nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Santiago Santiago, siete de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, ciudadano venezolano, y deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por el acto que estima como arbitrario e ilegal consistente en la decisión de rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, adoptada mediante comunicación electrónica de fecha 15 de octubre de 2025, lo que vulneraría sus garantías constitucionales contempladas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y derecho de propiedad, por lo que pide a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

En cuanto a los antecedentes expone que el actor solicitó a través de la AFP recurrida la devolución de sus fondos previsionales, estimando dar cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, invocando su calidad de profesional extranjero afiliado a un sistema de seguridad social en su país de origen, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS y manifestando su voluntad de mantener dicha afiliación, acompañando el contrato de trabajo, la declaración jurada notarial y una Constancia Electrónica de Cotizaciones.

Indica que la recurrida justificó su negativa argumentando que el documento acompañado no se encontraba apostillado o legalizado, que no especificaba que la cobertura de enfermedad comprendiera prestaciones médicas y pecuniarias, y que indicaba un estatus de "asegurado cesante" con fecha de egreso en el año 2016, circunstancia que impedía acreditar la cobertura ininterrumpida durante su estadía laboral en Chile. A juicio del recurrente, esto constituye un actuar arbitrario e ilegal, en cuanto la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida impone requisitos adicionales y formalistas que la ley no contempla, desconociendo que la constancia electrónica puede ser validada digitalmente mediante un código alfanumérico en el portal oficial del IVSS. Añade igualmente que la exigencia de apostilla es de imposible cumplimiento dada la actual ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un caso de fuerza mayor.

Concluye afirmando que el actuar de la recurrida infringe la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad al impedirle disponer de sus ahorros previsionales, por lo que pide se acoja el recurso en los términos planteados.

SEGUNDO: Que, evacuando informe la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. solicita el rechazo del recurso, con costas. Sostiene que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario, por cuanto su proceder se ha ajustado estrictamente a los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Expone que la solicitud fue rechazada por cuanto la recurrente no acreditó el cumplimiento del requisito esencial de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156. Específicamente, señala que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emanada del IVSS no indica expresamente que, en caso de enfermedad, el afiliado cuente con cobertura de prestaciones médicas y pecuniarias. Asimismo, advierte que el documento consigna como estatus actual el de "asegurado cesante" con fecha de egreso el 15 de marzo de 2016, por lo que no es posible acreditar que el actor se haya encontrado efectivamente cubierto por la seguridad social de su país de origen durante la vigencia de la relación laboral en Chile.

Agrega que, conforme a los dictámenes de la Superintendencia de Pensiones y al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados o apostillados para surtir efectos legales en el país. Añade igualmente que un recurso de protección no es la vía idónea para debatir el cumplimiento de requisitos legales sujetos a ponderación administrativa y que el acto impugnado carece de la ilegalidad o arbitrariedad denunciada.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Así, son presupuestos esenciales de esta acción: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de ello se prive, perturbe o amenace un derecho indubitado; y c) que dicho derecho esté señalado expresamente en la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la Ley N° 18.156 consagra un régimen de excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros. Su artículo 1° dispone que estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan condiciones copulativas: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley habilita la devolución de los fondos previsionales a quienes cumplan con las exigencias del referido artículo 1°.

QUINTO: Que, de acuerdo a las directrices de la Superintendencia de Pensiones, cuyo cumplimiento es obligatorio para las Administradoras, la acreditación de la cobertura previsional en el extranjero exige que el trabajador demuestre haber contado con dicha protección durante toda la vigencia de su prestación de servicios en Chile. Asimismo, es exigencia expresa de la autoridad fiscalizadora que, tratándose de la contingencia de enfermedad, la certificación precise que ésta incluye prestaciones médicas y pecuniarias, debiendo presentarse dichos documentos con las formalidades legales de legalización o apostilla.

SEXTO: Que, al examinar el mérito de los antecedentes aportados, se constata que el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con las exigencias sustantivas ni formales prescritas por la normativa. En efecto, más allá de la alegada imposibilidad material de obtener el apostillado del documento debido a la situación diplomática actual, argumento de fuerza mayor invocado por el recurrente, el contenido mismo de la constancia resulta insuficiente. El documento expresamente califica el estatus del actor como "asegurado cesante" con fecha de egreso al 15 de marzo de 2016. En consecuencia, el certificado no logra acreditar, de manera fehaciente e ininterrumpida, que el solicitante haya gozado de cobertura previsional en su país de origen de manera coetánea a la prestación de sus servicios laborales en Chile.

SÉPTIMO: Que, sumado a lo anterior, la certificación electrónica no detalla que la cobertura de salud comprenda prestaciones pecuniarias y médicas, como lo instruye de manera imperativa el órgano regulador. En este sentido, la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. no obedece a un mero capricho, desproporción o falta de fundamento (arbitrariedad), ni constituye una vulneración de la normativa vigente (ilegalidad). Por el contrario, la AFP se ha limitado a dar estricta aplicación a los requisitos que la ley, los reglamentos y la Superintendencia del ramo imponen para acceder a un régimen de excepción que implica, ni más ni menos, que la restitución anticipada de fondos que, por regla general, son inembargables y de destinación exclusiva para pensiones.

OCTAVO: Que, al existir dudas razonables y justificadas sobre la concurrencia de los presupuestos sustantivos previstos en la Ley N° 18.156, el recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente que pueda ser tutelado mediante la presente vía de urgencia. La existencia de controversia acerca de si la certificación foránea satisface o no el umbral legal de cobertura y vigencia transforma la pretensión del actor en un asunto que debe ser ventilado en un procedimiento de lato conocimiento o ante la autoridad administrativa competente, y no a través del recurso de protección. Por consiguiente, al no advertirse ilegalidad ni arbitrariedad, la acción intentada deberá ser necesariamente desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 24447-2025