INVERSIONES E INMOBILIARIA DAG LIMITADA con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharol relación y alegaron, por el recurso, la abogado doña Francisca Hott Saavedra, por 15 minutos; y contra el mismo, la abogado del Servicio de Impuestos Internos doña nombre reservado, por 10 minutos. Santiago, 11 de julio de 2019.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, once de julio de dos mil diecinueve.

Proveyendo a los folios 30 y 31: A todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Patricio Elías Sarquis, abogado, en representación de nombre reservado; de doña nombre reservado; de don nombre reservado; de Inversiones K Limitada, persona jurídica del giro de su denominación, representada por don nombre reservado; Inversiones e Inmobiliaria DAG Limitada, persona jurídica del giro de su denominación, representada por doña nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, servicio descentralizado, representado por su Director Nacional don Fernando Barraza Luengo, funcionario púbico, ambos con domicilio en domicilio reservado, por estimar infringidas las garantías constitucionales consagradas en los artículos 6, 7, 8 y 19 N°2, N°3, N°20, Nº22 y N°24 de la Constitución Política.

Pide se deje sin efecto la resolución Ex. SII N°763 de 6 de marzo de 2019, ordenando que el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la recurrente el 19 de octubre de 2018, sea conocido, por la máxima autoridad del Servicio de Impuestos Internos, como en derecho corresponde, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que el 27 de marzo de 2017, se presentó al SII una petición administrativa mediante Formulario 2118, de solicitud de modificación al catastro de Bienes Raíces y eliminación de sobretasa, respecto del inmueble denominado Condominio Dunas de Cachagua, con acceso principal por calles Federico Kohnenkampf N°440 y domicilio reservado, petición que se fundó en la causal 2ª del artículo 149 del Código Tributario, esto es, aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del bien gravado, o de una parte del mismo, y por error en la aplicación de las tablas de clasificación o errónea aplicación de la sobretasa para sitios eriazos o no edificados, según lo dispuesto en la Circular 60 de 2008 y el artículo 8 de la ley N°17.235.

Indica que los bienes raíces objeto de la petición administrativa, corresponden, de conformidad al artículo 2 N°1 de la ley 19.537, a unidades de un Condominio Tipo B, conforme da cuenta el Certificado de Copropiedad N°22/2013 de 8 de abril de 2013, modificado por Resolución N°159 / 2013 de 17 de diciembre de 2013, de la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Zapallar. Agrega que en la asignación de roles en trámite N°562424 de 16 de enero de 2013, consta que el rol matriz 300-70, se subdividió en 6 roles individuales, para cada una de las unidades vendibles que contemplan una alícuota en el rol matriz, conforme a los planos de copropiedad y el Reglamento de Copropiedad.

Precisa que los 6 sitios o unidades individuales se les asignaron los roles de avalúo fiscal N°s 300-63, 300-64, 300-65, 300-66, 300-66, 300-67, 300-68, más 1 sitio o lote correspondiente al bien común Rol N°300-70.

Explica que las tablas de clasificación son instrucciones técnicas y administrativas que dicta el Servicio de Impuestos Internos, para la tasación y/o el reavalúo de los bienes raíces. En relación con estas tablas de clasificación, deben aplicarse al menos las siguientes normas administrativas: i) Circular Nº5 del 2 de febrero de 2016; ii) Circular N°6 del 30 de enero de 2014; iii) Circular Nº60 del 14 de octubre del 2008; iv) Circular N°73 del 11 de octubre del 2001; v) Resolución Exenta N°102 del 21 de diciembre de 2015.

Las causales de revisión de sobretasa y reavalúo solicitadas por los recurrentes al SII fueron las siguientes: a. Eliminar en forma retroactiva la aplicación de sobretasa de sitio no edificado o eriazo del artículo 8 de la Ley 17.235 sobre Impuesto Territorial, atendido que existe una edificación en construcción que cuenta con el respectivo permiso municipal, de conformidad con lo establecido en el numeral 6, causal “e” de la Circular 60 de 2008 y de lo prescrito en el artículo 8 de la ley N°17.235. Se señaló que de conformidad a la Ley, la existencia de tal permiso junto con el inicio de ejecución de las obras desde entonces, hace inadmisible legalmente, la aplicación de la sobretasa para sitios no edificados o eriazos.

