nombre reservado con SERVICIO NACIONAL_DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.

Al folio 8: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece la abogada Masiel Anaís Arenas Calabrano, en favor y representación de nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por haber dictado la Resolución Exenta N°24164113 de fecha 10 de abril de 2024, notificada al recurrente mediante envío de su expediente migratorio obtenido por Solicitud de Acceso a la Información (Ley de Transparencia) Código AB099T0106786 de fecha 8 de octubre de 2025 mediante la cual se rechazó su solicitud de regularización y se dispuso su abandono del territorio nacional. Actuación que considera ilegal y arbitraria, que vulnera su derecho a la libertad personal, debido proceso, igualdad ante la ley y protección de la familia, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

En cuanto a los antecedentes fácticos expone que nombre reservado es ciudadano de nacionalidad ecuatoriana e ingresó a territorio chileno con fecha 19 de noviembre de 2017 por paso fronterizo habilitado, en calidad de turista. Previamente, en su país de origen residía en la provincia de Zamora Chinchipe, dedicándose al rubro ganadero junto a su familia, actividad que le proporcionaba sustento económico para llevar una vida honrada. Por motivos personales vinculados a su separación conyugal, decidió emprender nuevos horizontes y buscar mejores oportunidades de desarrollo personal, eligiendo Chile como destino y realizando un viaje terrestre desde Ecuador, transitando por Perú hasta arribar a territorio nacional.

Respecto de su situación migratoria, al ingresar al país se le expidió la correspondiente visa de turista o permanencia transitoria. Antes del vencimiento de dicha visa, y convencido de iniciar una nueva vida en Chile, solicitó su primera residencia temporal sujeta a contrato, la cual le fue otorgada por el período de un año mediante Resolución N°1981 de fecha 30 de abril de 2018, encontrándose vigente hasta el 26 de junio de 2019.

Durante el año 2019, el actor fue sorprendido por Carabineros de Chile conduciendo un vehículo motorizado sin la licencia profesional correspondiente, ya que solo contaba con licencia tipo B y no aquella requerida para el transporte de personas según el artículo 194 de la Ley de Tránsito. Por este motivo fue detenido y puesto en conocimiento del Juzgado de Garantía de Melipilla, siendo finalmente condenado en causa RIT 4381-2019 mediante procedimiento simplificado a la pena de 41 de prisión en su grado máximo y otras accesorias. No obstante, fue beneficiado con la sustitución de la pena por remisión condicional debido a su irreprochable conducta anterior y la colaboración prestada durante el procedimiento, circunstancias que constituyeron atenuantes en su caso.

En relación con su situación laboral, desde su ingreso al país el recurrente fue beneficiario de residencia temporal producto de su primer contrato de trabajo formal, desarrollando labores en un campo ubicado en la comuna de Melipilla, específicamente en el rubro agrícola mediante cosecha de frutas y verduras. Actualmente, debido a la situación de irregularidad migratoria en que se encuentra, obtiene su sustento económico realizando labores dentro del mismo rubro pero de manera informal, en base únicamente a acuerdos verbales y pagos en dinero efectivo, lo cual afecta considerablemente su calidad de vida y la de su familia.

Asimismo, destaca que en Chile el amparado cuenta con importante arraigo familiar, encontrándose acompañado de su hijo nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, portador del pasaporte N°RUT reservado, quien actualmente se encuentra tramitando su primera residencia temporal. Del mismo modo, se encuentra en compañía de su nieto Jayden nombre reservado, de nacionalidad chilena, de dos años de edad.

Respecto de la sanción migratoria que constituye el objeto de la presente acción constitucional, señala que por motivos que a la fecha se desconocen, el recurrente no fue efectivamente notificado de la Resolución Exenta N°24164113. En tal sentido, desconociendo esta situación, dio inicio a una nueva tramitación de residencia temporal mediante código de trámite N°68511741, momento en el cual se encontró con el impedimento de no poder iniciar dicha tramitación debido a que el Servicio Nacional de Migraciones informó en folio N°66417883 de fecha 16 de octubre de 2024 que constaba en sus registros un rechazo de permiso de residencia mediante el cual se dispuso su abandono del territorio nacional, acto administrativo que se encontraba vigente y cuyo cumplimiento era exigible.

