Protección contra Superintendencia de Educación

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de junio de dos mil veintiséis.

A los escritos de folios 34 y 35, a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, el 8 de noviembre de 2025, comparece don Gustavo Villegas Mansilla, abogado, en representación de doña nombre reservado, técnico jurídico, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Educación, representada por su superintendenta doña nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Afecta NºNUM000, de 9 de octubre de 2025, por la cual se rechazó el recurso de reposición y confirmó la Resolución Exenta NºNUM001, de 24 de septiembre de 2025, que aprobó el sumario administrativo y aplicó la medida disciplinaria de destitución en su contra, lo que vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el derecho de propiedad, dispuestos en el 19 numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho mediante la anulación de dichos actos sancionatorios.

Indica que la recurrente se desempeñaba como funcionaria a contrata grado 14° E.O. en la Dirección Regional de La Araucanía, con una trayectoria de trece años de servicio y una hoja de vida ejemplar, hasta que fue objeto de un sumario administrativo iniciado en el mes de mayo de 2025, por haber salido del país con destino a Argentina en dos periodos de reposo prescritos por licencias médicas en el año 2023, esto es, del 1 al 15 de noviembre de 2023 y del 28 al 29 de diciembre de 2023. Refiriendo al efecto que dichos desplazamientos obedecieron a la necesidad imperiosa de restaurar su salud mental ante un cuadro depresivo-ansioso y a razones de cuidado familiar respecto de su hija, quien padece síndrome de Tourette, descartando la existencia de dolo o malicia que pudiere configurar una infracción grave a la probidad administrativa.

Sostiene que el procedimiento sancionatorio culminó con la dictación de la Resolución Exenta NºNUM001, de 24 de septiembre de 2025, que aplicó la medida disciplinaria de destitución, respecto de la cual reclama que se funda en una calificación errónea y desproporcionada de los hechos, pues ignora su irreprochable conducta anterior y aplica la sanción más gravosa del ordenamiento estatutario por una conducta que no se encuentra debidamente tipificada como infracción de tal entidad.

Asimismo, alega una transgresión al principio de juridicidad, toda vez que la Superintendencia de Educación habría ejercido competencias de control sobre la validez material del reposo médico que son privativas de organismos técnicos como la COMPIN o la Superintendencia de Seguridad Social, desvirtuando la finalidad del procedimiento disciplinario y actuando como una comisión especial al margen del juez natural.

Por último, sostiene que se vulnera la igualdad ante la ley al establecer una diferencia arbitraria mediante un castigo que no guarda congruencia con la entidad del daño provocado; la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos al inobservar los principios de tipicidad y debido proceso en la formulación de cargos y ponderación de pruebas; y, finalmente, el derecho de propiedad, por cuanto la destitución ilegítima la priva de su empleo, de su carrera funcionaria y de sus remuneraciones, elementos que forman parte de su patrimonio.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y se dejen sin efecto la Resolución Afecta N°NUM000 y la Resolución Exenta N°NUM001, ordenando la reincorporación inmediata de doña nombre reservado a sus funciones y el pago de todas las remuneraciones que haya dejado de percibir desde la fecha de su destitución.

Segundo: Que, evacuando el informe de rigor, comparece el abogado don Christian Pino Barrientos, en representación de la recurrida Superintendencia de Educación, y solicita el rechazo íntegro y con costas de la acción de protección deducida.

En primer término, menciona que el procedimiento administrativo sancionatorio respecto de la recurrente tuvo su origen en el Oficio N°NUM002 de 2025, de la Contraloría General de la República, mediante el cual se ordenó instruir procesos disciplinarios respecto de aquellos funcionarios que hubieren salido del territorio nacional haciendo uso de licencias médicas.

En segundo término, sostiene que quedó fehacientemente acreditado que la funcionaria, doña nombre reservado, quien se desempeña como Fiscal de la Dirección Regional de La Araucanía, se trasladó a la República de Argentina, específicamente a la ciudad de Neuquén, mediante el paso internacional Pino Hachado, en dos períodos distintos —específicamente del 3 al 13 de noviembre y del 28 al 30 de diciembre de 2023— mientras se encontraba sujeta a un régimen de reposo laboral total en su domicilio, infringiendo con ello las prescripciones médicas de las licencias N°NUM003 y N°NUM004, las cuales fueron posteriormente rechazadas por la autoridad técnica por incumplimiento de reposo.