Estima que las causales de revisión de la sobretasa, contenidas en las letras d) y e) de la Circular N°60 de 2008, se debe tener presente respecto de la errónea aplicación de la sobretasa establecida en el artículo 8° de la Ley N°17.235, por cuanto los roles cuentan con una construcción terminada o en condiciones de ser usada con el respectivo permiso municipal; y, de la errónea aplicación de la sobretasa conforme a la causal g) de la Circular en comento, respecto del sitio o lote correspondiente al bien común, Rol N°300-70, tiene prohibición de edificar, por corresponder a la denominada Dunas de Cachagua, zona ZR-IE, conforme al plano Regulador de Zapallar, aprobado por Decreto Supremo N°189 del MINVU de fecha 20 de noviembre de 1984, donde se indica como Zona ZEP-4 “Zona parque Dunas y Humedal de Cachagua” y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.31 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones .

Añade que se solicitó aplicar en forma retroactiva un ajuste extraordinario y/o coeficiente corrector al terreno, por cuanto existe una errónea aplicación de las tablas de clasificación y corresponde la modificación del avalúo fiscal, con aplicación de las rebajas pertinentes.

Se hizo presente que el rol N°300-60, de Zapallar, que correspondía al matriz previo a la generación del Lote C-1, Rol 300-70, actualmente no tiene cobro alguno de impuesto territorial, por la circunstancia extraordinaria señalada y según antecedentes que obran en el mismo SII.

Expresa que se debió haber cambiado de sitio eriazo a Habitacional y se solicitó al SII, dictar los roles de reemplazo y en forma retroactiva.

Finalmente se solicitó ordenar, oficiando a Tesorería General de la República, que devuelva al propietario reclamante, el total de lo pagado en forma indebida o en exceso respecto de los roles de avalúo fiscal número 300-60, 300-63, 300-64, 300-65, 300-66, 300-66, 300-67, 300-68 y 300-70, Zapallar, en forma retroactiva considerando al efecto 3 años contados desde la solicitud, al contar con los antecedentes pertinentes.

La petición administrativa de 27 de marzo de 2017 contenida en el Formulario 2118, fue resuelta por el SII, mediante Oficio Ord. N°ULI.05.00/92 de 15.06.2017, de la Jefa de la Unidad de La Ligua, la que dio lugar parcialmente a lo solicitado y el 11 de julio de 2017, interpuso un recurso de reposición administrativa y jerárquico en subsidio, solicitando que se enmiende con arreglo a derecho y se acoja la pretensión de aplicación de coeficiente corrector o de ajuste extraordinario y de eliminación de sobretasa a sitio eriazo. En síntesis, se solicitó se elimine la sobretasa de sitio eriazo retroactivamente al primer semestre de 2014, a todos los lotes del condominio Dunas de Cachagua, incluido su área de uso común. Se solicitó se aplique en forma retroactiva al primer semestre de 2014, el coeficiente corrector o ajuste extraordinario de 0,2 en relación al Rol 300-90070, bien o área común del Condominio y consecuencialmente a los avalúos de cada uno de los lotes individuales que en su composición consideran una alícuota de este.

Expone que el 20 de octubre de 2017, se dicta Resolución Ex. ULI N°1081, por el Jefe de la Unidad de La Ligua que rechaza el recurso de reposición y da lugar al jerárquico elevando los antecedentes al Director Regional de Valparaíso, para su conocimiento y resolución.

