nombre reservado con SERVCIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL

C.A. de Santiago Santiago, catorce de abril de dos mil veinticinco.

Al folio 19: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 29 de noviembre de 2024, comparece nombre reservado e interpone acción de protección en contra de la Dirección de Atención Primaria y el Servicio de Salud Metropolitano Central, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de resolución TRA Nº 116678/8/2024 de fecha 30 de agosto de 2024 –notificada el 30 de octubre de 2024- y que, en lo pertinente, establece declarar vacante por salud incompatible el cargo que la recurrente ocupaba en calidad de contrata en el Servicio de Salud Metropolitano Central.

Señala que se desempeñó en la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud de Metropolitano Central en el cargo de enfermera del CESFAM MAIPÚ, cargo grado 13º, desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 30 de octubre de 2024 y detalla que tuvo reposo por licencia médica desde enero de 2023 hasta julio del mismo año en razón de las siguientes afecciones episodio depresivo post mortem, depresión post mortem (licencia psiquiátrica) y parálisis de miembro inferior (licencias traumatológicas).

Refiere que sin perjuicio de los periodos de reposo indicados, siguió prestando servicios con normalidad, realizando sus labores sin inconveniente, pese a ello, indica, fue notificada el 4 de julio de 2024 por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez acerca de que “presenta un estado de salud recuperable”.

En ese contexto, indica que si bien la n la Directora de la Dirección de Atención primaria de salud tiene las facultadas para declarar un cargo vacante, el ejercicio de esa atribución debe ser fundado, cuestiòn que no se cumplió en su caso, pues la resolución TRA Nº 116678/8/2024 de fecha 30 de agosto de 2024 únicamente hace referencia al siguiente motivo: “por haber hecho uso de licencia medica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”.

Alega que el actuar de las recurridas supone una vulneración a la garantía del derecho a la vida y la integridad física y psíquica consagrado por el numeral 1º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues la deja enfrentada a un futuro incierto y sin recursos económicos para seguir costeando su tratamiento de salud. Así como la garantía de igualdad ante la ley prevista por el numeral 2º del mismo precepto, pues el acto referido provoca menoscabo luego de 7 años de funciones con excelentes calificaciones y comportamiento funcionario intachable, producto de una errada interpretación del artículo 151 del Estatuto Administrativo y, del mismo modo, vulneración a la garantía de derecho de propiedad consagrada por el numeral 24º del mismo artículo citado precedentemente.

En definitiva, solicita que se deje sin efecto la resolución y se ordene su reincorporación a sus funciones en las mismas condiciones que tenía y el pago de todas sus remuneraciones y demás emolumentos desde su separación de las funciones hasta su reincorporación, con costas.

Segundo: Que, a folio 9, consta informe de Dirección de Atención Primaria dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Central y solicita el rechazo de la acción.

Al respecto, sostiene que la resolución que se impugna forma parte de un proceso de desvinculación y contiene los fundamentos de hecho y derecho que justifican su determinación, acorde a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

En cuanto a los hechos, expone que la recurrente al 20 de febrero de 2024 presentaba 307 días de licencia médica continua o discontinua en los últimos dos años, razon por la cual su caso fue derivado al Comité de Acompañamiento, Ausentismo y Reinserción Laboral órgano encargo de evaluar la pertinencia de requerir a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación relativa a la recuperabilidad de salud de los funcionarios que se encuentran en la hipotesis de presentar más de seis meses de licencias médicas dentro del período de dos años.

Indica que, producto de lo anterior, la Comisión determinó mediante resolución de 4 de julio de 2024 que la salud de la recurrente es recuperable, en virtud de lo cual, de conformidad al artículo 151 del Estatuto Administrativo, era procedente la declaraciónd e salud incompatible para el desempeño del cargo, lo que ocurrió en el caso de marras.

Asegura, en consecuencia, en la especie no se vislumbra ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central, pues únicamente se ejerció una potestad discrecional, con razonabilidad y de manera fundada, con fines públicos.

Tercero: Que como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que, la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar, u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que, el acto que denuncia como ilegal o arbitrario consiste en la dictación de la resolución TRA Nº 116678/8/2024 de fecha 30 de agosto de 2024 que resuelve la declaración de vacancia del cargo de la recurrente por “(…) haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”.

