Protección contra Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y de la Dirección General

C.A. de Santiago Santiago, trece de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado y Lillo, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y de la Dirección General de Promoción de Exportaciones (en adelante, indistintamente, “ProChile”), por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en haber dictado la mencionada Subsecretaría la Resolución Exenta N° NUM000, de 4 de noviembre de 2025, mediante la cual se puso término a contar del 7 de enero de 2026, a la destinación de la recurrente como Directora de la Oficina Comercial ProChile en Toronto, Canadá, lo que vulnera a su juicio las garantías establecidas en el artículo 19, numerales 2 y 3 de la Constitución Política de la República, por carecer el acto administrativo de fundamentación suficiente, concreta y precisa, ocultando las reales motivaciones que habrían sustentado la decisión, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto esta Corte el acto impugnado.

Relata que ingresó a prestar servicios en la Dirección General de Promoción de Exportaciones en el año 1995, en calidad de Jefa de Campaña de Posicionamiento de Chile en Reino Unido, desempeñando desde entonces y de manera ininterrumpida una serie de cargos de alta responsabilidad, entre los que se cuentan:

Jefa de Promoción y Marketing Centro y Norteamérica (1997-2000);

Gerenta de Ferias Internacionales (2001-2002); Gerenta de Desarrollo Internacional (2003-2005); Directora Oficina Comercial ProChile en Australia (2010-2015); Jefa Subdepartamento de América del Norte, Central y Caribe (2016-mayo 2020); Jefa Sección Centroamérica y el Caribe (mayo 2020-octubre 2022); Directora Internacional (s) (marzo-septiembre 2023); y, actualmente, Directora Oficina Comercial ProChile Canadá, desde octubre de 2023 hasta la fecha.

Refiere que ha desarrollado su carrera funcionaria bajo la modalidad de contrata, siendo designada en calidad de suplente en sus destinaciones al exterior, pues designarla como titular habría obligado a nombrarla como titular. En su actual puesto, fue nombrada mediante Resolución Exenta RA N° NUM001, de 11 de septiembre de 2023, por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (en adelante, indistintamente “SUBREI”), por un período de cinco años.

En estas circunstancias, menciona que el 6 de diciembre de 2025, le fue informado verbalmente, por parte de doña nombre reservado, Directora Internacional de ProChile, y de don nombre reservado, Jefe del Departamento de Gestión de Personas de ProChile, que se resolvió poner término a su destinación, aduciéndose la existencia de un informe de la Mutual de Seguridad como sustento de dicha decisión, agregando que el mismo día recibió por correo electrónico, por parte de don nombre reservado, Jefe Personal Red Externa, copia de la Resolución Exenta N° NUM000, pronunciada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, de 4 de noviembre de 2025, comunicándole tal decisión.

Sostiene que el acto impugnado adolece de ilegalidad y arbitrariedad. Señala que la decisión se habría adoptado como consecuencia de la disconformidad manifestada por la actora en relación con el otorgamiento improcedente de recursos y con la forma en que fue tratada por una autoridad que no era su jefatura.

Aduce que del acto impugnado podría inferirse que se tuvo en vista para la decisión un sumario administrativo que tiene el carácter de secreto y en el que tanto a la fecha de la decisión impugnada como a la de interposición del recurso de protección no se habían formulado cargos.

Agrega que las motivaciones contenidas en los literales g), h) e i) de la resolución impugnada son meramente formales y genéricas, sin referencia a hechos concretos y precisos, lo que, en su opinión, contraviene lo dispuesto por el artículo 118 del Decreto con Fuerza de Ley N° 33, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como el artículo 41 de la Ley N° 19.880, los que exigen que las resoluciones de los órganos administrativos contengan una decisión fundada.

Asimismo, afirma que las motivaciones de la resolución resultan manifiestamente contradictorias con las calificaciones sobresalientes obtenidas por la recurrente para el período 2024- 2025, en las que se destacan su autogestión, liderazgo, probidad y cumplimiento de metas, siendo su oficina la primera de la red exterior en alcanzarlas.

En lo relativo a la vulneración de garantías constitucionales, la recurrente sostiene que el acto impugnado infringe la igualdad ante la ley, al establecer diferencias arbitrarias al privarla de conocer los fundamentos reales del término de su destinación; e infringe el debido proceso, al constituir el acto una verdadera sanción encubierta, adoptada sin que la afectada haya tenido oportunidad de conocer los antecedentes, ejercer defensa, controvertir las imputaciones ni recurrir de la decisión, infringiéndose así las garantías de un procedimiento racional y justo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000, de 4 de noviembre de 2025, que puso término a la destinación de la recurrente.

Segundo: Que, don nombre reservado, Director General de ProChile, en su representación, informa al tenor de la acción de protección deducida y solicita su rechazo.

Relata, en primer término, que ProChile es un servicio público centralizado dependiente del Presidente de la República a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, creado mediante la Ley N° 21.080, teniendo entre sus funciones la promoción de exportaciones y la organización de la participación de Chile en ferias y eventos comerciales internacionales, para lo cual requiere mantener una red de oficinas en el exterior.

