Protección contra Superintendencia de Seguridad Social -SUSESO-

C.A. de Santiago Santiago, tres de marzo de dos mil veintiséis.

Al folio 21; a sus antecedentes.

Al folio 22; téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Ignacio Pavez Díaz, abogado, en representación de doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social -SUSESO-, por el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en la emisión de la Resolución Exenta NUM000, de 22 de octubre de 2025, que no resolvió el fondo del asunto relativo al no pago de dos licencias médicas, por lo cual se había requerido su intervención, limitándose a devolver los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN-, institución que, si bien había aprobado las licencias médicas postnatales controvertidas N°s.

NUM001 y NUM002, rechazó el pago del subsidio de las mismas, por un total de 28 días a contar del 22 de julio de 2025, por no acreditar vínculo laboral con la empleadora, omisión de la SUSESO que a juicio de la recurrente vulnera las garantías contempladas en los N°s. 1, 9, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Refiere que desde el comienzo de su embarazo sus médicos le advirtieron que sería difícil debido a sus antecedentes de abortos espontáneos y la hipertensión severa, configurando un cuadro de alto riesgo, por lo que vivió meses con temores constantes, sangrados intermitentes y dolores.

Relata que el NUM005 de 2025 sufrió un desprendimiento de placenta, lo que derivó en una cesárea de emergencia y el nacimiento de su hijo con solo 590 gramos, quien requirió ser trasladado inmediatamente a la UCI neonatal y conectado a ventilación mecánica.

Manifiesta que sus primeras dos licencias fueron rechazadas bajo argumento de supuesta falta de solvencia del empleador y que “no podía ganar esa cantidad de dinero”, desestimando su condición médica y dignidad laboral.

Afirma haber intentado explicar su situación y presentado numerosa documentación, incluyendo contratos, cotizaciones, antecedentes tributarios y el Certificado de Vigencia de su empleadora Inversiones El Crucero INC SpA, sin obtener una solución.

Agrega que, frente a la falta de subsidio, con su hijo hospitalizado y su propia salud afectada, presentó una reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social. Mediante la resolución que impugna en esta sede, la aludida institución se abstuvo de resolver el fondo de su reclamo, no ordenó el pago del subsidio, ni consideró la gravedad de su situación o la de su hijo, limitándose a señalar que no podían pronunciarse sobre el vínculo laboral y devolver los antecedentes a la COMPIN para un nuevo análisis, dejándola sin solución ni ingresos.

Comenta que, casi 3 meses después del nacimiento, su hijo sigue hospitalizado y ella continúa sin recibir el subsidio maternal.

Sostiene que ningún reglamento permite rechazar una licencia maternal por la supuesta falta de solvencia del empleador.

Asimismo, argumenta que la Superintendencia de Seguridad Social ignoró la Ley N°16.395, que le otorga expresamente la facultad de revisar reclamaciones de licencias médicas y corregir decisiones erróneas de las COMPIN, optando por eludir esta potestad.

Finalmente, aduce que la Corte Suprema ha sostenido que las autoridades administrativas actúan arbitrariamente y vulneran derechos fundamentales cuando aplican criterios ajenos a la ley o deciden sin fundamento técnico, lo que, a su juicio, ha ocurrido en su caso al rechazarse sus licencias por motivos no contemplados en la ley, sin análisis clínico y sin consideración de su situación límite.

Por lo anterior, pide se declare ilegal y arbitrario el actuar de la COMPIN y la omisión de SUSESO; se ordene aprobar y pagar todas sus licencias médicas, incluyendo aquellas anteriores al parto, su postnatal obligatorio y las posteriores derivadas de la condición médica de su hijo; se disponga que ambas instituciones se abstengan de volver a exigirle requisitos no contemplados en la ley; y se adopten todas las medidas necesarias para asegurar que no se sigan vulnerando sus derechos ni los de su hijo.

SEGUNDO: Que informa la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana – COMPIN-, señalando, en síntesis, que de la revisión de los sistemas informáticos de ese organismo se constató que las licencias médicas que motivan el recurso fueron autorizadas, pero sin derecho a subsidio por incapacidad laboral, debido a que a que no se logró acreditar la huella laboral de la recurrente, ni la solvencia económica e ingresos suficientes de su empleador, Inversiones Crucero INC, puesto que la actora no acompañó los antecedentes contables solicitados para tales efectos.

