nombre reservado con GENDAMERIA DE CHILE

Santiago, uno de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, Director del Observatorio Social Penitenciario y don Alejandro Sepúlveda Maulén, abogado, quienes recurren de protección en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Santiago nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos quienes cumplen condena en el Centro Penitenciario Colina II; y en contra de Gendarmería de Chile.

Explica que, los recurrentes cursaron educación media mientras cumplían su condena, logrando egresar. Actualmente, los actores tienen un interés real en continuar estudios superiores, en modalidad on line.

Este proyecto de continuación de estudios se ha intentado realizar en otras ocasiones, sin embargo debido a la falta de respuesta de Gendarmería, no ha podido concretarse.

Señala que por medio de la Corporación Nuevos Horizonte tomaron contacto con el Instituto Profesional Diego Portales, institución que el 22 de marzo pasado les indicó que contaban con un programa de estudios adaptado a personas privadas de libertad.

En virtud de lo anterior, el 25 de marzo de 2021 enviaron un correo electrónico al Alcaide donde le explicaron la iniciativa, haciendo énfasis en que no era necesario otorgar permiso de salida a los futuros alumnos. En el mismo sentido, el 26 de marzo pasado le enviaron una comunicación al Director Regional de Gendarmería de Chile, para explicarle el proyecto.

El 31 de marzo, recibieron un correo de parte de la Autoridad regional quien les solicitó contactarse con don nombre reservado, con el fin de entregarle mayores detalles y estudiar la posibilidad de reunirse con los recurrentes.

El 09 de abril se les comunicó que la propuesta estaba en estudio, en la misma fecha recibieron los contratos y pagarés correspondientes a quienes cursarían el programa. El 19 de abril, el Instituto los citó a una reunión con la Rectoría para el día siguiente, la fecha fijada por el Instituto coincidió con la reunión que tenían programada con Gendarmería. Debido a lo anterior, los recurrentes no concurrieron a esta última reunión.

El 27 de abril, finalmente se reunieron con el Alcaide y la Jefa de Área Técnica, sin embargo la reunión no prosperó puesto que el Alcaide les representó haber actuado sin respetar el conducto regular, desconociendo el correo electrónico que le enviaron los recurrentes. A continuación les indicó que no apoyaría su iniciativa y que más tarde se reuniría con autoridades del Instituto Diego Portales.

Tras la mencionada reunión entre el Alcaide y el Instituto Profesional, los actores recibieron un correo de parte de la institución educacional en el que se les comunicaba que el proyecto educativo no se llevaría a cabo.

Reclaman como vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República puesto que no se les han entregado las condiciones suficientes para llevar a cabo el proyecto educativo, mientras que en otros Centros Penitenciarios, como el de Valparaíso, se desarrollan proyectos educativos en colaboración con una institución educativa, permitiéndole a los alumnos, incluso, salir para asistir a clases presenciales.

En este sentido, señalan que el hecho de estar privados de libertad no implica la restricción de otros derechos como la educación, considerando que las actividades educacionales que ofrece Gendarmería solo alcanzan el currículo de enseñanza básica y media, dejando sin opciones a quienes pretenden continuar estudios.

Agrega que el artículo 59 del Decreto 518 dispone que “La Administración Penitenciaria incentivará, con fines de reinserción social, a que los internos efectúen estudios de enseñanza media, técnica o de otro tipo”.

A continuación, se refiere al proceso de reinserción y a los instrumentos internacionales ratificados por Chile que se pronuncian a este respecto, destacando la importancia de la educación para lograr los fines de la reinserción social.

Por último, reclaman que la actitud adoptada por el Alcaide resulta arbitraria puesto que no expresó algún tipo de argumento para rechazar la negativa, solo su molestia frente a la iniciativa de los internos.

SEGUNDO: Que, comparece don nombre reservado, Director Nacional (s) Gendarmería de Chile, quien informando al tenor del recurso, enumera los antecedentes estadísticos de cada uno de los recurrentes.

A continuación señala que el 26 de marzo de 2021 recibió una solicitud de estudios on line, el 28 del mismo mes se encomendó a la Jefa Técnica del establecimiento penal estudiar la propuesta.

El 01 de abril la encargada comunicó a la Jefatura de la Unidad Penal las gestiones realizadas y concluyó indicando que era necesario resolver dudas sobre la ejecución del proyecto, factibilidad de espacios disponibles, uso de computadores e internet y firma del contrato con los alumnos.

Agrega que el 27 de abril se reunió con el señor nombre reservado, doña nombre reservado y la Jefa Técnica, oportunidad en que se le manifestó la falta de antecedentes y además se representó el hecho que los internos había iniciado las clases, ante lo cual el señor nombre reservado habría indicado que esa fue su recomendación atendida la demora, sin embargo, se le señaló la importancia de respetar los procedimientos, precisamente a propósito del proceso de rehabilitación.

