nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS PRIMERO: Que comparece don Luis Gonzalo Cornejo Chávez, abogado, en representación de doña nombre reservado, ciudadana de nacionalidad venezolana, ingeniera en informática con residencia definitiva en Chile, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., por haber denegado la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente en virtud de la Ley N° 18.156, exigiendo como condición la apostilla de la constancia de afiliación al seguro social venezolano, requisito que el recurrente se encuentra en imposibilidad material de cumplir, actuación que considera ilegal y arbitraria, toda vez que impone una exigencia no contemplada en la referida ley y de cumplimiento imposible dada la inexistencia de representación consular venezolana en Chile, vulnerando con ello el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y la garantía de no afectación de los derechos en su esencia, consagrados en los numerales 2°, 24° y 26° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando tener por válida la documentación acompañada y disponiendo la devolución de los fondos previsionales solicitados.

Señala que la recurrente, durante el curso de sus relaciones laborales en Chile, suscribió en cada uno de sus contratos de trabajo cláusulas previsionales mediante las cuales expresó su voluntad de acogerse al artículo 1° de la Ley N° 18.156, habiéndosele descontado sistemáticamente parte de su remuneración para efectuar cotizaciones previsionales en AFP Plan Vital. En virtud de lo anterior, con fecha 14 de octubre de 2025, ingresó por el portal web de la recurrida una solicitud de devolución de fondos previsionales, acompañando la documentación exigida por la ley, a saber: contratos de trabajo con cláusula de exención previsional, título profesional debidamente apostillado, cédula de identidad para extranjeros vigente y constancia de afiliación al seguro social venezolano. No obstante lo anterior, en esa misma fecha la AFP recurrida notificó la anulación de la solicitud, fundándola exclusivamente en la falta de apostilla del certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Ante dicha negativa, el recurrente presentó reclamo ante la Superintendencia de Pensiones con fecha 22 de octubre de 2025, haciendo presente la imposibilidad material de apostillar el documento requerido, en atención al cierre de la representación diplomática venezolana en Chile, ocurrido en julio de 2024. La Superintendencia trasladó el reclamo a la recurrida, quien ratificó su negativa, insistiendo en la exigencia de la apostilla como condición habilitante para la tramitación de la solicitud.

Alega, en primer término, que los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156 únicamente exigen que el trabajador extranjero acredite su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social en su país de origen que otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya expresado en su contrato laboral la voluntad de mantener dicha afiliación, sin que norma alguna imponga la exigencia de apostilla o legalización consular para los documentos acreditativos. Agrega que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es un documento público, verificable en línea mediante código alfanumérico en el portal oficial del organismo, cuya autenticidad fue certificada ante ministro de fe, siguiendo el mecanismo técnico-jurídico validado por esta misma Corte en causa Rol N° 6043-2025. Sostiene, asimismo, que la exigencia de apostilla constituye un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, toda vez que el sistema de Apostilla Electrónica de Venezuela no contempla dicha formalidad para este tipo de certificaciones, configurándose una imposibilidad material absoluta e imputable a circunstancias ajenas a la voluntad del recurrente. Invoca además el principio in dubio pro operario, consagrado implícitamente en el artículo 5° del Código del Trabajo y respaldado por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, conforme al cual toda ambigüedad interpretativa debe resolverse a favor del trabajador. Invoca igualmente los artículos 15, 25, 81 y 83 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, promulgada en Chile mediante Decreto N° 84 de 2005, que prohíbe la privación arbitraria de bienes de los trabajadores migrantes y garantiza el derecho a una reparación efectiva. Cita, en fin, numerosos precedentes jurisprudenciales que acogen recursos de protección en casos análogos, dictados por las Cortes de Apelaciones de Santiago, Concepción y Valdivia, y por la Excma. Corte Suprema, en los cuales se ha concluido que la negativa a devolver fondos fundada en exigencias extra legales constituye un acto ilegal y arbitrario.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, afirma que la conducta de la recurrida infringe el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, al dispensarle un trato diferenciado y menos favorable respecto de otros cotizantes extranjeros que en situaciones análogas han obtenido la devolución de sus fondos; el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24, por cuanto se le impide ejercer el dominio sobre sus fondos previsionales, bien incorporal de su exclusiva titularidad; y la garantía del artículo 19 N° 26, en la medida en que la AFP impone condiciones y requisitos no contemplados en la ley que afectan los derechos fundamentales del recurrente en su esencia.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A. reconocer como válida la documentación acompañada por el recurrente, continuar con la tramitación de la solicitud de devolución de fondos previsionales y proceder a efectuar dicha devolución dentro de un plazo razonable, adoptándose en general todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., evacuó el informe requerido solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas, en virtud de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

