nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

Santiago, veintisiete de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado Luis Gonzalo Cornejo Chávez, en representación de nombre reservado, ciudadano venezolano, quien interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., impugnando el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales como trabajador extranjero, notificado el 13 de octubre de 2025, por estimarlo un acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales.

Expone que el recurrente prestó servicios en Chile, efectuándose cotizaciones previsionales durante la relación laboral, habiendo manifestado en sus contratos su voluntad de acogerse a la exención prevista en la Ley N°18.156. En virtud de dicha normativa, solicitó la devolución de sus fondos previsionales, acompañando contrato de trabajo con cláusula de exención, título profesional apostillado, cédula de identidad vigente y constancia de afiliación al sistema de seguridad social venezolano. Sin embargo, la AFP rechazó la solicitud por falta de apostilla de la constancia de afiliación extranjera, exigencia que el recurrente afirma imposible de cumplir debido a la inexistencia de representación consular venezolana en Chile y a que el sistema venezolano no contempla apostilla para dicho documento.

Sostiene que la exigencia de apostilla constituye un requisito no previsto en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, los cuales solo requieren acreditar afiliación a un sistema previsional extranjero y manifestar la voluntad de mantener dicha afiliación. Señala que acreditó su cobertura mediante constancia electrónica verificable en el portal oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, incluso validada ante ministro de fe, lo que demostraría el cumplimiento de los requisitos legales. Agrega que la negativa de la recurrida carece de motivación suficiente, configura una interpretación restrictiva de la normativa y establece una condición de cumplimiento imposible.

El actor denuncia vulneración del derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales y del derecho a la igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 N°24 y 2° de la Constitución Política de la República, respectivamente, al impedirle disponer de sus ahorros mediante exigencias formales no contempladas en la ley. Asimismo, invoca el principio protector del derecho laboral, normativa constitucional y administrativa sobre juridicidad y motivación de los actos administrativos, instrumentos internacionales sobre protección de trabajadores migratorios y diversa jurisprudencia de tribunales superiores que habrían reconocido el derecho de trabajadores extranjeros a la devolución de fondos previsionales cuando se acreditan los requisitos legales, aun sin apostilla de documentos extranjeros.

Solicita que se declare ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando la devolución de los fondos previsionales del recurrente.

SEGUNDO: Que la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., evacúa informe solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas, alegando en primer término la improcedencia de la acción por no ser la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento y, en subsidio, sosteniendo la inexistencia de acto ilegal o arbitrario, por cuanto su actuar se ha ajustado estrictamente a la normativa legal y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto a la improcedencia de la acción cautelar, señala que el recurso de protección tiene por objeto amparar derechos indubitados frente a afectaciones urgentes, lo que no ocurre en la especie, pues el conflicto versa sobre la determinación del cumplimiento de requisitos legales para la devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, cuestión controvertida que requiere un procedimiento declarativo. Añade que el recurrente pretende, en definitiva, discutir la interpretación de la normativa previsional e incluso la constitucionalidad del sistema de pensiones, materias ajenas al ámbito del recurso de protección.

En cuanto al fondo, expone que rechazó la solicitud de devolución de fondos del recurrente, presentada al amparo de la Ley N°18.156, por no acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales. Indica que dicha normativa, de carácter excepcional, permite a técnicos extranjeros retirar sus cotizaciones solo si acreditan copulativamente su calidad de técnico, su afiliación a un sistema previsional extranjero que otorgue cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y su voluntad expresa de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo.

Sostiene que el recurrente no acompañó certificación válida de afiliación al sistema previsional extranjero, pues los documentos presentados —constancias electrónicas sin firma, declaración jurada y antecedentes no apostillados ni legalizados— carecen de valor probatorio conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, que exigen certificación emitida por la autoridad previsional competente debidamente legalizada o apostillada, con indicación específica de la cobertura otorgada durante el período trabajado en Chile. Asimismo, señala que los contratos de trabajo acompañados no contenían originalmente manifestación expresa de voluntad de mantener afiliación al régimen extranjero, incorporándose dicha cláusula solo mediante modificaciones posteriores.

Añade que, conforme al Decreto Ley N°3.500, los fondos previsionales tienen como finalidad exclusiva financiar prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, estando las administradoras impedidas de otorgar beneficios distintos a los previstos en la ley, salvo que se cumplan estrictamente las excepciones legales. En este sentido, la Ley N°18.156 establece una excepción al principio de territorialidad en materia previsional, cuyos requisitos deben acreditarse mediante certificación formal de la autoridad extranjera competente.

La recurrida invoca además jurisprudencia de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que han confirmado la legalidad de exigir documentación debidamente legalizada o apostillada para acreditar la afiliación a sistemas previsionales extranjeros, así como la improcedencia del recurso de protección en casos donde el derecho reclamado es discutido o no se acreditan los requisitos legales.

Finalmente, sostiene que no concurren los presupuestos del artículo 20 de la Constitución para la procedencia del recurso, al no existir acto ilegal o arbitrario, ni agravio alguno, ni vulneración de garantías constitucionales, por lo que solicita el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

TERCERO: Que se ha descrito jurídicamente al recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como un instrumento o acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar los derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su libre ejercicio.

CUARTO: Que el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Provida de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual del recurrente.

La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

QUINTO: Que, el artículo 1° de la Ley N° 18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que, la revisión del documento aparejado por el recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que efectivamente el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente.

Que, aun cuando se admitiera el hecho de que el recurrente estaría imposibilitado de obtener la documentación que revista o satisfaga esas calidades, por la carencia de representación diplomática, lo cierto es que el aludido documento no está vigente.

SÉPTIMO: Que, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, no se advierte la existencia de un acto ilegal ni arbitrario de la recurrida, quien ha obrado conforme a la ley y ajustándose a criterios razonables y proporcionales, lo que resta fundamento a la acción cautelar que se deduce.

Que, habida cuenta de esa decisión, resulta innecesario pronunciarse sobre las garantías constitucionales que el recurrente dice afectadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado en contra AFP Provida.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Valderrama Martínez, concurre al rechazo del recurso de protección interpuesto, teniendo únicamente en consideración para ello los siguientes fundamentos:

1.- Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

2.- Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-24.401-2025.