IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL S.A. con INSPECCION DEL TRABAJO CHACABUCO NORTE

1 Santiago, quince de marzo del año dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que doña Catalina Salza Mardones, abogado, en representación de Sociedad Importadora Café Do Brasil, domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, con domicilio en domicilio reservado, por la actuación arbitraria e ilegal consistente en la dictación de las Resoluciones Ord. N°1720 y N°1722, ambas de 7 de diciembre de 2017, notificadas con fecha 19 de diciembre del mismo año.

Sostiene (causa ingreso Corte 2478-2018, acumulada) que el día 28 de agosto de 2017, concurrió a las instalaciones de la compañía, la fiscalizadora de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco doña nombre reservado, la que cursó dos multas, bajo resolución Multa 8047/17/55, la que fue notificada el día 19 de diciembre de 2017, venciendo por tanto el plazo para presentar la reconsideración administrativa el día 14 de noviembre.

Agrega que el día 22 de septiembre de 2017, concurrió a las instalaciones de la compañía, el fiscalizador de la Inspección Comunal Norte Chacabuco, don nombre reservado y producto de esa fiscalización, cursó dos multas, bajo resolución Multa 1727/2017/113, la que fue notificada el día 17 de octubre de 2017, venciendo por tanto el plazo para presentar la reconsideración administrativa el día 30 de noviembre de 2017.

2°) Que la recurrente indica que, amparado en lo dispuesto el artículo 511 del Código del Trabajo, su representado optó por presentar recurso administrativo de reconsideración, el que fue ingresado, respecto de las primeras dos multas el día 2 de noviembre de 2017 y las dos siguientes el día 21 de noviembre de 2017, esto es, dentro de 30 días hábiles desde la fecha en que se cursa la multa.

Expresa que el día 7 de diciembre de 2017, la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, a través de su Inspectora Comunal doña nombre reservado, dicta las resoluciones que constituyen los actos arbitrarios e ilegales, que por estos recursos acumulados se impugnan, en virtud de las cuales rechaza realizar la tramitación de los recursos de reconsideración presentados por su parte, por considerar que las presentaciones han sido extemporáneas por no haber sido presentadas dentro de 30 días corridos.

Agrega que en la especie se ha producido una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida, a la luz de lo que dispone el artículo 25 de la ley N°19.880, que se refiere al cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, agrega que como lo ha señalado abundante jurisprudencia, la dilucidación de la controversia de cómo debe computarse el plazo señalado no se agota con el solo contenido del artículo 512 del Código de Trabajo, ya que este no precisa si dicho termino es de días hábiles o corridos, por lo que debe tenerse presente que la solicitud de reconsideración presentada ante la Inspección del Trabajo es un recurso que se presenta en el trámite de la etapa administrativa, de manera que por no existir norma que establezca lo contrario, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N°19.880, que se refiere al cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, disposición que señala que estos son de días hábiles, entendiéndose como se ha dicho, que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Estima vulneradas las garantías constitucionales de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, y solicita que se acojan los recursos, dejando sin efecto los Ordinarios N°s 1720 y 1722, ambos de 7 de diciembre de 2017.

3°) Que, informando la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, pide que se rechace el recurso con costas, sosteniendo la improcedencia de la presente acción, atendida la naturaleza del acto recurrido, por cuanto en este caso se está utilizando el recurso de protección como un sustituto de los procedimientos específicos contemplados expresamente en la legislación.

En subsidio de lo anterior, alega que los Ordinarios recurridos están dictados en atención a las facultades expresamente conferidas al Inspector Comunal del Trabajo por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo.

Además, dice, los Ordinarios recurridos no pueden ser bautizados como arbitrarios, ya que, como se aprecia de su texto y redacción, éstos fueron razonados, argumentados y fundados, y la falta de arbitrariedad se desprende de los textos de las multas cursadas.

Así, añade, la acción cautelar incoada en autos carece de objeto y causa, por lo que debiera ser desechada por improcedente.

Finalmente, aduce la improcedencia del recurso en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición, toda vez que en la especie no existe acto ilegal o arbitrario del cual se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente.

4°) Que, en subsidio de todo lo dicho, informa los hechos y circunstancias que han dado lugar a la acción de protección, e indica que con fecha 28 de agosto de 2017, y a propósito de una denuncia ingresada a las oficinas de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, la fiscalizadora aplicó multa administrativa que fue notificada según lo normado en el artículo 508 del Código del Trabajo el día 28 de septiembre de 2017; respecto de ella la reclamante solicitó reconsideración mediante presentación de 2 de noviembre de 2017, sin embargo dicha presentación no cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es, ser presentada dentro del plazo de 30 días corridos desde la notificación, en la especie, a más tardar el jueves 28 de octubre de 2017, y en atención a lo anterior con fecha 7 de diciembre del mismo año, la Inspectora Comunal comunicó a la solicitante que no se acogería a tramitación su solicitud de reconsideración en atención a que esta había sido presentada fuera del plazo de 30 días corridos, que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

Agrega que lo mismo habría ocurrido con la otra multa que por esta vía se reclama, aplicada el día 22 de septiembre de 2017, que originó la dictación del Ordinario N°1722, mediante la cual se comunicó a la solicitante que no acogería a tramitación su solicitud de reconsideración, por estar fuera del plazo de 30 días hábiles establecidos en la ley.

