nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, ocho de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece el abogado Luis Gonzalo Cornejo Chávez, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, pese a haber cumplido con los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los N°2 y 24 del artículo 19.

Expone que el 23 de octubre de 2025 ingresó, mediante el portal web de la recurrida, una solicitud formal de retiro de fondos bajo la calidad de técnico extranjero, acompañando la documentación exigida por la normativa, entre ellos, contrato de trabajo, anexo contractual especificando la exención de cotizaciones, título profesional debidamente apostillado, cédula de identidad y constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Añade que, el 24 de octubre de 2025, AFP Modelo le comunicó el rechazo de su solicitud, fundado en que el certificado de afiliación extranjero acompañado no resultaba válido por carecer de apostilla o legalización consular.

Alega que dicho fundamento constituye una exigencia arbitraria y de imposible cumplimiento, toda vez que desconoce el contexto actual de imposibilidad material y jurídica para obtener legalizaciones consulares o apostillas de este tipo de documentos venezolanos, derivada de la inexistencia de representación diplomática en Chile y de que el propio sistema de legalización de Venezuela no contempla la apostilla para dichas constancias, configurando un caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil. Agrega que, a pesar de ello, el documento acompañado consiste en una constancia electrónica que contiene un código alfanumérico verificable en tiempo real a través del portal web oficial del IVSS, lo cual acredita de manera fehaciente, objetiva y vigente que la recurrente mantiene su cobertura previsional activa en las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sostiene que la negativa de la AFP constituye una interpretación formalista y restrictiva que excede los requisitos previstos en el artículo 1 de la Ley N°18.156 y que transgrede los principios del derecho laboral, específicamente el principio protector -in dubio pro operario-, así como las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Concluye que el actuar de la recurrida genera un trato desigual frente a otros cotizantes extranjeros que han obtenido la devolución en situaciones análogas e implica una privación injustificada del derecho de propiedad de la recurrente sobre los fondos previsionales que le pertenecen exclusivamente.

Segundo: Que informa el abogado Rodrigo Montero Atria, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando que la acción sea rechazada en todas sus partes, con costas.

Expone que el actuar de su representada se ha ajustado a la normativa vigente y a aquella dictada por la Superintendencia de Pensiones, sin incurrir en arbitrariedad ni ilegalidad alguna. Explica que rechazó la solicitud de la recurrente en virtud de que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS acompañada no cumple con las exigencias del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, al no encontrarse debidamente legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ni apostillada. Indica que la administradora está legalmente obligada a verificar rigurosamente cada requisito formal antes de aprobar la devolución de fondos previsionales, debiendo ajustar su actuación a las directrices del ente fiscalizador. En este sentido, hace presente que los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil exigen expresamente la legalización o apostilla para los instrumentos públicos otorgados en el extranjero, exigencia insoslayable para resguardar la fe pública.

Añade que la Superintendencia de Pensiones ha instruido reiteradamente a través del Oficio N°12.954 de 2025, entre otros, que las certificaciones electrónicas del IVSS que carezcan de firma autorizada, legalización o apostilla no constituyen medios probatorios válidos para acceder a la exención, y que la mera inclusión de un código de verificación electrónica no sustituye los estándares de autenticación documental exigidos por la legislación chilena.

Concluye que, por consiguiente, la recurrente no acreditó válidamente la cobertura previsional extranjera, limitándose la Administradora a aplicar el ordenamiento jurídico imperativo, sin incurrir en un actuar caprichoso ni vulnerar las garantías fundamentales invocadas, correspondiendo desestimar la presente acción cautelar.

Tercero: Que, la acción de protección de garantías constitucionales, de acuerdo al artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una vía expedita de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes frente a actos u omisiones que, revistiendo el carácter de arbitrarios o ilegales, produzcan privación, perturbación o amenaza en dicho ejercicio, debiendo el tribunal adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Cuarto: Que la Ley N°18.156, en su artículo 1° letra a) exige como requisito para la exención de cotizaciones que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales, ha dictado diversas instrucciones y oficios que precisan la forma de acreditar dichos requisitos. En particular, el Oficio Ordinario N 23.241, de 13 de septiembre de 2016, exige que la certificación de cobertura previsional “expresamente señale que el trabajador ha tenido y tiene derecho a ella durante su permanencia en Chile, debiendo además en el caso de la cobertura de enfermedad, especificar que comprende las prestaciones médicas y pecuniarias”.

Asimismo, el Oficio Reservado N°25.057, de 29 de diciembre de 2023, y el Oficio Ordinario N°32.365, de 27 de diciembre de 2016, instruyen que la documentación pertinente debe presentarse “debidamente legalizada o apostillada, según corresponda”, detallando el procedimiento para aquellos casos en que no exista reciprocidad o el Estado no sea miembro de la convención de la apostilla, exigiendo documentos legalizados conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Quinto: Que la recurrida ha sostenido, y los instrumentos acompañados por ambas partes en este proceso no lo desvirtúan, que la documentación presentada por el recurrente no cumple con las exigencias formales y sustantivas de la normativa aludida. Específicamente, consta que el documento consistente en el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encuentra debidamente legalizado o apostillado en los términos que la normativa establece de conformidad con lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y los Oficios N°25.057 y N°32.365.

Sexto: Que, respecto a la alegación del recurrente sobre la imposibilidad material de obtener la legalización consular de la constancia del IVSS debido a la situación diplomática y la invocación de fuerza mayor o caso fortuito, esta Corte estima que, si bien la situación descrita por el recurrente podría configurar una dificultad, la misma no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a un beneficio legal de carácter excepcional. Por ende, la Ley N°18.156 y su normativa complementaria, incluyendo las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones establecen condiciones copulativas que deben ser acreditadas de manera fehaciente y no es posible flexibilizar dichas exigencias por circunstancias personales, sin desnaturalizar el propósito de la ley y las instrucciones de la autoridad reguladora.

Séptimo: Que en mérito de lo expuesto y no habiéndose acreditado que el rechazo de la solicitud del recurrente por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida constituya un acto arbitrario o ilegal que vulnere las garantías constitucionales invocadas, la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso interpuesto por el abogado Luis Gonzalo Cornejo Chávez, en representación de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-25140-2025.