Ante la situación de incertidumbre generada, y con el objeto de que la autoridad migratoria informara sobre dicha sanción, el afectado presentó solicitud de acceso a la información mediante el Portal de Transparencia del Estado con fecha 12 de mayo del año pasado, bajo código AB099T0106786, e interpuso posteriormente reclamo Rol C6964-25. Finalmente, luego de mantenerse en estado de incertidumbre sobre su situación migratoria, la autoridad administrativa dio respuesta a su requerimiento entregando copia de su expediente migratorio con fecha 8 de octubre de 2025, momento en el cual obtuvo conocimiento de la Resolución Exenta N°24164113 de fecha 10 de abril de 2024 que rechazaba su solicitud de regularización, disponiendo su abandono del país.

En cuanto a los fundamentos jurídicos esgrimidos, sostiene que la acción de protección resulta procedente al haberse interpuesto dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde que el amparado tomó conocimiento de la resolución impugnada, esto es, desde el 8 de octubre de 2025 cuando fue notificado mediante la información obtenida por solicitud de transparencia.

Respecto de la vulneración del derecho a la libertad personal, argumenta que la orden de abandono constituye una amenaza a la libertad ambulatoria garantizada en el artículo 19 N°7 de la Constitución, toda vez que representa una amenaza constante al ejercicio del derecho a residir y permanecer en el territorio, pudiendo dar lugar incluso a una medida más grave como la expulsión compulsiva conforme al artículo 128 N°3 de la ley 21.325. Se destaca que la resolución fue emitida treinta meses después de presentada la solicitud de regularización, perpetuando una situación de vulnerabilidad cuando el transcurso del tiempo ya había permitido al recurrente asentarse en el país.

En relación con la vulneración del debido proceso, sostiene que la autoridad migratoria no sometió el caso a una investigación ni proceso previo legalmente tramitado, conforme a lo exigido por el artículo 19 N°3 inciso 6° de la Constitución.

Adicionalmente, argumenta la gravedad y desproporción de la medida de abandono, señalando que ella habilita la posterior expulsión del país según el artículo 128 de la ley 21.325 y genera un impedimento tácito de ingreso conforme al artículo 32 de la misma normativa.

Denuncia asimismo la ilegalidad y arbitrariedad del acto por no haberse subordinado a los principios del procedimiento administrativo establecidos en el artículo 4° de la ley 19.880, particularmente los de escrituración, contradictoriedad, imparcialidad y transparencia.

Por otra parte, alega vulneración del principio de protección y unidad familiar consagrado en el artículo 1° de la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile, toda vez que la ejecución de la medida implicaría la separación del núcleo familiar conformado por su hijo de veinticinco años y su nieto chileno de dos años de edad.

Finalmente, argumenta que la permanencia del recurrente no constituye peligro para los bienes jurídicos protegidos constitucionalmente, considerando que solo registra un antecedente penal menor por conducción sin licencia debida, delito concluido desde el año dos mil diecinueve y respecto del cual ha evidenciado conducta intachable posterior.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N°24164113 ordenándose al Servicio Nacional de Migraciones dejar sin efecto la referida sanción migratoria y habilitándose al amparado para solicitar nuevamente un permiso de residencia temporal en el país, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informa el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección, toda vez que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de esa autoridad que prive perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías constitucionales incoadas.

En primer término, respecto de los antecedentes de hecho, señala que el actor ingresó por primera vez al territorio nacional con fecha 19 de noviembre de 2017, por medio del paso fronterizo habilitado de Chacalluta. Posteriormente, con fecha 30 de abril de 2018, se le otorgó visación de residencia temporal en calidad de titular por el período de un año, manteniéndose ésta vigente hasta el 26 de junio de 2019.