Refiere a continuación los antecedentes normativos sobre la destinación al exterior de los funcionarios de ProChile, regulado en la Ley N° 21.080 y el DFL N° 33, de 1979, haciendo presente que la recurrente prestó servicios en la institución desde 1995, siendo destinada mediante Resolución Exenta RA N° NUM001, de 11 de septiembre de 2023, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, al Departamento Económico del Consulado General de Chile en Toronto, Canadá, asimilada a Primer Secretario o Cónsul de Primera Clase, Cuarta Categoría Exterior, percibiendo una remuneración mensual de US$ 12.717.

Precisa, sobre el término de la destinación que, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 4 de noviembre de 2025, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, se puso término a dicha destinación a contar del 7 de enero de 2026, acto que fue debidamente notificado a la funcionaria el 6 de noviembre de 2025, manteniéndose vigente la relación laboral con el Servicio.

Sostiene que el acto administrativo impugnado es plenamente legal, por cuanto el artículo 118 del Decreto con Fuerza de Ley N° 33, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores faculta al Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales para poner término, en cualquier momento y mediante resolución fundada, a una destinación en el exterior, afirmando que el acto administrativo impugnado emana de una autoridad competente que cuenta con las facultades o prerrogativas necesarias para adoptar ese tipo de decisiones, las que están establecidas en la normativa antes citada, y que corresponde a un Estatuto especial que rige a los órganos de la Administración del Estado.

Argumenta que el cargo desempeñado por la recurrente corresponde a uno de exclusiva confianza de la autoridad, en virtud de su asimilación al cargo Cónsul de Primera Clase, agregando que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada en sus considerandos g), h), i), j) y k), basándose en necesidades del Servicio vinculadas a promover ambientes laborales saludables y asegurar la adecuada coordinación con actores estratégicos.

Hace presente, además, que existían antecedentes relativos a dos sumarios administrativos instruidos en contra de la funcionaria por denuncias de maltrato y acoso laboral y que las destinaciones al exterior tienen un plazo máximo y no fijo de cinco años, pudiendo ser acortadas por diversas razones objetivas.

Por estas consideraciones, solicita el rechazo de la acción deducida en todas sus partes.

Tercero: Que, informa doña nombre reservado, Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (s), en representación de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, quien solicita el rechazo de la acción deducida en todas sus partes.

Relata, en relación con los antecedentes de la destinación de la recurrente, que mediante Resolución Exenta RA N° NUM002, de 2023, se designó a la actora en calidad de suplente en el cargo de Profesional grado 7° EUS de la Planta de Profesionales de ProChile, a contar del 16 de septiembre de 2023, y mientras sean necesarios sus servicios y dure la ausencia del titular, agregando que posteriormente, mediante Resolución Exenta RA N° NUM001, de la misma Subsecretaría, se la destinó como Agregada en el Departamento Económico del Consulado General de Chile en Toronto, Canadá, asimilada a Primer Secretario o Cónsul de Primera Clase, Cuarta Categoría Exterior, a contar del 1 de octubre de 2023, sin definir fecha de término.

Hace presente, sobre el término anticipado de dicha destinación, que mediante los Oficios N° NUM003 y N° NUM004, la Directora General (S) de ProChile solicitó poner término a la destinación de la recurrente, invocando necesidades del Servicio y el carácter de exclusiva confianza del cargo. En virtud de lo anterior, por Resolución Exenta N° NUM000, de 4 de noviembre de 2025, se puso término a la referida destinación a contar del 7 de enero de 2026.

Argumenta, en relación con los fundamentos jurídicos que sustentan la legalidad del acto impugnado, que el artículo 118 del Decreto con Fuerza de Ley N° 33 de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores, autoriza al Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales para poner término a una destinación exterior en cualquier momento, mediante resolución fundada.

Asimismo, menciona que el artículo 106 del mismo cuerpo normativo, en relación con su artículo 26, establece un plazo máximo de cinco años para este tipo de destinaciones, pudiendo siempre tener una duración menor, agregando que el artículo 7, letra c), del Estatuto Administrativo permite calificar el cargo de la recurrente como de exclusiva confianza, atendida su asimilación al de Cónsul de Primera Clase y a la naturaleza de sus funciones.

Sostiene que el acto administrativo cuestionado se encuentra debidamente fundado en sus considerandos g), h), i), j) y k), que aluden a la necesidad de promover ambientes laborales saludables, asegurar adecuadas coordinaciones con actores estratégicos y garantizar la continuidad y eficiencia de la unidad.

Afirma que no concurren los presupuestos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario, precisando que el término de la destinación no implica la pérdida del empleo de la recurrente, quien continuará desempeñando funciones en ProChile con posterioridad al 7 de enero de 2026, descartando así toda afectación a las garantías de los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones, solicita en definitiva a esta Corte el rechazo de la acción deducida en todas sus partes.

