Protección contra Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina

C.A. de Santiago Santiago, uno de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, y en contra de la Alcaldesa de la Municipalidad de Colina, doña Isabel Valenzuela Ahumada, impugnando la Resolución Exenta N° 225, de 23 de octubre de 2025, dictada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución N° 148, de 7 de octubre de 2025, por medio de la cual se le aplicó la medida disciplinaria de destitución, acto que califica de ilegal, arbitrario y vulneratorio de las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeñaba en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina y que, con fecha 14 de junio de 2023, se le concedió licencia médica por once días, fundada en un cuadro de salud mental.

Refiere que, en dicho contexto, viajó a República Dominicana con el objeto de ingresar al centro “Valle Wellness”, donde participó en actividades tales como yoga, sound healing, baños de hielo y conexión con la naturaleza.

Sostiene que dicho desplazamiento tuvo finalidad terapéutica y se encontraba en armonía con las sugerencias de su médico tratante y con el criterio de la Superintendencia de Seguridad Social respecto de licencias médicas por patologías psiquiátricas, y que no obstante, se le aplicó la sanción de destitución al término de un sumario administrativo instruido por Resolución N° 33, de 2025, por el hecho de haber viajado al extranjero mientras hacía uso de licencia médica.

Arguye que la sanción aplicada resulta improcedente, por cuanto los hechos reprochados ocurrieron en una época en que no se encontraba en ejercicio efectivo del cargo, ya que el uso de licencia médica habría suspendido sus funciones, de modo que no sería jurídicamente admisible imputarle una infracción grave al principio de probidad administrativa por hechos ocurridos durante dicho período.

Reclama que el acto terminal carece de la suficiente fundamentación, que no ponderó debidamente sus descargos ni la finalidad terapéutica del viaje, que la medida impuesta es desproporcionada y que no le fue concedido el recurso jerárquico deducido en subsidio de la reposición, todo lo cual importaría una afectación ilegítima de sus derechos fundamentales.

Sobre esa base, solicita dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 225, de 23 de octubre de 2025, disponer su reincorporación a sus labores y ordenar el pago de las remuneraciones que dejó de percibir con motivo de la aplicación de la medida de destitución.

Segundo: Que, al tenor del recurso informa el representante de la Ilustre Municipalidad de Colina, solicitando el rechazo de la acción constitucional deducida, con costas. Como primera cuestión, explica que la Alcaldesa de la Municipalidad de Colina carece de legitimación pasiva para intervenir como recurrida, toda vez que no existe entre su representada y la recurrente vínculo jurídico alguno, ni relación de dependencia jerárquica o administrativa que permita atribuirle la dictación de los actos impugnados, por cuanto la empleadora de la actora es la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, persona jurídica de derecho privado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Añade que las corporaciones municipales, de conformidad con los artículos 129 y siguientes de la Ley N° 18.695, son personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, regidas por las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con directorio autónomo y patrimonio separado, siendo sólo objeto de fiscalización económica por parte de la municipalidad respectiva en lo concerniente a las subvenciones que ésta les transfiere.

En este entendido, afirma que la acción constitucional fue erróneamente dirigida contra la Alcaldesa, puesto que de los propios antecedentes acompañados por la recurrente se infiere que fue la Corporación Municipal, a través de su Secretario General, la que aplicó la medida disciplinaria de destitución y posteriormente decidió rechazar el recurso de reposición, de modo que la Municipalidad es ajena a la relación procesal promovida en autos.

En subsidio, expresa que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar un procedimiento disciplinario ya afinado, más aún cuando la recurrente pretende dejar sin efecto un sumario regularmente sustanciado, cuestión que excede la naturaleza cautelar y no declarativa de esta acción.

Finalmente, postula que no existe acto ilegal ni arbitrario, por cuanto el procedimiento disciplinario fue seguido con apego a las normas que lo regulan y a los principios que aseguran el debido proceso, de tal manera que no se configuran los presupuestos del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, comparece el abogado Rodrigo Flores Osorio, quien solicita el rechazo del arbitrio en todas sus partes, por cuanto la Corporación actuó en el ejercicio legítimo de su potestad disciplinaria, ajustándose a derecho y a los principios de juridicidad y debido proceso administrativo.