En cuanto a los hechos, señala que con fecha 23 de octubre de 2025, doña nombre reservado ingresó ante la Administradora una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, acompañando documentación destinada a acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Revisados dichos antecedentes, la Administradora determinó que la documentación presentada no satisface los requisitos copulativos exigidos por la normativa vigente, en particular el previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, relativo a la acreditación de cobertura previsional efectiva en el extranjero por todo el período de prestación de servicios en Chile, mediante constancia válida, vigente y susceptible de verificación, conforme a lo dispuesto en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

En lo que respecta a la documentación presentada por la recurrente, sostiene que esta adolece de deficiencias sustanciales. Por una parte, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada, y solo acredita semanas cotizadas mediante una referencia genérica a la Ley del Seguro Social venezolano, sin que de ella pueda verificarse la extensión temporal ni la vigencia actual de la cobertura, ni el cumplimiento de los requisitos copulativos exigidos por la normativa chilena. Por otra parte, la certificación notarial acompañada constituye un documento unilateral emitido por un notario en Chile, sin respaldo de entidad oficial extranjera ni cumplimiento de las formalidades exigidas por la Superintendencia de Pensiones, por lo que carece de fuerza probatoria suficiente para acreditar el requisito legal.

En lo relativo al derecho aplicable, fundamenta su actuación en la normativa vigente y en las instrucciones vinculantes emanadas de la Superintendencia de Pensiones, organismo al que la ley otorga amplias facultades de supervigilancia, interpretación y control. A este respecto, cita el artículo 94 del D.L. N° 3.500, que establece el carácter obligatorio de las instrucciones de la Superintendencia para las Administradoras, así como los artículos 2° y 3° del D.F.L. N° 101 de 1980 y el artículo 47 de la Ley N° 20.255, que reconocen expresamente dichas facultades regulatorias. En este marco, sostiene que la exigencia de apostilla o legalización consular no constituye un requisito arbitrario impuesto por la Administradora, sino la consecuencia directa de acatar instrucciones obligatorias contenidas en los Oficios Ordinarios N° 20.294, N° 25.057 y N° 12.954, este último de fecha 17 de julio de 2025, los cuales descartan expresamente como medios probatorios válidos tanto las constancias electrónicas genéricas como las declaraciones juradas certificadas ante notario, por no emanar de la autoridad previsional competente del país de origen. Agrega que, por tratarse de una exención de carácter excepcional al régimen general de cotizaciones, la Ley N° 18.156 debe ser interpretada restrictivamente, conforme a los estándares fijados por la autoridad regulatoria.

En lo que atañe a la alegada vulneración del derecho de propiedad, señala que el rechazo de la solicitud no importa privación alguna de los fondos previsionales, los cuales permanecen íntegramente en la cuenta individual de la afiliada y podrán ser utilizados conforme a las reglas generales del sistema previsional, sea al momento de pensionarse u en otra oportunidad legalmente prevista. Sostiene, por tanto, que no existe vulneración actual ni inminente del derecho de propiedad de la recurrente. Añade, además, que el acto impugnado constituye un acto administrativo de carácter subsanable, no definitivo, que no genera indefensión, toda vez que la recurrente conserva la posibilidad de complementar su documentación y reiniciar la solicitud por la vía administrativa correspondiente, ya sea ante la propia Administradora o ante la Superintendencia de Pensiones, citando en apoyo de esta tesis lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 54.783-2024, de fecha 8 de mayo de 2025. En igual sentido, invoca sentencias de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, Concepción y San Miguel, así como un fallo confirmatorio de la Corte Suprema en causa Rol N° 26.165-2025, que avalan la posición de que la constancia electrónica del IVSS y la certificación notarial carecen de idoneidad para acreditar los requisitos legales, y que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar actos intermedios de procedimientos administrativos susceptibles de subsanación. Finalmente, agrega que acceder a la devolución sin que se cumplan los requisitos legales podría generar un perjuicio fiscal al Estado, en atención al principio de universalidad de la seguridad social y a las obligaciones de garantía de pensiones básicas solidarias previstas en la Ley N° 20.255.

En virtud de los fundamentos expuestos, solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de protección deducido en su contra, por no haber incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario alguno que haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados por la recurrente, con expresa condena en costas. Asimismo, solicita que se oficie a la Superintendencia de Pensiones a fin de que dicho organismo se pronuncie sobre la procedencia del pago y el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156 en el caso concreto.

TERCERO: Que la Superintendencia de Pensiones evacuó el informe requerido por esta Corte, exponiendo los antecedentes de hecho y de derecho vinculados a la acción constitucional deducida en autos.

