Protección contra Ejército de Chile

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que doña Bárbara Carolina Chomalí Quiroz, abogada, en representación de don nombre reservado, interpone recurso de protección en contra del Ejército de Chile, representado por su comandante en jefe, general nombre reservado, y en contra de don nombre reservado, comandante de la División de Personal de la referida institución, por la dictación de la Resolución Exenta RA N° 119291/2808/2024, de fecha 11 de octubre de 2024, por medio de la cual se decidió no renovar la designación de su parte como profesional grado 8° del escalafón profesional de las Fuerzas Armadas para el año 2025, medida que estima atentatoria a sus derechos consagrados en los números 2°, 3° inciso quinto, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el actor ingresó al Ejército el 1 de enero de 2018 como asesor del Centro de Investigaciones Militares (CESIM), desempeñándose inicialmente bajo la modalidad a honorarios y, a partir de febrero del mismo año, mediante designación a contrata, la que fue renovada sucesiva y anualmente hasta el año 2024, obteniendo en todos los periodos calificaciones de Lista 1 “Muy Buena”, sin que existan antecedentes de sanciones ni sumarios en su contra, y destacándose en su último periodo con nota 6,25 y tres anotaciones de mérito. No obstante, y pese a la evaluación favorable de la Junta de Selección del CESIM, su continuidad fue desestimada mediante la resolución antes citada, firmada por un oficial que no ostenta la investidura de comandante de la División de Personal, invocando criterios generales que, a su juicio, no satisfacen los requisitos de motivación exigidos por el ordenamiento jurídico, vulnerando, respecto de su parte, el principio de confianza legítima, el derecho a la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.

Finalmente, solicita se deje sin efecto el acto administrativo impugnado y se disponga su restitución en el cargo, con el pago de las remuneraciones adeudadas y con costas.

Segundo: Que el señor nombre reservado, coronel, comandante de la División de Personal Subrogante, informa que el recurrente, oficial en retiro con grado de coronel desde el año 2008, se desempeñó posteriormente como asesor civil en distintas modalidades contractuales, prestando funciones en calidad de profesional a contrata grado 8 en el CESIM entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2024, y su vínculo renovado anualmente hasta la dictación de la Resolución Exenta RA N° 119291/2808/2024,que es la que se impugna mediante la acción constitucional del señor nombre reservado.

Describe que la decisión cuestionada por la presente acción se fundó en necesidades institucionales, técnicas y estratégicas, particularmente referidas a la renovación del capital humano con énfasis en perfiles actualizados en tecnología, ciberdefensa, inteligencia artificial y gestión de sistemas doctrinarios, áreas en las cuales el recurrente no demostraría competencias actuales acreditadas. Agrega que, si bien el actor fue calificado en Lista 1, su perfil profesional no se ajusta a las nuevas exigencias estratégicas del CESIM, y que su situación previsional —al contar con pensión y derecho a desahucio— excluye la aplicación del principio de confianza legítima conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Finalmente, sostiene que la resolución fue dictada por autoridad competente, debidamente motivada conforme al artículo 11 de la Ley N° 19.880, y notificada personalmente el 4 de noviembre de 2024, sin que el recurrente haya deducido los recursos administrativos pertinentes, lo que, a su juicio, hace improcedente la presente acción constitucional como vía de impugnación.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que la parte recurrida no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que dicha repartición sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata del actor para el año 20254, por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar su juicio.

Sexto: Que, en efecto, lo cierto es que el acto está motivado —se puede leer en la resolución impugnada la necesidad “de renovar el capital humano que forma parte de la institución, de acuerdo con las nuevas exigencias que exige (sic) el puesto de su desempeño, se torna necesario disponer su no renovación para la anualidad 2025, ello para efectos de mantener actualizada la fuerza de trabajo, lo cual se enmarca en el contexto de la reestructuración de distintas reparticiones”, agregando que lo anterior “obedece a la necesidad de enfrentar los nuevos desafíos que implica la función pública a la luz de las nuevas tecnologías, así como la continuidad del servicio”— y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos del Ejército no torna el acto administrativo en infundado. Y claramente no pueden los tribunales revisar dicha fundamentación pues en tal caso abandonarían su papel de juzgadores y se convertirían en administradores, lo que ni la Constitución Política de la República ni la ley permiten. Se trata de un cargo a contrata que, según lo informado por la recurrida, se tiene desde febrero de 2018, mientras eran necesarios sus servicios, decidiendo la misma repartición, por un acto motivado, que no procedía renovar la última contrata, que vencía el 31 de diciembre de 2024.

Séptimo: Que en el mismo acto impugnado se hace ver que el recurrente es coronel en retiro del Ejército con más de treinta años de servicio, de modo que percibe la pensión correspondiente y, en tales circunstancias, la Corte Suprema ha dicho, en fallo dictado en causa rol 92.146-2020, que el denominado “principio de confianza legítima” rige sólo para aquellos funcionarios que tienen como única fuente de ingresos el empleo a contrata respectivo, que, como se dijo, no es el caso del señor nombre reservado.

Octavo: Que, por lo demás, y sea como fuere, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones en el Ejército mientras eran necesarios sus servicios, y que la resolución impugnada decidió no renovar esta contrata.

Noveno: Que, por todo lo expresado, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la recurrida plasmada en la resolución impugnada de no renovar la contrata del señor nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880.

Décimo: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, en cuanto a la igualdad ante la ley —N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República—, debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido; el inciso quinto del N° 3° del citado artículo, esto es, “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, no ha podido ser vulnerado desde que el recurrente no ha sido sometido a proceso judicial ni a sumario administrativo, suponiendo que este último se encuentre comprendido en la norma; el N° 16° del artículo 19 de la carta fundamental sólo está protegido en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación; y, finalmente, el N° 24° del artículo 19 del citado texto, no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio, aquel que señala el artículo 582 del Código Civil.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-25074-2024.