nombre reservado con UNIVERSIDAD UCINF

Santiago, siete de mayo de dos mil dieciocho VISTOS:

Doña nombre reservado, Licenciada en nombre reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, en un lato escrito, interpone acción constitucional de protección en contra de la Universidad UCINF, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, solicitando que en definitiva acoja la acción interpuesta en todas sus partes, declarando que: 1.- El acto cometido en su contra por la recurrida, consistente en prohibir la apertura de su carpeta de titulación por deudas con la Universidad indicada, es arbitrario e ilegal; 2.- Debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de dejar sin efecto la negativa de la Universidad y se le forme dicha carpeta de titulación por haber concluido todos los trámites para su juramento ante la Excma. Corte Suprema, dentro de tercero día; y 3.- Se condene expresamente en costas a la recurrida.

Funda su acción en detentar la calidad de egresada de Derecho desde el segundo semestre del año 2013 y de Licenciada de nombre reservado desde el 18 de diciembre del año 2017. Con fecha 13 de enero del presente año, terminó su práctica profesional en la Fiscalía Local de Puente Alto, siendo calificada con nota 7 por esa repartición pública, período dentro del cual no pudo realizar ninguna actividad laboral por cuanto la práctica profesional aludida exigía dedicación exclusiva. Señala que actualmente su informe de práctica se encuentra en revisión en la Corporación de Asistencia Judicial.

Afirma que para los efectos de iniciar la apertura de su expediente de titulación, concurrió el día 8 de marzo el presente año a las dependencias de la Universidad recurrida para los efectos de pagar un arancel. Sin embargo, agrega, le informaron que no puede pagarlo porque tiene una deuda con la Universidad correspondiente al último semestre que cursó en el año 2013, deuda que asciende en capital a la suma $1.066.640 por concepto de arancel por las dos últimas asignaturas pendientes para su egreso. Por ello, sostiene que no puede solicitar ninguna documentación si no paga íntegramente la deuda, ya que le deben emitir un certificado de no deuda desde la tesorería de la universidad y, para el evento de repactar, debe esperar pagar la última cuota para solicitar sus documentos, según lo informado en cobranzas de la Universidad. Producto de esta deuda, agrega, figura con antecedentes en el boletín comercial, por lo que no es sujeto crediticio ni puede titularse, no puede postular a un trabajo como profesional del derecho y menos generar ingresos.

Expresa que para la titulación de esta carrera es imprescindible presentar todos los antecedentes académicos de licenciada en Derecho ante la Excelentísima Corte Suprema, en conjunto con la certificación de la práctica profesional, la cual realizó entre el 14 de julio de 2017 y el 13 de enero de 2018, en la Fiscalía Local de Puente Alto. Señala como garantías conculcadas la del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho a la igualdad ante la ley de todas las personas y que se desprende de la citada garantía constitucional; la no discriminación de las personas y la prohibición de imponer diferencias arbitrarias entre unos y otros ciudadanos; vulneración que se configura por la negativa de confeccionar la carpeta de titulación por parte de la Universidad recurrida, lo que constituye un acto arbitrario y discriminatorio, considerando que estima haber cumplido íntegramente con la totalidad de la malla curricular requerida por su carrera. De esta forma, solo puede evidenciar que la casa de estudios recurrida establece distinciones y categoriza entre egresados con deudas pendientes y egresados sin deudas, donde solo estos últimos obtendrán la apertura de la carpeta de titulación, lo que en su concepto demuestra una perturbación de su legítimo derecho de igualdad ante la ley.

La segunda garantía que considera violentada es la del numeral 24° del artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental. Sobre los antecedentes académicos de cada alumno, afirma que existe una especie de derecho de propiedad, de esta forma, siendo dueña de sus antecedentes académicos, se ve privada ilegalmente de una propiedad sobre una cosa incorporal sobre la que existe una especie de propiedad, en base de los artículos 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República, en relación de los artículos 565, 576, 582 y 583 del Código Civil. Ahora bien, los conocimientos aprendidos son indisolublemente adquiridos por los alumnos en todo el transcurso de su carrera, por lo que entiende la recurrente que dentro de estos antecedentes están certificados como concentración de notas, ranking, certificado de egreso o título, entre otros, por lo cual la negativa a abrir la carpeta de titulación es un acto arbitrario que priva su derecho de propiedad amparado por la Carta Fundamental. La tercera garantía que estima vulnerada, es la del numeral 10° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el derecho a la educación, toda vez que éste estatuye que “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”. Los actos de la recurrida en concepto de la recurrente producen el efecto de entorpecer ese desarrollo personal del que se expone, causando consecuencias y desmedros en ámbitos de la vida como la realización personal y la restricción a su participación en el mercado laboral.

En cuanto a la ilegalidad del acto denunciado, es palmaria su configuración, ya que a su juicio contraviene el artículo 11° de la Ley Orgánica Constitución de Enseñanza y la Ley General de Educación, Nº 20.370, que en su artículo 11 inciso 4° prescribe que el no pago de los compromisos contraído por el alumno por el padre o apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica. Esta norma sería aplicable a educación básica y media, sin embargo, afirma la recurrente, cierta jurisprudencia ha considerado que la interpretación de este inciso debe ser amplia, siendo de esta manera aplicable al ámbito de estudios superiores e incluyendo a las universidades e institutos profesionales, los cuales de esta manera no podrían retener los documentos como sanción a los alumnos argumentando no pago de aranceles.