Precisa que el 26 de octubre de 2017, se dicta la Res. Ex. N°77317078147 del Director Regional de Valparaíso, que resuelve el recurso jerárquico, rechazándolo y confirmó el Ord. ULI .05.00 N°92 de 15.06.2017, resolución que solo hace referencia a las características de los lotes vendibles del Condominio y nada dice del lote o área común Rol: 300-700 hoy Rol: 300-90070, que es el sustento del recurso interpuesto.

Expone que el 19 de octubre de 2019 interpuso un Recurso Extraordinario de Revisión contra la Res. EX. N°77317078147 de 26.10.2017, del Director Regional (S) de la V Dirección Regional de Valparaíso, del SII, fundado en los manifiestos errores de hecho determinantes en la decisión adoptada.

Refiere que el 30 de enero de 2019, se emite Ord. N°399 del Director Nacional del SII, notificado el 4 de febrero de 2018, mediante el cual, la autoridad recurrida informa que de conformidad a los dispuesto en el artículo 6 letra B, número 5 de Código Tributario, la facultad de resolver los asuntos de carácter tributario que presenten los contribuyentes como el caso planteado esta desconcentrada funcionalmente en los Directores Regionales, corresponde que sea ejercida en forma exclusiva por tales autoridades y en mérito de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N°19.880, informó que el mencionado recurso fue remitido a la autoridad superior de la V Dirección Regional de Valparaíso.

Afirma que el 8 de febrero de 2019, interpuso un recurso de reposición administrativo y jerárquico en subsidio, en contra del Ord. N°399, de 30 de enero de 2019, del Director Nacional del SII, ya que reenvió el expediente a la misma autoridad que habría conocido precedentemente del asunto y que desconoció los antecedentes aportados e infringió la normativa vigente y aplicable al caso. En otras palabras, el Sr. Director Nacional, se ha excusado de resolver derechamente el recurso extraordinario interpuesto y reenvía para que lo resuelva la misma autoridad que dictó el acto recurrido, vulnerando las garantías de un racional y justo procedimiento, de igualdad ante la ley, de igualdad en el ejercicio de los derechos, de igualdad de las cargas públicas, sí como los principios de contradictoriedad, probidad, imparcialidad, no formalización, impugnabilidad y de inexcusabilidad en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, consagrados en la Ley N°19.880.

Precisa que el 6 de marzo de 2019, se dicta la Res. Ex. SII N°763, que declaró inadmisibles los Recurso de Reposición y Jerárquico, interpuestos, fundado en que “el ordinario impugnado consistió en un acto que solo tuvo por objeto comunicar al recurrente que, su solicitud seria atendida por la autoridad competente para resolver el asunto sometido a su conocimiento, lo que constituye un mero acto de instrucción, definido en el artículo 34 de la Ley N°19.880, como aquellos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse el acto “y que tiene como único objeto dar curso progresivo al procedimiento, diferenciándose así de los actos decisorios que son aquellos que se pronuncian sobre las cuestiones planteadas por los interesados”.

Finalmente, funda lo resuelto en que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 letra B N°5 del Código Tributario, la facultad de resolver los asuntos de carácter tributario que presentan los contribuyentes, como sería lo planteado en este caso, ha sido otorgada de manera exclusiva a los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos, por medio de las desconcentración administrativa, en cuya virtud, se radican por ley determinadas potestades, en órganos subordinados de la respectiva entidad pública, en el ejercicio de los cuales, los mismos, no se encuentran sometidos a la jerarquía del correspondiente Jefe superior del servicio, tal cual lo habría señalado expresamente la Contraloría General de la República en su dictamen N°44.455 de 17 de agosto de 2009, por lo que concluye señalando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 19.880, que la autoridad competente para conocer del recurso de revisión planteado sería el Director Regional de la V Dirección Regional de Valparaíso del Servicio de Impuestos Internos. Con fecha 15 de marzo de 2019, se dicta la Res. Ex. DJU.05.00 N°231, del Director Regional de la V Dirección Regional de Valparaíso, Sr. Sergio Flores Gutiérrez, en virtud de la cual, resuelve el Recurso Extraordinario de Reposición, en términos de no darle lugar por improcedente, fundando su decisión en que no corresponde haberlo dirigido en contra de la Res. EX. N°77317078147 de 26.10.2017 y en que no se cumple la causal por la cual fue interpuesto, esto es, no hay manifiestos errores de hecho que fueron determinantes en la decisión adoptada y tampoco es efectiva la aparición de documentos de valor esencial para la decisión del asunto.

