nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

C.A. de Santiago Santiago, cinco de junio de dos mil veintiséis.

A los escritos de folios 25 y 26: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el once de noviembre de dos mil veinticinco, comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por haber dictado la Resolución Tra N°101/26/2025 de 3 de octubre de 2025, tomada razón el 9 de octubre de 2025 y notificada el 28 de octubre del mismo año, mediante la cual se declaró la vacancia de su cargo por la causal de salud incompatible con el desempeño del mismo, vulnerando con ello sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19, numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República, que la Carta Fundamental garantiza a todas las personas.

Expone que ingresó a la institución el 19 de octubre de 1992 y que el 18 de agosto de 2025, por Resolución Exenta Folio N°19287998 de la COMPIN, se declaró su salud recuperable. Luego, posterior a la emisión de la resolución recurrida, la COMPIN emitió un nueva Resolución Exenta Folio N°19564180 de 17 de octubre de 2025, donde igualmente declara su salud recuperable.

En cuanto al acto recurrido, indica que se fundó en haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Sostiene que la mencionada resolución infringe el artículo 151 inciso final del Estatuto Administrativo el que, en síntesis, dispone que para ejercer la facultad de declarar vacante el cargo por salud incompatible, se deberá requerir previamente a la COMPIN la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, requisito que actúa como un límite a la facultad discrecional de la autoridad.

Argumenta que la resolución impugnada carece de la debida motivación al no considerar que se encontraba apta para retomar sus funciones, transformando la declaración de vacancia en un despido encubierto y arbitrario.

Precisa que la actuación recurrida lesiona la garantía de igualdad ante la ley, al aplicársele un tratamiento normativo riguroso y ajeno a los presupuestos fácticos de su estado de salud, y el derecho de propiedad, toda vez que se le priva de su legítima remuneración funcionaria y de su vínculo estatutario sin que medie el cumplimiento estricto de la legalidad vigente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la nulidad de la Resolución Tra N° 101/26/2025, ordenando la mantención en su cargo y el pago íntegro de sus remuneraciones durante el periodo que dure la tramitación de esta acción, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, a folio 9 de estos antecedentes, comparece el abogado don Nicolás Álvarez Letelier, en representación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quien evacua el informe respectivo solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección, con expresa condena en costas.

Fundamenta su oposición señalando que la recurrente prestaba servicios en calidad de titular en la planta de técnicos del servicio, y que durante la vigencia de su relación estatutaria se constató que acumuló un total de 308 días de licencias médicas en los últimos dos años, computados al 11 de septiembre de 2025, circunstancia que supera ampliamente el periodo de tiempo establecido en el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Refiere que, ante dicho ausentismo, y en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 151, se solicitó evaluación de la condición de irrecuperabilidad de salud a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), organismo que, mediante Resolución de Evaluación Folio N°19287998 de 18 de agosto de 2025, determinó que la salud de la funcionaria es recuperable.

Señala que la dictación de la Resolución TRA N°101/26/2025, que declaró la vacancia del cargo por salud incompatible, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, por cuanto se ajusta estrictamente al procedimiento reglado en los artículos 150 letra a) y 151 del Estatuto Administrativo.

Sostiene que existe una distinción jurídica esencial entre la 'salud irrecuperable' y la 'salud incompatible', de modo que, si la COMPIN dictamina que la salud es recuperable pero se cumple el presupuesto objetivo de haber hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, el Jefe Superior del Servicio mantiene la facultad de declarar la vacancia para asegurar la continuidad de la función pública y el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de la República.

Destaca que las funciones de la actora, vinculadas al área de abastecimiento y gestión de contratos, exigen una presencialidad que el prolongado ausentismo hacía imposible de sostener sin afectar el interés fiscal y la seguridad aeronáutica.

Finalmente, invoca la obligatoriedad de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República (Dictámenes N°17.351 de 2018 y N°188.441 de 2022) y fallos recientes de los tribunales superiores en casos análogos, concluyendo que no existe una vulneración a las garantías de igualdad ante la ley ni derecho de propiedad, al no tratarse de un derecho indubitado.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haberse dictado por la Dirección de Aeronáutica Civil la Resolución Tra N°101/26/2025 de 3 de octubre de 2025, que declaró vacante el cargo de la actora por salud incompatible, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales previstas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha actuación se ajustó o no a derecho.

