Protección contra Colegio nombre reservado por haber dispuesto la cancelación de la matrícula d

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, en favor y representación de su hijo menor nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado por haber dispuesto la cancelación de la matrícula del alumno para el año académico 2026 actuación que estima ilegal y arbitraria, por cuanto habría sido adoptada sin considerar adecuadamente las circunstancias personales, emocionales y educativas del estudiante, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, 2, 4 y 11 de la Constitución Política de la República.

Expone que su hijo es estudiante del Segundo Medio C del establecimiento recurrido, y que la decisión impugnada se origina en un procedimiento sancionatorio iniciado a raíz de un hecho ocurrido en el establecimiento, en el cual el estudiante habría estado involucrado en una situación de agresión física al interior del establecimiento.

Refiere que es primera vez que su hijo se ve involucrado en acontecimiento de este carácter y que su reacción fue a consecuencia directa de una agresión física y constante hostigamiento que el alumno venía sufriendo por parte del otro estudiante. Agrega que, si bien no justifica su actuar, considera que se debe resguardar el debido proceso.

Explica al efecto, que su hijo forma parte del Programa de Integración Escolar (PIE) y cuenta con diagnóstico de TDAH, circunstancia que —a su juicio— no fue debidamente ponderada por la recurrida al momento de adoptar la medida impugnada, debiendo considerarse que la conducta observada obedeció a un episodio de desregulación emocional y conductual, el cual requería contención y acompañamiento especializado, y no la aplicación de una sanción de la entidad de la impuesta.

Agrega que no se ponderó la trayectoria escolar del alumno en el establecimiento, ni las múltiples gestiones realizadas ante éste — entre ellas, las solicitudes de reconsideración—, ni tampoco los pronunciamientos del cuerpo docente y del equipo de convivencia escolar, quienes se manifestaron a favor de su permanencia en el colegio, sin embargo, tales antecedentes y presentaciones fueron desestimados, manteniéndose la decisión de cancelar la matrícula, con lo cual se impediría que el estudiante continúe su proceso educativo junto a su curso y la comunidad escolar a la que pertenece.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, ordenar al establecimiento educacional el reintegro y permanencia del alumno nombre reservado, a fin de que pueda concluir su proceso escolar junto a su curso.

Segundo: Que evacua informe la recurrida Corporación Colegio nombre reservado, por intermedio de su abogada Josefina Escobar Martínez, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección con costas, por estimar que no concurre acto u omisión ilegal o arbitrario que amerite tutela cautelar, sosteniendo además que, aun en el evento de estimarse existente, éste no tendría tal carácter, ni afectaría garantías constitucionales en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República .

Expone que con fecha 3 de octubre de 2025 se notificó el inicio de un procedimiento sancionatorio al estudiante identificado nombre reservado, del II° medio C, luego de protagonizar —según se indica— una grave agresión física contra un estudiante menor, de un curso dos niveles inferior, hecho que habría ocasionado lesiones físicas constatadas en enfermería y signos de afectación emocional evaluados por el psicólogo de ciclo. Añade que, junto con dicha notificación, el establecimiento calificó la conducta como falta gravísima conforme al artículo 236 N°4 del Reglamento Interno, informó la medida cautelar de suspensión y otorgó un plazo de cinco días hábiles para formular descargos, señalando además que las etapas y plazos del procedimiento se encontraban contemplados en el artículo 257 del mismo Reglamento.

Consigna que los apoderados presentaron descargos el 9 de octubre, sosteniendo que la agresión habría sido consecuencia de provocaciones, amenazas y desafíos previos del otro estudiante.

Posteriormente, el colegio habría recopilado y analizado medios de prueba pertinentes, incluyendo entrevistas a los estudiantes involucrados y la revisión de cámaras de seguridad. En ese contexto, indica que la Resolución Final del Procedimiento Sancionatorio, notificada el 13 de octubre de 2025, concluyó que los descargos no desvirtuaban ni justificaban el hecho constitutivo de falta gravísima y, considerando una circunstancia agravante del artículo 247 del Reglamento Interno —consistente en la existencia de 9 anotaciones negativas en la hoja de vida del estudiante y la agresión a un miembro de la comunidad educativa—, se aplicó inicialmente la medida disciplinaria de expulsión, informándose el derecho a solicitar reconsideración dentro de cinco días hábiles .

Enseguida, el informe refiere que los apoderados presentaron solicitud de reconsideración con fecha 15 de octubre de 2025, alegando, entre otros aspectos, la desproporción de la sanción, la trayectoria del estudiante, su condición de alumno PIE, el diagnóstico de TDAH, su disposición a asumir responsabilidades y participar en instancias formativas, así como la existencia de provocaciones previas.