Arguye que tales hechos constituyen una transgresión gravísima al principio de probidad administrativa, consagrado en el artículo 8° de la Carta Fundamental y en los artículos 13 y 52 de la Ley N°18.575, así como una infracción a los deberes estatutarios previstos en el artículo 61 letras g) e i) del Estatuto Administrativo.

Sostiene la legalidad del acto impugnado, toda vez que emana de un sumario administrativo tramitado con estricta observancia de las normas del debido proceso, donde la actora ejerció activamente su defensa y reconoció explícitamente la gravedad de la falta cometida en su declaración sumarial. Respecto a la proporcionalidad de la sanción de destitución, afirma que esta guarda estricta correspondencia con el disvalor de la conducta, habida cuenta de la jerarquía del cargo de Fiscal que ostenta la recurrente y la deshonestidad implícita en su actuar.

Finalmente, invoca la improcedencia de la vía cautelar para revisar el mérito o la discrecionalidad técnica de las sanciones disciplinarias, citando jurisprudencia de los tribunales superiores, y hace presente que la recurrente ha interpuesto paralelamente una reclamación de ilegalidad ante la Contraloría General de la República. Concluye solicitando el rechazo de la acción por no existir acto ilegal ni arbitrario que vulnere garantías constitucionales.

Tercero: Que, a petición de esta Ilustrísima Corte, con de ocho de mayo de dos mil veintiséis, evacuó informe la Contraloría General de la República, representada por su Fiscal doña Carolina Requena Duschner, quien expone que, el 23 de octubre de 2025, la recurrente doña nombre reservado dedujo ante dicho órgano de control una presentación singularizada bajo la referencia N°NUM005, interponiendo el reclamo de ilegalidad previsto en el artículo 160 de la Ley N°18.834, en contra de la Resolución Afecta N°NUM006 de la Superintendencia de Educación, que rechazó su recurso de reposición y confirmó la medida disciplinaria de destitución.

Menciona que, tras recibir el respectivo informe del servicio recurrido, procedió a dictar la Resolución Exenta N°NUM007, de 2026, por medio de la cual resolvió abstenerse de emitir un pronunciamiento respecto de las alegaciones de la funcionaria.

Fundamentando dicha abstención en lo preceptuado por el inciso tercero del artículo 6° de la Ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, norma que impone al ente contralor la prohibición perentoria de intervenir o informar asuntos que, por su naturaleza, sean propiamente de carácter litigioso o se encuentren sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, circunstancia que se verifica en la especie al existir una acción constitucional de protección pendiente de fallo ante esta magistratura.

Cuarto: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la mera voluntad. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, se colige que no se encuentra controvertido que se instruyó en contra de la recurrente un procedimiento sumario de naturaleza administrativa – dispuesto directamente por la Contraloría General de la República-, en el curso del cual se dispuso por la autoridad competente, en la oportunidad procesal prevista por el legislador al efecto la sanción de destitución, sin que se haya alegado la existencia de un vicio procesal en la tramitación de este proceso ni que se hubiere señalado conculcación, en el curso del recorrido procesal, a las garantías del debido proceso.

Sexto: Que, se hace consistir el acto ilegal y arbitrario que se denuncia en la falta de proporcionalidad que existiría entre las faltas que se le reprochan a la recurrente y la sanción con que estas fueron reprimidas. En este extremo, conviene apuntar desde ya, que no es función de esta Corte hacer pronunciamientos de mérito acerca de la aptitud probatoria de los elementos allegados al proceso, las que son privativas de quien jurídicamente está llamado a instruir el sumario y fallarlo, bajo la noción de competencia administrativa. En tal sentido, es atribución de esta Corte establecer la legalidad y la eventual arbitrariedad de la actividad de la recurrida y no en justipreciar el mérito de los antecedentes obrantes en el sumario administrativo, para revisar lo resuelto, como si el presente arbitrio fuera un recurso de instancia y mérito, como lo es paradigmáticamente la apelación.