Quinto: Que, a raíz de lo anterior, resulta indispensable tener a la vista lo dispuesto por el artículo 151 actual Decreto con Fuerza de Ley Nº29 (2004, Hacienda) conocido como Estatuto Administrativo, que establece lo siguiente:

“El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Sexto: Que, a partir de lo consignado precedentemente, cabe destacar que, de acuerdo a los antecedentes acompañados, especialmente el oficio Ord. 077 de fecha 10 de abril de 2024 del Servicio de Salud Metropolitano Central, la recurrente tuvo licencias médicas signadas bajo los números 1 a 33 entre los periodos de 8 de marzo de 2022 a 20 de febrero de 2024, por un total de 307 días en un periodo inferior a 2 años.

También se advierte que la institución encargada de calificar la recuperabilidad de la salud o no de un trabajador, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, el 4 de julio de 2024 determinó que la recurrente tiene una condición de salud recuperable, cumpliéndose los requisitos previstos por el artículo 151 del Estatuto Administrativo para que la Jefa del Servicio respectivo califique si su salud es o no compatible con el cargo y, dependiendo de ello, dejar vacante su plaza en el Servicio.

Séptimo: Que, a partir de lo consignado se advierte que el acto que motiva el presente recurso fue ejecutado por autoridad competente y en un caso previsto por la ley, de acuerdo a lo expresamente preceptuado en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, al haber excedido la recurrente el límite de seis meses de ausencia por reposo médico en un periodo de dos años, de modo que no es posible inferir, de los antecedentes esgrimidos, cómo puede constituir ello una afectación ilegal y arbitraria de los derechos fundamentales de la recurrente.

Octavo: Que, a lo dicho anteriormente no se opone la modificación legal introducida por la Ley N° 21.050, de 2017, invocada en estrados por la recurrente y que otorgó el reajuste de remuneraciones, entregó otros beneficios a los empleados públicos y modificó diversos cuerpos legales, entre otros, el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Ello por cuanto, en primer término, los legisladores no modificaron —pudiendo hacerlo— el inciso primero de dichos artículos, que establece, en su literalidad, la facultad de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible con su desempeño, “sin mediar declaración de irrecuperabilidad”.

En segundo término, dichas reformas profundizaron en la necesidad de un examen técnico previo que permitiera distinguir, por sus diferentes efectos ya señalados, entre el caso de una salud irrecuperable y el de la recuperable, pero incompatible —objetivamente— para el desempeño de un cargo público.

Y, en tercer lugar, porque al estudiarse la historia de la Ley N° 21.050, nada de lo que allí se expresa hace referencia a la causal de vacancia por salud incompatible con el desempeño en el cargo, causal que no es mencionada ni una sola vez en la discusión parlamentaria, sino que ella se refiere, en cambio, a la necesidad de exigir un informe técnico para declarar la vacancia en el cargo por salud irrecuperable, como se expresa en su Mensaje: “La presente iniciativa legal modifica el Estatuto Administrativo de la ley N° 18.834 y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales de la ley N° 18.883, estableciendo que los jefes superiores de servicio y los Alcaldes deberán requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, para poder declarar la vacancia del mismo.”

Noveno: Que a estas mismas conclusiones ha llegado el Dictamen de la Contraloría General de la República, N°E188441, de 24 de abril de 2022, que ratifica el criterio expuesto en el dictamen N°17.351, de 2018, que concluyó que las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.050 no derogaron la causal de vacancia en el cargo por salud incompatible, la que puede declararse, en el evento de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- estime que la salud del funcionario es recuperable, si se configura la causal objetiva de haberse hecho uso de licencia médica por más de seis meses en dos años, al tenor de lo dispuesto en los artículos 151 de la Ley N°18.834 y 148 de la Ley N°18.883.

Décimo: Que dicho Dictamen y el de 2018 no han sido declarados ilegales o contrarios a la Constitución, por lo que están revestidos de la presunción de legalidad de todo acto administrativo y, además, son obligatorios para los funcionarios públicos en los casos a que se refieren, de conformidad con el inciso final del artículo 9° de la Ley orgánica del ente Contralor.

Undécimo: Que, finalmente, no está de más recordar que, en virtud del principio de servicialidad, es también deber de los jefes de los servicios velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, de manera que dicho cargo sea proveído en forma y oportunamente para cumplir con la función pública encomendada.

Duodécimo: Que, en consecuencia cabe concluir que el actuar de la recurrida se ha ajustado a derecho motivo por el cual el recurso de protección debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-24.555-2024