nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Santiago.

Santiago, nueve de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado don Ernesto Manríquez Mendoza, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana e interpone acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en no admitir a trámite una solicitud de visa de permanencia definitiva, vulnerando con ello las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere, en síntesis, que luego de haber ingresado a Chile por paso habilitado y obtenido dos visas de residente temporario, como titular, computando un total de un año y diez meses, el recurrente postuló a permanencia definitiva, solicitud que fue denegada mediante Resolución Exenta N° 132.350 del Departamento de Extranjería y Migración de fecha 19 de octubre de 2021.

Agrega que la misma resolución le concedió un año adicional de residencia temporaria, de la que sólo tomó conocimiento con ocasión de la interposición del recurso de protección Rol N° 267-2022 de esta Corte de Apelaciones, el día 10 de febrero de 2022. Sin embargo, desde entonces no ha podido activar el correspondiente estampado electrónico asociado a la visa otorgada bajo el ordenamiento jurídico anterior de Extranjería, el D.L. 1.094 de 1975, Ley de Extranjería. Lo anterior, por cuanto la información asociada no se encuentra cargada en el sistema informático.

Estima que, con estos antecedentes, el extranjero tiene más de dos años de visa temporaria otorgada bajo la antigua Ley de Extranjería, tiempo que era más que suficiente para permitirle postular a la permanencia definitiva, de modo que controvierte el fundamento esgrimido por la recurrida para denegar la solicitud.

Sostiene que la decisión de la recurrida vulnera el derecho de propiedad del recurrente respecto a la expectativa legítima de conseguir una serie de prerrogativas que vienen asociadas a la permanencia definitiva, como subsidios habitacionales y universitarios, la posibilidad de obtener créditos, cuentas corrientes y tarjetas bancarias, así como mejores posibilidades de obtener trabajo.

Afirma que los artículos 31 de la antigua Ley de Extranjería y 52 del antiguo Reglamento de Extranjería hablan del extranjero que hubiese completado un año de residencia temporaria como requisito para poder solicitar permanencia definitiva. Esto implica que todas las visas de residente temporario, sea cual sea la forma en la que ellas se obtuvieren, se debían sumar para completar estos plazos de uno o de dos años y que la única hipótesis en la que el plazo para obtener una permanencia definitiva, bajo la antigua normativa, se comenzaba a contar desde cero estaba regulada en el mismo artículo 141, y es aquella en que se revocaba una permanencia definitiva. En esa hipótesis se daba una nueva visa de residente temporario.

Arguye que la comunicación Folio 54405354 es ilegal, pues la interpretación de la autoridad migratoria se aleja del texto de los artículos 31 y 52 de la Ley de Migración y Extranjería, agregando que el sistema informático del recurrido permite la descarga, solamente, de estampados electrónicos asociados a resoluciones emitidas con código QR y con firmas electrónicas. No permite, por ende, descargar ningún estampado electrónico asociado a una resolución en formato papel, el que debe ser directamente generado por el Servicio Nacional de Migraciones y que en los hechos es generado únicamente de acuerdo con su buena voluntad y criterio.

Concluye que el acto recurrido es ilegal, por cuanto va en contra del texto expreso del artículo 31 de la antigua Ley de Extranjería y 52 de su antiguo Reglamento, vigente en este caso por los artículos Sexto y Séptimo transitorio de la Ley de Migración y Extranjería; y arbitraria, pues se dejaron sin considerar 22 meses de residencia temporaria.

Finaliza solicitando que se acoja la presente acción constitucional, dejando sin efecto la comunicación Folio 54405354 de fecha 11 de marzo y ordenar al Servicio Nacional de Migraciones que emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de residencia definitiva, dentro de trigésimo día contado desde la notificación de esta sentencia, o, en subsidio, en el plazo que de ordene de justicia, todo ello con costas del recurso.

Segundo: Que evacuando informe doña nombre reservado, abogada, por el Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo del recurso por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Indica que mediante la Resolución Exenta N°132350, de fecha 19 de octubre de 2021, se rechazó la solicitud presentada por el recurrente, por no haber completado el plazo de residencia exigido por la Ley de Extranjería vigente en aquel momento, vale decir, el Decreto Ley N°1.094 en su artículo 63 N°4, en relación al artículo 137 del Reglamento de Extranjería. No obstante, lo anterior, se le otorgó una visación de residente temporario, en la condición de titular, por el período de 1 año. Además, se le requirió realizar el pago de los derechos, correspondientes a la visación otorgada.

Explica que el recurrente fue notificado el 27 de enero de 2022, indicándole que para materializar el beneficio otorgado debía ingresar a la página Web de la autoridad migratoria y activar el estampado electrónico dentro de un plazo de 60 días desde la fecha mencionada. Sin embargo, no existe registro, que el extranjero haya realizado el pago de derechos y, consecuentemente, la activación del estampado electrónico del permiso migratorio otorgado.

Señala que, posteriormente, el recurrente nuevamente solicitó el beneficio de la residencia definitiva, informándosele mediante Comunicación Electrónica Folio N°54471509 de 1 de marzo de 2024, que su solicitud no fue acogida a trámite, por no haber completado el plazo de residencia temporaria exigido para solicitar el beneficio impetrado y por contar con un beneficio de residencia otorgado sin materializar. Se le reiteró que para materializarlo deberá realizar el pago de derechos y posteriormente activar el estampado electrónico.