Expone que una de las razones de esta interpretación amplia es que la citada ley consagra una normativa general que regula toda la educación en sus diferentes etapas, etapas que son una consecuencia una de la otra, por lo tanto, indivisible para el desarrollo de la persona humana según lo prescribe la Constitución Política en su artículo 19 Nº 10 inciso 1. 5 Señala que la entidad recurrida no puede hacer justicia por mano propia ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, lo que en su concepto se traduce en que resulta arbitrario e ilegal aplicar sanciones como es la negativa a abrir la carpeta de titulación. Cita jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia alusivos al presente en este tema: sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Chillán de fecha 08 de octubre de 2012, en los autos Rol Nº 140-2012, en la cual se acogió el recurso de protección interpuesto ordenando a la recurrida entregar el título de ingeniero comercial al recurrente, sentencia que fue confirmada en todas sus partes por la Excma. Corte Suprema, por sentencia de 5 de noviembre de 2012, causa Rol Nº 7872-2012; y sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, causa Rol N 2230-2014, que fue confirmada por sentencia de Excma. Corte Suprema, en los autos Rol N° 24920-2014 y sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 27 de marzo de 2018, dictada en los autos Rol N° 12460-2018.

Evacuando el informe la parte recurridas señala que la recurrente solicitó la apertura de su expediente de titulación el día 8 de marzo de 2018, trámite que en aquel momento no se pudo efectuar debido a que de acuerdo con la configuración del sistema informático de la Universidad, su avance se encuentra condicionado a la presentación de ciertos antecedentes, como por ejemplo el certificado de no existir deuda arancelaria, el que la estudiante no pudo presentar por tener una deuda que, en capital, asciende a $1.066.640; razón por la cual en el sistema de apertura de expediente figura como bloqueada por deuda financiera con la universidad, situación que le fue comunicada con esa misma fecha.

Agrega que, para poder continuar con el trámite, resulta necesario obtener la autorización de parte de la Secretaría Académica de la carrera de Derecho, a quien corresponde analizar la factibilidad de levantar el bloqueo para proseguir con la apertura del expediente, trámite que la estudiante no realizó.

Afirma que, sin perjuicio de lo anterior, y en lo que respecta al fondo de la presente acción constitucional, de conformidad a lo expuesto por la recurrente, y considerando la legislación vigente, la universidad adoptará las medidas pertinentes a los efectos de llevar a cabo la apertura y posterior tramitación del expediente de titulación de la estudiante, de acuerdo con su mérito académico y avance curricular, con independencia de la situación financiera para con la universidad. Para estos efectos, la recurrente deberá acercarse a la Secretaría Académica de la carrera de Derecho, y pagar, de conformidad con el contrato de prestación de servicios educacionales y reglamentación universitaria pertinente, el correspondiente arancel de titulación, cuya suma única asciende actualmente a $90.000.

CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción es ilegal o arbitrario, para luego examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.

SEGUNDO: Que de los elementos de juicio, adjunto por ambas partes, es posible tener por acreditado que efectivamente al intentar la recurrente la apertura de su expediente de titulación como licenciada en derecho de la Universidad UCINF no pudo hacerlo, por requerirle el sistema un certificado de no existir deuda arancelaria, el que la estudiante no pudo presentar, según la Universidad por tener una deuda que, en capital, asciende a $1.066.640.

TERCERO: Que al respecto la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que la negativa de apertura del expediente de titulación por una deuda importa una decisión arbitraria y carente de fundamente, pues en dicho evento no procede la auto tutela por parte del establecimiento educación, debiendo naturalmente utilizar los mecanismos propios que el derecho contempla para el cobro de una deuda.

De este modo la conducta de la recurrida importa una discriminación, pues para abrir expediente de titulación conforme al sistema establecido por la Universidad, distingue entre alumnos que se encuentran sin deuda en el sistema de aquellos que si la tienen, de este modo la garantía contenida en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, resulta conculcada.

CUARTO: Que lo anterior resulta suficiente para acoger el presente recurso, sin embargo, no puede dejar de tenerse presente el hecho de que la Universidad sostiene que la alumna, no recurrió a la Secretaría Académica de la carrera de Derecho, insinuando que con ello pudo subsanar el bloqueo, procediendo acto seguido a informar a esta Corte que la universidad adoptará las medidas pertinentes a efectos de llevar a cabo la apertura y posterior tramitación del expediente de titulación de la estudiante, de acuerdo con su mérito académico y avance curricular, con independencia de la situación financiera para con la universidad, debiendo la recurrente concurrir a la Secretaría Académica de la carrera de Derecho, y pagar, el correspondiente arancel de titulación, lo que en la especie se hizo conforme a lo informado en estrado por el abogado de la recurrente. De este modo el presente recurso ha perdido oportunidad, pues se ha logrado con su sola presentación el objetivo perseguido, circunstancia que amerita su rechazo, pues la afectación a las garantías invocadas ha dejado de producir efectos Con lo expuesto, y lo dispuesto en los artículos 19 N° 2, y 24, y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, se declara:

Que se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido Doña nombre reservado en contra de la Universidad UCINF, por haberse allanado esta última a la pretensión sostenida en el recurso Regístrese, y archívese.

Redacción del Ministro Sr Hernán Crisosto Greisse Protección- 25105-2018.

No firma el abogado integrante señor Torres, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse e integrada por la Ministro señora Jéssica González Troncoso y el Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal.