Protección contra Red de Televisión Chilevisión

C.A. de Santiago Santiago, uno de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente: 1º Que comparece la abogada Ximena Bahamondes González, en su calidad de coordinadora del Programa “La niñez y adolescencia se defienden”, por su representada la adolescente nombre reservado y en contra de Red de Televisión Chilevisión, empresa de multimedios, representada por don nombre reservado, por el acto que considera arbitrario e ilegal que podría atentar contra las garantías establecidas en el N° 4 del artículo 19 de la Constitución, si se emitiera un reportaje sobre la adolescente, constituyendo una vulneración grave a su honra y dignidad, como a su vida e integridad física y psíquica.

Expone que la adolescente se encuentra en una etapa de desarrollo y cualquier estigmatización a su respecto constituiría un perjuicio directo en su crecimiento y desarrollo integral.

Contextualiza explicando que existe una causa de protección a su respecto, rol P-4816-2021, seguida ante el Centro de Medidas Cautelares iniciada por requerimiento del Centro De Aprendizaje II de Las Condes, en la cual se da cuenta de presunto abuso sexual infantil.

Luego, señala antecedentes que indicarían que habría sido abusada sexualmente, generándose así una poli victimización, a lo que se suma que ésta no sería la primera causa en la cual ella habría sido víctima, sino que también se dan cuenta de procesos en el año 2016 y 2018, ambos por antecedentes similares, generándose una cronificación del daño, con sintomatología de auto lesiones activa y conductas compulsivas, que culminaban en ingesta inicialmente de OH e intentos de suicidio, visualizándose a su vez descompensación psiquiátrica.

Por ello, continúa explicando, se adoptaron medidas de protección tales como la mantención en procesos psicológicos y psiquiátricos, derivación a programa PRM y derivación a programa PIE, todos sin que se haya logrado comenzar a trabajar en proceso reparatorio a su respecto.

Complementa exponiendo que, la situación proteccional de la recurrente se hace más compleja, al presentarse nuevos antecedentes, esta vez de explotación sexual con la divulgación de imágenes en redes sociales para adultos, así como también el establecimiento educacional de NNA reporta que habría comenzado a tomar fotografías de compañeros sin ropa, todo esto culminó en un escenario aún mayor en la cual la adolescente terminó en situación de calle con un consumo de varias drogas y viviendo con un adulto de quien se sospecha de explotación sexual. Durante el último tiempo se intentó su hospitalización para iniciar tratamiento de desintoxicación, lo que a la fecha no ha podido ser logrado.

Como fundamentos de hecho, indica que el 29 de noviembre del presente año, la Red de Televisión Chilevisión contactó a la abogada del programa, el cual representa a nombre reservado, para informarle que habían iniciado investigaciones con el fin de realizar un reportaje sobre el proceso de protección de la recurrente y que de modo paralelo establecieron contacto con profesionales del Hospital Luis Calvo Mackenna, en particular con nombre reservado, trabajadora social de la Unidad de Protección Infanto Juvenil de dicha institución, con el mismo objetivo.

Estima entonces, que la información que ha obtenido Chilevisión resulta ilegítima, atendiendo al carácter de reserva por las temáticas que aborda, por lo que la publicación y/o exhibición de tal reportaje generaría un grave menoscabo a sus derechos, como a su privacidad e intimidad, pudiendo traer consecuencias negativas en su bienestar emocional, afectando su integridad psíquica y física.

Menciona normativa de derecho internacional, como de convenios internacionales ratificados por el país, que le confieren plena protección en su calidad de adolescente, y en resguardo de sus derechos.

Afirma que la publicación de un reportaje, en los términos explicados, generaría aumento de la sintomatología, y un mayor rechazo a los programas necesarios para su recuperación.

Concluye solicitando sea acogido el recurso, disponiendo la cesación inmediata de los actos que puedan vulnerar los derechos fundamentales de la adolescente, la eliminación de cualquier registro, imagen o dato publicado o difundido sin autorización; y otras medidas para evitar futuras vulneraciones y para dar la debida protección a sus derechos, condenando en costas a la entidad recurrida 2º Que, la abogada doña Mariana Castro Lledó, en representación de la recurrida, solicita el rechazo del presente arbitrio por no existir acto arbitrario o ilegal de su representada.

Expone, que el objeto de aquel reportaje es denunciar las falencias del sistema de protección de la niñez y en ningún caso afectar las garantías constitucionales de la adolescente mencionada. Afirma que el área de prensa de la recurrida ha trabajado con seriedad, prudencia y respeto de las garantías que se indican como supuestamente afectadas.

Afirma que existen resoluciones judiciales que han servido de respaldo a esa investigación periodística, lo que ratifica que el objetivo es un bien mayor para la adolescente y para el sistema de protección de la niñez, pues éste tendría falencias graves y evidentes.

Detalla que esta investigación periodística, se inició por una denuncia de una institución, respecto de una serie de vulneraciones de derechos en contra de una adolescente de 16 años, que graficaría o demostraría, aparentemente, la realidad de muchos niñas, niños y adolescente afectados por el consumo de drogas en nuestro país.

Precisa que el foco de la investigación se centró en abordar el eventual déficit del Estado en relación con residencias especializadas en este tipo de casos, particularmente para los casos de mujeres adolescentes en la Región Metropolitana y que, a diferencia de lo que ocurre con hombres adolescentes, respecto de quienes existen 2 residencias, la diferencia de género es un ítem importante en cuanto a política pública.

A este respecto, aclara que la cobertura de la investigación incluye a varias instituciones, entre ellas, Fiscalía, Fundación Ser Joven, Sistema Hospitalario Metropolitano Oriente, Hospital Calvo Mackenna, un Tribunal de Familia, entre otros.

Sintetiza que en esta investigación se ejecutó bajo los siguientes supuestos: a) Los hechos que se han hecho públicos contemplan elementos de connotación pública y de utilidad para la comunidad y por lo mismo resultan de interés para la sociedad. b) CHV la ha desarrollado en ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República -que garantiza el derecho a emitir opiniones y a informar sin censura previa- y al amparo de la Ley N° 19.733, que regula las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo. c) Ofrecer a las personas o grupos de personas la posibilidad de expresarse libremente y de dar a conocer su propia versión sobre hechos de relevancia o connotación pública, es un pilar fundamental de un estado de derecho democrático y constituye, adicionalmente, una herramienta que permite controlar y denunciar abusos que afectan a la sociedad toda, al amparo de la teoría de los frenos y contrapesos. d) La legislación permite a cualquier medio de comunicación difundir información, respetando ciertos límites y estándares básicos, especialmente cuando existe un interés público relevante o comprometido. En algunos casos, ciertos derechos ceden en favor de la libertad de expresión, opinión e información protegiendo al medio de comunicación.

Estima en consecuencia, que la libertad de informar ampara notas periodísticas o reportajes como el que se impugna, toda vez que su objeto es informar acerca de hechos de relevancia pública y contingentes y que, por lo tanto, el actuar de la recurrida y de su equipo periodístico se ajustó a la normativa vigente.

Por ello, recalca que el actuar de CHV ha sido motivado por un fundamento racional, lógico y proporcional entre los motivos y el fin que se desea alcanzar, descartándose de plano cualquier arbitrariedad, capricho o antojo en el actuar del equipo periodístico que produjo el reportaje.

Agrega que la acción ejercida parte de un supuesto erróneo, cual es, que el reportaje se apartará de la normativa sobre los contenidos en las emisiones de televisión y demás que resguardan los derechos de los NNA en relación con las emisiones de televisión, cuestión que, según expuso, no será así, toda vez que no tiene por finalidad tal cuestión (exponer la identidad de la niña nombre reservado) y aceptar tal tesis no es otra cosa que un ejercicio de censura previa por parte de un órgano estatal, proscrito por la Carta Fundamental.

Concluye que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad en la conducta de Chilevisión, por lo que tampoco ha podido existir lesión, perturbación o afectación a alguna de las garantías que la recurrente alega como infringidas, solicitando el rechazo de la presente acción. 3º Que el denominado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. 4º Que el artículo 1° de la Ley N° 19.733 señala “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley”.

Y en este mismo sentido, reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general y en su artículo 30 califica de interés público los siguientes hechos: “a) Los referentes al desempeño de funciones públicas; b) Los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real; c) Los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público, a título gratuito u oneroso; d) Las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren sido captadas o difundidas por algún medio de comunicación social; e) Los acontecimientos o manifestaciones de que el interesado haya dejado testimonio en registros o archivos públicos, f) Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos”;

Por su parte, el numeral 12° del artículo 19 de la Carta Fundamental, asegura a todas las personas “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”. 5º Que la acción de protección en análisis no puede prosperar, pues lo pretendido por la recurrente es que un medio de prensa no difunda o publique un reportaje -antes de que sea conocido por el público-, por estimarlo como atentatorio a los derechos de la adolescente que fue víctima, en alguna medida, de la inacción o falta de servicio del Estado, actuando así de modo prejuiciado, al estimar que la recurrida incurriría en serías trasgresiones o vulneraciones de sus derechos fundamentales, si el reportaje llegaré a proyectarse. 6º Que, en ese entendido, la prohibición de emitir un reportaje de interés público -porque su exhibición eventualmente podría atentar contra otros derechos de la recurrente-, supondría vulnerar las normas ya citadas las, que son de rango constitucional y legal, proceder que le está vedado a esta Corte.

Por lo demás, si la recurrente entiende que los derechos de la adolescente puedan ser vulnerados con la emisión del reportaje, y que efectivamente ello le pueda ocasionar perjuicio, le asistirá, en caso que ello llegare a ocurrir, el derecho que le franquea la ley en orden a perseguir “los delitos y abusos” que se hayan podido cometer, de acuerdo con lo preceptuado en la referida Ley N° 19.733, o bien ejercer la acción correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil si es que entiende que la persona jurídica recurrida pudiere haber cometido un ilícito civil. 7º Que, así entonces, no es posible hacer primar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales por un acto, que por lo demás, aún no existe, por sobre el derecho de los medios de prensa -y de la recurrida, por ende- de informar de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales citadas, sin perjuicio que ello no exime a la parte recurrida de su responsabilidad por los delitos -penales o civiles- que pueda cometer con ocasión de sus publicaciones o emisiones. Y en tal caso es en la sede correspondiente, no en esta constitucional, en la que la recurrente debe ejercer las acciones que crea convenirle. 8º Que, de este modo, el medio de comunicación aludido no ha incurrido en acto arbitrario ni ilegal, y la pretensión de censura previa resulta inconstitucional e ilegal, por lo que el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida en favor de la adolescente nombre reservado y en contra de la red de televisión Chilevisión y se deja sin efecto la orden de no innovar decretada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Manuel Luna Abarza.

N°Protección-25080-2024.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner e integrada, además, el ministro (S) señor Fernando Valderrama Ramírez y el abogado integrante señor Manuel Luna Abarza.