nombre reservado con FISCO con CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno.

Proveyendo los escritos folios 41, 42 y 43: a todo, téngase presente.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, factor de comercio, en representación convencional de Multitudine Security SpA., quien recurre de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana nombre reservado, representada legalmente por su directora doña nombre reservado y en contra de Consejo de Defensa del Estado persona jurídica de derecho público, en representación del Fisco de Chile, representada legalmente por su presidente don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario manifestado en la Resolución N° 309 de fecha 28 de abril de 2021, dictada por doña nombre reservado, Directora Regional Del Trabajo nombre reservado, que resuelve rechazar recurso extraordinario de revisión interpuesto con fecha 8 de marzo de 2021, por su representada en contra de la resolución de multa N° 1747/2020/38 de 26 de agosto de 2020 actuación dictada por la Inspección Comunal del Trabajo Providencia; hecho que sin lugar a dudas afecta garantías constitucionales y derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 número 3 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile, solicitando se declare admisible este recurso, se someta a tramitación y en definitiva se ordenen todas las medidas que jurídicamente correspondan con el fin de restablecer el imperio del derecho, que en los actos ha sido vulnerado, ordenando dejar sin efecto la Resolución de Multa N° 1747/20/31-1-2 de fecha 12 de junio de 2020 y 1747/20/38-1 de fecha 20 de agosto de 2020 cursadas por la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia y se elimine de los registros de DICOM o del Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales a su representada, lo antes posible, por las razones de hecho y de derecho que a continuación expone.

Refiere que con fecha 12 de junio de 2020 y 20 de agosto de 2020, se presenta el fiscalizador, don nombre reservado, en el domicilio de la empresa ubicado en domicilio reservado, solicitando determinada documentación vía correcto electrónico.

Agrega que tomaron conocimiento en la primera semana de diciembre de 2020, al momento de cobrar la factura de Fonasa por los servicios prestados que se encontraban publicados en el certificado de antecedentes laborales con tres multas, debido a que dicha institución señaló que lo más probable es que no se pagaría aquélla hasta que se tenga los antecedentes laborales y previsionales, sin deuda alguna.

Sostiene que su parte nunca fue notificada de dichas multas, sin embargo, al sacar del sistema las multas se percataron que el domicilio era erróneo, señalando Luis Thayer domicilio reservado, en vez de oficina 301 como debiese corresponder.

Expresa que, con fecha 28 de diciembre de 2020, se solicitó mediante oficio a la Inspección Comunal del Trabajo de la comuna de Providencia, que informara el domicilio donde fue efectuado y en qué fecha se llevó a cabo la notificación, así como en el caso de haber sido practicada mediante correos de Chile, indicara el número de envío para así poder hacerle el seguimiento de su recepción.

Añade que, con fecha 06 de enero 2021, se recibió comunicación Nº 010 procedente de la Inspección del Trabajo, mediante el cual informan el número de guía de admisión por parte de correos de Chile, para realizar el respectivo seguimiento y al momento de consultar el código ante el portal de esta empresa de envío, indica que no registra seguimiento. Posteriormente, indica que acudieron personalmente a la oficina de Correos de Chile con el oficio recibido por parte de la Inspección del Trabajo respectiva e informaron que el número señalado en el oficio 010 no registra, es decir que no es posible realizar un seguimiento por cuanto el Código no corresponde.

Asevera que con fecha 20 de enero 2021, se presentó nuevamente escrito a la Inspección del Trabajo de la comuna de Providencia, informando que con el número señalado en el oficio 010 es erróneo, por lo que se le solicita copia del comprobante de correo certificado enviado, petición de la cual no se ha tenido respuesta.

Manifiesta que por lo expuesto con fecha 17 de febrero de 2021, acudieron de forma presencial a la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, con el fin de obtener respuesta a la solicitud e indicaron de forma verbal, que ¨Sͨ fue enviada la notificación con los siguientes números de cartas certificada: 1176268181481 y 1176268182242. Aclara que se procede a realizar el seguimiento al portal de correos y se observa que no corresponden a envíos hechos a Multitudine Security SpA. Sin embargo, a la fecha siguen a la espera de una respuesta formal por parte de esa institución.