Cuarto: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que, como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria, se prive, perturbe o amenace un derecho; y, c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir. Esta carencia puede traducirse en situaciones o circunstancias tales como, por ejemplo, la falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; la ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo perseguido; la inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; o un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Quinto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de 4 de noviembre de 2025, por parte de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, mediante la cual se puso término a la destinación de la recurrente como Directora de la Oficina Comercial ProChile en Toronto, Canadá, lo que vulnera, a su juicio, la garantía establecida en el artículo 19, en sus numerales 2 y 3, de la Constitución, correspondiendo a esta magistratura determinar si dicha actuación se ajusta o no a derecho.

Sexto: Que, ahora bien, la primera de las garantías constitucionales que se denuncia como vulnerada es la que se refiere a la igualdad ante la ley y que proscribe la existencia de personas o grupos privilegiados y el establecimiento por parte de la ley de diferencias arbitrarias. Sin embargo, de la lectura del recurso de protección en examen se advierte que no existe una fundamentación clara acerca de qué forma se habría establecido una diferencia arbitraria en perjuicio de la recurrente. No existe un análisis en donde se compare la situación que la afecta con otras similares en donde la autoridad hubiese actuado de manera diversa y que pudiera tomarse como demostración de un trato diferenciado que, además, careciera de un fundamento razonable. Por esta razón, esta Corte no advierte, a partir del relato contenido en la acción constitucional, la vulneración de la garantía constitucional que se alega, de manera que desestimará el recurso de protección en este primer capítulo.

Séptimo: Que, por su parte, la garantía constitucional consagrada en el Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República se refiere a la protección de la ley a las personas en el ejercicio de sus derechos. Esta disposición se refiere a numerosas garantías asociadas a la defensa jurídica y al debido proceso.

Contiene también una serie de garantías en las que se prohíben las comisiones especiales, la retroactividad de una ley sancionatoria, la presunción de derecho de la responsabilidad penal, entre otras.

Como puede observarse a primera vista, una decisión administrativa como la que se impugna, y mediante la cual se pone término a la destinación de una funcionaria en un cargo determinado, no se vincula con un procedimiento administrativo o judicial de carácter sancionatorio y en relación con el cual pudiera afirmarse la existencia de una denegación de la defensa jurídica o la ausencia de un debido proceso o de una investigación racional y justa, o de cualquiera otra conducta que contraviniera lo preceptuado en esta garantía constitucional. Lo que la recurrente cuestiona, en este caso, no es una vulneración de estos elementos, como puede observarse de la sola lectura del texto de la acción constitucional impetrada y deducirse del solo hecho objetivo de encontrarnos frente a una decisión de la autoridad que no responde a un procedimiento en que se haya ejercido jurisdicción administrativa, aun cuando formalmente el recurso de protección aluda a que se habría vulnerado el derecho a un debido proceso al no poder acceder la recurrente al conocimiento de los fundamentos reales del término de su destinación. Por esta sola razón, esto es, el no encuadrarse el acto administrativo impugnado dentro de las hipótesis establecidas en el Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vinculadas al debido proceso y a la defensa jurídica, corresponde desestimar también esta segunda argumentación.

Octavo: Que, en todo caso y a mayor abundamiento, los así llamados “fundamentos reales” no son otros que los que se indican en la propia Resolución Exenta N° NUM000 de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), los que evidentemente son conocidos de la recurrente. Sobre la base de esos fundamentos es que ella ha debido evaluar sus opciones de impugnación, pero resulta imposible para esta Corte intentar descubrir otras motivaciones o explicaciones de la decisión administrativa que se discute, pues solo puede atenerse a lo que en ella se señala formalmente, prescindiendo de explicaciones alternativas que, finalmente, corresponden a especulaciones cuya exactitud no consta en modo alguno.

Noveno: Que, desde otro punto de vista, si a la parte recurrente le parecieron que esos fundamentos son insuficientes y no cumplen con un estándar básico de servir de sustento razonable a una decisión administrativa, lo cierto es que la Ley N° 19.880 establece los procedimientos idóneos para impugnar y revisar los actos administrativos, particularmente en su capítulo IV. De igual modo, es posible interponer una reclamación funcionaria ante Contraloría General de la República, conforme al artículo 154 del Estatuto Administrativo, sobre la base precisamente de una eventual arbitrariedad o vicio de legalidad. En cualquier caso, la presente acción constitucional no es la vía establecida en nuestro ordenamiento jurídico para resolver este tipo de conflictos, en los que la violación de las garantías constitucionales no aparece como evidente e indubitada, máxime en un caso como el que se analiza, en donde no se ha planteado con claridad dicha violación en relación con una garantía constitucional específica.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y de la Dirección General de Promoción de Exportaciones.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la abogada integrante Francisca Amigo Fernández.

N°Protección-24882-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro señor Manuel Rodríguez Vega y la Abogado Integrante señora Francisca Amigo Fernández.