Protección contra Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Al folio 12; téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Manuel Eduardo Orellana Rojas y deduce recurso de protección en favor de nombre reservado y en contra del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, por estimar que dicha institución ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria al no brindar atención médica integral y especializada a su hija nombre reservado, situación que, a su juicio, vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nos 1 y 9 de la Constitución Política de la República.

Expone el recurrente que su hija, de 31 años de edad, fue diagnosticada en marzo de 2024 con Trastorno de la Conducta Alimentaria, tipo anorexia purgativa, condición clínica de alto riesgo, según consta en diversos informes médicos acompañados al recurso, emitidos por profesionales del Centro CADDA, del Hospital Dra. Eloísa Díaz, así como por la psiquiatra nombre reservado, y con orden de hospitalización extendida por la Dra. nombre reservado. Indica que, tras gestiones infructuosas en CESFAM y COSAM por la inexistencia de equipos especializados, debieron recurrir a tratamiento privado hasta octubre de 2024, el cual no pudieron seguir financiando. Desde entonces, la atención de la paciente ha sido intermitente y su último control psiquiátrico data de marzo de 2025.

Agrega que en un contexto de agravamiento del cuadro clínico acudieron al Servicio de Urgencia del Hospital Dr. Sótero del Río, donde fueron atendidos por un equipo de psiquiatría tras 40 horas de espera, el cual, sin revisar los antecedentes médicos presentados, descartó la necesidad de hospitalización y derivó a tratamiento ambulatorio. A la fecha, la paciente no cuenta con atención psiquiátrica especializada, pese a que la institución recurrida dispone de un profesional idóneo para el tratamiento de dicha patología, situación que —a juicio del actor— constituye una omisión grave que pone en riesgo la vida e integridad física y psíquica de su hija.

Solicita se ordene al Hospital recurrido proveer íntegramente las prestaciones médicas y medicamentos necesarios para el tratamiento de la anorexia purgativa que afecta a la paciente, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río evacúa el informe requerido y señala que el 21 de agosto de 2025 la paciente ingresó a la Unidad de Emergencia Adulto del Hospital acompañada de su padre, refiriendo una descompensación derivada de un Trastorno de Conducta Alimentaria. Fue evaluada por un médico psiquiatra, quien determinó que la paciente se encontraba vigil, orientada, sin alteraciones graves del sensorio ni sintomatología aguda que ameritara hospitalización, conforme a los criterios clínicos del Modelo de Atención de Urgencias en Salud Mental del Ministerio de Salud.

Refiere además que el cuadro clínico no presentaba ideación suicida activa, síntomas psicóticos, ni otra manifestación de urgencia vital y se constataron factores relevantes como baja adherencia a tratamientos anteriores, falta de control en la red pública y escasa supervisión familiar.

Indica que no se solicitó hospitalización en la atención referida y que se entregaron indicaciones para seguimiento ambulatorio, incluyendo control en CESFAM, farmacoterapia y vigilancia domiciliaria.

Se sostiene a continuación en el informe que no ha existido vulneración de las garantías constitucionales invocadas, en tanto la atención médica brindada se ajustó a los protocolos y estándares técnicos vigentes y que no corresponde, a través de esta acción, imponer una determinada modalidad de tratamiento o la atención por un profesional específico.

Finalmente, alega que el derecho a la protección de la salud, invocado por el recurrente, no es susceptible de tutela por esta vía, salvo respecto de la libertad de elección del sistema de salud, cuestión que no ha sido controvertida en estos antecedentes.

Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que conforme a los antecedentes que obran en autos, particularmente los informes médicos acompañados tanto por la parte recurrente como por la recurrida, es posible constatar que el estado clínico de la paciente nombre reservado da cuenta de un cuadro complejo, propio de la esfera psiquiátrica, en el cual confluyen múltiples elementos clínicos, familiares y sociales que determinan su evolución. No obstante ello, esta Corte estima que los elementos expuestos en los antecedentes no permiten configurar la existencia de un derecho indubitado cuya cautela pueda obtenerse a través de esta vía excepcional.