Precisa que la instrucción del sumario obedeció a las órdenes impartidas por la Contraloría General de la República mediante Oficio E82804, de 22 de mayo de 2025, y a las directrices posteriores contenidas en el Oficio E89569/2025, de 2 de junio de 2025, relativas a sumarios por uso de licencias médicas con salida al extranjero.

Explica que, en cumplimiento de tales instrucciones, se ordenó instruir sumario mediante Resolución N° 33/2025, se designó fiscal para investigar, se recibieron los antecedentes pertinentes al caso y una vez cerrada la investigación se formuló a la actora el siguiente cargo: “infracción grave al principio de probidad administrativa”. A continuación, se recibieron descargos y, finalmente, con fecha 7 de octubre de 2025, se dictó la “vista fiscal” proponiendo la sanción de destitución, la que fue acogida por Resolución N° 148/2025 y luego confirmada por Resolución Exenta N° 225/2025 al rechazarse la reposición administrativa.

Aduce que todo el procedimiento se llevó a cabo conforme al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación y a las normas supletorias pertinentes, garantizándose a la recurrente la posibilidad de presentar descargos, ofrecer prueba y ejercer los recursos administrativos correspondientes, por lo que no existe arbitrariedad ni ilegalidad alguna.

Puntualiza que el recurso pretende dejar sin efecto el sumario en cuya virtud se estableció la responsabilidad administrativa de la recurrente, lo que excede la naturaleza cautelar del recurso de protección.

Destaca que tratándose de una infracción grave al principio de probidad administrativa, la autoridad se encontraba en el imperativo de aplicar la sanción de destitución, de conformidad con la doctrina uniforme de la Contraloría General de la República y con la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, particularmente la recaída en la causa Rol N° 9.082-2025, que reconoce que la sanción correspondiente en tales casos no es discrecional, sino legalmente determinada.

Respecto de la alegación de la recurrente en orden a que la licencia médica habría suspendido sus funciones y, por ende, la exigibilidad de la probidad administrativa, invoca el dictamen de la Contraloría General de la República N° 17.594, de 12 de julio de 2018, en el que se indica que el uso de licencia médica sólo autoriza al funcionario para ausentarse o reducir su jornada de trabajo, manteniendo su calidad de servidor público y la vigencia de sus derechos y obligaciones funcionarias.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable para la procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, previo al examen del fondo de la controversia, corresponde pronunciarse respecto de la falta de legitimación pasiva alegada por la Ilustre Municipalidad de Colina. A este respecto, se debe considerar que la recurrente se encontraba vinculada con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, entidad que instruyó el sumario administrativo materia de este arbitrio y dictó las Resoluciones N° 148/2025 y Exenta N° 225/2025, que por esta vía se impugnan. Del mismo modo, que las corporaciones municipales, de conformidad con los artículos 129 y siguientes de la Ley N° 18.695, son personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio, con directorio autónomo, siendo sólo objeto de fiscalización económica por parte de la respectiva municipalidad en lo concerniente a las subvenciones que ésta les transfiere, sin que exista una relación de dependencia jerárquica o administrativa que permita imputar directamente a la Alcaldesa la dictación de los actos disciplinarios cuestionados.

En tales condiciones, atendido que los actos recurridos emanaron exclusivamente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, entidad jurídicamente distinta e independiente de la Municipalidad, y no advirtiéndose intervención alguna de la Alcaldesa de la Municipalidad de Colina en su dictación, la alegación de falta de legitimación pasiva será acogida.

Sexto: Que, asentado lo anterior, es menester precisar que la acción se dirige contra la Resolución Exenta N° 225, de 23 de octubre de 2025, dictada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, por medio de la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la actora en contra de la Resolución N° 148/2025 que le aplicó la medida disciplinaria de destitución en el marco de un sumario administrativo dirigido en su contra, la que tuvo como fundamento el hecho de haberse establecido en el curso de la investigación administrativa, que la recurrente viajó a República Dominicana mientras hacía uso de licencia médica.

Séptimo: Que, de lo anteriormente expuesto, aparece que la controversia planteada no dice relación con la corrección inmediata de un acto manifiestamente ilegal o arbitrario susceptible de ser enmendado por esta vía cautelar, sino con la validez y mérito de una decisión administrativa sancionatoria adoptada al término de un procedimiento disciplinario formalmente instruido.

