nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de nombre reservado

nombre reservado, veintiséis de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 8 de septiembre de 2025, compareció don Daniel Esteban Ortega Cadena, abogado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., domiciliada en domicilio reservado°, nombre reservado, por haber mantenido detenida, en forma indefinida e infundada, la solicitud de retiro de fondos previsionales del recurrente formulada al amparo de la Ley N° 18.156, imponiendo exigencias no contempladas en la normativa legal vigente. Actuación que considera ilegal y arbitraria, toda vez que la recurrida aplica una interpretación excesivamente formalista de la norma, desatiende la finalidad perseguida por el legislador e incorpora requisitos ajenos al marco regulatorio especial, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, consagrados en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se acoja el recurso y se ordene a la recurrida resolver la solicitud de devolución de fondos previsionales, prescindiendo de la exigencia de apostilla o legalización consular respecto de la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

En cuanto a los antecedentes de hecho, el recurrente señala que con fecha 4 de septiembre de 2025 presentó ante AFP Uno S.A. una solicitud de devolución de fondos previsionales en virtud del artículo 7° de la Ley N° 18.156, norma que habilita a trabajadores extranjeros técnicos afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones a solicitar la restitución de las cotizaciones enteradas, siempre que acrediten los requisitos del artículo 1° de ese mismo cuerpo legal. Con el objeto de acreditar el cumplimiento de dichas exigencias, el recurrente acompañó a su solicitud: copia de cédula de identidad, título profesional apostillado, contrato de trabajo junto a su anexo —ambos notariados con firma electrónica avanzada, y que contienen cláusula expresa de voluntad de mantener la afiliación previsional venezolana—, así como certificado de inscripción y cotizaciones en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el que incluye un código alfanumérico de verificación electrónica en su pie de página.

No obstante lo anterior, la recurrida comunicó al recurrente, vía correo electrónico de fecha 8 de septiembre de 2025, que su solicitud N° 1380989 no podía ser tramitada por cuanto el anexo de contrato de trabajo, el contrato de trabajo y el certificado de la institución de seguridad social "no cumplen con los criterios de aceptación para esta solicitud", sin especificar las razones concretas de dicha determinación y otorgando un plazo de cuatro días para subsanar, bajo apercibimiento de rechazo definitivo y necesidad de reiniciar el trámite.

En lo que respecta a los fundamentos jurídicos del recurso, el recurrente argumenta, en primer término, que ha dado estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, los cuales exigen únicamente: a) que el trabajador esté afiliado a un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero que otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Alega que ninguna de estas disposiciones impone la obligación de apostillar o legalizar consularmente el certificado de afiliación extranjero. En el mismo sentido, sostiene que la Circular N° 553 de la Superintendencia de Pensiones —que imparte instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las AFP— tampoco establece la exigencia de apostilla o legalización consular como requisito para la procedencia de la devolución de fondos.

En segundo lugar, el recurrente argumenta que el Certificado Electrónico de Cotizaciones emitido por el IVSS posee plena validez jurídica, pues emana de un organismo público venezolano y puede ser verificado en línea directamente en los portales oficiales del IVSS, a través del código alfanumérico de verificación que figura en el propio documento —en el caso del recurrente, el código N° e9fb00876-2025809— o mediante el ingreso del número de cédula venezolana en los sistemas de consulta del instituto. Hace presente, asimismo, que el código de verificación puede modificarse cuando se descarga una nueva constancia, sin que ello afecte la autenticidad de la afiliación del recurrente, pues la fecha y condición de afiliación permanecen invariables en el tiempo.

En tercer lugar, el recurrente aduce que otras Administradoras de Fondos de Pensiones han aceptado certificados electrónicos del IVSS con idénticas características, validándolos mediante la verificación del código en los portales oficiales y reconociendo que cumplen con los requisitos de la Ley N° 18.156, lo que pone en evidencia el trato desigual dispensado por la recurrida.

En cuarto lugar, sostiene que la exigencia de apostilla o legalización consular resulta actualmente de cumplimiento imposible, atendido que Venezuela no cuenta con representación diplomática ni consular en Chile, circunstancia de conocimiento público y notorio que configura un caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil, de modo que no puede exigírsele al recurrente una gestión que le es material y objetivamente irrealizable.