Luego alude que con fecha 14 de agosto 2020, fue recibido correo electrónico por parte del fiscalizador don nombre reservado (mismo funcionario que emite las resoluciones de las multas) mediante el cual consulta, si la empresa tiene instalación en Luis Thayer Ojeda 0180 of. 305. Afirma que, atendiendo a esa última solicitud, le fue respondida la consulta en fecha 17 de agosto de 2020, donde se aclara que la oficina es la 301, en la que siguen actualmente.

Añade que recibieron por parte de Correos de Chile, sucursal Tajamar, el registro de cartas enviadas por parte de la Inspección del Trabajo en la fecha que indicaron, a los cuales se les hizo seguimiento uno a uno ante el portal y no corresponden a la empresa Multitudine Security SpA.

Finalmente, refiere que se presentó recurso de revisión y la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana nombre reservado al fallar el recurso mantiene la multa aplicada a su representada vulnerando de esta forma dos derechos constitucionales, esto es, el debido proceso consagrado en el artículo 19 N° 3 y el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24, ambos de la Constitución Política de la República. Puntualiza que se vulneran dichos derechos al aplicarse una sanción sin ser correctamente emplazada su representada, vale decir, sin poder defenderse debidamente y se vulnera su derecho de propiedad al mantener la aplicación de las multas pese a que se dispuso que tendrá que pagar de forma injusta sin haber sido emplazada en el proceso de aplicación de multa.

De esta forma, solicita se declare admisible el recurso, se someta a tramitación y en definitiva se adopten las medidas para restablecer el imperio del derecho lo que se traduce en dejar sin efecto la Resolución de Multa N° 1747/20/31-1-2 de fecha 12 de junio de 2020 y 1747/20/38-1 de fecha 20 de agosto de 2020 cursadas por la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia y se elimine de los registros de DICOM o del Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, lo antes posible, con expresa condenación en costas.

Comparece doña nombre reservado, abogada Procurador Fiscal (S) de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, quien informa solicitando el rechazo del presente recurso de protección, con costas. Precisa que, respecto de su parte, por cuanto carece de legitimación pasiva, en cuanto este arbitrio se dirigió en contra de la Resolución N° 309 de fecha 28 de abril de 2021, dictado por la señora Directora Regional Del Trabajo nombre reservado, mediante el cual se rechaza el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la recurrida con fecha 8 de marzo de 2021, en contra de la resolución de multa número 1747/2020/38 de 26 de agosto de 2020, de la Inspección Comunal del Trabajo Providencia.

Puntualiza que, en materia de fiscalización tributaria dicha tarea corresponde al S.I.I., en tanto, tratándose del cobro y extinción de obligaciones tributarias, la representación del Fisco le incumbe al Servicio de Tesorerías. En efecto, cita el artículo 186 del Código Tributario dispone que: “En todos los asuntos de carácter judicial que se produzcan o deriven del cobro, pago o extinción de obligaciones tributarias y créditos fiscales, asumirá la representación y patrocinio del Fisco, el Abogado Provincial que corresponda; no obstante el Fiscal de la Tesorería General podrá asumir la representación del Fisco en cualquier momento (...)”. Esta norma debe ser complementada con lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 2º del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías que señala: “Todas las expresiones Abogado Provincial que se mencionan en el título V del Libro III del Código Tributario o en cualquier otra disposición legal deberán entenderse remplazadas por la expresión Abogado del Servicio de Tesorerías”. Así las cosas, en cuanto al eventual cobro de la multa cursada por la Inspección Comunal de la Inspección del Trabajo a la recurrente, sostiene que la acción debe ser dirigida y notificada únicamente en contra del organismo que por ley le corresponde la representación del Fisco de Chile en esta materia que es, como se dijo, el Servicio de Tesorerías, careciendo en consecuencia el Consejo de Defensa del Estado de legitimación pasiva para ser recurrido en autos.

Informa doña Edith del Rosario Delgado Hinojosa, abogada, en representación de la Directora Regional del Trabajo (S) Región Metropolitana nombre reservado, por cuanto la resolución recurrida se pronunció en base a los antecedentes de la Resolución de Multa Nº 1747/2020/38, notificada mediante carta certificada a la empresa ingresada a correos de Chile con fecha 30 de septiembre de 2020, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo se entendió notificada el 08 de octubre de 2021, enviada al domicilio registrado por la empresa en la dirección del Trabajo. De este modo, refiere que es insostenible aseverar que sea producto del mero capricho de quien la dictó. Expresa que, en la especie, se ha recurrido contra de la Resolución dictada en virtud de las facultades expresamente conferidas por la ley a ese Servicio, en virtud de un mandato legal expreso, el que debe ser cumplido por su representado, so pena de incurrir en falta funcionaria. Así las cosas, la acción cautelar invocada en autos, carece de objeto y causa, razón por lo que debe ser desechada por improcedente, por cuanto la recurrida actuó válidamente dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley. Puntualiza que la Dirección Regional del Trabajo, debe velar por el cumplimiento de la legislación laboral, en el caso sub lite, pronunciándose sobre el recurso extraordinario de revisión, facultad conferida en el artículo 60 de la Ley N° 19.880, la que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que señala expresamente: “En contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de revisión ante el superior jerárquico”. Reitera que, en el caso de autos, no cabe duda alguna que su representada actuó en ejercicio de sus facultades específicas, conferidas por la aludida disposición legal, limitándose a pronunciarse en forma clara, precisa y determinada respecto del recurso extraordinario revisión, rechazándolo.

En subsidio de todo lo dicho precedentemente, informa que con fecha 26 de agosto de 2020, el fiscalizador de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, don nombre reservado, cursa multa a la empresa MULTITUDINE SECURITY SPA., R.U.T. RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el siguiente hecho infraccional, constatado en procedimiento de fiscalización remoto, aceptado por la empresa recurrente: “NO EXHIBIR TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA QUE DERIVA DE LAS RELACIONES DE TRABAJO, NECESARIA PARA EFECTUAR LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN, SEGÚN EL 5 SIGUIENTE DETALLE: EN EL PLAZO ESTABLECIDO 20.08.2020, EMPLEADOR NO ENVIÓ LOS ANTECEDENTES LABORALES SOLICITADOS DEBIDAMENTE POR EL SUSCRITO, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA 14.08.2020, LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: “ANTECEDENTES DE FERIADO LEGAL”. LO ANTERIOR, RESPECTO DE LA MUESTRA DE TRABAJADORES INDIVIDUALIZADOS (FI-2), LOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado Y nombre reservado”. Expresa que esta Resolución de multa fue notificada a la empresa mediante carta certificada ingresada a correos de Chile con fecha 30 de septiembre de 2020, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, se entendió notificada al sexto día hábil, esto es el 08 de octubre de 2020. Luego, con fecha 08 de marzo de 2021, la empresa presenta recurso extraordinario de revisión respecto de la multa N°1747/2020/38-1. Añade que con fecha 28 de abril de 2020, la Directora Regional del Trabajo (S) Región Metropolitana nombre reservado, señora Benita Valdivia Pasten, resuelve recurso extraordinario de revisión mediante Resolución N° 309.

Asevera que dicha resolución, que como se evidencia de su lectura, se ajusta plenamente a los antecedentes fácticos existentes en el procedimiento de fiscalización; como los aportados por la empresa en su presentación, y a la normativa legal que rige las actuaciones de los órganos del estado.

Manifiesta que habiendo tenido la recurrente la posibilidad de acreditar sus dichos en cuanto a tener un domicilio distinto al que le fue enviada la notificación de la multa, y registrado en la Dirección del Trabajo, ésta se limitó simplemente plantearlo sin aportar antecedente que así lo acreditara, por lo que, habiendo tenido la opción de probar sus dichos con la interposición del recurso extraordinario de revisión, no lo hizo.

Concluye que la resolución que resuelve el recurso extraordinario de revisión, que motivó este recurso de protección, no viola de ninguna forma la garantía establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política, al no amenazar el derecho de propiedad del recurrente. De ello se desprende, que, para ser afectado un derecho garantizado por nuestra Constitución, éste no puede ser ejercido vulnerando la ley. Asimismo, no ha existido atentado ilegítimo alguno respecto del derecho de propiedad con motivo de la dictación de la Resolución recurrida, pesto que dicha resolución se encuentra plenamente sustentada en los antecedentes de hecho recabados con motivo de la respectiva fiscalización, y los aportados por la recurrente en su presentación. Su dictación, por lo demás, en ningún caso se alejó de los parámetros razonables para su resolución y, más aún tuvo como base el mandato legal de otorgado por la propia Ley N° 19.880, en concordancia con las instrucciones de este Servicio.