Añade que, en atención a esta situación, la unidad de fiscalización de esa COMPIN realizó una fiscalización efectiva al empleador, con fecha 10 de octubre de 2025, según consta en el Memorándum NUM003, de 12 de noviembre de 2025, en la que se realizaron los siguientes hallazgos: 1.- Se entrevistó a don nombre reservado, quien, en primera instancia, desconoció la existencia de la empresa, para posteriormente mencionar que su padre, nombre reservado, lleva la contabilidad de varias empresas; 2.- Funcionarios del Departamento de Fiscalización lograron comunicarse vía telefónica con don nombre reservado, quien declaró que el domicilio de la empresa es su domicilio particular, puesto que él es quien lleva la contabilidad, reconociendo a la recurrente como trabajadora de la misma, advirtiendo que esta no registra muchos movimientos, ya que posee diferentes fuentes de ingresos, siendo propietario de otras dos empresas 3.- Se le solicitó, vía correo electrónico, que acompañara la carpeta tributaria y una carta explicativa de lo conversado, dejando constancia de la entrega de solicitud de antecedentes; 4.- A pesar de lo expresado, no fue posible verificar en terreno la existencia física de la empresa; 5.- Se recibió un correo del Sr. nombre reservado, en donde acompaña carpeta tributaria señalando que la empresa se dedica a la prestación de servicios de outsourcing y que es dueño de otras compañías dedicadas a prestar servicios marítimos; sin adjuntar la carta explicativa solicitada, ni remitir antecedentes que acreditaran movimientos o situación financiera de sus empresas, por lo que se constató que Inversiones Crucero Inc. no tendría la solvencia económica suficiente para sustentar la contratación de la usuaria recurrente.

Explica que, por estas irregularidades, se mantuvieron autorizadas las licencias médicas individualizadas, pero sin derecho a pago de subsidio.

Afirma que, en su rol de ente fiscalizador, es su deber supervisar y vigilar el buen uso de los recursos destinados al pago de los subsidios de incapacidad laboral, y que no solo la presentación de antecedentes administrativos laborales, previsionales y contables demuestran la veracidad de la relación laboral contractual entre trabajador y empleador.

Adicionalmente apunta que, dado que el supuesto derecho reclamado no está claramente acreditado, la acción cautelar no puede prosperar.

Finalmente, destaca que la COMPIN R.M. es un organismo eminentemente técnico que se rige estrictamente por la normativa legal, según lo establecido en el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas y el Decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, cuyo artículo N° 14 establece que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la Isapre rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el período solicitado, o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista.

Concluye que las actuaciones realizadas por ese organismo de la Administración se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la ley y las normativas vigentes, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio.

TERCERO: Que, informando la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, por intermedio de su mandatario judicial y en representación del SEREMI de Salud R.M., expone que las licencias médicas N°s NUM001 y NUM002 fueron resueltas sin derecho a pago de subsidio por incapacidad laboral, por no haberse acreditado la existencia de una huella laboral real y efectiva entre la recurrente y su empleador, Inversiones Crucero Inc., ni la solvencia económica de dicha empresa.

Señala que, conforme a fiscalización practicada —según Memorándum NUM003— no fue posible verificar en terreno la existencia física del empleador, limitándose las gestiones a contactos telefónicos con su contador, y que los antecedentes tributarios acompañados resultaron insuficientes para acreditar actividad económica efectiva o capacidad financiera que respaldara la contratación.

Añade que el recurso de reposición interpuesto por la actora fue rechazado por aportar los mismos antecedentes ya evaluados, y que la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta NUM000, confirmó el rechazo, reiterando que la licencia médica tiene por finalidad justificar la ausencia laboral y habilitar el pago de subsidio, lo que exige acreditar la calidad de trabajador dependiente, no bastando la mera documentación formal.

Concluye que sus actuaciones se enmarcan en las facultades conferidas por el D.S. N° 3/1984 y normativa vigente, en resguardo del correcto uso de los recursos destinados al subsidio por incapacidad laboral, no configurándose ilegalidad ni arbitrariedad en su proceder.

CUARTO: Que, informando al tenor del recurso, comparece la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando su rechazo, con expresa condenación en costas, por no existir motivo plausible para litigar en contra de ese servicio.

Al efecto expone que la intervención de esa superintendencia en el caso de marras se originó por una presentación de fecha 9 de septiembre de 2025, en la cual la recurrente reclamó en contra de la COMPIN Región Metropolitana, debido a la falta de pago del subsidio de las licencias médicas N°s. NUM001 y NUM002, por un total de 28 días a contar del 22 de julio de 2025, por no acreditarse la calidad de trabajadora dependiente de la reclamante ni la solvencia de la empresa.