Precisa que la presente acción constitucional se interpone en contra de la Resolución Ex. SII N°763 de 6 de marzo de 2019 del Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, por haber incurrido en el ilegal y arbitrario acto de declarar inadmisibles los recursos de reposición y jerárquico interpuestos el 8 de febrero de 2019, en contra del Ordinario N°399 de 30 de enero de 2019, lo que ha significado una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N°2, 3, 20, 22 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

Asevera que la resolución recurrida vulnera lo dispuesto en los artículos 10, 11, 13, 14 y 15 de la Ley N°19.880, en relación con los principios de contradictoriedad, que implica que los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, lo que es una manifestación a nivel administrativo del derecho a defensa consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución; la contradictoriedad, que debe darse con el superior jerárquico, de quien dictó el acto que conculca derechos fundamentales y que califica como un derecho fundamental de un racional y justo procedimiento, que en el presente caso ha quedado en letra muerta y sin efecto, al no resolver el Director Nacional del SII, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por esta parte y remitirlo a la misma autoridad que emitió el acto cuya revisión se solicita; el principio de imparcialidad, que implica el deber de las autoridades de adoptar decisiones razonables e imparciales, cuya infracción constituye una vulneración al principio de probidad administrativa del artículo 8° inc. 1° de la Constitución; Principio de la no formalización, que exige que el procedimiento se desarrolle con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean indispensables y cuya infracción se produce al derivar la competencia a la autoridad que ya había resuelto previamente en forma contraria a derecho y con manifiesto error de hecho; Principio de inexcusabilidad, que implica el deber de conocer acerca de todo asunto de carácter administrativo que se encuentre dentro de la órbita de las atribuciones del órgano de que se trata y el recurso extraordinario de revisión interpuesto debió ser resuelto por el Superior Jerárquico; Principio de impugnabilidad; fundado en que todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos, manifestación del debido proceso, del artículo 19 N°3 inc. 6°.

Precisa que, si bien la resolución recurrida es un acto trámite, generalmente inimpugnable de conformidad al artículo 15 inc. 2° de la Ley 19.880, si lo es cuando determinan la imposibilidad de continuar un procedimiento o cuando produzcan indefensión, cuestión que en el caso de marras se produce.

Reproduce el artículo 60 de la Ley 19.880 y señala que en el presente caso, no se ha dado cumplimiento a dicha norma. Luego cita los artículos 1, 7 y 18 del Decreto con Fuerza de Ley N°7 de 1980, de Hacienda, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos.

En cuanto al fondo, estima infringida las Circulares del SII señaladas en el cuerpo del libelo, reiterando, incansablemente, las mismas alegaciones.

Puntualiza que se han conculcado las siguientes garantías:

a. La necesidad del derecho a una defensa judicial en un racional y justo procedimiento se deduce de nuestra Constitución principalmente de lo prescrito en los artículos 6, 7, 8 y 76.

b. Garantía consagrada en el artículo 8 de la Constitución Política de la República: El ejercicio de las funciones públicas, obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, ya que el Director Nacional, al negarse a conocer del Recurso Extraordinario de Revisión, conlleva una abierta infracción a este deber constitucional, al estar actuando contra texto expreso de la norma contenida en el artículo 60 de la Ley 19.880, que establece tal recurso.

c. Garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, pues, la resolución recurrida, al no dar lugar al recurso de Reposición y Jerárquico interpuesto, da un trato desigual e injusto, pues, impide la revisión por parte de un superior jerárquico, en circunstancias que ello es una obligación emanada de la norma legal. En el presente caso, se vulnera también dicha garantía al imponer arbitrariamente un cobro de sobretasa de sitio eriazo y aplicar un coeficiente corrector de 1, a los predios objeto de la petición administrativa, en circunstancias que no corresponde, pues no se cumplen los requisitos legales.

d. Garantía consagrada en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política en relación con la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, señalando que en el “inc. 5°” (sic) se establece el derecho a un racional y justo procedimiento al señalar, que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justas. Precisa que al no darse lugar a la revisión por parte del superior jerárquico, esto es, el Director Nacional, implica una manifiesta denegación de justicia.

e. Garantía consagrada en el artículo 19 N°20 de la Constitución Política de la República, ya que el actuar del SII implica una perturbación y amenaza al existir condiciones objetivas de los predios cuyo reavalúo se ha solicitado modificar.

f. Garantía consagrada en el artículo 19 N°22 de la Constitución Política de la República, pues se ha discriminado arbitrariamente a los actores, al establecer respecto de los lotes reclamados un avalúo suprior al que corresponde objetivamente, de acuerdo a las características físicas actuales de los terrenos y de conformidad con la normativa legal aplicable a la materia.

g. Garantía consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, ya que la decisión del Director Nacional del SII, aplica un impuesto territorial que no corresponde a las condiciones y características objetivas y acreditadas de los inmuebles objeto de las peticiones administrativas.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Solicitud Formulario 2118 de 27.03.2017, con minuta explicativa. 2. Ord. ULI .05.00 N°92 de 15.06.2017, de Jefe de Unidad de la Ligua; 3. Recurso de Reposición y Jerárquico de 11.07.2017, en contra de Ord. ULI .05.00 N°92 de 15.06.2017; 4. Oficio Ord. N° ULI.05.00 124 de 10.08.2017; 5. Recurso de reposición y jerárquico, en contra de Ord. N° ULI.05.00 124 de 10.08.2017; 6. Oficio Ord. DJU.05.00 N°131 de 29.08.2017; 7. Presentación de 6.09.2017; 8. Res. Ex. ULI N°1081 de 20.10.2017; 9. Res. Ex N°77317078147 de 26.10.2017 del Director Regional de Valparaíso, que resuelve el recurso Jerárquico; 10. Recurso Extraordinario de Revisión de 19.10.2018, interpuesto ante el Director Nacional, en contra la Resolución Ex N°77317078147 de 26.10.2017 del Director Regional de Valparaíso; 11. Ord. N°399 de Director Nacional, en virtud de la cual, se remite el Recurso Extraordinario de Revisión a Director Regional de Valparaíso; 12. Recuro de reposición y Jerárquico en subsidio, de 08.02.2019; 13. Resolución Ex. Sii N°763 de 06.03.2019; 14. Sobre de 06.03.2019; 15. Resolución Ex. N°231 de Director Regional de Valparaíso de 15.03.2019.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don Rodrigo Veliz Schrader, abogado, en representación, del Servicio de Impuestos Internos, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando, en primer término, las actuaciones administrativas llevadas a cabo entre la partes recurrente y recurrida, precisando que el 12 de abril de 2019, el recurrente interpuso recurso de protección, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, autos Rol N° 4506-2019, el que fue declarado inadmisible, resolución que fue apelada por el recurrente, encontrándose pendiente su conocimiento por la Excma. Corte Suprema bajo el rol Ingreso N° 11.500-2019.

En primer término alega la falta de oportunidad del recurso, fundado en que lo pretendido por el recurrente con la presente acción de protección, es que se ordene “…que el recurso de [sic] extraordinario de revisión interpuesto por esta parte con fecha 19 de octubre de 2018, sea conocido, por la máxima autoridad del Servicio de Impuestos Internos, como en derecho corresponde”. Sin embargo, dicho recurso ya fue resuelto por la autoridad competente, el Director Regional de la V Dirección Regional Valparaíso, mediante Res. Ex. DJU 05.00 N° 231, de 15.03.2019; razón por la cual, la presente acción carece de oportunidad para su interposición, agregando que el propio recurrente ya interpuso una acción de protección ante la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que actualmente está siendo conocida por la E. Corte Suprema.

