Protección contra Dirección Regional Talca del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 27 de noviembre de 2024, comparecieron los abogados Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Talca del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en la negativa a dar curso a la debida tramitación de la solicitud de refugio presentada por el recurrente y al envío de sus antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, actuación que califican de ilegal y arbitraria, en tanto vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y al respeto de las garantías esenciales consagradas en la Constitución Política de la República, solicitando que se ordene la tramitación del procedimiento iniciado y la concesión de la visa temporaria de refugio establecida en el artículo 32 de la Ley N° 20.430.

Exponen que el señor nombre reservado, ciudadano venezolano, se vio obligado a salir de su país debido a la violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos y la grave descomposición social, económica e institucional que atraviesa Venezuela, lo que le impidió permanecer en dicho territorio y le llevó a ingresar a Chile por pasos no habilitados. En virtud de esa situación, el 23 de septiembre de 2024 acudió a la Dirección Regional Maule del Servicio Nacional de Migraciones para formalizar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, llenando los formularios respectivos y prestando declaración sobre los hechos que fundamentan su solicitud. Sin embargo, desde esa fecha no ha recibido respuesta ni se le ha otorgado la visación de residente temporario, prevista en la ley, lo que constituye, a juicio del recurrente, una omisión arbitraria e ilegal de la autoridad administrativa.

Como fundamentos jurídicos del recurso citan el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 5° de la Constitución Política de la República, así como los artículos 4°, 26 y 32 de la Ley N° 20.430, que regulan el procedimiento y garantizan el principio de no devolución, además de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, en cuyos artículos 32 y 33 se prohíbe la expulsión o devolución de quienes puedan ver amenazada su vida o libertad en el país de origen. Asimismo, invocan la Resolución Exenta N° 21.726 de 2023, que instruye a los funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones sobre la correcta tramitación de las solicitudes de refugio.

En este sentido, alegan que la actuación de la recurrida ha implicado la vulneración de derechos constitucionales del solicitante, particularmente el derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, puesto que se le ha dado un trato discriminatorio en relación con otros solicitantes de refugio.

Además, denuncian la amenaza al derecho a la libertad personal, en la medida que la falta de tramitación de su solicitud expone al recurrente al riesgo de expulsión.

Por estas razones, solicitan que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la autoridad recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria, ordenando concluir el procedimiento iniciado por el recurrente, dar curso a su tramitación y conceder la correspondiente visa temporaria de refugio prevista en el artículo 32 de la Ley N° 20.430, mientras se resuelve su reconocimiento como refugiado por la Comisión competente.

SEGUNDO: Que, al evacuar el informe solicitado por esta Corte, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto, argumentando que, en la especie, no concurren los presupuestos constitucionales ni legales que habilitan esta acción cautelar, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado como arbitrario o ilegal y que afecte alguna de las garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al respecto, explica que el recurrente manifestó su intención de acceder al procedimiento de determinación de la condición de refugiado, de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 20.430. Sin embargo, tras analizar sus antecedentes, dicho servicio concluyó que no reunía los requisitos formales exigidos, razón por la cual, mediante Resolución Exenta NUM000, de 9 de octubre de 2024, se tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. En atención a ello, alega que el presente recurso ha perdido oportunidad y eficacia, por cuanto ya existe un pronunciamiento expreso sobre la materia.

Asimismo, sostiene que la autoridad administrativa actuó en estricto apego a la Constitución y a las normas legales pertinentes, no existiendo privación, perturbación ni amenaza al legítimo ejercicio de las garantías fundamentales que el artículo 20 de la Constitución protege. En consecuencia, el Servicio Nacional de Migraciones solicita a esta Corte rechazar el recurso de protección en todas sus partes y, además, que se desestime la condena en costas pretendida por la parte recurrente.

TERCERO: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, en el caso en análisis, la actuación que se cuestiona al Servicio Nacional de Migraciones consiste en no haber dado curso regular a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por don nombre reservado, pese a haber manifestado su voluntad en tal sentido y acompañado los antecedentes correspondientes. Señala además la parte recurrente que, en el marco de dicha omisión, la autoridad recurrida no ha otorgado al solicitante la visación de residencia temporaria prevista en el artículo 32 de la Ley N° 20.430, la que debe concederse a todo extranjero que inicia un procedimiento de refugio, generando con ello una discriminación respecto de otros solicitantes y privando al actor de la debida protección mientras se resuelve su situación. Precisa la recurrente que tal proceder vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, así como el derecho a solicitar asilo, asegurados tanto por la Carta Fundamental como por los tratados internacionales ratificados por Chile.

QUINTO: Que, de los antecedentes aportados por la autoridad recurrida, consta que el Servicio Nacional de Migraciones tramitó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el actor, y que, tras el análisis de sus antecedentes, mediante Resolución Exenta NUM000, de fecha 9 de octubre de 2024, se tuvo por desistida dicha solicitud, en atención a no haberse cumplido los requisitos formales exigidos por la normativa aplicable. En tal sentido, se advierte que la Administración dictó un acto formal y expreso que concluyó el procedimiento, agotando con ello la instancia administrativa. Así, al momento de interponerse la presente acción constitucional, no existía una omisión de la autoridad respecto de la tramitación de la solicitud, sino una decisión que puso término al procedimiento conforme al ordenamiento jurídico vigente.

SEXTO: Que, como ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que causen privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de derechos constitucionales. Sin embargo, cuando el acto denunciado ha perdido oportunidad, sea porque se encuentra resuelto en sede administrativa o porque el procedimiento ha concluido mediante un acto formal, el recurso deviene en improcedente, al no subsistir la afectación que se denuncia.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no se advierte la existencia de un acto u omisión actual, ilegal o arbitrario que vulnere garantías fundamentales del actor, por cuanto la materia de su reclamo fue objeto de pronunciamiento por parte del Servicio Nacional de Migraciones, lo que constituye razón suficiente para desestimar la acción deducida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso deducido por los abogados Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, en favor de don nombre reservado en contra de la Dirección Regional Talca del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 24157-2024.