nombre reservado con INSTITUTO PROFESIONAL INACAP

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno.

A los escritos folios 16 y 17: a todo, téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, recurre de protección constitucional nombre reservado, en contra del Instituto Profesional INACAP, por el acto arbitrario e ilegal consistente en no permitir matricularse al protegido par el año 2021 al exigirle que previamente debía saldar la deuda que mantiene por no pago de ciertos meses de la colegiatura del año 2020, lo que conculca la garantía constitucional de sus representados, en cuanto al derecho de la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, la libertad del trabajo y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 1, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Previas citas legales y constitucionales, y referencias jurisprudenciales, finalizó pidiendo que sean adoptadas todas las medidas conducentes para restablecer el imperio del derecho, en especial se permita al protegido matricularse, tomar las asignaturas que le correspondan de acuerdo con su avance de la carrera y se reestablezca su calidad de alumno regular, con costas.

Fundando el recurso explica que en noviembre del año 2016 se matriculó en el Instituto Profesional INACAP, para estudiar la carrera de Ingeniería en Química Industrial. Refiere que todo iba bien hasta el mes de febrero del año 2020, oportunidad en que se matriculó para cursar el cuarto año de la citada carrera, pero en el mes de abril del año 2020 debió solicitar la interrupción de mis estudios por razones económicas, debido a los pesares que le dejó el “estallido social” y posterior pandemia sanitaria provocada por la enfermedad del coronavirus 19.

Se suma al hecho que su madre dejó de trabajar, sin recibir pago alguno durante todo ese período. La recurrida a mitad de año le aceptó la suspensión de estudios, pero le mantuvo el cobro del semestre completo.

El problema surge en febrero del 2021, ya que quiso retomar sus estudios por lo que intentó matricularse de forma online, pero la página web no se lo permitió, indicando que previo debía saldar la deuda pendiente del año 2020 que ascendía a $1.001.150. Intentó llegar a una solución pero la recurrida insistió que previa debía mediar el pago de la deuda para poder continuar.

Identifica la ilegalidad en el obrar de la recurrida por cobrarle una deuda que no se encuentra justificada ya que durante el año 2020 suspendió sus estudios. Afirma que la recurrida es una institución sin fines de lucro y en ese entendido no existe norma legal alguna que habilite a la universidad para negar la matricula a un alumno, fundado en la existencia de una deuda pendiente de pago.

Se infringe el artículo 3 de la Ley General de Educación, N° 20.370, ya que uno de los principios que inspiran el sistema educativo chileno está la “La Universalidad y Educación Permanente”, el que en este caso se ha visto conculcado.

Finalmente alude cómo el acto recurrido afecta sus garantías constitucionales, las que enumera y explica.

SEGUNDO: Que informando –folio 13, de 29 de abril del 2021- Agustín Prado Villegas, abogado, por la recurrida, pidió el rechazo del recurso de protección por estimar que no han existido ni existen actuaciones u omisiones arbitrarias ni ilegales imputables a su representada.

Como aspecto formal pide el rechazo del recurso por no ser éste la vía idónea, como medida cautelar y de procedimiento de urgencia, para resolver el conflicto sometido a decisión de la Corte. Corresponde a un juicio de lato conocimiento además hay ausencia de derechos indubitado por parte de quien recurre. Este es un conflicto contractual.

Los hechos denunciados por el recurrente deben ser conocidos y fallados por la Superintendencia de Educación Superior, de conformidad al artículo 20 letras f), m), n) y o) de la Ley N °21.091.

Luego afirma que no es efectivo que se le esté cobrando es semestre completo, ya que por Reglamento solo corresponde al 50% de la colegiatura semestral. Se refiere al proceso de suspensión de estudios destacando que el peticionario siempre debe acompañar la documentación que acredite el fundamento de la solicitud.

Explica que se hizo la petición el 2 de abril del 2020, y por Reglamento tenía 5 días para presentar la documentación respectiva. En este sentido sostiene que hasta la fecha del presente informe el protegido nunca acompañó en ninguna sede de Inacap los antecedentes que den cuenta que los ingresos del estudiante y/o fiador hayan sido afectados impidiendo el cumplimiento de la obligación de pago de la colegiatura. Con todo, destaca que en todo caso la madre del estudiante no es su fiadora.

El recurso no es claro en señalar cuál es el acto arbitrario e ilegal que cometió la recurrida. Ocurre que el protegido nunca acreditó su petición.

Con todo, su obrar está amparado por el contrato que une a las partes, especialmente la cláusula cuarta, por lo que solo se limitó en dar cumplimiento a las obligaciones libremente pactadas y asumidas por el señor nombre reservado en virtud del contrato de prestación de servicios educacionales suscrito con mi representada, y aplicado lo establecido en sus Reglamentos vigentes, especialmente los artículos 53 y 54 del Reglamento Académico y finalmente por lo dispuesto en el artículo 6° del Reglamento Académico General del Instituto Profesional de INAPAP.

Indica que el propio recurrente en correo de 2 de abril del 2020 dijo que no tenía documentación para probar la razón que invocó la suspensión de los estudios.

A mayor abundamiento, dice que no se incurrió en ninguna infracción, para ello cita el artículo 55 letra e) de la Ley N° 21.091, y entiende que se reconoce la facultad de cobro de aranceles como condición para continuar con los estudios.

Finalmente no se indica finalmente que en el presente caso no ha vulnerado ninguna de las garantías que se dicen conculcadas por el recurrente.

TERCERO: Que, ahora bien, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

CUARTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que ahora bien, el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que la pretensión del recurrente es contradicha por la recurrida, quien niega a priori dos supuestos fácticos en que se apoya el relato del actor, por cuanto afirma que no es efectivo que se haya aceptado por la institución la suspensión de sus estudios -por no haber dado cumplimiento a las exigencias del procedimiento respectivo- y que la deuda que se le exige pagar para proceder a autorizar su matrícula abarcaría toda la colegiatura correspondiente al año 2020. Conforme a lo anterior, la recurrida niega enfáticamente haber incurrido en un acto ilegal o arbitrario, dado que la decisión de no permitirle matricularse sin previo pago del 50% de la colegiatura del semestre respectivo adeudado y del valor de la matrícula, se apoya en una causal considerada específicamente en la cláusula Cuarta del contrato de prestación de servicios educacionales que vincula al actor con la recurrida, la que también es corroborada en el artículo 54 del Reglamento del Estudiante, de modo que la decisión impugnada por esta vía encuentra sustento normativo en el artículo 6 del Reglamento Académico de INACAP.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el actor solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos, tales como aquel que previene el artículo 20 de la Ley 21.091 y el propio Código Civil, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

SEXTO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-2506-2021.

Pronunciada por la Octava Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Carlos J. Iturra Lizana y el Abogado Integrante señor Roberto Von Bennewitz Alvarez.