En cuanto a las vulneraciones constitucionales denunciadas, el recurrente sostiene que la conducta de la recurrida lesiona conjuntamente el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, pues se le otorga un trato discriminatorio respecto de otros solicitantes en idénticas circunstancias que han obtenido respuesta favorable cumpliendo los mismos requisitos, sin que exista diferencia objetiva y razonable que lo justifique; y el derecho de propiedad en sus diversas especies consagrado en el artículo 19 N° 24 de la misma Carta Fundamental, por cuanto la detención arbitraria e injustificada de la solicitud impide al recurrente el ejercicio de su dominio sobre fondos previsionales que le pertenecen íntegramente y cuya titularidad no está en disputa. Agrega que lo anterior también contraviene el artículo 19 N° 26, que prohíbe imponer condiciones que afecten la esencia de los derechos constitucionales garantizados.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. resolver la solicitud de retiro de fondos previsionales del recurrente y proceder a su devolución conforme al valor de la cuota al día del pago efectivo, prescindiendo de la exigencia de apostilla o legalización consular respecto de la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, adoptándose asimismo todas las demás medidas que el tribunal estime necesarias.

Segundo: La Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., representada por la abogada Romina Dalbosco Cornejo, evacuó el informe ordenado mediante resolución de 13 de noviembre de 2025, solicitando el rechazo total del recurso de protección con expresa condenación en costas, fundado en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que a continuación se exponen.

En cuanto a la naturaleza de la acción deducida, la recurrida sostiene que el recurso de protección constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de garantías y derechos claramente preexistentes e indubitados, ante actos de carácter arbitrario o ilegal que los priven, molesten o amenacen. Sobre esa base, afirma que el recurrente no ha sufrido privación, perturbación ni amenaza alguna de sus derechos, y que la pretensión ejercida por esta vía no reviste las características de urgencia ni emergencia que justifiquen la adopción de medidas de resguardo, toda vez que el ejercicio del derecho invocado se encuentra regulado de manera específica en el ordenamiento jurídico vigente.

En lo que respecta a los hechos del caso, la recurrida informa que con fecha 5 de septiembre de 2025, don nombre reservado, cédula de identidad de extranjero N°RUT reservado, de nacionalidad venezolana, inició ante AFP UNO S.A. un trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero al amparo de la Ley N°18.156, en relación con el empleador Euro Trucks Service SpA. Con ese fin, el recurrente acompañó un contrato de trabajo y su anexo, un título de Técnico Superior Universitario en Electrónica Industrial otorgado por el Instituto Universitario de Tecnología nombre reservado con su respectiva apostilla, un certificado de constancia de cotizaciones y una declaración jurada ante notario. Con fecha 9 de septiembre de 2025, la Administradora rechazó la solicitud, informando al afiliado que los documentos presentados —específicamente el anexo de contrato de trabajo, el certificado de institución de seguridad social y el contrato de trabajo— no cumplían con los criterios de aceptación exigidos para la solicitud.

En cuanto al marco jurídico aplicable, la recurrida explica que en materia laboral y previsional rige en Chile el principio de territorialidad, siendo la Ley N°18.156 la que contempla, como excepción, la posibilidad de que técnicos extranjeros queden exentos de cotizar o soliciten la devolución de fondos previsionales. Para ello, el artículo 1° de dicha ley —complementado por el Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones— exige que el trabajador detente la calidad de técnico acreditada mediante documentos de estudios especializados debidamente legalizados, que se encuentre afiliado a un régimen de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones mínimas en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en su contrato de trabajo manifieste expresamente su voluntad de mantener la afiliación al sistema de su país de origen. La acreditación de la afiliación previsional en el extranjero, señala la recurrida, debe materializarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, conforme a lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

En torno a la suficiencia de la documentación presentada, la recurrida sostiene que el certificado de constancia de cotizaciones acompañado por el recurrente carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente, sin que el hecho de contener un código de verificación electrónica ni la intervención de un notario que lo individualice como "Constancia de Afiliación - Retiro de Fondos" subsanen esa deficiencia. En la misma línea, señala que la simple remisión a un portal de internet para validar documentos no satisface las exigencias formales de la legislación chilena, criterio que se ve reforzado por lo expresado por la Superintendencia de Pensiones en su Oficio Ordinario N°12954 de 17 de julio de 2025, que descartó expresamente las certificaciones electrónicas venezolanas sin firma ni apostilla como medios de prueba suficientes, reiterando que Chile y Venezuela son Estados Parte del Convenio de la Apostilla de La Haya, por lo que los documentos venezolanos deben ser apostillados por la autoridad competente de ese país.