Luego alega la inadmisibilidad del recurso por extemporáneo, fundado en que el acto que el recurrente singulariza como aquel que supuestamente le causaría privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de sus garantías constitucionales, es la Res. Ex. SII N° 763, de fecha 06.03.2019, del Director del Servicio de Impuestos Internos, por la que se declararon inadmisibles los recursos de reposición administrativa y jerárquico, interpuestos en contra del Oficio Ord. N° 399, de 30.01.2019.

Expone que, mediante este último ordinario, sólo se informó al recurrente, que el recurso extraordinario de revisión, que había presentado en contra de la Res. Ex. N°77317078147, de 26.10.2017, emitida por la V Dirección Regional Valparaíso, había sido remitido a dicha autoridad, para los fines correspondientes; ello en atención lo dispuesto en el artículo 6°, letra B, numeral 5°, del Código Tributario.

Afirma que dicho Oficio Ord., le fue notificado al recurrente el 4.02.2019, es decir, 60 días antes de interponer la presente acción, período de tiempo que excede con creces el plazo de 30 días contemplado por el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, del año 2015, sobre Tramitación del Recurso de Protección y al contar el plazo desde la dictación Res. Ex. SII N° 763, buscó hacerse artificiosamente de un nuevo plazo para interponer la presente acción, toda vez que el anterior se encontraba vencido.

Luego alega la inexistencia de arbitrariedad o ilegalidad en el acto recurrido, toda vez que el recurso jerárquico procede únicamente cuando existe un superior jerárquico, con facultades para revisar lo resuelto por un funcionario dependiente suyo, citando el artículo 60 de la Ley N°19.880, recurso extraordinario que procede sólo respecto de aquellos actos que se encuentran firmes, y únicamente por aquellas causales expresamente establecidas por el legislador.

Hace presente que, mediante la dictación de la Resolución impugnada, el Director del Servicio de Impuestos Internos, declaró inadmisibles los recursos de reposición y jerárquico interpuestos por el recurrente en contra del Oficio Ord. N°399, de 30.01.2019, que remitió el recurso de revisión, presentado contra la Res. Ex. N°77317078147, al Director Regional competente; en síntesis, en razón de los siguientes fundamentos:

a) Que, a la luz de preceptuado en el artículo 34, de la Ley N°19.880, el Oficio Ord. N°399, de 30.01.2019, constituye un mero acto de instrucción, en consecuencia, no resulta ajustado a derecho, la interposición de los recursos de reposición y jerárquico en su contra, toda vez que, estos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60, del mismo cuerpo legal, únicamente proceden respecto de actos administrativos que se encuentren firmes.

b) Que, la facultad de resolver administrativamente los asuntos de carácter tributario que se promueven, consagrada en el N°5, de la letra B, del artículo 6°, del Código Tributario, fue conferida exclusivamente a los Directores Regionales, del Servicio de Impuestos Internos, por medio de la desconcentración administrativa, motivo por el cual, en el ejercicio de éstas, no se encuentran sometidos a la jerarquía del correspondiente jefe superior del servicio.

Luego, cita el artículo 6°, letra B, N°5 del Código Tributario y señala que es la Ley la que ha conferido a los Directores Regionales la facultad de resolver administrativamente los asuntos tributarios que se promuevan dentro de su territorio jurisdiccional; facultad que es exclusiva de aquéllos, no contando el Director, en tanto jefe máximo de este Servicio, con dicha facultad.

En relación con la desconcentración administrativa, señala que el artículo 26 de la Ley N°18.575, establece que los servicios públicos pueden ser centralizados o descentralizados.