Añade que, conforme a la normativa interna, correspondía consultar al Consejo de Profesores del curso II° C, el cual, el 21 de octubre de 2025, y teniendo a la vista el informe técnico psicosocial del equipo de convivencia escolar, decidió por unanimidad acoger parcialmente la reconsideración, sustituyendo la expulsión inmediata por la medida de Cancelación de Matrícula para el año académico 2026, permitiendo al estudiante concluir el año escolar 2025 en el establecimiento.

Finalmente, señala que el Rector notificó formalmente dicha decisión el 23 de octubre de 2025, y que el 28 de octubre de 2025 se informó la medida a la Superintendencia de Educación mediante Oficio N° NUM000.

La defensa de la recurrida plantea, en primer término, una objeción de procedencia, señalando que la acción de protección es una vía cautelar, excepcional y de urgencia, destinada a restablecer el imperio del derecho ante afectaciones actuales o inminentes de derechos indubitados, por lo que no resultaría idónea para revisar materias de naturaleza administrativa o la corrección de un procedimiento sancionatorio escolar completo. Alega que el análisis de un procedimiento sancionatorio reglado excede los márgenes de la acción constitucional, especialmente cuando los hechos requieren ponderación y revisión especializada, reforzando que la normativa educacional radica la fiscalización y eventual sanción por infracciones en la Superintendencia de Educación, órgano al cual la propia apoderada habría recurrido mediante denuncia NUM001, de 14 de octubre de 2025, por los mismos hechos.

En segundo término, sostiene la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad, afirmando que el establecimiento aplicó un procedimiento racional y justo, previsto en su Reglamento Interno y concordante con el artículo 6 letra d) del D.F.L. N° 2 de 1998, modificado por la Ley N° 21.128, destacando que dicha normativa exige un procedimiento previo, con derecho a descargos y reconsideración, que debe ser resuelta por el director previa consulta al Consejo de Profesores, teniendo a la vista informes técnicos psicosociales. En esa línea, invoca las disposiciones reglamentarias internas: el artículo 236 N°4 que califica la agresión como falta gravísima; el artículo 244 que habilita suspensión como medida cautelar; el artículo 245 que establece presunción de grave afectación a la convivencia escolar en supuestos de severo daño a la integridad física o psíquica; el artículo 256 que contempla sanciones de cancelación de matrícula y expulsión; y el artículo 257 que regula etapas, plazos y garantías del procedimiento, afirmando que todas ellas fueron observadas en la especie .

Además, la recurrida agrega un fundamento relativo a la libertad de enseñanza y autonomía institucional, señalando que el artículo 1 inciso cuarto de la Constitución reconoce y ampara la autonomía de los grupos intermedios, lo que se proyecta en la libertad de enseñanza del artículo 19 N°11, comprendiendo el derecho a organizar y mantener establecimientos educacionales, incluyendo reglas de disciplina y convivencia interna.

En consecuencia, enfatiza que no se advierte la concurrencia de acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a su representada en relación con el procedimiento sancionatorio seguido y la medida disciplinaria finalmente adoptada, desde que su actuación se desarrolló con estricto apego a la normativa educacional vigente y a las disposiciones de su Reglamento Interno.

Tercero: Que, se solicitó informe a la Superintendencia de Educación, la que se pronuncia sobre las medidas adoptadas por la autoridad administrativa educacional frente a los hechos ocurridos en el establecimiento Colegio nombre reservado, RBD NUM002, de la comuna de Maipú.

En síntesis, expone que la Superintendencia de Educación, conforme a la Ley N° 20.529 tiene por objeto fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional por parte de los sostenedores, controlar la legalidad del uso de recursos públicos y atender denuncias de las comunidades educativas, ejerciendo potestades interpretativas, normativas, inspectivas y sancionadoras. Puede actuar de oficio — mediante programas de fiscalización previamente aprobados— o a petición de interesado, a través de denuncias o reclamos.

En materia de procedimientos disciplinarios que puedan culminar en expulsión o cancelación de matrícula en establecimientos regidos por el D.F.L. N° 2 de 1998 (Ley de Subvenciones), se exige la existencia de un reglamento interno que regule la convivencia, tipifique infracciones y sanciones, y contemple instancias de revisión. Tales medidas deben ajustarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación arbitraria, asegurando un procedimiento previo, racional y justo, con derecho a descargos y reconsideración, la cual debe resolverse por la autoridad del establecimiento previa consulta al Consejo de Profesores y con informes técnicos pertinentes.

Finalmente, se señala que la Superintendencia revisa procedimientos ya concluidos, debiendo informársele una vez que la medida esté firme. No tiene facultades para ordenar la reincorporación del estudiante, pero sí para iniciar un procedimiento sancionatorio si constata infracciones. Por su parte, el Ministerio de Educación debe velar por la reubicación y apoyo del estudiante afectado y, tratándose de menores de edad, informar a la Defensoría de los Derechos de la Niñez cuando corresponda.

