nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL

C.A. de Santiago Santiago, diez de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que, acciona de protección nombre reservado, funcionaria administrativa, domiciliada en domicilio reservado, contra el alcalde de la MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL, domiciliado en domicilio reservado, solicitando se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio A Registro N°230, de 8 de octubre de 2025, que declara la vacancia de su cargo, el que vulnera sus garantías constitucionales del artículo 19 Nos. 2, 3 y 24 de la Carta Fundamental.

Explica que es funcionaria de planta, grado 13° del Escalafón Administrativo y que, tras 210 días de licencias médicas, se inició en su contra el procedimiento del artículo 148 de la Ley N°18.883, solicitando a la COMPIN su evaluación mediante Oficio DAF-02045 de 7 de agosto de 2025.

El 11 de septiembre de 2025 la COMPIN emitió su Resolución Folio 19412286 concluyendo que su salud es recuperable. Pese a este pronunciamiento técnico vinculante, el alcalde dictó el Decreto Alcaldicio N°230 de 8 de octubre de 2025 que declara su vacancia por salud incompatible. El 14 de octubre de 2025 al notificarle la municipalidad el despido de hecho, se le impidió el ingreso a su lugar de trabajo.

Estima que este acto es nulo pues fue dictado por una autoridad que carecía de potestad legal para ello ya que la Ley N°21.050 modificó el artículo 148 del Estatuto e impuso la obligación al alcalde, antes de ejercer su facultad, de requerir previamente la evaluación de COMPIN, lo que se cumplió resultando salud recuperable.

Considera que el acto no solamente es ilegal, sino que además arbitrario, ya que lleva más de 1 año trabajando sin licencias. El propio informe de licencias demuestra que su última licencia médica terminó el 19 de marzo de 2024. Desde esa fecha hasta su destitución (octubre 2025), lleva más de un año y medio (19 meses) trabajando de forma continua e ininterrumpida.

Además, la causa de la licencia fue un accidente fortuito, no una enfermedad crónica, degenerativa o condición de salud mental, pues sufrió fractura en ambas manos, las cuales ya sanaron. Considera que se la castiga por un accidente y “carga adicional” que generó su ausencia.

Indica que el decreto fue prefabricado sobre la base de un informe que no existía. En efecto, el decreto está fechado el 8 de octubre de 2025 y en el considerando tercero dice fundarse en un informe del Prevencionista de Riesgos, informe que es de 11 de octubre de 2025; agregando que, peor aún, el informe tiene fecha 13 de octubre de 2025. La premeditación se evidencia también en que ese informe al describir sus labores dice “[l]a funcionaria nombre reservado se desempeñaba […]” utilizando tiempo pasado una semana antes de su destitución.

Añade que su caso no es aislado y constituye un modus operandi de la municipalidad para despedir funcionarios, como lo ocurrido con su colega nombre reservado (Recurso de Protección Rol 23.723-2025).

Finalmente, aduce que se usa su salud para ocultar problemas de gestión en RRHH bajo el argumento de sobrecarga laboral para el equipo en reasignación de tareas para lo cual tenía la solución de reemplazar y se la señala como factor de riesgo psicosocial para sus compañeros. Además de indicar errores en la cita del articulado del decreto.

A su juicio, lo anterior constituye vulneración a sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley porque se le aplica un estándar ilegal, ignorando un informe técnico vinculante; derecho a un procedimiento racional y justo, despidiéndola con informes realizados posteriormente, negándole el ingreso y el sistema recursivo; y derecho de propiedad sobre su cargo.

Pide declarar que el Decreto Alcaldicio A N°230, de 8 de octubre de 2025, es ilegal y arbitrario, dejarlo sin efecto y ordenar su reincorporación, el pago de sus remuneraciones con reajustes e intereses, con costas.

SEGUNDO: Que, informa la municipalidad recurrida, señalando que la actora en efecto era funcionaria de planta de esa entidad y que hizo uso de licencias médicas por un periodo continuo y/o discontinuo superior a seis meses dentro de los dos últimos años, acumulando un total de 210 días de licencia con anterioridad al Oficio N°2045/2025 emitido por la Municipalidad de Estacion Central el 7 de agosto de 2025.

Se hizo uso de las facultades legales del inciso 3° del artículo 148 de la Ley N°18.883, solicitando a la Comisión Médica de Prevención e Invalidez la evaluación de la recuperabilidad de la salud de la funcionaria que fue informada mediante Resolución de Evaluación Folio 19412286 de 11 de septiembre de 2025.