Hace presente que ese organismo de fiscalización carece de competencia para pronunciarse sobre la efectividad del vínculo laboral, por lo que remitió a la COMPIN Región Metropolitana los antecedentes acompañados por la interesada, a fin de que efectuara un nuevo análisis de su situación y realizara la fiscalización correspondiente, lo que se advierte de la Resolución Exenta NUM004, de 22 de octubre de 2025.

Indica no haber emitido actos administrativos que confirmen el rechazo de las licencias médicas reclamadas, pues únicamente informó los resultados de la fiscalización de vínculo laboral efectuada por la COMPIN, remitiendo los antecedentes aportados por la parte recurrente para un nuevo análisis, no advirtiendo un actuar ilegal o arbitrario invocado, puesto que no existe un acto formal respecto a lo reclamado en autos.

Aduce que ha actuado definiendo el alcance de su competencia y de acuerdo con sus facultades legales en esta materia.

Además, observa que la acción de protección ejercida es improcedente, por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el N° 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no está amparado por la acción cautelar de protección.

QUINTO: Que esta Corte solicitó que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana ampliara su informe, precisando la razón legal que justificó la decisión de autorizar las licencias médicas de la recurrente sin derecho a subsidio y acompañando la resolución respectiva. En cumplimiento de lo ordenado, dicho organismo informó que, en ejercicio del deber de fiscalización previsto en el artículo 48 del D.S. N° 3/1984 del Ministerio de Salud, procedió a verificar la existencia de una relación laboral real y efectiva entre la actora y su empleador, practicando diligencias inspectivas en el domicilio registrado de la empresa.

Señaló que no fue posible constatar su existencia material y operativa, ni se acompañaron antecedentes contables o financieros suficientes que acreditaran actividad económica efectiva o solvencia para sustentar la contratación invocada. En consecuencia, concluyó que no se configuraban los elementos objetivos que permitieran tener por acreditado el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica en cuanto al subsidio por incapacidad laboral, determinando la improcedencia de su pago.

SEXTO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

SÉPTIMO: Que, el presente arbitrio constitucional se dirige en contra de la Resolución Exenta NUM000, de 22 de octubre de 2025, de la Superintendencia de Seguridad Social, en cuanto ésta no emitió pronunciamiento sobre el reclamo de la recurrente en contra de la COMPIN por el rechazo del pago de sus licencias médicas N°s. NUM001 y NUM002 debido a la falta de huella laboral y, por el contrario, se limitó a reenviar los antecedentes a la Comisión, ordenándole un nuevo examen de la situación con el merito de los antecedentes acompañados.

OCTAVO: Que del análisis de los antecedentes acompañados no se advierte arbitrariedad ni ilegalidad en la decisión de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en su decisión de ordenar a la COMPIN una nueva revisión los antecedentes, y no autorizar y disponer el pago del subsidio de las dos licencias médicas prenatal de la recurrente, aprobadas, pero si derecho al pago del subisdio.

Sin perjuicio de lo anterior, es posible advertir que el motivo de la no aprobación del pago del subsidio por incapacidad laboral, que había motivado la presentación ante la SUSESO, tiene que ver con la falta de “huella laboral efectiva” de la parte recurrente y “falta de solvencia económica” de quien sería su empleador, juicios que se fundan en los antecedentes que constan en el expediente administrativo y en los actos de fiscalización que se singularizan en el Memorándum NUM003, de 12 de noviembre de 2025, emitido con posterioridad a la resolución de la Superintendencia del ramo.

Entonces, a partir de la controversia existente, en cuanto a la efectividad de que la recurrente desempeña la actividad laboral que daría lugar al subsidio que reclama, y sin perjuicio de no advertirse de qué modo se configuraría una contravención a la ley, lo cierto es que en el caso específico no existe un “derecho indubitado” de que sea titular quien acciona de protección, resultando inidónea la presente vía cautelar para resolver ese aspecto discutido. Lo anterior, en razón precisamente que por esa naturaleza cautelar de la acción, no puede extenderse a obtener una declaración sobre un aspecto asociado a la existencia de una relación laboral o al desempeño efectivo de una actividad.

NOVENO: Que, asi entonces, debe señalarse que la decisión de la COMPIN, que si bien no es la entidad recurrida, pero cuya decisión tiene relación con el hecho que ha motivado el presente recurso, encuentra sustento bastante en los hechos que fueron verificados, como lo fue aquello que se obtuvo de la fiscalización en terreno. Esas circunstancias, a las que se hace alusión en las decisiones que motivan el recurso y su posterior revisión por parte de COMPIN, permiten descartar la arbitrariedad que se denuncia, en tanto las explicaciones brindadas excluyen el mero o simple capricho como sustento de la decisión que está en discusión.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta en representación de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y el COMPIN.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección N°25.158-2025.