En cuanto a las gestiones específicas realizadas en el caso, el informe consigna que, con fecha 17 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes aportados por el establecimiento, la Superintendencia observó que la medida aplicada no se ajustaría a la normativa educacional vigente, debido a que no daría cumplimiento al procedimiento dispuesto en el artículo 6° del DFL N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, en la medida que el establecimiento no acreditaría que la medida disciplinaria se encuentre ajustada a los principios de proporcionalidad y no discriminación arbitraria y a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Educación, toda vez que el establecimiento establece un abanico de sanciones para las faltas gravísimas no evidenciándose agravantes según lo estipulado en la normativa educacional, y, por ello, derivó el expediente a la Unidad de Fiscalización del servicio, señalando además que se adjunta, para mayor detalle, el ORD. 13DR N° NUM003.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el acto que se tilda como arbitrario e ilegal vulneratorio de garantías constitucionales amparados del artículo 20 del Constitución Política de la República, lo constituye la decisión del Colegio recurrido de no renovar la matrícula para el año 2026 del niño nombre reservado.

Sexto: Que la normativa vigente exige, para la aplicación de medidas disciplinarias en establecimientos educacionales, particularmente la de expulsión de un alumno o la no renovación de su matrícula, que la misma se encuentre establecida dentro del reglamento interno como sanción y luego, para proceder a ella, que exista un procedimiento previo, racional y justo, el cual debe estar contemplado dentro de dicho reglamento interno.

Así lo dispone el artículo 6° letra d) del DFL 2 de 1988, del Ministerio de Educación, modificado por la Ley N° 21.128 Aula Segura.

Lo anterior, tiene su fundamento constitucional en el debido proceso al cual debe someterse toda potestad sancionatoria, y que no es más que una manifestación concreta del derecho a la igualdad ante la ley, reconocida como derecho fundamental y amparado por el recurso de protección en nuestra Carta Fundamental.

Séptimo: Que, en tal contexto, la exigencia de sujeción a los estándares mínimos del debido proceso no es sólo un requerimiento que tenga lugar en el proceso penal, sino que también en todo procedimiento sancionatorio o punitivo, cualquiera sea su naturaleza, ya que existe una relación en la cual una de las partes tiene la potestad para imponer una sanción que la otra no tiene, y si bien el Estado se la reconoce, le impone el deber de respetar un mínimo común a toda persona en cualquier comunidad.

En ese derrotero, el inciso artículo 6 letra d), en su inciso antepenúltimo dispone: “El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores”.

Octavo: Que, en cumplimiento de esa obligación de revisión, la Unidad de Protección de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación dirige a la Unidad de Fiscalización del mismo organismo, el ORD. 13DR N° NUM003 de 17 de diciembre de 2025, por el cual deriva expediente de medida de expulsión o cancelación de matrícula para procedimiento de fiscalización regulado en el Párrafo 2 de la Ley N°20.529, en el cual se concluye que: “la medida aplicada no se ajustaría a la normativa educacional vigente debido a que no daría cumplimiento al procedimiento dispuesto en el Art. 6° del DFL N°2, de 1998, del Ministerio de Educación”, en atención a que “el E.E. no acredita que la medida disciplinaria de expulsión se encuentra ajustada a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria y a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Educación. Toda vez que el establecimiento establece un abanico de sanciones para las faltas gravísimas no evidenciándose agravantes según lo estipulado en la normativa educacional”.

Noveno: Que, de lo expuesto precedentemente, se advierte que el establecimiento educacional recurrido ha incurrido en un incumplimiento a las disposiciones contenidas en el DFL N°2 del Ministerio de Educación, al faltar a su deber de fundamentación de la medida aplicada, lo que, además, se advierte claramente del tenor de la comunicación efectuada a la apoderada.

En consecuencia, del mérito de los antecedentes tenidos a la vista, se evidencia que la decisión de la entidad recurrida fue adoptada fuera del marco normativo que regula la materia, con infracción al debido proceso, configurándose así un acto ilegal, que vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, dado que es un derecho del alumno el ser tratado, en un proceso sancionatorio como el que se llevó en su contra, en iguales condiciones que otros niños que en igual situación han sido sometidos a un justo y racional procedimiento para decidir la imposición de una sanción, y arbitrario, desde que en su determinación no se explicitaron las razones por las cuales se dispuso su expulsión ni los motivos por los que se descartaron otras medidas de menor intensidad aplicables a la infracción, sin perjuicio que tampoco se advierte la consideración de sus antecedentes de trastorno de déficit atencional ni salud mental, por lo que necesariamente debe concluirse que existió falta de motivación en el acto impugnado.

Décimo: Que, por lo razonado, el presente recurso de protección deberá ser acogido.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección intentado en favor del niño nombre reservado y, en consecuencia, se deja sin efecto la medida de cancelación de matrícula correspondiente al año 2026 decretada a su respecto, debiendo la institución recurrida permitir a la apoderada del alumno, matricularlo para el siguiente año escolar.

Procédase a la anonimización, por referirse a un menor de edad.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

N°Protección-24607-2025.