Se tuvo en vista lo informado por la Providencia DIDECO 00436/2025 en que se indica que la funcionaria se desempeñaba como administrativa en la unidad de subsidios sociales, entre sus funciones estaban la postulación a SAP subsidio de agua potable de sanitas SMAPA y Aguas Andina a los vecinos y vecinas de la comuna, como también la atención de público, a partir de las 9:00 hasta las 14:00 horas, de lunes a viernes, para la postulación y orientación de los requisitos del mismo subsidio al agua potable; recibir las solicitudes de cupos para postulación a SAP con la delegación Presidencial Gestión de pago de facturas de las sanitarias SMAPA y Aguas Andinas al interior de la Municipalidad y la revisión del listado de postulantes: las vigencias y dación de bajas. Y que durante el periodo en que hizo uso de licencias médicas fue necesario reasignar y distribuir sus funciones entre los demás integrantes del equipo, tanto en la gestión administrativa como atención de público, lo que generó una carga laboral adicional para el resto del personal.

Agrega que por ello se pidió reemplazo, designándose a un funcionario de la Unidad de Estratificación, quien asumió dichas labores a partir de diciembre de 2023 con el objeto de liberar al resto del equipo de las tareas previamente asignadas ya que la prolongada ausencia de la funcionaria impactó significativamente el normal desarrollo de las funciones del equipo, especialmente en la atención de público. La persona remplazante debió capacitarse y adaptarse rápidamente a las funciones, a fin de asegurar la continuidad del servicio, evitar la pérdida de cupos para vecinos y vecinas postulantes y agilizar el pago oportuno de las facturas correspondientes.

Asimismo, se tuvo a la vista el informe emitido por el prevencionista de Riesgos de la Municipalidad, contenido en la Providencia N°1219/2025, el cual informa acerca de los efectos negativos producidos por las ausencias reiteradas de nombre reservado, indicando: “[…] desde el punto de vista preventivo, la ausencia reiterada y prolongada de funcionarios puede constituir un factor de riesgo psicosocial dentro de los equipos de trabajo, al generar sobrecarga laboral, estrés y desequilibrio en la distribución de funciones entre los demás integrantes de la unidad. De acuerdo con lo señalado por los organismos administradores de la Ley N°16.744, como la Mutual de Seguridad de Chile, la sobrecarga laboral se considera un riesgo psicosocial que puede afectar la salud mental y física de los trabajadores. Esta se produce cuando las responsabilidades asignadas exceden la capacidad del trabajador para desarrollarlas dentro de su jornada laboral, generando estrés y agotamiento.

Dichos organismos abordan esta situación mediante estrategias de prevención y control, en el marco de la protección que otorga la ley y los seguros sociales. Por lo anterior, desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, se estima que el ausentismo prolongado y reiterado genera condiciones que pueden impactar negativamente en el bienestar y desempeño de los equipos, por lo cual se recomienda a la autoridad competente considerar este antecedente dentro de las medidas administrativas que se evalúen”.

Finaliza expresando que para esa municipalidad resulta indispensable asegurar la continuidad del servicio, de acuerdo al principio fundamental de la Administración Pública que impone a los órganos del Estado la obligación de prestar sus funciones de manera permanente e ininterrumpida, a fin de responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía. En este contexto, la reiterada ausencia de la funcionaria por concepto de licencias médicas afectó de manera significativa el interés público comprometido, dificultando el cumplimiento regular y oportuno de las funciones propias de su cargo, las cuales revisten alta relevancia para la calidad del servicio y para la adecuada atención de las vecinas y los vecinos de la comuna.

TERCERO: Que, la Constitución Política de la República, en su artículo 20 establece que “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

CUARTO: Que, el Decreto Alcaldicio A Registro N°230 de 8 de octubre de 2025, contiene exactamente todos los argumentos vertidos en el informe lo que constituye una repetición del mismo. Pero es conveniente precisar que dispone expresamente: “[a]tendido las consideraciones enunciadas anteriormente, y la afectación al servicio, dado que a juicio de esta autoridad, doña nombre reservado, perteneciente al escalafón Administrativo, grado 13º, Cédula de Identidad NºRUT reservado, no es idónea para ejercer el cargo, DECLARASE VACANTE por Salud Incompatible con el desempeño del cargo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años (210 días), sin mediar declaración de salud irrecuperable, al cargo de Planta de la funcionaria referida, ello a contar de la fecha de notificación del presente decreto, de acuerdo a Resolución de Evaluación Folio Nº19412286 de COMPIN, de fecha 11 de Septiembre del 2025 e informe de Licencias Médicas detallado”.

