nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES SANTIAGO

Santiago, uno de abril de dos mil veintiséis Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece el abogado Pablo Peñaloza Parra, quien por sí y en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en razón de haber incurrido en una acción ilegal y arbitraria consistente en la notificación folio N°87824189 código de tramite N°74225854 de 24 de octubre de 2025, en la cual se declara no acogida a trámite la solicitud de residencia definitiva, por considerar que el recurrente no cumplió con el artículo 65 N°4 del Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería, lo que estima afecta su derecho contemplado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Indica que el señor nombre reservado ingresó al país en calidad de turista y, estando dentro del país, cambió su condición migratoria a residente temporario con el propósito de establecerse en Chile, otorgándole una visa que le permitía realizar actividades lícitas remuneradas por el periodo de 2 años hasta el 4 de septiembre de 2025.3 El 14 de septiembre de 2025 solicitó el beneficio migratorio de residencia definitiva y el 24 de octubre, recibió la notificación en la que se le informó que su petición no sería acogida a trámite, enviando sus antecedentes a residencias temporales, a pesar de no haber efectuado ninguna petición en ese sentido.

Estima que la notificación es contraria a derecho puesto que señala genéricamente que no se cumplió con el artículo 65 N°4 del Reglamento ni tampoco se indica la infracción migratoria que cometió el recurrente y que sería la causal por la cual no se acogió a trámite su petición, aun cuando su madre tiene residencia definitiva y él cuenta con un contrato de trabajo de carácter indefinido, cumpliéndose entonces con los requisitos legales, dándole un trato diferenciado en relación a otras personas a quienes, estando en la misma posición que el recurrente, sí les han otorgado la residencia definitiva, por lo que estima que el Servicio no realizó una valoración exhaustiva.

Manifiesta que no se discute si la autoridad tiene o no la facultad de invocar el artículo 65 N°4 del señalado Reglamento, sino más bien, si este se encuentra debidamente fundamentado.

Pide que se ajuste la decisión conforme a derecho, adoptando la Corte las medidas o providencias necesarias para que se otorgue la continuidad de su petición de residencia definitiva, ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma, dentro de un plazo no mayor a 60 días o el que se estime y, en general, adoptando las medidas necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que evacúan informe por el Servicio Nacional de Migraciones los abogados Antonio Beltrán Henríquez y José González Troncoso, solicitando se rechace la presente acción.

Explican que el recurrente ingresó al país el 20 der abril de 2018 por el paso Chacalluta y el 24 de julio de 2022, el extranjero solicitó por primera vez, una visa de residencia temporal para realizar actividades lícitas remuneradas y mediante Resolución Exenta N°23322934 de 24 de agosto de 2023 se le otorgó al recurrente una visa de residencia temporal para realizar actividades lícitas en calidad de titular por el plazo de 2 años, válido hasta el 4 de septiembre de 2025.

Refieren que el 14 de septiembre de 2025 el señor nombre reservado solicitó la residencia definitiva, pero el 24 de octubre de 2025 se le notificó que su petición no fue acogida a trámite por la siguiente razón: “No cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el Art. 65 N°4 del Reglamento de la ley de Migraciones y Extranjería. De acuerdo a lo anterior, se remitieron sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal”. Informándole en la misma comunicación que los antecedentes habían sido enviados al Departamento de Residencias Temporales, lo que se encuentra en etapa de análisis, manteniendo una situación migratoria regular.

Añaden que, de acuerdo a la norma, quien haya cometido infracciones migratorias menos graves, se le exige un periodo de residencia de al menos 30 meses y, en este sentido, el extranjero declaró haber permanecido en situación irregular durante 9 días, por lo que se le impuso una sanción administrativa por un monto total de $17.162.-, lo que fue aceptado por el recurrente y renunció a ejercer sus descargos, haciendo presente que la sanción se encuentra tipificada en el artículo 107 de la Ley N°21.325.

Concluye que el recurrente solo acreditó 24 meses de residencia efectiva en calidad de titular, por lo que no cumple con el tiempo efectivo exigido por la norma, por lo que habiendo actuado con estricto apego a la Constitución Política de la República, no acción u omisión ilegal y/o arbitrario que afectare los derechos y garantías del recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Quinto: Que el acto recurrido consiste en la notificación folio N° 87824189 código de tramite N° 74225854 de 14 de octubre de 2025 que no acogió a trámite su petición de residencia definitiva del actor, por estimar que no cumplía las exigencias legales respecto de la solicitud presentada el 14 de septiembre de 2025.

Dicha decisión se funda en que la recurrente no cumplía con lo dispuesto en el artículo 65 N°4 del Decreto N°296, el que dispone: “Sin perjuicio de los requisitos que establezca el decreto supremo que fije las subcategorías migratorias de residencia temporal, los residentes temporales titulares, para postular a la residencia definitiva, deberán haber residido en el país en tal calidad al menos por veinticuatro meses. Para postular a la residencia definitiva se necesitará un periodo de residencia mayor al referido en el inciso precedente, en mérito de los antecedentes personales del interesado, en los siguientes casos: (…)

4.- Comisión de infracciones migratorias de aquellas señaladas en el Título VII de la ley Nº 21.325 y su gravedad. En cuanto a este criterio, el tiempo requerido de residencia se exigirá de conformidad a los siguientes rangos: a) Cuando se trate de alguna infracción aplicada mediante acto administrativo firme y totalmente tramitado, de aquellas contenidas en el Párrafo I de dicho Título VII, referido a las infracciones menos graves, se exigirá un periodo de residencia de al menos treinta meses.”.

Sexto: Que conforme lo informado por el Servicio recurrido e incluso reconocido por el propio recurrente fue sancionado mediante Resolución Exenta N°2500100137477, de fecha 14 de septiembre de 2025, con una multa de $17.162 por infracción a las normas migratorias tipificadas en los artículos 106, 107 y 109 de la Ley N°21.325, clasificadas como infracciones menos graves, por lo que se encuentra en la hipótesis de la norma citada en el considerando anterior. Ahora bien, al momento de ingresar su solicitud de residencia definitiva, el recurrente contaba con permiso de residencia temporal otorgado el 4 de septiembre de 2023, esto es veinticuatro meses antes, y encontrándose el actor en la causal establecida en la norma del artículo 65 N°4 letra a) de del Decreto N°296, efectivamente no cumplía con el periodo mínimo de residencia exigido para postular al beneficio de que se trata, que para el caso se eleva a treinta meses.

Séptimo: Que, en la especie, la resolución impugnada no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio legítimo de las facultades que el artículo 37 de la Ley N°21.325 otorga al Servicio Nacional de Migraciones. Dicha norma faculta expresamente a la autoridad para otorgar, prorrogar y revocar los permisos de residencia y permanencia. Asimismo, se observa que el Servicio Nacional de Migraciones actuó con estricto apego al principio de legalidad y al debido proceso administrativo, toda vez que, conforme el artículo 3° de la Ley 21.325, de Migración y Extranjería, que contempla el principio fundamental de protección para una migración segura, ordenada y regular, ordenó la derivación de los antecedentes al Departamento de Residencias Temporales de este Servicio, con el objeto de analizar y dar curso a la tramitación de una solicitud de residencia temporal, que permita dar cumplimiento al principio precitado.

Octavo: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas de la Ley N°21.325, su Reglamento y la Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°24.979-2025-Protección