Destaca que el artículo 30 de la Ley N°18.575 establece que: “Sin perjuicio de su dependencia jerárquica general, la ley podrá desconcentrar, territorial y funcionalmente, a determinados órganos. La desconcentración territorial se hará mediante Direcciones Regionales, a cargo de un Director Regional, quien dependerá jerárquicamente del Director Nacional del servicio. No obstante, para los efectos de la ejecución de las políticas, planes y programas de desarrollo regional, estarán subordinados al Intendente a través del respectivo Secretario Regional Ministerial.

La desconcentración funcional se realizará mediante la radicación por ley de atribuciones en determinados órganos del respectivo servicio”.

Cita el artículo 18° del D.F.L. N°7, de 30.09.1980, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, norma que dispone: “Los Directores Regionales son las autoridades máximas del Servicio dentro de los límites de sus respectivas jurisdicciones territoriales y dependen directamente del Director”.

Añade que el artículo 19° señala que: “Le corresponde a los Directores Regionales dentro de sus respectivas jurisdicciones: a) Supervigilar el cumplimiento de las leyes tributarias encomendadas al Servicio, de acuerdo a las instrucciones del Director; b) Aplicar sanciones y girar multas por infracciones a las leyes tributarias que se sometan al procedimiento del artículo 165 del Código Tributario, que no hayan sido objeto de reclamo de conformidad con lo dispuesto en el número 3º de dicha disposición legal; c) Ejercer las demás atribuciones que les confieren el Código Tributario y las otras disposiciones legales vigentes o que se dicten; d) Responder por la buena marcha administrativa de las unidades a su cargo, y e) Responder directamente de los fondos puestos a su disposición, en conformidad a lo expresado en el artículo 44”.

Concluye que de lo preceptuado en los artículos transcritos se colige que, si bien el Director, es el Jefe Superior del Servicio de Impuestos Internos, existen otros funcionarios, con el título de “Directores Regionales”, a los que la Ley, otorga facultades específicas, en particular, aquellas establecidas en la letra B, del artículo 6°, del Código Tributario, en virtud de la remisión que realiza la letra c), del artículo 19°, de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos.

En relación con la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, indica que, a través de sus dictámenes, se ha asentado una clara postura respecto de la improcedencia del recurso jerárquico ante el Director del Servicio, para impugnar decisiones de otros funcionarios, cuando el legislador ha radicado determinadas facultades exclusivamente en éstos últimos. Efectivamente, en este sentido, se pronuncia en los Dictámenes N°s 47.4919, de 11.10.2005; 44.314, de 04.10.200710; y 26.738, de 25.05.200911; entre otros y en atención a que el verdadero acto que afecta al recurrente es la remisión, mediante el Oficio Ord. N° 399, de 30.01.2019, del recurso de revisión, interpuesto en contra de la Res. Ex. N° 77317078147, de fecha 26.10.2017; cabe señalar que, respecto de este ordinario, tampoco existe un actuar arbitrario ni ilegal, por cuanto, el órgano competente por Ley, para resolver el asunto planteado en dicha acción, es el Director Regional, de la V Dirección Regional de Valparaíso, al no ser el Director del Servicio de Impuestos Internos, el superior jerárquico de lo resuelto por los Directores Regionales en materias de su exclusiva competencia, tal como se señaló precedentemente.

En cuanto a la supuesta conculcación de las garantías constitucionales de los N°2 y 22 del artículo 19 de la Carta Fundamental, refiere que es necesario que el recurrente demuestre que respecto a él se ha efectuado un trato desigual en comparación con otros en su misma situación o en una situación similar y considerando que el actor no aporta ningún tipo de antecedente que permita esclarecer si efectivamente existe, respecto de él, un trato desigual ante la ley y diferenciado respecto de otros contribuyentes que se encuentran en la misma situación; no resulta posible acreditar la conculcación de las garantías fundamentales en comento, por lo que, necesariamente debe desestimarse esta alegación.

