Protección contra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa

C.A. de Santiago Santiago, siete de julio de dos mil veintiséis.

A los folios 35 y 36: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Jorge Luis Salgado Martínez, abogado, en representación de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución N°NUM000, de 6 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición administrativa interpuesto en contra de la Resolución N°NUM001, de 11 de septiembre de 2025, que le aplicó la medida disciplinaria de término de su contrato de trabajo, conforme a la causal prevista en la letra b) del artículo 48 de la Ley N°19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, fundada en una supuesta falta grave al principio de probidad administrativa e incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias.

Expone que la actora ingresó a prestar servicios como enfermera del Centro de Salud Familiar Salvador Bustos de Ñuñoa en agosto de 2010, manteniendo desde entonces una conducta intachable, calificada en Lista 1, sobresaliente. Refiere que, a partir de mayo de 2023, padeció graves afecciones de salud mental, consistentes en fobias de impulsión, angustia generalizada y un cuadro depresivo severo, desencadenado por la pérdida gestacional de un hijo, a los seis meses de embarazo. En dicho contexto, se le prescribió la licencia médica por treinta días de reposo total, a contar del 16 de junio de 2023. Agrega que, durante la vigencia de dicho reposo, específicamente entre los días 16 y 23 de junio de 2023, viajó a la ciudad de Trujillo, Perú, con el exclusivo objeto de acompañar a su cónyuge a un servicio religioso conmemorativo del aniversario del fallecimiento de su abuela, ocurrido durante las restricciones derivadas de la pandemia por COVID-19, razón por la cual niega haber obrado de mala fe o con fines de recreación o turismo.

Sostiene que el sumario administrativo instruido en su contra mediante Resolución N°NUM002, de 26 de mayo de 2025, adolece de vicios graves que conculcan el debido proceso, particularmente por la denegación sistemática de la apertura de un término probatorio destinado a acreditar que el viaje no perjudicó su salud, y por la falta de imparcialidad que atribuye a la autoridad sumariante, influida, según afirma, por presiones mediáticas y por declaraciones públicas del Alcalde de la comuna, don Sebastián Sichel, quien habría anticipado la destitución de los funcionarios sumariados.

Finalmente, destaca que, al momento de notificársele la sanción, se encontraba con un embarazo de 33 semanas, gozando de fuero maternal legal, por lo que la medida aplicada sería desproporcionada, carente de tipicidad y vulneratoria de las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 1, derecho a la integridad física y psíquica; N°2, igualdad ante la ley; N°3, derecho a un procedimiento racional y justo; N°6, libertad de culto; y N°24, derecho de propiedad sobre su empleo y remuneraciones, de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, que se deje sin efecto la sanción de destitución y se ordene su reincorporación, con pago de remuneraciones.

Segundo: Que, evacuando el informe, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Como cuestión previa, opone la excepción de extemporaneidad de la acción constitucional, fundada en que la medida disciplinaria de término de la relación laboral fue impuesta mediante Resolución N°NUM001, de 11 de septiembre de 2025, notificada legal y personalmente a la recurrente en esa misma fecha, habiendo transcurrido más de sesenta días corridos hasta la interposición del presente recurso, efectuada el 18 de noviembre de 2025.

Sostiene que la interposición de recursos administrativos no suspende ni interrumpe el plazo fatal de treinta días previsto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema.

Alega, además, la improcedencia de la vía cautelar intentada, por no constituir la acción de protección una acción declarativa de derechos ni un sustituto de los procedimientos ordinarios de lato conocimiento o de las reclamaciones especiales de legalidad ante la Contraloría General de la República, previstas en el artículo 156 de la Ley N° 18.883, aplicable supletoriamente en la especie.

En cuanto al fondo, señala que la actuación de la Corporación se ajustó estrictamente al ordenamiento jurídico y a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República mediante Oficio Confidencial N° NUM003, derivado del cruce de datos efectuado entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Superintendencia de Seguridad Social, que detectó a funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas con reposo total domiciliario.

Hace presente que la recurrente reconoció expresamente, en su declaración sumarial, haber salido del país con destino a Perú mientras su licencia médica prescribía reposo laboral absoluto y total en el domicilio ubicado en domicilio reservado. Expone que dicha conducta configura una grave vulneración al deber de probidad administrativa consagrado en el artículo 52 de la Ley N° 18.575 y a las obligaciones propias del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, pues importó eludir el deber de prestar servicios y obtener indebidamente beneficios económicos financiados con fondos públicos, toda vez que durante ese período la funcionaria percibió de su empleadora la totalidad de su remuneración mensual, ascendente a $2.510.078.

Añade que la medida de destitución no se ha hecho efectiva en los hechos, atendido el estado de embarazo de la trabajadora, habiéndose iniciado oportunamente el correspondiente juicio de desafuero maternal ante los tribunales laborales competentes. Por ello, afirma que la recurrente no ha sufrido privación ni perturbación en el ejercicio de sus derechos, manteniéndose activa en la dotación de salud y percibiendo íntegramente sus remuneraciones mensuales.

Concluye descartando la existencia de ilegalidad o arbitrariedad, por fundarse el acto en un sumario ajustado a derecho y en los dictámenes técnicos vinculantes de la Superintendencia de Seguridad Social.

Tercero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, es de naturaleza cautelar y de urgencia, y tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías expresamente indicadas en dicha norma. De este modo, para su procedencia se requiere la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o arbitrario, esto es, carente de razonabilidad o fundamento, que vulnere de manera directa un derecho indubitado y preexistente de quien recurre.

Cuarto: Que, según consta de los antecedentes aportados, la parte recurrida ha iniciado un procedimiento judicial ordinario de desafuero maternal ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente, atendido el estado de gravidez de la recurrente al momento de la resolución recurrida, cuestión que es reconocida por la recurrente. En consecuencia, la actora se encuentra actualmente en el ejercicio de sus funciones, con su fuero vigente y percibiendo íntegramente sus remuneraciones mensuales.

Quinto: Que atendido lo anteriormente expuesto, encontrándose el conflicto sometido al conocimiento del tribunal laboral competente mediante el respectivo juicio de desafuero, sede natural e idónea para resolver en definitiva la procedencia de la desvinculación de una trabajadora aforada, el presente recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Jorge Luis Salgado Martínez, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-24868-2025.