En efecto, las alegaciones de la actora se orientan a cuestionar la corrección de la calificación jurídica de los hechos investigados, particularmente su viaje a la República Dominicana mientras hacía uso de licencia médica, la ponderación de sus descargos y antecedentes médicos, la interpretación de la normativa sobre licencias médicas y probidad administrativa, así como la proporcionalidad de la sanción aplicada, pretensiones que, en lo sustancial, persiguen reabrir el debate sobre la procedencia de la destitución y la manera en que la autoridad disciplinaria ponderó el contexto de salud mental en que se produjo la conducta reprochada. Sin embargo, el recurso de protección no constituye una instancia declarativa ni revisora del mérito de lo obrado en un sumario administrativo, ni habilita a esta Corte para sustituir a la autoridad en la apreciación de los antecedentes de hecho y de derecho reunidos en dicho procedimiento, máxime cuando lo debatido exige un examen de lato conocimiento acerca de la adecuación de la sanción a la falta imputada y de la forma en que fueron valoradas las alegaciones de defensa de la funcionaria.

Octavo: Que, a lo anterior cabe agregar que de los antecedentes allegados a estos autos aparece que las alegaciones de la recurrente fueron conocidas y resueltas en sede administrativa por los órganos competentes, dentro de un procedimiento en que se le tomó declaración, se le formularon cargos precisos, se le otorgó oportunidad para evacuar descargos, acompañar antecedentes y deducir los recursos administrativos pertinentes.

En efecto, la propia inculpada reconoció en su declaración haber salido del país durante el período de licencia médica; luego formuló sus descargos, acompañando informes médicos y explicaciones relativas a su estado de salud y al contexto personal del viaje, tales antecedentes fueron considerados en la vista fiscal, en la que se propuso la sanción de destitución, y posteriormente en el decreto sancionatorio de 23 de octubre de 2025, el cual contiene fundamentos propios acerca de la acreditación del hecho, su calificación como infracción grave al principio de probidad, el resguardo del debido proceso y la proporcionalidad de la medida aplicada, cuestionamientos que fueron nuevamente desestimados al resolverse la reposición administrativa.

De este modo, la decisión impugnada aparece revestida de fundamentación y dictada en ejercicio de las potestades legales de la Corporación Municipal recurrida, gozando de la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos, la que no ha sido suficientemente desvirtuada en autos, desde que los reproches de la actora se encaminan, primordialmente, a reabrir el debate sobre el mérito de la investigación y la valoración de los elementos probatorios, cuestión que excede el objeto propio de esta acción constitucional.

Noveno: Que, en relación con la alegación de desproporción de la medida disciplinaria aplicada, cabe tener presente que la recurrida calificó la conducta investigada como una infracción grave al principio de probidad administrativa, fundándose para ello en el artículo 72 letra b) de la ley 19.070, de tal manera que la sanción aplicada encuentra sustento expreso en la norma en comento, de modo que no aparece como una decisión carente de fundamento o desprovista de razonabilidad.

Décimo: Que, en consecuencia, no se advierte en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario en la dictación de la Resolución N° 225/2025, sino el ejercicio regular de una potestad legalmente conferida, mediante un procedimiento racional y justo, que respetó las garantías del debido proceso administrativo y culminó con una decisión debidamente fundada.

Undécimo: Que, a mayor abundamiento, se debe considerar que la presente acción constitucional, de naturaleza eminentemente cautelar y no declarativa, no está llamada a sustituir los procedimientos específicos que el legislador ha previsto para conocer y resolver controversias vinculadas al término de una relación laboral, como lo es el caso de la especie.

Ciertamente, las impugnaciones que la recurrente formula en cuanto al cese del vínculo que la unía a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, atañen a materias que son propias de ser sometidas al conocimiento de los tribunales del trabajo, a través de los mecanismos que el ordenamiento ha establecido al efecto, y no se condicen con la naturaleza urgente, excepcional y meramente cautelar del recurso de protección.

Duodécimo: Que en razón de lo dicho y por no configurarse los supuestos esenciales que exige el artículo 20 de la Constitución para otorgar la protección que se demanda, el recurso debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina y de la Alcaldesa de la misma comuna, doña Isabel Valenzuela Ahumada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro suplente señor Carrasco Meza.

N° Protección-24.125-2025.