Su base normativa la constituyen los artículos 10 letra c), 144 letra c), 147 letra a) y 148 de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; artículo 63 de la Ley N°21.050; Dictamen N°030943N18/2018 y Dictamen N°E188441N22/2022 de la Contraloría General de la República y en general las atribuciones de la Ley N°18.695/88 Orgánica de Municipalidades.

QUINTO: Que, conviene dejar asentado también que, el informe de COMPIN -que la misma resolución cita como antecedente- dice: “[c]onsiderando la solicitud de evaluación de salud irrecuperable realizada por su empleador MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL N° Id 33367292 de: - Nombre Funcionario: nombre reservado, - Apellidos Funcionario: nombre reservado, - Rut: RUT reservado. Se resuelve que presenta un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes”. Es decir, en lo que hace a las afecciones de salud de la funcionaria, ella a la época del informe se encontraba sana.

SEXTO: Que, el artículo 144 letra c) del Estatuto Administrativo que sustenta la decisión alcaldicia, prescribe: “[e]l funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”.

A su vez, el artículo 147 letra a) dispone: “[l]a declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo. El solo hecho de contar con una calificación y certificación de discapacidad de conformidad con la ley N°20.422 y/o ser asignataria de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, no configurará esta causal”.

Y el artículo 148 establece en su redacción actual incorporada por la Ley N°21.050, que: “[e]l alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

En caso de discapacidad sobreviniente, calificada y certificada según la ley N°20.422, la evaluación que realice la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior deberá considerar la condición de salud de la persona en relación con el cargo específico que desempeña, indicando si podrá continuar realizando las labores respectivas”.

SÉPTIMO: Que el literal a) del artículo 147 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales regula dos hipótesis diferentes para declarar la vacancia de un cargo, estableciendo que procederá tal declaración por “salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”, para luego, en el artículo 148 reconocer la facultad del Alcalde de considerar como salud incompatible la circunstancia de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

OCTAVO: Que si bien se establece que para el ejercicio de la facultad el Alcalde deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud, dicha declaración no resulta vinculante para la autoridad cuando la vacancia se dispone por incompatibilidad, como ocurre en el caso de marras, pues en dicha hipótesis basta con que el funcionario haya estado en la situación de haber hecho uso de licencia médica por más de 6 meses en los últimos 2 años, para que se configure la causal objetiva que da cuenta del total de días de licencia en los dos años anteriores.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior, que en principio daría cuenta que la autoridad actuó conforme a derecho, lo cierto es que también debe evaluarse si la decisión en el caso particular puede ser considerada de arbitraria, defecto que también es revisable por esta vía.

En esa dirección no escapa al examen la data o época en que se ejerció tal facultad, puesto que la funcionaria, luego de una extensa licencia –por fractura en ambas manos– se reintegró a sus funciones el 19 de marzo de 2024, y solo recién, en el mes de agosto de 2025, esto es, 17 meses después de su reintegro, solicitó la declaración de la COMPIN, para luego, en octubre de 2025 disponer la declaración de vacancia del cargo, decisión que, conforme a los antecedentes del recurso, valorados de acuerdo a las reglas de la sana crítica como lo permite el N°5 del Auto Acordado de la Corte Suprema, denota que la resolución de la autoridad a la fecha en que se adoptó aparece manifiestamente arbitraria, esto es, carente de justificación y gobernada en último término por el simple capricho, lo cual justifica que el recurso sea acogido en los términos que lo ha dispuesto la presente sentencia.

DÉCIMO: Que tampoco deja de llamar la atención que se fundamente la decisión edilicia en un informe de data posterior y de carácter general, tal como se refleja de la comparación de los documentos 1 y 4 acompañados en el recurso, de lo que se sigue que existe además una falta, a lo menos de prolijidad a la hora de evaluar el cese en el trabajo de los funcionarios y funcionarias.

UNDÉCIMO: Que, en definitiva, la actuación de la municipalidad ha devenido en arbitraria desde que no se ajustó a criterios de razonabilidad en su aplicación en el tiempo, atentando con ello el derecho de propiedad sobre derechos incorporales como es el cargo en propiedad de la afectada y sobre sus remuneraciones.

Y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, SE ACOGE, el recurso deducido por nombre reservado contra la Municipalidad de Estación Central, y, en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio A Registro N°230, de 8 de octubre de 2025, debiendo la funcionaria ser reincorporada en sus funciones y pagadas sus remuneraciones por todo el tiempo en que estuvo separada de estas, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-24563-2025.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada, además, por el ministro (I) señor Pablo Toledo González y el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.