En relación con la garantía de propiedad, precisa que la resolución impugnada, en ningún momento se refiere al impuesto territorial, pronunciándose únicamente respecto a la inadmisibilidad de los recursos de reposición administrativa y jerárquico interpuestos en contra del Oficio Ord. N°399, de 30.01.2019.

Respecto de las garantías de los N°3 y 20 del artículo 19 de la Constitución Política, dichas garantías no se encuentran bajo el amparo de esta acción constitucional conforme el artículo 20.

Luego alega que el curso de protección no es la vía idónea para conocer de los fundamentos de hecho del libelo, ya que la alegación de fondo del recurrente, dice relación con una solicitud de modificación individual de avalúo, a la que le resulta plenamente aplicable el artículo 17°, del mismo cuerpo legal, que refiere: “Los contribuyentes que se consideren perjudicados por las modificaciones individuales de los avalúos de sus predios, efectuadas en conformidad al Párrafo 2º del presente Título podrán reclamar de ellas con arreglo a las normas establecidas en el Título III del Libro Tercero del Código Tributario”. En este contexto, el reclamo señalado debe ser conocido por el Tribunal Tributario y Aduanero competente.

Finalmente, agrega que el mismo asunto está siendo conocido por medio de otro recurso de protección entablado ante la I. Corte de Apelaciones Valparaíso, que lo declaró inadmisible y con apelación pendiente en la E. Corte Suprema.

Cuarto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Quinto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que, del atento análisis de los antecedentes aportados, tanto en la discusión dialéctica, como en la prueba documental producida, se advierte que el cuestionamiento realizado por el recurrente importa un conflicto producido por la interpretación de normas jurídicas que, a su juicio, obligarían al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos a tener que resolver un recurso jerárquico, por aplicación de los preceptos de la Ley N°19.880.

Séptimo: Que, de los hechos expuestos por la parte recurrente no se advierte la existencia de un acto u omisión ilegal y/o arbitrario por parte de la recurrida, toda vez que las normas de la Ley N°19.880 conforme al artículo 1°, son de carácter supletorio, al señalar que: “La presente ley establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado. En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter de supletoria”.

Es indudable que el conflicto jurídico que plantea el recurrente, se encuentra debidamente reglamentado en las normas del Código Tributario y, eventualmente, en las disposiciones de la Ley N°17.235, disposiciones que priman por sobre los preceptos de la Ley de Base de los Procedimientos Administrativos.

En consecuencia, la construcción argumentativa del recurso desconoce que las potestades de resolución de los recursos administrativos impetrados son de competencia de los Directores Regionales, conforme lo preceptuado en el artículo 6° letra B N°5 del Código Tributario.

Por su parte, del atento examen del contenido del artículo 6° letra A del Código Tributario, que establece las competencias del Director Nacional, en parte alguna se advierte que tiene éste facultades para resolver recursos administrativos o jerárquicos como los pretendidos por el actor, siendo esta norma, atendida su especialidad, aquella que prima por sobre los mandatos generales de la Ley N°19.880.

Octavo: Que, en consecuencia, se advierte que el actor no detenta derecho de carácter indubitado que pueda ser cautelado por la presente vía constitucional, hecho que se encuentra ratificado, a mayor abundamiento, en el hecho que existe otro recurso intentado por el actor en términos similares ante la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso y que fue declarado inadmisible, cuya decisión fue confirmada por la Excma. Corte Suprema, cuestión que supone que tanto en el aspecto formal como en el contenido de fondo, la presente acción no puede prosperar, por exceder los límites que el constituyente le ha dado a este tribunal superior para restablecer un derecho legítimo incuestionado, que en la especie, no concurre.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas, el recurso de protección interpuesto por don Patricio Elías Sarquis, en representación de nombre reservado; de doña nombre reservado; de don nombre reservado; de Inversiones K Limitada, representada por don nombre reservado; Inversiones e Inmobiliaria DAG Limitada, representada por doña nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Director Nacional don Fernando Barraza Luengo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-24.593-2019.