Sostiene que el recurrente ya cuenta con un permiso de residencia otorgado por la autoridad migratoria y resulta de su responsabilidad materializarla para regularizar su situación migratoria.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecten, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que en el caso que se revisa lo cuestionado es únicamente la comunicación de 1 de marzo de 2024, mediante la cual se le informa al recurrente la decisión de no admitir a tramitación su solicitud de residencia definitiva, fundado en que “No ha completado el plazo de un año de residencia temporaria, requisito exigido para solicitar el beneficio impetrado, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2° del artículo 52 del Decreto Supremo N°597 del Ministerio del Interior, antiguo Reglamento de Extranjería. Además, de acuerdo a nuestros registros, usted cuenta con un beneficio de Residencia otorgado sin materializar, para activarlo deberá verificar si le corresponde pagar derechos y posteriormente activar el estampado electrónico (EE”).

Este recurrente presentó el 13 de octubre de 2019 una solicitud de residencia definitiva y de los antecedentes acompañados a la causa consta que la autoridad migratoria de la época, mediante Resolución Exenta N° 132350 de 19 de octubre de 2021, la rechazó expresamente por no cumplir con los requisitos habilitantes para obtener el beneficio -tiempo de permanencia en el país- otorgándose en el mismo acto administrativo una visa de residente temporario por el término de un año, contado desde la fecha en que se estampara dicha visación en su pasaporte y pagare el monto de los derechos correspondientes, ordenando su notificación de conformidad al artículo 142 del Reglamento de Extranjería.

Asimismo, de los antecedentes es posible establecer también que el recurrente interpuso un recurso de protección -Rol N° 267-22- relacionado con su solicitud de octubre de 2019, denunciando falta de pronunciamiento de la autoridad, lo que a esa fecha no era efectivo. Así, por sentencia de 24 de mayo de 2022, una de las salas de este tribunal rechazó el recurso, señalando además que se le había otorgado al extranjero visa de residencia temporaria en calidad de titular por el plazo de un año y, por ende, no existía vulneración de derechos que resguardar. El recurrente se alzó contra esa decisión reprochando, entre otros aspectos, falta de notificación de la resolución emitida por la autoridad migratoria y que su parte sí cumplía con el tiempo de residencia temporal para obtener la permanencia definitiva, lo que no fue oído por la Corte Suprema por cuanto confirmó, sin modificaciones, el fallo de esta Corte por sentencia de 17 de agosto de 2022.

Sexto: Que, por consiguiente, analizados los antecedentes de conformidad a las normas de la sana crítica, se tiene por establecido que el recurrente conoce su situación migratoria por lo menos desde mayo de 2022 y nada hizo por dar cumplimiento a lo ordenado, esto es para materializar el beneficio otorgado -visa temporaria- y pagar los derechos correspondientes, sin que obre en autos elemento de convicción alguno que demuestre su intención de acatar lo requerido por la autoridad o la existencia de problemas técnicos, pues dejó transcurrir el tiempo hasta que decidió simplemente presentar con fecha 23 de diciembre de 2023 -desconociendo el procedimiento anterior- una nueva solicitud de permanencia definitiva, estando vigente la nueva Ley de Migraciones.

Séptimo: Que en el contexto descrito es el recurrente quien con su actuar dilata o impide el avance de su proceso de regularización en el país, razón por la cual mal puede imputar ilegalidad a la decisión de la recurrida, desde que la autoridad no está en condiciones de emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la solicitud de permanencia definitiva, en tanto el actor no cumpla a su vez con los trámites que aún mantiene pendientes.

Octavo: Que sin perjuicio de lo anterior, este tribunal tiene presente que la Ley N° 19.880, en su artículo 7º dispone que la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión y que, por otro lado, el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8º, determina la necesidad de término del procedimiento mediante un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo En consecuencia, considerando los principios que inspiran la Ley N° 19.880, es deber de la recurrida adoptar todas las medidas tenientes a agilizar los procedimientos administrativos para emitir finalmente el acto terminal que resuelva el asunto planteado y en ese ámbito de acción, si estimaba -como de hecho se observa- que el interesado registra trámites pendientes, debió otorgarle al recurrente un plazo para que éste subsane lo observado, lo que ésta no hizo limitándose a declarar inadmisible la solicitud de permanencia definitiva presentada el 23 de noviembre de 2023, actuación que en el contexto descrito se torna arbitraria y carente de razonabilidad, pues impide al recurrente gestionar y dar cumplimiento a los requisitos formales exigidos en el año 2021 y reiterados a través del recurso de Protección Rol N° 267-22, en mayo de 2022.

Noveno: Que lo anterior no importa desconocer las atribuciones de la autoridad migratoria, quien en el ámbito de sus funciones deber resolver sobre el fondo, sino únicamente establecer que el Servicio recurrido debe dar cumplimiento íntegro a las normas de procedimiento previstas en la Ley N° 19.880 y, en su oportunidad, analizar el asunto de conformidad a la normativa que la autoridad migratoria estime pertinente.

Conforme se viene señalando, solo cabe concluir que el actuar de la recurrida, en los términos anotados, afecta la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, por cuanto al declarar inadmisible la solicitud del recurrente, le impide a este continuar con el procedimiento, vedándole la posibilidad de rectificar los reproches formulados.

Por estos fundamentos y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se acoge el recurso de protección deducido en favor don nombre reservado, solo en cuanto se dispone que el Servicio Nacional de Migraciones, debe dar tramitación a la solicitud de permanencia definitiva presentada por el recurrente el 23 de diciembre de 2023, y otorgarle un plazo razonable para que éste gestione y cumpla con lo observado por la autoridad migratoria, y una vez cumplido lo anterior deberá pronunciarse sobre el fondo de la solicitud.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la ministra señora González Troncoso.

Rol N° 2486-2024.