Por último, solicita el rechazo del presente recurso de protección, con costas, por los fundamentos de hecho y derecho señalados.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección puede conceptualizarse como una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicios de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia uniformemente han sostenido que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado.

Segundo: La recurrente denuncia en su libelo de protección que el supuesto acto arbitrario e ilegal consistiría en la Resolución N° 309 de fecha 28 de abril de 2021, dictada por doña nombre reservado, Directora Regional Del Trabajo nombre reservado, que resuelve rechazar recurso extraordinario de revisión interpuesto con fecha 8 de marzo de 2021, por la recurrente en contra de la resolución de multa N° 1747/2020/38 de 26 de agosto de 2020 actuación dictada por la Inspección Comunal del Trabajo Providencia, bajo el siguiente tenor: , objeto del presente recurso, en base a las siguientes consideraciones: “Que, conforme el artículo 15 de la ley N° 19.880, que consagra el principio de impugnabilidad, el sujeto pasivo de las decisiones de la Administración del Estado, puede reconvenir contra un acto administrativo, a fin de que éste sea aclarado, modificado o dejado sin efecto. A su vez, el Capítulo IV de la referida ley, contiene los principios generales en virtud de los cuales procede la revisión de los actos administrativos y los recursos dispuestos para tal efecto. Que, en ese orden de consideraciones, el artículo 60 de la ley N° 19.880 preceptúa, en lo pertinente, que: “En contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de revisión ante el superior jerárquico, si Io hubiere o, en su defecto, ante la autoridad que Io hubiere dictado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento; b) Que, al dictarlo, se hubiere incurrido en manifestó error de hecho y que éste haya sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor 6 esencial para la resolución del asunto, ignorados at dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento,” c) Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, y d) Que en la resolución hayan influido de modo esencial documentos o testimonios declarados falsos por sentencia ejecutoriada posterior a aquella resolución, o que, siendo anterior, no hubiere sido conocida oportunamente por el interesado”.

Que, en razón de lo dispuesto en el considerando anterior, se desprende que el presente recurso es un medio de impugnación excepcional y de derecho estricto, lo que implica que sólo procede en contra de los actos administrativos firmes y respecto de las causales taxativamente señaladas en la norma. Que, la recurrente entre otras fundamenta a su arbitrio en la letra a) del artículo 60 de la ley N° 19.880, a saber, que la resolución se hubiera dictado sin el debido emplazamiento, esto obedece a la necesidad de notificar y por Io tanto de poner en conocimiento a quien se pueda ver afectado por la dictación del acto administrativo, para efectos de poder ejercer una adecuada y oportuna defensa. Lo antedicho se traduce en la notificación de la resolución en cuestión al empleador infractor.

Que, es posible advertir que de las argumentaciones esgrimidas en presente recurso, no es posible dilucidar si la resolución se ha dictado sin el debido emplazamiento, en los términos de la letra a) del artículo 60 de la ley N° 19.880, ya que, la recurrente solo viene en acompañar documentación que no es atingente al caso en la especie, toda vez, que sólo se limita a señalar que el domicilio en el cual fueron notificadas las resoluciones no correspondían al suyo, no logrando acreditar bajo ningún concepto que efectivamente tenga su domicilio en domicilio reservado. A Mayor abundamiento, consultada la página web de la empresa, se consigna en ella, como domicilio de la empresa, al que fue remitida la notificación de la multa en cuestión por parte de este Servicio, es decir, Luis Thayer domicilio reservado.

