nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, deduce acción de protección constitucional en contra de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con domicilio en domicilio reservado, en razón de los actos arbitrarios e ilegales que ha realizado, y que actualmente se encuentra ejecutando y otros que amenaza con ejecutar, todos los cuales privan, perturban y amenazan garantías constitucionalmente protegidas, en particular, la del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que aparece como demandado en tres expedientes de cobro administrativo, roles 503-2004, 505-2004 y 510-2004, todos tramitados ante Tesorería Regional.

Hace presente que el 5 de marzo de 2019, solicitó se declarara el abandono del procedimiento en cada uno de los procesos indicados, manifestando que dichas solicitudes se fundaron en el hecho que, tras haberse practicado embargo con fecha 28 de enero de 2013, no se verificó luego ninguna actuación en esos autos, configurándose por tanto la hipótesis de hecho contemplada en los artículo 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil.

La Tesorería el 10 de abril de 2019 rechazó su incidencia de abandono del procedimiento, por falta de requisitos de la citada institución, ya que en la fase administrativa no existe propiamente tal un juicio, no hay controversia legalmente constituida, ni demanda, ni parte demandante, sino un Tribunal Especial Jurisdiccional Administrativo, donde el Tesorero Regional o provincial es el Juez que sustancia quien no puede ser, a la vez, el demandante o el representante del demandante, por tanto la sanción establecida para las fases jurisdiccional civil ante el juez de letras competente, es improcedente e inaplicable a la fase administrativa que se encuentra finalizada con la respectiva nómina de deudores que representa el título ejecutivo.

Por lo anterior, recurre contra la resolución que rechazó su incidente de abandono del procedimiento, quebrantando el artículo 19 N°3 de la Constitución, y debido a que el Servicio de Tesorerías ha excluido la aplicación de normas que regulan los procedimientos de cobro de obligaciones de dinero, vulnerando la igualdad ante la ley, establecido en el art. 19 N°2 de la Carta Fundamental, ya que distingue arbitrariamente respecto de las personas que son sometidas a cobros frente a un juez de letras en lo civil, de una persona que es sometida a cobro ante el propio servicio.

Solicita sean acogidas la presente acción constitucional, y su solicitud de abandono del procedimiento conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil, con costas.

Segundo: Que, evacua informe el abogado RAFAEL MELLADO SOBARZO, en representación de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, solicita el rechazo del recurso de protección por las razones que pasa a exponer.

Manifiesta que el procedimiento en donde se reclama la existencia de una actuación ilegal o arbitraria de su parte se encuentra específicamente regulado en el procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias, esto es en el Título V del Libro III del Código Tributario, en los artículos 168 a 199. Señala que el recurrente mantiene una deuda con el fisco derivada de formularios 21 y 29, emitidos por el Servicio de Impuestos Internos por concepto de IVA e Impuesto a la Renta. A la fecha, la deuda alcanza la cantidad de $25.316.515. Agrega que dicha deuda actualmente se encuentra en proceso de cobro en los Expedientes Administrativos Roles N°505-2004, 510-2004 y 503-2006, todos de la comuna de Huechuraba.

Relata que es efectivo que la petición de abandono del procedimiento fue rechaza por el Juez Sustanciador de la Tesorería Regional Poniente, en los expedientes N°505-2004, 510-2004 y 503-2006, de la comuna de Huechuraba.

En cuanto al fondo del asunto, señala que este recurso es inadmisible, ya que el legislador estableció un procedimiento ejecutivo, regulado en el Código Tributario, para el conocimiento y juzgamiento de esta materia, siéndole entregado al Servicio de Tesorerías la competencia para ejercer el cobro de todos los ingresos del sector público, salvo los que constituyan ingresos propios de los servicios, todo de conformidad con el Decreto Ley N°1263 de 1975, debiendo regirse el actual procedimiento por dichas normas, por lo que no ha de ser aplicable el recurso de protección para resolver la controversia planteada, ya que el mismo es una acción extra proceso y su procedencia discurre sobre la base que no exista un procedimiento jurisdiccional prestablecido en el ordenamiento jurídico que resuelva la contienda en forma inmediata, resultando eficaz solo cuando no hay una acción directa, sea ordinaria o especial para la tutela de los derechos que se alegan como agraviados.

En cuanto al fondo de las actuaciones calificadas como abusivas, señala que de todas formas debe ser rechazado el recurso, ya que reclama contra la nulidad de una notificación, pero luego de todas formas pide se deje sin efecto la resolución dictada, por lo que entiende está solicitando a esta Corte que se pronuncie indirectamente sobre la resolución que rechazó el abandono de procedimiento interpuesto, cuestión que excede la finalidad del presente recurso de protección.

Atendido lo anterior, queda de manifiesto que el acto que motivó la presente acción cautelar, cualquiera sea la calificación jurídica que se tenga del mismo, ha desaparecido, por lo que carece de razón de ser el presente recurso de protección, por lo que solicita se tenga por evacuado el informe requerido, y en definitiva, se rechace el recurso de protección interpuesto, en atención a que han dejado de existir los hechos que le sirven de fundamento.

Tercero: Que, se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Quinto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que, no se ha demostrado que se haya producido la conculcación de alguna norma de rango legal o constitucional, en términos que pudieran determinar que lo resuelto por la recurrida y que se le reprocha deviene en ilegal, ni tampoco se ha probado que se está frente a un acto arbitrario, porque la medida se dictó en el marco de las legítimas atribuciones, ateniéndose por cierto a la normativa vigente, haciendo uso precisamente de sus atribuciones, argumentando la Tesorería General de la República las razones por las que se ha adoptado la determinación que se reprocha.

Séptimo: Que, el recurrente señala que la decisión de la Tesorería al rechazar el abandono del procedimiento no constituye un acto arbitrario o ilegal, por cuanto esa institución no tiene aplicación en la etapa administrativa de cobro de deudas tributarias, por lo que, el presente recurso de protección se encuentra fuera de las atribuciones que tiene esta Corte de Apelaciones, en esta acción cautelar.

Octavo: Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, no se configuran en la especie los presupuestos exigidos para que la acción de protección prospere, esto es, que exista un acto objetado que sea ilegal o arbitrario, tampoco existe un derecho indubitado, por lo que, el presente recurso debe desestimarse, razones por la que, no es necesario emitir pronunciamiento respecto de la garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente atendido lo concluido precedentemente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículos 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de protección intentado por nombre reservado en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redactó la abogado integrante sra. Herrera Fuenzalida.

N°Protección-2501-2020.Pronunciada por la Undécima Sala de esta I. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, e integrada por el Ministro señor Fernando Ignacio Carreño Ortega y la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.