Indica que los ordinarios administrativos recurridos, no violan de ninguna forma la garantía constitucional del articulo 19 N°2 y 24, toda vez que el formulario de solicitud de reconsideración de multa señala cuál es el plazo que detenta la contraria y que es el mismo que se encuentra normado en el artículo 512 del Código de Trabajo, y la Inspección solo se pronunció en virtud de una facultad descrita en la ley, relativa a un procedimiento también regulado en la ley.

Agrega que la discusión acerca del plazo de 30 días establecido en el artículo 512 del Código de Trabajo, ha quedado zanjado por diversos Dictámenes de la Contraloría General de la Republica que señalan que se trata de un plazo de días corridos.

Finalmente solicita el rechazo del Recurso de Protección, con costas.

5°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

6º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que concurra uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

7°) Que, lo discutido en el presente caso consiste en si el plazo de treinta días para pedir la reconsideración en materia administrativa, a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos o hábiles. Sobre el particular existen diferentes posiciones, en orden a que dicho término no sería de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos y es ello lo que precisamente sostiene la parte que reclama, por aplicación del artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

8°) Que en este caso, de acuerdo con los antecedentes esgrimidos por la actora, en que la notificación de la primera infracción se efectuó el 28 de septiembre de 2017, y la solicitud de reconsideración es de fecha 2 de noviembre del mismo año. La segunda multa fue notificada el 21 de noviembre de 2017 y la solicitud de reconsideración presentada el 21 de noviembre de 2017, y ambas fueron estimadas extemporáneas por la autoridad administrativa correspondiente.

Del solo planteamiento del problema se deriva la circunstancia de que no existe acto arbitrario o ilegal por parte de la entidad contra la que se recurre, porque tal autoridad ha actuado dentro del ámbito de sus facultades.

En efecto, el artículo 505 del Código Laboral, que se encuentra en el Título llamado “De la fiscalización, de las sanciones y de la prescripción, dispone que “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que las rigen.”

Por lo tanto, cuanto la entidad recurrida ha estimado que el plazo para reclamar administrativamente es de días corridos, ha obrado en el marco de sus facultades y con apoyo en las normas del propio Código del Trabajo, que establece varios criterios relativos a plazos, como es sabido.

De ahí entonces, que al resolver como lo ha hecho, sencillamente ha obrado conforme a sus facultades legales relativas a la interpretación de la legislación laboral, y justamente en el marzo de sus facultades fiscalizadoras.

La circunstancia de que la parte recurrente tenga un concepto distinto en cuanto al cómputo del señalado término, no importa que lo obrado por la Inspección del Trabajo sea arbitrario o ilegal. Cabe añadir que de aplicar dicho criterio, resulta obvio que el plazo ya no sería de treinta días, sino que se acercaría a los cuarenta, lo que está lejos de lo que la ley señala, siendo responsabilidad de la parte recurrente, la de presentar reclamos en términos que pongan en riesgo sus intereses.

9°) Que, de igual manera, además de no existir un acto ilegal o arbitrario, lo cual es la base para el acogimiento de un recurso como el de autos, la verdad es que una interpretación de un precepto legal, en términos que, a juicio de esta Corte, son perfectamente aceptables, dada la latitud del plazo de que se trata, contado como de días corridos, tampoco vulnera ninguna norma constitucional, esto es, que no existen garantías constitucionales afectadas, en concreto, ninguna de las que se han invocado.

Desde luego, no se ha demostrado que la autoridad recurrida, en un caso similar, haya estimado el plazo de una manera diversa a como lo hizo en la especie, de modo que no puede estimarse transgredida la igualdad ante la ley, a que se refiere el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental de la República.

De otro lado, tampoco se aprecia el modo como se habría afectado el derecho de propiedad, referido en el numeral 24 de la norma constitucional antes mencionada.

10°) Que, cabe adicionar a lo dicho que, en el evento o hipótesis de que la autoridad hubiere procedido con vulneración de normas legales o de modo arbitrario -cuestión que ya ha sido descartada- tratándose de una cuestión procedimental, podría estimarse vulnerado el debido proceso.

Sin embargo, dicha garantía constitucional no está protegida por la acción cautelar de protección, por la obvia razón de que cada procedimiento, sea del orden jurisdiccional o administrativo, tiene sus propios mecanismos de impugnación de resoluciones, cuya finalidad es precisamente la de velar por el debido proceso.

12°) Que lo anterior conduce nuevamente a esta Corte a pronunciarse sobre el indebido uso que se hace del recurso de protección, que ha llevado a una especie de desnaturalización del mismo, pues se lo ha estimado idóneo para impugnar toda clase de resoluciones, sea de órganos administrativos e inclusive jurisdiccionales, que éstos expiden en el marco de procedimientos llevados a cabo en virtud de las facultades de que la ley los ha dotado. Ello ocurre en el presente caso, en que se lo pretende utilizar para que esta Corte se involucre en un proceso administrativo para disponer que el plazo en cuestión, se considere de una determinada manera, lo cual ciertamente es improcedente.

Es así que, en mérito de lo expuesto, el recurso en examen no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones, y en conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por la empresa Importadora Café Do Brasil S.A. contra la Inspección del Trabajo Chacabuco Norte.

Se previene que el Ministro Mario Rojas G. estuvo por imponer el pago de las costas a la parte recurrente.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°2441-2018.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministra (s) señora Maria Riesco Larraín.

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