Quinto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida se apoya en un hecho no controvertido, a saber, que la recurrente como funcionaria de la DGAC acumuló un total de 308 días de licencia médica en el último periodo de dos años, considerados hasta el 11 de septiembre de 2025, y que sobre el particular, fue solicitada la COMPIN, organismo técnico competente para evaluar la irrecuperabilidad de su salud, la que resolvió que la recurrente mantenía un estado de salud recuperable.

Sexto: Que, las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 150 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales:

a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado; c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, y d) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 148, inciso final.”

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de cese en el cargo de la recurrente corresponde a salud incompatible, declarado por la Dirección General de Aeronáutica Civil a través de la Resolución Tra N°101/26/2025 de 3 de octubre de 2025, tomada razón el 9 de octubre de 2025 y notificada el 28 de octubre del mismo año.

Séptimo: Que es del caso señalar que, la duración de sus ausencias con motivo de las licencias médicas, 308 días en un lapso de casi dos años, ciertamente se enmarca en la situación prevista en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo precedentemente transcrito.

De lo anterior, necesariamente se sigue que la recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal. A su vez, tampoco resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en la resolución cuestionada se expresan claramente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratada y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

De esta manera, se constata que la entidad recurrida se ha limitado a ejercer sus facultades sin que se divise ilegalidad ni arbitrariedad en su ejercicio.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, se debe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que corresponde a prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no ha permitido la labor permanente y continua, a la que está obligada la Administración del Estado, habiendo sido contratada la recurrente para prestar funciones eminentemente presenciales, de las que el servicio público se vio privado por casi un año, lo que ciertamente no pudo que haber afectado severamente la aptitud del Estado para cumplir con los requerimientos de los usuarios.

Noveno: Que en estas condiciones, no se advierte la existencia del acto ilegal y arbitrario denunciado, toda vez que la Dirección General de Aeronáutica Civil, frente al pronunciamiento por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez acerca de la recuperabilidad de salud de la actora –que se relaciona con una causal de cese de labores diferente a la que motivó la resolución recurrida, esto es el tener un salud irrecuperable, la que es ajena al motivo por el que la se declaró la vacancia del cargo de la reclamante-, en consideración a los antecedentes médicos aportados por ésta, decidió fundadamente en virtud de lo estatuido en el artículo 151 del cuerpo normativo ya citado, que lo faculta expresamente para ello, disponer la vacancia del cargo.

Por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración.

A mayor abundamiento, tampoco puede atribuirse arbitrariedad a la decisión contenida en la Resolución Tra N°101/26/2025 de 3 de octubre de 2025, por cuanto los fundamentos fácticos y normativos del acto han sido debidamente expresados en el acto administrativo impugnado, pudiendo desprenderse de su simple lectura los argumentos contenidos en la determinación adoptada, cumpliendo con la exigencia prevista en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Décimo: Que, conforme con lo razonado anteriormente, esta Corte estima que la Resolución Tra N°101/26/2025 de 3 de octubre de 2025, que dispuso la declaración de vacancia del cargo que ostentaba la recurrente por la causal de salud incompatible no es ilegal ni arbitraria, pues emana de la autoridad competente, y sus fundamentos se ajustan al procedimiento establecido en la normativa que lo regula y a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República vinculante a los órganos de la Administración del Estado, fundamentando debidamente el por qué su estado de salud era incompatible con el cargo.

Por lo demás, la declaración de irrecuperabilidad de la salud reconoce en la ley efectos distintos a la declaración de incompatibilidad, pues se trata de situaciones diferentes, y la exigencia en orden a que previo a la declaración de esta última sea necesario contar con informe de la COMPIN que declare si la condición de salud es o no recuperable sólo tiene relevancia, precisamente, para determinar qué tipo de declaración es la que resulta procedente, pero nada obsta a que existiendo salud recuperable, la vacancia del cargo se disponga en razón de la incompatibilidad, en el evento que concurran los supuestos legales para ello, como acontece en el caso presente.

Undécimo: Que, en consecuencia, no advirtiendo esta magistratura en la actuación de la DGAC ilegalidad o arbitrariedad, toda vez que el acto impugnado, como se dijo, ha sido dictado por autoridad competente, dentro de sus competencias, y con fundamentación suficiente, el presente arbitrio será, como se dirá, rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-24356-2025.