En efecto, como se dijo más arriba, la acción de protección tiene como finalidad el resguardo inmediato de derechos fundamentales en caso de amenaza, perturbación o privación, derivada de un acto u omisión arbitrario o ilegal, y en relación con garantías constitucionales claramente determinadas. Esta acción no constituye una instancia destinada a resolver controversias técnicas, ni puede erigirse en sede de control respecto de decisiones adoptadas por profesionales dentro del ámbito de su competencia técnica, en especial cuando tales decisiones se enmarcan en la lex artis médica, como ocurre en la especie.

Quinto: Que, en tal sentido, no corresponde que por medio de esta acción constitucional se procure imponer una determinada modalidad de tratamiento médico —como lo sería la hospitalización de la paciente— o se sustituya el juicio clínico del profesional tratante por el de esta judicatura, máxime cuando el acto cuestionado no aparece revestido de ilegalidad ni arbitrariedad. En este contexto, cabe recordar que el “Modelo de Atención de Urgencias de Salud Mental en la Red General de Salud 2023”, aprobado por el Ministerio de Salud, establece criterios clínicos específicos para la hospitalización de urgencia, tales como crisis psiquiátrica grave no contenible ambulatoriamente, riesgo vital por conducta suicida o agresiva, psicosis severa con desorganización importante, estupor o catatonía, o imposibilidad de manejo extrahospitalario.

Sexto: Que de los antecedentes acompañados, en especial el informe evacuado por el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río y la epicrisis correspondiente, consta que la paciente fue atendida el día 21 de agosto de 2025 por un médico psiquiatra en la Unidad de Emergencia Adulto, quien evaluó su estado clínico y determinó que no concurrían criterios de hospitalización urgente, decisión que fue adoptada conforme a la normativa técnica vigente y a la evaluación clínica efectuada en el momento. Se constató que la paciente se encontraba vigil y orientada, sin alteraciones del sensorio ni ideación suicida activa, descartándose síntomas psicóticos o desorganización conductual grave.

Si bien el recurrente acompaña una orden de hospitalización psiquiátrica emitida con anterioridad por la Dra. nombre reservado —documento que da cuenta de un diagnóstico de anorexia nerviosa mixta grave y episodio depresivo severo con riesgo vital—, lo cierto es que dicho informe se emitió en contexto ambulatorio y sin contradicción con la evaluación realizada en la urgencia el 21 de agosto de 2025, momento en que, según se indicó, no se solicitó formalmente hospitalización y la paciente no presentaba criterios clínicos que justificaran tal decisión.

Además, del Informe de Atención Integral emitido por el Centro CADDA se desprende que la paciente tuvo una adherencia intermitente al tratamiento, con decisión voluntaria de alta en noviembre de 2024, lo que refuerza la complejidad del abordaje terapéutico, así como el carácter dinámico de su evolución clínica. No puede afirmarse, entonces, que exista una negativa arbitraria e injustificada por parte del Hospital recurrido, sino más bien una discrepancia técnico-médica respecto de la modalidad de tratamiento más adecuada.

Séptimo: Que, en consecuencia, no se advierte la existencia de un derecho indubitado cuyo resguardo deba ser cautelado por medio de esta acción. En efecto, no corresponde al ámbito de la acción de protección resolver sobre la pertinencia de hospitalizar a una paciente con diagnóstico psiquiátrico complejo, menos aun cuando la decisión médica adoptada se encuentra razonada, fundada en protocolos vigentes y dentro del margen de la lex artis.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que del informe de la recurrida y los documentos clínicos acompañados consta que la paciente recibió atención médica, fue evaluada por psiquiatría y se le entregaron indicaciones para seguimiento ambulatorio, incluyendo la activación de controles en atención primaria, farmacoterapia y supervisión familiar, conforme al Modelo de Atención de Urgencias en Salud Mental.

Octavo: Que en razón de todo lo dicho no cabe sino concluir que no se configura en la especie un acto ilegal ni arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas por el actor, por lo que el presente recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

Regístrese y archívese.

Protección N°24.469-2025.