Que, este Servicio en razón de ello y de acuerdo a lo consignado tanto en la Activación de la fiscalización realizada el 22 de julio de 2020, Formulario FI-2 Antecedentes verificados en la fiscalización, informe de Exposición, así como también de la información obtenida de la página web de la empresa Multitudine Security SpA, la cual señala entre varios domicilios domicilio reservado, en donde se señalan además los correos correo reservado y correo reservado, quien es el representante legal de la empresa. Este Servicio considera importante señalar que, en la especie es la recurrente quien debe acreditar efectivamente la falta de emplazamiento establecida en el artículo 60 de la ley N° 19.880 y no la Inspección Comunal del Trabajo Providencia, toda vez que los números de seguimiento de Correos de Chile acompañados por la recurrente, son el primer número 1176268181481 y el último número 117626818224 de un sinfín de números encriptados dentro de la Guía de Admisión SISVE N° 590372631 de Correos de Chile, por Lo que la recurrente no acredita la causal invocada en la especie. Que, el Ordinario 277/6 de 20 de enero de 2015 señala que: “de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 3 de la ley N°19.880, los actos administrativos gozan de exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por esta autoridad dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional.

Por su parte, el artículo 51 del mismo cuerpo legal agrega que los actos administrativos causan inmediata ejecutoriedad, produciendo sus efectos desde su notificación o publicación. De esta suerte, analizado el caso en consulta a la luz de lo dispuesto en las normas legales citadas, preciso es convenir que el cobro ejecutivo de las multas administrativas cargadas a la Tesorería General de la República, no se suspende por la interposición del recurso extraordinario de revisión, conclusión que no se ve alterada, de modo alguno, por lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 57 de la ley N° 19.880, toda vez que la aplicación supletoria de las reglas de la mencionada ley debe hacerse de un modo que ella sea conciliable con las peculiaridades del respectivo procedimiento impugnatorio especial, lo cual importa que la misma no puede obstar a la adecuada realización de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las finalidades específicas que la ley intenta lograr mediante tal procedimiento.

En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales, transcritas y comentadas, jurisprudencia administrativa invocada y consideraciones formuladas, cumplo con informar a Ud. que la interposición del recurso extraordinario de revisión no suspende el 8 cobro ejecutivo de las multas administrativas cargadas a la Tesorería General de la República”. TENIENDO PRESENTE: Las atribuciones que me confiere el artículo 60 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, RESUELVE: RECHAZASE el Recurso Extraordinario de Revisión, interpuesto con fecha el 8 de marzo de 2021, por la empresa MULTITUDINE SECURITY SPA., RUT N°RUT reservado, representada por Fnombre reservado Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la Resolución de Multa N°1747/2020/38 de 26 de agosto de 2020 actuación dictada por la Inspección Comunal del Trabajo Providencia, por los motivos indicados en los considerandos 2 y siguientes”.

En cuanto a la falta de legitimación pasiva del Consejo de Defensa del Estado:

Tercero: Que el Consejo de Defensa del Estado impetró la falta legitimación pasiva de su parte, la que será acogida, en cuanto el presente arbitrio constitucional se dirigió en contra de la Resolución N° 309 de fecha 28 de abril de 2021, dictado por la señora Directora Regional Del Trabajo nombre reservado, mediante el cual se rechazó el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la recurrida con fecha 8 de marzo de 2021, en contra de la resolución de multa número 1747/2020/38 de 26 de agosto de 2020, de la Inspección Comunal del Trabajo Providencia.

Cuarto: Que para estos efectos tratándose del cobro y extinción de obligaciones tributarias, la representación del Fisco le incumbe al Servicio de Tesorerías. Es así como el artículo 186 del Código Tributario dispone que: “En todos los asuntos de carácter judicial que se produzcan o deriven del cobro, pago o extinción de obligaciones tributarias y créditos fiscales, asumirá la representación y patrocinio del Fisco, el Abogado Provincial que corresponda; no obstante el Fiscal de la Tesorería General podrá asumir la representación del Fisco en cualquier momento (...)”. Esta norma debe ser complementada con lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 2º del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías que señala: “Todas las expresiones Abogado Provincial que se mencionan en el título V del Libro III del Código Tributario o en cualquier otra disposición legal deberán entenderse remplazadas por la expresión Abogado del Servicio de Tesorerías”.

Quinto: Así las cosas, en cuanto al eventual cobro de la multa cursada por la Inspección Comunal de la Inspección del Trabajo a la recurrente, dicha acción debe ser dirigida y notificada únicamente en contra del organismo que por ley le corresponde la representación del Fisco de Chile, esto es, el Servicio de Tesorerías, careciendo en consecuencia el Consejo de Defensa del Estado de legitimación pasiva para ser recurrido en autos.

