Protección contra referida sanción

C.A. de Santiago Santiago, treinta de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece Epiro San Martín Basualto, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección contra la Municipalidad de La Florida, impugnando el Decreto N° NUM000 de 8 de octubre de 2025, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución y, de forma sobreviniente, la resolución (Decreto N° NUM001) de 2 de marzo de 2026, que rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la referida sanción.

Expone, que es funcionaria municipal y que se instruyó en su contra un sumario administrativo originado por un cruce de datos de la Contraloría General de la República, el cual detectó que, haciendo uso de la licencia médica N° NUM002 por salud mental, que prescribía reposo total en su domicilio por el período comprendido entre el 9 y 19 de junio de 2023, viajó al extranjero (Tacna, Perú) entre los días 10 y 18 de junio de 2023.

Sostiene que padecía una grave afectación psiquiátrica originada por presunto acoso laboral, y que, al carecer de otra red de apoyo, debió acompañar a su expareja en un viaje de emergencia al país vecino, ya que era él quien le administraba sus medicamentos. Denuncia vicios en el procedimiento, alegando que el Fiscal Instructor demostró animadversión previa y que le denegó ilegalmente la apertura de un término probatorio, concediéndole finalmente un plazo exiguo de sólo tres días tras un recurso de reposición, lo que configuraría indefensión.

En cuanto al fondo, aduce que la conducta imputada (incumplimiento del reposo) no constituye una falta grave a la probidad, sino una infracción de índole sanitaria cuya sanción tipificada en el ordenamiento jurídico es el rechazo o invalidación de la licencia por parte de la Compin, conforme al artículo 55 letra a) del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud. Agrega que la medida de destitución es desproporcionada y vulnera la igualdad ante la ley, dado que otros funcionarios en situaciones similares no habrían sido destituidos. Releva que en el caso de autos “(…) no se ha configurado específicamente ninguna situación que importe vulneración grave del principio de probidad administrativa”.

Por ello, denuncia la vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto la sanción y se ordene su reincorporación con pago de remuneraciones.

A su turno, informa el abogado Cristián Valenzuela Acevedo, en representación de la Municipalidad de La Florida, solicitando el rechazo de la acción, con costas. Señala que el procedimiento disciplinario se ajustó estrictamente a las normas de la Ley N° 18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales), y que es un hecho acreditado y reconocido por la propia actora que, estando con licencia médica con indicación de "reposo laboral total en su domicilio", se ausentó del país sin contar con autorización médica expresa para realizar un tratamiento ambulatorio o procedimiento en el extranjero.

Añade que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), el viaje al exterior durante una licencia médica frustra las facultades de fiscalización del empleador y de los organismos de salud. Subraya que la responsabilidad administrativa es independiente de las sanciones del régimen de salud (Compin) y que percibir remuneraciones con cargo a fondos públicos mientras se viaja al extranjero eludiendo el reposo constituye una infracción grave al principio de probidad administrativa (Art. 58 letras g) e i) de la Ley N° 18.883 y Art. 52 de la Ley N° 18.575), siendo la destitución la sanción legal imperativa en estos casos. Finaliza descartando vicios procedimentales o vulneración de garantías constitucionales, ya que la actora formuló descargos, aportó antecedentes médicos y ejerció los recursos de rigor.

Y considerando:

Primero: Que, del análisis de los antecedentes allegados al proceso, resultan ser hechos pacíficos y no controvertidos los siguientes: 1) La recurrente se desempeñaba como funcionaria de la Municipalidad de La Florida; 2) Hizo uso de la licencia médica N° NUM002, desde el 9 al 19 de junio de 2023, extendida por una médico general sin especialidad, con prescripción de reposo laboral total en su domicilio particular en la comuna de La Florida; 3) Durante la vigencia de dicha licencia, la actora salió del país por el paso fronterizo Chacalluta con destino a Perú, entre los días 10 y 18 de junio de 2023; 4) No consta orden médica previa y expresa en la licencia que autorizara el cumplimiento del reposo en el extranjero, ni la necesidad imperiosa de someterse a un procedimiento médico en el país de destino.

Segundo: Que, en cuanto a los supuestos vicios de procedimiento denunciados, consistentes en la denegación inicial del término probatorio y la posterior concesión de un plazo de tres días, cabe señalar que la actora fue debidamente notificada de los cargos, tuvo oportunidad de formular sus defensas y aportó abundante documentación clínica y médica que obra en el sumario administrativo (fichas clínicas del Centro Médico Bellavista, informes psiquiátricos, etc.). A su vez, la falta que funda la sanción -el viaje a Perú encontrándose con licencia médica que ordenaba reposo total- fue expresamente reconocida por la sumariada. Por tanto, no se advierte que el plazo concedido haya generado una indefensión material que vicie de nulidad el sumario, cumpliéndose con las etapas esenciales del debido proceso, por lo que la alegación de vulneración al artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental debe ser desestimada.