Luego, indica que transcurrido dicho período y encontrándose el extranjero en situación migratoria irregular, con fecha 29 de septiembre de 2021 el recurrente solicitó regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley N°21.325. En consecuencia, mediante Resolución Exenta N°21161114, de la misma fecha, del entonces Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se acogió a trámite la solicitud de regularización presentada, teniéndose por desistido todo trámite pendiente en materia migratoria y otorgándosele permiso de trabajo mientras la postulación se encontrase en tramitación.

En ese contexto, destaca que mediante Notificación Electrónica N°46430450, de fecha 15 de septiembre de 2023, se informó al recurrente que registraba antecedentes penales negativos en el país, específicamente formalización en calidad de autor por el delito de conducción sin la licencia debida, en causa RUC: 1801054822-1, RIT: 4961-2018, del Juzgado de Garantía de Melipilla, además de condena en calidad de autor por el delito de manejo sin licencia profesional, en causa RUC: 1901008232-6, RIT: 4381-2019, del mismo tribunal, a la pena de 41 días de prisión en su grado máximo, más la suspensión de cargo u oficio público mientras durase la condena, según sentencia de fecha 3 de diciembre de 2019.

A raíz de esa información, se otorgó al interesado un plazo de 10 días hábiles para realizar los descargos respectivos por encontrarse en una causal de rechazo, pudiendo acompañar la documentación necesaria en conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley N°21.325. Sin embargo, el recurrente no remitió antecedente alguno dentro del plazo conferido para tales efectos.

En consecuencia, mediante Resolución Exenta N°24164113, de fecha 10 de abril de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones, se rechazó la solicitud de regularización extraordinaria presentada por el extranjero, decretándose orden de abandono del país en un plazo de 5 días a contar de la notificación, reservándosele expresamente los recursos administrativos contemplados en la Ley N°19.880, los cuales no fueron interpuestos por el afectado.

Agrega que al no haberse dado cumplimiento a la orden de abandono decretada, mediante Resolución Exenta N°28418 de fecha 29 de agosto de 2025, se dispuso la expulsión del territorio nacional en contra del recurrente.

En cuanto a los fundamentos de derecho, respecto del proceso de regularización extraordinaria de la Ley N°21.325, la autoridad explica que dicha normativa, en su artículo 8° transitorio, estableció un procedimiento excepcional de regularización migratoria, regulado pormenorizadamente en la Resolución Exenta N°1.769 de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dirigido a personas que hubieren ingresado al territorio por pasos habilitados y se encontraren en situación irregular. En este contexto, la autoridad, entre los requisitos objetivos establecidos para acceder a dicha regularización, exige en términos expresos no tener antecedentes penales ni en el país de origen ni en territorio nacional, conforme al punto resolutivo N°2 letra c) de la resolución citada.

En segundo lugar, en relación con la comunicación de pre-rechazo de la solicitud de regularización migratoria, aduce que, detectados los antecedentes penales del solicitante, se le informó oportunamente que su solicitud se encontraba comprendida en causal de rechazo, otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para formular descargos, en cumplimiento del artículo 91, inciso 2°, de la Ley N°21.325, sin que el interesado hiciera uso de dicha prerrogativa procesal.

Como tercer fundamento, respecto del rechazo propiamente tal de la solicitud de regularización migratoria, sostiene que tal decisión se basó en el incumplimiento de requisitos objetivos exigidos por el artículo 8° transitorio de la Ley N°21.325 y la Resolución Exenta N°1769 de 2021, específicamente la existencia de antecedentes penales en territorio nacional, actuando el Servicio Nacional de Migraciones, como continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración, dentro de las facultades delegadas para acoger o rechazar solicitudes de regularización.

En cuarto término, sobre la orden de abandono dispuesta en contra del recurrente, argumenta que tal medida constituye una consecuencia legal imperativa del rechazo de un permiso de residencia, conforme al inciso 4° del artículo 91 de la Ley N°21.325, diferenciándose sustancialmente de una orden de expulsión por su carácter voluntario, sin perjuicio de que la falta de cumplimiento de la orden de abandono habilita a la autoridad para decretar la expulsión compulsiva.