En cuanto al fondo:

Sexto: Que resultan ser hechos pertinentes para el conocimiento de este recurso de protección:

1. Con fecha 26 de agosto de 2020, el fiscalizador de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, don nombre reservadonombre reservado cursó multa a la empresa MULTITUDINE SECURITY SPA., R.U.T. RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el siguiente hecho infraccional, constatado en procedimiento de fiscalización remoto, aceptado por la empresa recurrente: “NO EXHIBIR TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA QUE DERIVA DE LAS RELACIONES DE TRABAJO, NECESARIA PARA EFECTUAR LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: EN EL PLAZO ESTABLECIDO 20.08.2020, EMPLEADOR NO ENVIÓ LOS ANTECEDENTES LABORALES SOLICITADOS DEBIDAMENTE POR EL SUSCRITO, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA 14.08.2020, LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: “ANTECEDENTES DE FERIADO LEGAL”. LO ANTERIOR, RESPECTO DE LA MUESTRA DE TRABAJADORES INDIVIDUALIZADOS (FI-2), LOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: Pnombre reservadonombre reservado Anombre reservadonombre reservadoY Jnombre reservado.

2. Esta Resolución de multa fue notificada a la recurrente mediante carta certificada ingresada a correos de Chile con fecha 30 de septiembre de 2020, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, se entendió notificada al sexto día hábil, esto es el 08 de octubre de 2020, discutiéndose por parte de la actora su efectivo emplazamiento.

3. Con fecha 08 de marzo de 2021, la recurrente presentó recurso extraordinario de revisión respecto de la multa N°1747/2020/38-1.

4. Con fecha 28 de abril de 2020, la Directora Regional del Trabajo (S) Región Metropolitana nombre reservado, señora Benita Valdivia Pasten, resuelve recurso extraordinario de revisión mediante Resolución N° 309.

Séptimo: Que, en consecuencia, de acuerdo al mérito de la correspondiente acta de fiscalización consta que el inspector, quien reviste la calidad de ministro de fe, se constituyó en el domicilio y certificó lo pertinente para estimar como válida el cuestionado emplazamiento, alegación que por lo demás la actora no desvirtuó en la debida etapa administrativa, esto es, no probó tener un domicilio distinto al que le fue enviada la notificación de la multa, y registrado en la Dirección del Trabajo, limitándose simplemente a plantearlo sin aportar antecedente que así lo acreditara, por lo que, habiendo tenido la opción de probar sus dichos con la interposición del recurso extraordinario de revisión, no lo hizo.

Octavo: Que en este orden de ideas, la Dirección Regional del Trabajo, debe velar por el cumplimiento de la legislación laboral, pronunciándose sobre el recurso extraordinario de revisión, facultad conferida en el artículo 60 de la Ley N° 19.880, la que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que señala expresamente: “En contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de revisión ante el superior jerárquico”.

Por su parte, se ha verificado que la recurrida antes individualizada actuó en ejercicio de sus facultades específicas, conferidas por la aludida disposición legal, limitándose a pronunciarse en forma clara, precisa y determinada respecto del recurso extraordinario revisión, rechazándolo.

Noveno: Que, de esta forma, la resolución recurrida, según se evidencia de su lectura, se ajusta plenamente a los antecedentes fácticos existentes en el procedimiento de fiscalización; como los aportados por la empresa en su presentación, y a la normativa legal que rige las actuaciones de los órganos del estado.

Décimo: Que la resolución respecto a la que se recurre cumple con la exigencia de tratarse de un acto en que se describen los supuestos fácticos objeto de la sanción y los fundamentos de derecho en que se funda, conforme lo previenen los artículos 3 y 51 de la Ley N° 19.880 en relación a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y artículos 2 y 13 de la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado, por lo que con su dictación no se vislumbra afectación alguna a las garantías constitucionales en que se funda el recurso.

Undécimo: Que es así como se desprende que no concurre la conducta vulneratoria de derechos alegada en la acción cautelar deducida, por cuanto la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana nombre reservado se pronunció en virtud de una facultad descrita en la ley, relativo a un procedimiento también regulado por el legislador.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservadonombre reservado en representación convencional de Multitudine Security SpA., en contra de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana nombre reservado y del Consejo de Defensa del Estado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° Protección- 25149-2021.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, conformada por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Cristian Lepin Molina.