Tercero: Que, respecto de las alegaciones de falta de tipicidad y que el incumplimiento del reposo sólo acarrea la invalidación de la licencia médica por parte de la Compin (Decreto N° 3 de 1984, MINSAL), cabe precisar que la responsabilidad administrativa funcionaria es autónoma e independiente de la responsabilidad y sanciones en el ámbito de la salud laboral.

Mientras la Compin resguarda el correcto otorgamiento de la justificación médica y el pago de subsidios, la Municipalidad, en ejercicio de su potestad disciplinaria, vela por el estricto cumplimiento de los deberes funcionarios y la probidad administrativa (Ley N° 18.883).

Asimismo, la sanción fue adoptada con fundamentación expresa, encontrándose acreditado que la recurrente, encontrándose con licencia médica que disponía reposo domiciliario total, viajó al extranjero sin autorización médica previa para ello, conducta que fue calificada por la autoridad municipal como infracción grave al principio de probidad administrativa.

Tal como lo ha asentado la doctrina institucional de la Contraloría General de la República, hacer uso de una licencia médica, percibiendo remuneración sin trabajar, y aprovechar dicho período para salir del país sin autorización médica expresa que justifique el desplazamiento por fines terapéuticos fiscalizables, contraviene el deber de honestidad, lealtad institucional y probidad administrativa. Dicha conducta impide ejercer el control del descanso y de la evolución de la enfermedad, constituyendo una falta disciplinaria sancionable en la esfera estatutaria, de forma independiente a lo que resuelva el organismo de salud.

Cuarto: Que, conforme a la jurisprudencia sostenida por la Superintendencia de Seguridad Social y la Contraloría General de la República, aun tratándose de patologías psiquiátricas donde se pueda sugerir la distracción del paciente -calidad que no reviste la licencia otorgada en junio de 2023-, los viajes al extranjero durante la licencia médica impiden en lo absoluto el ejercicio de las facultades de fiscalización del empleador, por lo que, a falta de una orden médica específica y justificada para el traslado internacional, se configura un quebrantamiento grave de la normativa.

Quinto: Que, las argumentaciones de la actora vinculadas a la justificación médica del viaje, su estado de salud mental, la necesidad de ser acompañada por su expareja, así como sus alegaciones de desproporción de la medida disciplinaria adoptada, apuntan esencialmente a impugnar la valoración de la prueba y la calificación jurídica de la gravedad de la falta efectuada por el ente edilicio.

Al respecto, es jurisprudencia asentada que la acción de protección no constituye una instancia de revisión del mérito, conveniencia o ponderación probatoria de los sumarios administrativos. Como sea, las alegaciones que vierte la actora carecen de plausibilidad, pues si bien sostiene que, a junio de 2023,“estaba con una depresión fuerte, tratada con medicamentos fuertes psicotrópicos”, la licencia que se le otorgó ante esa delicada condición de salud sólo se extendió por 10 días, no consignándose una patología de esa naturaleza, la que es suministrada por una médico general, todo lo cual no se condice con el cuadro clínico descrito por la reclamante. El artículo 123 de la Ley N° 18.883 faculta al alcalde a aplicar la medida de destitución cuando los hechos vulneren gravemente el principio de probidad administrativa. Habiendo la autoridad municipal determinado que la conducta de la actora revistió tal gravedad -al sustraerse del control estatal y cobrar remuneraciones en contravención a la buena fe-, y al fundamentar debidamente dicha conclusión en el Decreto N° NUM000 y en la resolución que rechazó la reposición, la decisión no puede ser tildada de ilegal o arbitraria. Esta Corte no puede sustituir a la Administración en el ejercicio de sus potestades disciplinarias cuando éstas han sido ejercidas dentro del marco legal, con motivación suficiente y tras un procedimiento racional.

Sexto: Que, por las razones anteriores, no configurándose en la especie un acto ilegal o arbitrario imputable a la Municipalidad de La Florida que amague, altere o prive a la recurrente del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, el presente recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado en contra de la Municipalidad de La Florida.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

N°Protección-24509-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner, e integrada, además, por el ministro (S) señor Hernán López Barrientos y el ministro (I) señor Pablo Toledo González. No firma el ministro (s) señor López, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse con permiso compensatorio.