Finalmente, en relación con el arraigo familiar alegado por la parte recurrente, el Servicio Nacional de Migraciones sostiene que no resulta admisible invocar el principio de unidad familiar para evitar medidas migratorias adoptadas conforme a la ley, especialmente cuando la misma persona ha incurrido en conductas que atentan contra el ordenamiento jurídico y la seguridad pública, citando al efecto jurisprudencia de esta misma Corte y de la Excma. Corte Suprema que ha establecido que el comportamiento delictual de los adultos afecta a las familias, pero la responsabilidad de tales consecuencias recae en el propio infractor y no en la autoridad que aplica la normativa vigente.

Por lo expuesto solicita el rechazo de la acción constitucional de protección, toda vez que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de esta autoridad que prive perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías constitucionales incoadas, no siendo procedente que esta parte sea condenada en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, el acto recurrido es la Resolución Exenta N°24164113 de 10 de abril de 2024, emitida por el Servicio Nacional de Migraciones, que rechazó la solicitud de regularización migratoria extraordinaria impetrada por el amparado y dispuso su abandono del territorio nacional.

QUINTO: Que, no existe discusión respecto que el extranjero fue condenado en Chile como autor del delito de conducción de vehículo sin contar con la licencia profesional requerida al efecto, imponiéndosele por fallo ejecutoriado, la pena de cuarenta y un días de prisión en su grado máximo y accesorias del grado, según sentencia dictada en causa RIT. 4381-2019 del Juzgado de Garantía de Melipilla.

SEXTO: Que, en las condiciones descritas, el extranjero presentó una solicitud de regularización, conforme con el artículo 8° Transitorio de la Ley N°21.325, norma que establece que "Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de marzo de 2020 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación de la presente ley, solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes penales. Una vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación".

A su turno, la Resolución Exenta N°1769 de 2021, que "Aprueba proceso de regularización contemplado en el artículo octavo transitorio de la Ley Nº21.325", en el numeral 2, establece, para aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional por paso habilitado, los requisitos para postular al proceso de regularización. Entre ellos, en la letra c), "No tener antecedentes penales, ni en su país de origen ni en el territorio nacional".

SÉPTIMO: Que, conforme los antecedentes reseñados, la decisión de rechazar la solicitud de regularización del amparado fue adoptada por el Servicio Nacional de Migraciones dentro del ámbito de sus competencias, y se funda en que el extranjero cuenta con una condena penal pretérita por delito de manejo sin licencia profesional.

En este sentido, se debe precisar que la exigencia de no presentar condenas penales pretéritas se encuentra establecida expresamente entre los requisitos formales u objetivos del proceso de regularización extraordinaria, sin distinguir entre la gravedad o naturaleza de los delitos, constituyendo una exigencia cuyo incumplimiento obsta el acceso al beneficio migratorio solicitado.

OCTAVO: Que lo expuesto determina el rechazo del recurso, toda vez que la alegación vinculada al arraigo familiar, a juicio de esta Corte, en esta causa no constituye un impedimento o excepción para que la autoridad pública ejerza sus potestades legales conforme a los requisitos establecidos en la normativa migratoria vigente, sin que, en consecuencia, se pueda establecer que ésta incurrió en un acto ilegal o arbitrario.

Lo anterior, por cuanto el arraigo familiar o el límite que impone el principio de unificación familiar, se hace consistir en circunstancias que no lo conforman. En efecto, el migrante se limita a invocar parentesco por consanguinidad en primer y segundo grado en la línea recta con personas que se encuentran en el territorio nacional, pero nada se demostró en el procedimiento administrativo ni en el curso de la presente acción constitucional, sobre lazos efectivos de orden emocional, económico u otra índole o indicadores de su presencia, tales como una relación cotidiana o la convergencia en proyectos vitales o siquiera compartir las labores agrícolas que aduce el recurrente, modo de vida o sustento.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Comuníquese, regístrese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-24236-2025.