Expone que efectivamente la recurrente presentó un reclamo ante dicho organismo con fecha 22 de octubre de 2025, en contra de la decisión de AFP Plan Vital de anular su solicitud de devolución de fondos previsionales, sosteniendo haber cumplido con los requisitos de la Ley N° 18.156 mediante la presentación de una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, verificable en línea, y una certificación notarial otorgada por don nombre reservado, nombre reservado de Providencia. En respuesta a dicho reclamo, la Superintendencia comunicó a la recurrente, con fecha 22 de octubre de 2025, que la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable exclusivamente a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos o profesionales que acrediten copulativamente los requisitos de dicha ley, entre ellos, la afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, la que debe ser acreditada mediante certificado de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizado o apostillado, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Sostiene que la Ley N° 18.156 constituye una norma de excepción y de derecho estricto, que no admite interpretación extensiva ni aplicación analógica a situaciones no expresamente previstas por el legislador, criterio que ha sido sostenido en forma reiterada y coherente por dicho organismo desde su Oficio N° 5.963, de 16 de abril de 2007. En virtud de las facultades que le confieren el artículo 2° del D.F.L. N° 101 de 1980, el artículo 3° del mismo cuerpo normativo, el artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980 y el artículo 47 de la Ley N° 20.255, la Superintendencia ha desarrollado una jurisprudencia administrativa reiterada en la materia, sistematizando los criterios de acreditación en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, cuya aplicación es de cumplimiento obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones.

En lo que concierne a la insuficiencia de la documentación presentada por la recurrente, la Superintendencia señala que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS carece de firma autorizada, no ha sido legalizada ni apostillada, y se limita a efectuar una referencia genérica a las coberturas del sistema previsional venezolano, sin consignar las prestaciones específicas de las que efectivamente goza la recurrente, sin permitir verificar la continuidad e ininterrupción de la cobertura durante todo el período en que prestó servicios en Chile, y sin acreditar la existencia de prestaciones de carácter pecuniario en caso de enfermedad. Precisa que la incorporación de un código de verificación electrónica no suple los requisitos formales de autenticación exigidos por el ordenamiento jurídico, conforme a lo establecido en el Oficio Ordinario N° 12.954, de 17 de julio de 2025, y al criterio confirmado por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 48.991-2025. En igual sentido, afirma que la certificación notarial acompañada resulta igualmente inapta para acreditar la existencia, vigencia y alcance de la cobertura previsional en el extranjero, toda vez que dicha circunstancia solo puede ser certificada por la autoridad previsional competente del país de origen, criterio que ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema al conocer del recurso de apelación en causa Rol N° 13.722-2025, que confirmó lo resuelto por esta Corte en causa Rol N° 22.142-2024.

En lo que respecta a la alegación de caso fortuito o fuerza mayor invocada por la recurrente, la Superintendencia sostiene que la sola invocación de dificultades diplomáticas no resulta suficiente para configurar jurídicamente dicha figura, la que exige la concurrencia copulativa de un hecho imprevisible e irresistible que genere una imposibilidad absoluta de cumplimiento, cuya carga probatoria recae íntegramente en quien la alega. A este respecto, cita la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 24 de diciembre de 2025, dictada en causa Rol N° 33.946-2025, que revocó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en causa Rol N° 3.860-2025, precisando que la ruptura de relaciones consulares con Venezuela dificulta el cumplimiento del requisito pero no lo hace imposible de realizar, por cuanto el trámite puede efectuarse en sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.

Finalmente, precisa que el rechazo de la solicitud no importa privación definitiva ni irreparable de los fondos de la recurrente, quien conserva íntegramente sus derechos previsionales conforme al D.L. N° 3.500 de 1980, pudiendo disponer de ellos al momento de pensionarse u en otra oportunidad legalmente prevista. Concluye señalando que la procedencia del recurso de protección exige la existencia de un derecho previo e indubitado susceptible de tutela cautelar, condición que no concurre en la especie, dado que la devolución de fondos solicitada está supeditada al cumplimiento copulativo de requisitos objetivos que no han sido debidamente acreditados por la recurrente.

Termina solicitando tener por evacuado el informe requerido.

CUARTO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Plan Vital S.A., que rechazó la solicitud de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento: “Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

SEXTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

SÉPTIMO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida don Luis Gonzalo Cornejo Chávez, abogado, en representación de doña nombre reservado, ciudadana de nacionalidad venezolana, en contra de AFP Plan Vital S.A.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N° Protección 24411-2025 Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Manuel Esteban Rodríguez Vega y la Abogado Integrante señora Ximena Insunza Corvalán.