Refiere que, en la reunión que sostuvo en la tarde del 27 de abril con las autoridades del Instituto se planteó por parte del Instituto la necesidad de reunirse con Gendarmería para detallar el proceso educativo. Señalaron que habían sostenido reuniones con doña nombre reservado, miembro de la Corporación Nuevos Horizontes, quien les habría dado entender que el proyecto se encontraba aprobado, sin embargo, en esa oportunidad manifestó que, por el contrario, la reunión era para recabar mayores antecedentes.

Terminada la reunión el Rector envío el correo al que hacen referencia los recurrentes, dando por terminado el proyecto educacional.

En cuanto a las facilidades de acceso a la educación superior, señala que en el caso de la modalidad on line Gendarmería recomienda que se informe previamente al Coordinador Educacional del Centro Penitenciario para una evaluación del Consejo Técnico, respecto a la disponibilidad de infraestructura en el Centro Penitenciario para llevar a cabo el proyecto.

Hace presente que si los actores concurrieron a algunas clases utilizando medios tecnológicos como celulares o computadores, incurrieron en una infracción al régimen interno.

Agrega que la decisión de Gendarmería no resulta arbitraria o ilegal puesto que no se encuentra obligada a autorizar este tipo de propuestas, sino que debe previamente estudiarse su posibilidad de implementación.

Respecto de la situación del Centro Penitenciario de Valparaíso, señala que dicha situación no es comparable al hecho planteado por los recurrentes, puesto que en el caso de Valparaíso el protocolo se realizó junto con Gendarmería y no al margen de esta.

Descarta cualquier tipo de vulneración, en los términos expresados por los actores y solicita el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la república, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, aunque nuestra Constitución Política de la República no consagra expresamente la reinserción del penado como un fin de la pena, como si lo hacen por ejemplo las constituciones española e italiana, el fin resocializador tiene validez y sustento constitucional. Emana del inciso 2º del artículo 5º de la Carta Magna, puesto que tanto la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 5º número 6, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10.3 y la reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por las Naciones Unidas, consagran este fin resocializador de la pena.

En el mismo sentido, el artículo 1º del Decreto Supremo 518 que Aprueba el Reglamento de Establecimientos penitenciarios establece que “La actividad penitenciaria se regirá por las normas establecidas en el presente Reglamento y tendrá como fin primordial la atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados, así como la acción educativa necesaria para reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ellas”.

Así, el sistema de ejecución de penas chileno vincula la actividad penitenciaria a la acción educativa necesaria para la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ellas, aunque complementando esta finalidad con la actividad de atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados.

QUINTO: Que el condenado posee un estatus jurídico particular, ya que es, sin duda, sujeto titular de derechos fundamentales, de los cuales el Estado es garante, aunque con ciertas limitaciones derivadas de su situación de reclusión.

Así, aunque la educación es parte fundamental del proceso de reinserción, la materialización de aquella requerirá de ciertas coordinaciones y cumplimiento de normas y requisitos que en la especie no se cumplieron por la actora, como por ejemplo, las que se establecen en Decreto Supremo 943 que Aprueba Reglamento que establece un Estatuto Laboral y de Formación para el Trabajo Penitenciario.

SEXTO: Que, como ha reconocido la recurrente, la ejecución del curso en cuestión correspondía al primer semestre de este año, no existiendo actualmente ningún proyecto educativo que se encuentre pendiente de aprobación por parte de la administración penitenciaria.

SÉPTIMO: Que, como consecuencia inmediata de lo anterior, se deriva que la presente acción cautelar ha perdido oportunidad, al no existir en la actualidad medidas protectoras que esta Corte pueda adoptar en los términos establecidos en la Carta Fundamental En efecto, una de las condiciones de procedencia de la cautela del artículo 20 de la Constitución Política, es que la Corte se encuentra en situación de restablecer el imperio del derecho. Para ello, es indispensable la actualidad del interés jurídico sobre el que subyace la pretensión, y ese presupuesto no se advierte en la especie, por cuanto no existe proyecto educativo pendiente de ejecución o aprobación por parte de la administración penitenciaria, razón por la que ha de desestimarse lo solicitado, dejando a salvo la posibilidad de futuros proyectos, en la medida que ellos se ajusten a los requerimientos, condiciones y factibilidad de ejecución en el establecimiento carcelario respectivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de 24 de junio de 1992 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional impetrada por don nombre reservado, Director del Observatorio Social Penitenciario y don Alejandro Sepúlveda Maulén, abogado, en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Santiago nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de Gendarmería de Chile.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Octavio Pino Reyes.

Rol Corte N°Protección-24.622-2021.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada, además, por la ministra (S) señora Blanca Rojas Arancibia y el abogado integrante señor Octavio Pino Reyes.