Séptimo: Que, del mérito de la resolución recurrida fluye que ésta se encuentra debidamente fundada, habiendo señalado la autoridad incluso la jurisprudencia de la Contraloría General de la República en que se cimentaba la sanción impuesta y que se estimaron acreditados hechos que constituyen infracciones graves al principio de probidad administrativa por parte de la recurrente, desde que, de los antecedentes, fluye que no se encuentra controvertido que en dos ocasiones diferentes (y por diversos lapsos, uno de ellos, por 15 días), salió del país encontrándose con licencia médica, la que disponía el reposo total de la paciente en su domicilio. La apuntada sucesión de eventos importa una clara y grave vulneración al principio de probidad administrativa previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, 13 de la Ley 19.653, 61, letra g), del Estatuto Administrativo y los artículos 52 y siguientes de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Octavo: En efecto, los hechos denunciados no sólo permiten suponer la existencia de un incumplimiento formal, episódico y de acotada entidad del deber de reposo administrativo dispuesto por el facultativo que extendió las licencias por razones médico- siquiátricas, sino que también, la realización de acciones dolosas –y reiteradas- en orden a obtener y hacer un uso indebido e ilegítimo de una permiso médico pensado para casos de personas realmente enfermas, e imposibilitadas para desempeñarse laboralmente (merecedoras de subsidio de incapacidad laboral transitoria), lo que impresiona como contradictorio con la circunstancia de salir del país por largos períodos para fines ajenos al reposo y, de hecho, es incluso posible sostener que estas acciones, pueden llegar a constituir eventualmente delitos, como el fraude de subvenciones y la falsificación ideológica de la licencia médica; tipos penales que se han estimado concurrentes en casos semejantes y que permiten vislumbrar que, atendida la gravedad del hecho, la sanción impuesta, en ningún caso, puede reputarse como desproporcionada.

Noveno: Que, no puede silenciarse que en el caso de la recurrente, los hechos que se han denunciado, están revestidos de una mayor gravedad, porque la recurrente era la Fiscal de la Dirección Regional de la Araucanía, cargo directivo y con supervisión respecto de personal subalterno, que demandaba un estricto apego al principio de probidad y legalidad, sobre todo, si en ejercicio de estas funciones, tenía deberes que se relacionaban, precisamente con la represión e investigación de faltas disciplinarias y éticas de sus subalternos, todo lo cual permite descartar la alegación de buena fe y desconocimiento de la ilegalidad de su actuar, invocada por la recurrente, no requiriéndose ningún pronunciamiento expreso previo que prohibiere a las personas que se encontraban con licencia médica salir del país, porque esta exigencia se encuentra implícita en el principio de probidad, en un contexto en que expresamente, en algunos casos, los mismos médicos que extienden las licencias pueden disponer en el formulario correspondiente que se autoriza ex ante a la persona cuyo reposo se dispone, a cumplirlo fuera del territorio nacional, lo que en este caso, no aconteció.

Décimo: Que, en cuanto a la alegación de la actora, en cuanto a que la recurrida, al obrar del modo que lo hizo, hubiere exorbitado sus atribuciones invadiendo el campo de las que son privativas de la COMPIN o la Superintendencia de Seguridad Social, ellas serán desestimadas. En efecto, claramente estas últimas dos instituciones pueden actuar, conforme disponen los artículos 6° y 7° de nuestra Carta Fundamental, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, las que se relacionan con la revisión de los diagnósticos y la forma y duración de las licencias médicas dispuestas por los facultativos correspondientes. Buscan entonces, examinar y controlar la racionalidad médica en la extensión de estos permisos para ausentarse remuneradamente de sus funciones, pero no tienen por objeto analizar las faltas a la probidad de los funcionarios públicos ni el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N°18.575, las que son privativas de las autoridades que realizan y resuelven los sumarios administrativos, cuyo es el caso de autos, lo que se encuentra corroborado por la jurisprudencia reiterada de la Contraría General de la República, entidad contralora que, en este caso ordenó que se le instruyera sumario a la recurrente.

Undécimo: Que, como corolario de lo antes razonado, es posible concluir que la licencia médica está destinada al descanso y la recuperación de una persona, por estar afectada por un padecimiento médico de tal entidad que le impide realizar sus funciones y que, por lo tanto, viajar al extranjero reiteradamente y por períodos extensos de tiempo es considerado una conducta incompatible con el reposo prescrito por el facultativo, lo que es constitutivo una falta grave a la probidad administrativa y una transgresión a las obligaciones esenciales del vínculo laboral que unía a la recurrente con la recurrida, máxime considerando el grado de jefatura que ostentaba la recurrente.

En este predicamento, es lo certero que fluye de los antecedentes que servicio público recurrido actuó dentro de sus facultades legales al actuar del modo que lo hizo, ajustándose a la reglamentación vigente y resolviendo fundadamente, tanto al momento de disponer la sanción contra la que hoy se recurre, cuanto al rechazar la reposición interpuesta en contra de ella, razón por la cual, no se advierte afectación a ninguna de las garantías constitucionales invocadas en el recurso, el cual entonces, deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Educación. Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-24255-2025.