud por estimar incumplido el plazo del artículo 26 de la Ley N°20.430.

Alega la vulneración del principio de proporcionalidad, la aplicación errónea de la normativa que rige la materia y que la decisión carece de razonabilidad al basarse en una argumentación meramente formal, sin abordar el fondo de su petición, considerando que aún no ha tenido lugar la entrevista de estilo ante la Secretaría Técnica, órgano encargado de resolver la solicitud.

Segundo: Que, al evacuar informe, nombre reservado y nombre reservado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitan el rechazo íntegro del recurso, sosteniendo, como defensa central, la improcedencia de la acción por no configurarse los presupuestos del artículo 20 de la Constitución, desde que no existiría acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la autoridad que prive, perturbe o amenace garantías fundamentales, destacando además que no se ha dictado sanción migratoria alguna en contra de la recurrente —tales como orden de abandono, prohibición de ingreso o expulsión— y que la resolución impugnada reservó recursos administrativos que la interesada no dedujo.

Expone que la extranjera no registra ingreso regular al país, presumiéndose su ingreso por paso no habilitado.

Indica que la solicitante formalizó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, el día 4 de septiembre de 2025, bajo el requerimiento ID N°NUM001. El mismo día fue citada a entrevista con el fin de dar inicio a la solicitud, constando en sus registros que la recurrente se presentó en dependencias de este Servicio en la fecha y hora que le fueron indicadas.

Añade que, completado el formulario y revisados los antecedentes, se constató no haber cumplido con uno de los requisitos formales relativo a “1.

Exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430.” Motivo por el cual, mediante Resolución Exenta N°NUM002, de fecha 30 de septiembre de 2025, se le requirió subsanar dentro de quince días hábiles, bajo apercibimiento legal, en conformidad con el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 y el artículo 31 de la Ley N°19.880.

Argumenta que, pese a que con fecha 14 de octubre de 2025 la extranjera acompañó una carta explicativa y otros documentos, éstos no permitieron tener por subsanados los requisitos formales faltantes, razón por la cual se dictó la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 21 de octubre de 2025, que tuvo por desistida la solicitud.

Sostiene que su actuación se ajustó a la normativa especial —Ley N°20.430, modificada por la Ley N°21.655, y su Reglamento— y a la Ley N°19.880 en forma supletoria, destacando que los requisitos de admisibilidad y formalización incluyen, entre otros, el cumplimiento de plazos y exigencias para quienes ingresan por paso no habilitado.

Por estas razones, solicita que se rechace la acción en todas sus partes y que no se condene en costas al recurrido.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte del recurrido, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Quinto: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Sexto: Que la Ley N°20.430, que establece disposiciones sobre la protección de refugiados, modificada sustancialmente por la Ley N°21.655, consagra un procedimiento administrativo reglado para el reconocimiento de dicha condición. En este marco, el artículo 26 de la Ley N°20.430 impone a todo extranjero que ingrese al territorio nacional con la intención de solicitar refugio la obligación de presentar su solicitud ante el Servicio Nacional de Migraciones en un plazo fatal de siete días hábiles desde su ingreso.

Tratándose de ingresos por pasos no habilitados, el artículo 35 del Decreto Supremo N°837, Reglamento de la Ley de Refugio, en relación con su artículo 8°, exige adicionalmente que el solicitante se presente ante la autoridad dentro de los 10 días siguientes a la infracción, acreditando la respectiva autodenuncia y alegando una razón justificada para su ingreso irregular.

Séptimo: Que, en la especie, la Resolución Exenta N°NUM000, de 21 de octubre de 2025, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio legítimo de las facultades que el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 otorga al Servicio Nacional de Migraciones. Dicha norma faculta expresamente a la autoridad para evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud y, en caso de detectar omisiones -como el incumplimiento del plazo contemplado en la ley para presentar la solicitud ante la autoridad migratoria-, notificar al interesado para que subsane los defectos en un plazo de quince días hábiles. El referido precepto legal establece una ficción legal de desistimiento ante la falta de subsanación oportuna, disponiendo que “… en caso de no cumplir con la subsanación dentro de plazo, su solicitud se tendrá por desistida”.

Octavo: Que, asimismo, se observa que el Servicio Nacional de Migraciones actuó con estricto apego al principio de legalidad y al debido proceso administrativo, toda vez que, previo a dictar el acto terminal, otorgó a la recurrente la oportunidad de enmendar las falencias mediante la Resolución Exenta N°NUM002, de fecha 30 de septiembre de 2025. Al no haber acompañado la extranjera los antecedentes requeridos - específicamente la acreditación de haber presentado la solicitud en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso al territorio nacional, según el artículo 26 de la Ley N°20.430-, la autoridad se encontraba obligada a declarar el desistimiento, no existiendo margen de discrecionalidad que permita calificar su actuar como caprichoso o arbitrario.

Noveno: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas de la Ley N°20.430, su Reglamento y la Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos.

Tampoco se aprecia arbitrariedad, toda vez que la resolución se encuentra debidamente fundada en el incumplimiento objetivo de cargas procesales que la ley impone a los solicitantes de refugio.

Al no existir un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales invocadas, la presente acción cautelar debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°25.180-2025 Protección