Respecto de la situación particular de Venezuela, la recurrida reconoce que actualmente no existe representación diplomática venezolana acreditada en Chile, pero sostiene que dicha circunstancia —ajena a su responsabilidad— no la habilita para prescindir de un requisito legal expreso, cuya finalidad es garantizar la autenticidad y validez de los documentos extranjeros. Añade que se trata de una materia que correspondería resolver al legislador o al Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la habilitación de mecanismos alternativos de validación, lo que escapa a su competencia. De hecho, la Administradora señala que, con fecha 24 de enero de 2025, consultó a la Superintendencia de Pensiones la posibilidad de validar certificados mediante la plataforma oficial del gobierno venezolano, propuesta que fue rechazada por ese organismo por exceder su ámbito de competencia.

Adicionalmente, la recurrida plantea que, al revisar los documentos del afiliado, constató que don nombre reservado figura como único socio y representante legal de Euro Trucks Service SpA, es decir, de la misma entidad de la que emana el contrato de trabajo invocado. Sobre este punto, invoca el Oficio Ordinario N°5310 de 30 de marzo de 2022 de la Superintendencia de Pensiones, que establece que no resulta procedente reconocer la calidad de trabajador dependiente ni aplicar los beneficios de la Ley N°18.156 cuando el técnico extranjero detenta simultáneamente la calidad de representante legal, administrador o socio mayoritario de la empresa empleadora, por cuanto en tales casos se produce una confusión de voluntades que excluye el vínculo de subordinación y dependencia exigido por el artículo 7° del Código del Trabajo. Este criterio, agrega la recurrida, ha sido ratificado por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia Rol N°9951-2025.

En lo relativo a la improcedencia del recurso de protección, la recurrida argumenta que no concurren en la especie ninguno de los requisitos copulativos que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En primer término, afirma que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, pues se ajusta estrictamente a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.156, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones, el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y los Oficios Reservados N°2966 de 2023 y N°25057 de 2023, así como el Oficio Ordinario N°12954 de 2025, todos de organismos públicos competentes. En segundo término, al no existir actuación ilegal ni arbitraria, descarta la configuración de agravio alguno. Finalmente, niega haber privado, perturbado ni amenazado garantía constitucional alguna del recurrente consagrada en el artículo 19 de la Carta Fundamental, subrayando que la Administradora jamás ha desconocido la titularidad del recurrente sobre sus fondos previsionales.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, entonces, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Uno S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor se fundó en el incumplimiento de los requisitos formales y reglamentarios previstos en la Ley Nro.18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente y vinculante en materia de interpretación previsional para las Administradoras.

Sexto: Que, específicamente, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), mencionado por el recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional para surtir efectos probatorios plenos. Ello, por cuanto dicho documento emitido en el extranjero no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, omitiendo la exigencia ineludible dispuesta en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Séptimo: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley Nro.18.156 y de su reglamentación, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente, esto es, la Superintendencia de Pensiones, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. Nro.3.500 de 1980. Una Administradora carece de facultades discrecionales para eximir a los solicitantes de las formalidades procesales que la propia ley general impone a los documentos públicos extranjeros.

Octavo: Que, por consiguiente, no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada no responde a un formalismo antojadizo o caprichoso, sino a una exigencia imperativa de autenticidad y veracidad que encuentra sustento normativo de orden público en nuestro país.

Noveno: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre la vulneración de las garantías fundamentales invocadas por el actor, igualdad ante la ley y derecho de propiedad, desde que al no existir un obrar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, no se configura el presupuesto básico indispensable para que esta judicatura adopte medidas de tutela o resguardo a través de esta vía excepcional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-24386-2025.