MAFOR S.A. con INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO DE TALAGANTE

Santiago, once de junio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que recurre de protección don José Francisco Riveaux Correa, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Mafor S.A., domiciliada en domicilio reservado, en contra de la Inspección del Trabajo, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en no resolver recurso administrativo sobre multas cursadas y ordenar su pago a través de retenciones efectuadas por la Tesorería General de la República, lo que vulneraría las garantías constitucionales de los N° 2 y 3 inciso 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundamenta su recurso en que con fecha 15 de junio del año 2018, se le notificó a su representada la resolución N° 1725/18/33-1-2, de la Inspección del Trabajo de ICT Norte Chacabuco, por la que se le aplicó la multa de 60 Unidades Tributarias Mensuales por una infracción y también 40 Unidades Tributarias Mensuales por otra, en contra de dicha resolución presentó con fecha 13 de julio de 2018, recurso administrativo de acuerdo a las normas establecidas en el Código del Trabajo.

Agrega que con fecha 20 de enero de 2019, el Gerente de Finanzas de Mafor S.A. al conciliar la cartola fiscal emitida por la Tesorería General de la República, relativa a devoluciones de IVA de exportaciones, se percata que han sido retenidos las cantidades de $2.901.180 y $1.934.120, equivalente a 60 y 40 UTM respectivamente, cifra que coincide con los montos a la que su representada fue multada por la recurrida. Refiere que con fecha 29 de enero de 2019, consultó a la Inspección del Trabajo sobre el resultado del recurso interpuesto, informando la autoridad mediante ordinario 211 de 15 de febrero de 2019, que la Inspección no cuenta con los antecedentes ni tampoco con recurso interpuesto por Mafor S.A. En virtud de lo cual, deduce que la recurrida, simplemente no tramitó la solicitud de recurso administrativo presentada por su parte o simplemente la extravió, y unilateralmente, sin defensa o descargo alguno, de manera ilegal y arbitraria ordenó a la Tesorería General de la Republica, cobrar haciendo efectiva las multas desde el patrimonio de su representada.

Finalmente solicita que se ordene a la Tesorería General de Republica revertir la incautación de 100 UTM efectuada a Mafor S.A. con fecha 30 de noviembre de 2018, dejando sin efecto las referidas multas.

2°) Que informando Francisco Javier Neira Reyes, abogado en representación de la recurrida, solicita el total rechazo de la acción de protección. Indica que entendiendo que el acto arbitrario sería el Ordinario N° 211 de fecha 15 de febrero de 2019, extraño resulta que la recurrente no acompaña la presentación que habría supuestamente entregado a la Inspección del Trabajo y, que es el antecedente del referido Ordinario.

Explica que la Inspectora Comunal del Trabajo, responde mediante Ordinario N° 211 de 15 de febrero de 2019, ante la breve y escueta presentación de la actora, que sólo pide copia de Resolución Ordinario N° 2.207 de fecha 17 de julio de 2018, acompañando solamente la copia de Cédula de Identidad de la empresa, como asimismo del solicitante; se limita únicamente a solicitar más antecedentes al peticionario, atendido que en los registros de la institución no habían registros de la resolución ni el ordinario que ésta estaba solicitando.

De este modo, señala en ningún momento existió, una declaración de la Inspección del Trabajo, como la afirmada por la recurrente, relativa al hecho que no se habría resuelto la solicitud de recurso administrativo, relativo a la reconsideración de la multa, atendido que la Inspectora Comunal del trabajo, difícilmente podía tener conocimiento de la información requerida, y de lo pretendido por la recurrente, cuestión por la que expresamente se responde solicitando más antecedentes para atender de mejor forma su presentación.

Explica que el Ordinario N° 2.2.07 de 17 de julio de 2018, que fuera consultado por la empresa, consiste exclusivamente en una remisión de antecedentes de la Inspección Provincial de Santiago a la Inspección Comunal Norte Chacabuco y no se trata de una resolución, por tanto, efectivamente se trata de un correlativo que no corresponde a la Inspección Comunal, cuestión que explica que la respuesta de la Inspectora le solicitare aclarar la naturaleza de la información requerida.

Respecto a la multa, refiere que la recurrente efectivamente presentó con fecha 13 de julio de 2018, una reconsideración de las multas administrativas fijadas en resolución N° 1725/18/33 (1-2), dicha presentación fue realizada en la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, en atención a que fijó domicilio en Santiago, la que fue debidamente resuelta por Resolución N° 644, de 5 de noviembre de 2018, en la que se mantienen las sanciones establecidas, resolución que fue notificada con fecha 7 de noviembre de 2018.

Finalmente concluye que el recurso interpuesto es improcedente, toda vez que no cumple con ninguno de los requisitos y supuestos de la Carta Fundamental, para que este sea acogido.

3°) Que en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto arbitrario o ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República.

4°) Que ha de señalarse primeramente, como se advierte del recurso, que por una parte se señala que el acto arbitrario es la negativa a resolver recurso administrativo por la aplicación de multas a la empresa Malfor S.A.; sin embargo el desarrollo del mismo, como también en virtud de lo alegado en estrados, pareciera que lo que en realidad se impugna es el Ordinario N° 211 de fecha 15 de febrero del año en curso, tal como lo entiende la recurrida y también esta Corte.

5°) Que en dicho escenario, el referido acto que por medio de esta acción constitucional impugna reza lo siguiente: “Junto con saludar y, dando respuesta a vuestra presentación de fecha 29 de enero de 2019, cumplo con informar lo siguiente: Revisados nuestros registros y sistema computacional, no contamos con la Resolución, ni el ordinario N° 2207, de fecha 17.07.2018. Por lo anterior, solicitamos entregarnos más antecedentes al respecto, tales como: a que pertenecería dicha resolución u ordinario, si corresponde a esta Oficina, etc, con el objeto de atender su solicitud a la brevedad.”

El contenido del Ordinario N° 211, claramente demuestra, que este no contiene ninguna decisión que pudiere afectar las garantías constitucionales que estima el recurrente vulneradas y, ello por cuanto se trata de una acto de mero trámite, nada resuelve ni menos decide, sólo pide más información para dar respuesta al solicitante; razón que por sí sola basta para el rechazo del recurso.

6°) Que en estas condiciones que la acción constitucional de protección será desestimada.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido por don José Francisco Riveaux Correa, en representación de Malfor S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra señora Book.

Rol N° 24202-2019 No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma la abogada integrante señora Coppo, por ausencia.