nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION Y ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, ocho de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, trabajador dependiente, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, por haber mantenido activa una orden de descuento por planilla e instruido mensualmente al empleador del recurrente para retener parte de su remuneración líquida de octubre de 2025 sin título vigente ni autorización del trabajador.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, puesto que, se pretende el cobro de un crédito social derivado de un juicio ejecutivo declarado abandonado, vulnerando con ello los derechos fundamentales de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se ordene el cese inmediato de los descuentos y la devolución de las sumas retenidas.

Expone que ante el 9° Juzgado Civil de Santiago se tramitó el juicio ejecutivo Rol C-18160-2019, iniciado por la recurrida, proceso que con fecha 25 de septiembre de 2025 fue declarado abandonado por el tribunal en virtud de los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil.

Afirma que, pese a encontrarse dicha resolución firme y ejecutoriada, la Caja Los Andes ha continuado ejecutando descuentos en su remuneración, lo cual quedó reflejado en su liquidación de fecha 30 de octubre de 2025, bajo el argumento administrativo de que la deuda se mantiene vigente en sus sistemas internos.

Sostiene que la conducta de la recurrida es ilegal, toda vez que el abandono del procedimiento extinguió la acción ejecutiva, dejando a la institución sin un título exigible u orden judicial que ampare la retención de haberes. Asimismo, acusa infracción al artículo 58 del Código del Trabajo, por cuanto no existe autorización escrita ni mandato que faculte tales descuentos tras la terminación definitiva del proceso.

Argumenta que la actuación es arbitraria al carecer de fundamento racional, pues constituye una vía de hecho que desconoce un fallo judicial ejecutoriado y excede las facultades legales de la Caja de Compensación al autoejecutar un cobro sin amparo normativo. En cuanto a la vulneración de garantías, el actor señala que se ha afectado su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, puesto que las remuneraciones son bienes incorporales protegidos y su privación injustificada compromete directamente su patrimonio y sustento económico.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de lo obrado, ordenando a la recurrida cesar los descuentos por planilla, actualizar sus registros internos para dejar sin efecto la deuda, abstenerse de nuevas retenciones y devolver la totalidad de los montos descontados indebidamente con reajustes e intereses.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por la abogada doña Inés Riquelme Arao, solicita el rechazo de la acción de protección por haber perdido oportunidad.

En cuanto a los hechos, expone que con fecha 9 de julio de 2018 otorgó al recurrente, don nombre reservado, un crédito social bajo el código 036CON101546125 por la suma de $3.026.193, a una tasa del 2.04% y en un plazo de 48 meses, con cuotas de $104.029 cada una, la primera cuota de ellas el día 30 de septiembre de 2018, constituyéndose en mora a partir de la cuota n° 3 con vencimiento el 30 de noviembre de 2018.

Respecto al derecho, sostiene que los descuentos se fundamentan en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece la obligación del empleador de retener y remesar las cuotas de crédito social de las remuneraciones de los trabajadores.

Niega la existencia de un acto ilegal o arbitrario, argumentando que la deuda se mantiene vigente mientras su prescripción no sea declarada judicialmente por un tribunal competente en un juicio de lato conocimiento, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, no siendo la acción de protección la vía idónea para tal efecto.

No obstante, informa que la Caja ha dispuesto voluntariamente el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas percibidas desde la reanudación de los cobros, por lo que concluye que la acción ha perdido su objeto y finalidad cautelar. En consecuencia, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que en el presente recurso el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber procedido la recurrida a descontar, de la remuneración del recurrente, cuotas de crédito social adquirido por el recurrente y que se relaciona con la operación 036CON101546125 por la suma de $3.026.193, a una tasa del 2.04% y en un plazo de 48 meses, con cuotas de $104.029 cada una, venciendo la primera cuota de ellas el día 30 de septiembre de 2018, obligándose a su pago en cuotas mensuales mediante descuento por planilla, mecanismo que además fue expresamente autorizado en el mismo instrumento contractual, constituyéndose en mora a partir de la cuota n° 3 con vencimiento el 30 de noviembre de 2018.

Consta en estos autos que el descuento producto del crédito antes indicado se realizó en la remuneración del mes de octubre de 2025.

QUINTO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que la institución recurrida al informar señala que, sin reconocer extinción de la deuda ni los fundamentos esgrimidos por el recurrente, ha dispuesto voluntariamente el cese definitivo de los descuentos del crédito y la restitución de las sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros. Motivo por el cual, ha solicitado que se considere que la presente acción constitucional ha perdido oportunidad.

SEXTO: Que, el compromiso de la recurrida, respecto de proceder a la devolución de los dineros y cesar en los descuentos, no obstante lo niega, constituye un reconocimiento de la improcedencia de los descuentos realizados, cuestión relevante, toda vez que no acompaña comprobante alguno que dé cuenta de las aseveraciones y el compromiso que ha adquirido, constatándose en la liquidación de sueldo del mes de marzo del año en curso, el descuento de la remuneración del recurrente realizado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo razonado, corresponde acoger la pretensión de la parte recurrente, toda vez que la Caja de Compensación, puesto que la recurrida incurrió en un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, ordenándose el cese de los descuentos en las remuneraciones del recurrente y la restitución de los montos descontados.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-24990-2025.