Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que, comparece Alex Barcaza Torres, abogado, a nombre de Yorni nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, en razón del acto ilegal y arbitrario que detalla, vulnerador de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el año 2016, la actora contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado “crédito social”, pagadero en cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Fue desvinculada de su trabajo el año 2017, cayendo en mora, sin que haya sido demandada ni que se hayan efectuado descuentos en sus remuneraciones, a pesar de haber trabajado con diversos empleadores suscritos a cajas de compensación.

De esa forma, indica, transcurrieron más de 5 años desde que dejó de pagar el crédito, y más de 3 años desde el vencimiento de la última cuota, por lo que no existiría título ejecutivo que no fuese susceptible de ser declarado prescrito.

No obstante ello y para su sorpresa, el 5 de marzo del presente año, su empleador le comunicó mediante su liquidación de sueldo, que se le descontó $53.820 por el crédito social ya indicado, dejándola en un estado de total indefensión, al pretender descontarle en forma ilegal y arbitraria desde su remuneración una deuda claramente prescrita, conducta que se reiterará en los próximos meses, sin tener certeza de por cuánto tiempo.

Califica de irracional y abuso el uso que pretende hacerse del citado artículo 22 de la Ley N° 18.833, lo que afecta la garantía fundamental ya referida.

Finaliza solicitando que se acoja la acción, ordenando para restablecer el imperio del derecho que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones; que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles, o el que mejor se estime; con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informa Yasna Vukic Z., abogada, por la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo de la acción.

Indica que esa entidad le otorgó dos créditos sociales a la actora. El primero, el 1 de abril de 2016, por un monto de $806.100, pagadero en 18 cuotas, que fue reprogramado el 21 de junio de 2018, por un monto de $231.666, pagadero en 60 cuotas, de las que no pagó ninguna, venciendo la primera en julio de 2018. Estando en mora y por la obligación legal de las C.C.A.F. de proteger el fondo social, fue remitida al Sistema Intercajas, donde fue ubicada en enero de 2024, estando trabajando para una empresa afiliada a la C.C.A.F. Los Andes. Se remitió la nómina a partir de febrero de 2024, recibiendo a esa fecha dos remesas por $8.742 cada una, correspondientes a febrero y marzo de 2024.

El segundo crédito fue otorgado el 9 de febrero de 2017, por un monto de $1.109.878, pactado en 48 cuotas, reprogramado el 21 de junio de 2018, por un monto de $1.194.597, pactado en 60 cuotas, venciendo la primera en julio de 2018. Pagó tres cuotas de esta última reprogramación y, en esa situación, se hizo el descuento a partir de igual mes, recibiendo dos remesas por este concepto de $45.078.

De esa forma, explica, el descuento por la suma de $53.829 dice relación con el pago de las cuotas de los dos créditos sociales reprogramados el año 2018, cuyas obligaciones no se han extinguido por alguno de los modos contemplados en el artículo 1567 del Código Civil, ni las acciones han sido declaradas prescritas, estando ambas vigentes y siendo su pago exigible mediante el mecanismo contemplado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, no siendo esta la vía para declarar la prescripción que se alega.

Se refiere al carácter social del crédito que administra y su regulación, descartando que sea un capricho las acciones tendientes a su cobro, sino que responde a una obligación legal.

Explica el funcionamiento del Sistema Intercajas, y su validación tanto por la Dirección del Trabajo como por la jurisprudencia, en pronunciamientos que cita.

Niega, por último, haber privado, perturbado o amenazado las garantías fundamentales de la actora, en tanto ha obrado conforme a derecho, sin que exista un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni una expropiación de parte de su remuneración.

TERCERO: Que, habiéndose requerido informar a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, compareció Inés Riquelme Arao, abogada, solicitando el rechazo de la acción.

Da cuenta que esa entidad a contar del mes de marzo del presente año inició el cobro de retenciones de crédito, por el Sistema Intercajas, solicitado por la recurrida C.C.A.F. La Araucana, sobre el que explica en detalle su funcionamiento.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

QUINTO: Que, analizados los antecedentes allegados al proceso a la luz de las alegaciones formuladas por las partes, este Tribunal ha arribado a la convicción que el recurso de protección interpuesto no podrá prosperar, por las razones que se expondrán a continuación.

SEXTO: Que, en primer término, cabe destacar que el acto que la recurrente califica como ilegal y arbitrario consiste en el descuento que la Caja de Compensación recurrida ha solicitado y efectuado de sus remuneraciones, a través del Sistema Intercajas por medio de la C.C.A.F. Los Andes, con el objeto de obtener el pago de dos créditos sociales que aquella le concedió con fecha 1 de abril de 2016, y 9 de febrero de 2017, ambos reprogramados el 21 de junio de 2018 y cuyo incumplimiento ha motivado tal proceder.

Pues bien, para determinar si dicha conducta reviste o no el carácter de ilegal o arbitraria que se le atribuye, es preciso analizar las particulares características del denominado "descuento por planilla", en su calidad de mecanismo especial para garantizar el pago de los créditos sociales que las Cajas de Compensación otorgan a sus afiliados.

Sobre este punto, es un hecho asentado que, conforme a lo preceptuado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, lo adeudado por concepto de estos créditos debe ser descontado por el empleador directamente de las remuneraciones del trabajador deudor y enterado en arcas de la Caja acreedora, siguiendo el mismo procedimiento previsto por la ley para la declaración y pago de las cotizaciones previsionales.

SÉPTIMO: Que, de este modo, el descuento por planilla constituye una modalidad de cobro que la ley expresamente contempla y que opera con independencia de la voluntad del deudor, en atención a la naturaleza de entidades de previsión social que ostentan las Cajas de Compensación y la finalidad de interés público a que se encuentran afectos los fondos con cargo a los cuales se otorgan los créditos de esta clase. Dicho mecanismo envuelve un imperativo para el empleador, quien está obligado a practicar la deducción tan pronto la Caja acreedora le notifique la existencia de una deuda vencida e impaga por parte de alguno de sus trabajadores afiliados.

De este modo, no cabe sino colegir que la recurrida, al comunicar a la empleadora del actor la morosidad en el pago de las cuotas del crédito social que éste mantiene vigente, se ha limitado a ejercer una prerrogativa que el ordenamiento jurídico le confiere de manera expresa, por lo que su proceder se ha ajustado a derecho y no puede ser tachado de ilegal.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, no se advierte que el proceder de la recurrida pueda ser calificado como arbitrario o antojadizo, desde que los antecedentes acompañados al proceso, no existe declaración judicial que haya determinado que los créditos sociales cobrados de esta forma estén prescritos.

NOVENO: Que, de este modo, al no haberse aportado antecedente alguno que permita sostener la concurrencia de alguna causal de extinción o ineficacia de la acción de cobro respecto de los créditos sociales que ha motivado los descuentos impugnados, no cabe sino concluir que éstos se mantienen plenamente vigentes y que, en consecuencia, no existe mérito para entender que la conducta de la recurrida al requerir el pago a través del mecanismo del descuento por planilla por el Sistema Intercajas implique una vulneración del derecho de propiedad de la actora sobre sus remuneraciones.

DÉCIMO: Que, por las razones antes expuestas, no verificándose el presupuesto básico de la existencia de una acción ilegal o arbitraria que conculque las garantías constitucionales invocadas, el presente recurso de protección deberá necesariamente ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido a nombre de Yorni nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. N°Protección-2462-2024.