nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que, con fecha 11 de noviembre de 2025, comparece el abogado Luis Gonzalo Cornejo Chávez, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, notificado el 14 de octubre de 2025, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 Nos. 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el protegido es un profesional de nacionalidad venezolana, con residencia definitiva en Chile, quien ha cotizado de manera sistemática en el sistema previsional chileno. Explica que, al amparo de la Ley N°18.156, solicitó la devolución de sus fondos el 9 de octubre de 2025, acompañando contratos de trabajo con cláusulas de exención, título profesional apostillado y una constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Expone que la recurrida rechazó la solicitud fundándose en que el certificado del IVSS no se encuentra apostillado ni legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Argumenta que dicha exigencia es de cumplimiento imposible debido al cierre de la representación diplomática de Venezuela en el país y a que el sistema de apostilla electrónica venezolano no contempla dicho trámite para ese documento específico, constituyendo un caso fortuito o fuerza mayor. Añade que la autenticidad del documento fue validada mediante un mecanismo técnico-jurídico ante notario público, quien verificó directamente en el portal web del IVSS la vigencia y cobertura de las cotizaciones.

Previas citas legales, pide se acoja la presente acción, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada y que se proceda a la devolución de los fondos previsionales en un plazo razonable, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, con fecha 17 de noviembre de 2025, comparece la abogada Ana María Herrera Brümmer, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que la solicitud del recurrente fue rechazada por no adjuntar la Constancia de Afiliación al IVSS debidamente apostillada o legalizada, requisito indispensable según la normativa vigente. Menciona que los documentos aportados por el interesado —una declaración jurada y una constancia de cotización sin firma— son insuficientes para acreditar la cobertura previsional en el extranjero por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el periodo de prestación de servicios en Chile. Precisa que, de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, las certificaciones deben emanar de la autoridad competente y cumplir con las formalidades del Convenio de la Apostilla, dado que tanto Chile como Venezuela son estados parte de dicha convención.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la acción de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento donde el derecho no es indubitado, sino que se encuentra controvertido. Sostiene que la AFP tiene el objeto exclusivo de administrar fondos y otorgar prestaciones legales, teniendo prohibido por el artículo 23 del D.L. 3.500 otorgar beneficios no previstos expresamente en la ley.

Estima que ha dado estricto cumplimiento a la Ley 18.156 y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas y en el Oficio Ordinario N° 12.954 de 2025. Subraya que la exigencia de legalización o apostilla emana de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y que la jurisprudencia reciente de la Excelentísima Corte Suprema ha respaldado la validez de estas exigencias administrativas.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso de protección.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que el acto que se califica como ilegal y arbitrario, corresponde a la negativa de la AFP Provida de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual del recurrente.

La recurrida justifica su decisión, de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

QUINTO: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que: “[l]as empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7°del mismo cuerpo legal, estipula que: “[e]n el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una administradora de fondos de pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°de esta ley”.

SEXTO: Que la revisión del documento aparejado por el recurrente, denominado “constancia electrónica de cotizaciones” permite constatar que efectivamente el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente.

SÉPTIMO: Que, acorde a lo expuesto, necesariamente se debe concluir que los fundamentos y las exigencias que fundan la negativa de la AFP, encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria. Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, dado que la exigencia de legalización o apostilla es una norma general aplicable a todo documento extranjero, sin distinción de nacionalidad, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Así entonces, en tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones, el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución, pues el rechazo constituye un acto administrativo subsanable, existiendo la posibilidad futura de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor nombre reservado, en contra de Administradores de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-24415-2025.