nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, catorce de agosto de dos mil veinticinco.

Proveyendo el escrito folio 20: a todo, téngase presente y a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Fernando Ignacio Montes Cáceres, abogado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Caja Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos directos de las remuneraciones del trabajador afiliado mediante el sistema "Intercaja", por un monto de $225.353, correspondiente a un crédito social contraído en el año 2018 y respecto del cual habían transcurrido más de seis años sin pago alguno y más de dos años desde el vencimiento de la última cuota, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se habría ejercido de manera abusiva e intempestiva la facultad contemplada en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, sin otorgar aviso previo al trabajador y respecto de una deuda que presentaría serias evidencias de encontrarse prescrita, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19 N° 24, por lo que solicita que se declare ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, se ordene la abstención de continuar con los descuentos y se restituyan los montos indebidamente cobrados.

En cuanto a los antecedentes fácticos, relata que en el año 2018 su representado contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado "crédito social", pactado en 60 cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Durante los primeros meses, don nombre reservado cumplió con el pago íntegro de las cuotas, sin embargo, en el año 2019 fue desvinculado de su trabajo por causas ajenas a su voluntad, perdiendo su única fuente de ingresos.

Ante esta situación y la incertidumbre respecto del destino del crédito obtenido, el trabajador se dirigió a su entonces empleador, quien le indicó que dicha deuda quedaría saldada con los descuentos que se le harían de su finiquito. Posteriormente, don nombre reservado comenzó a trabajar de manera independiente y esporádica en diferentes emprendimientos, hasta que en noviembre del año 2021 inició un trabajo estable y cotizando en el sistema previsional.

Señala que transcurrieron más de seis años desde que se dejó de pagar el crédito y más de dos años desde el vencimiento de la última cuota, circunstancia que, a su juicio, determinaría que no existiría título ejecutivo que no fuese susceptible de ser declarado prescrito al día de la fecha. No obstante, con fecha 31 de enero de 2025, el área de recursos humanos de su empleador le informó que, a través del sistema "Intercaja", la Caja de Compensación Los Andes le había descontado la suma total de $225.353, correspondiente al crédito social anteriormente individualizado.

Desde la perspectiva jurídica, fundamenta su acción en que el actuar de la recurrida vulnera abiertamente el derecho de propiedad de su representado, específicamente en lo relativo a su remuneración, contraviniendo el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Sostiene que si bien el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta a las Cajas de Compensación para efectuar descuentos directos de las remuneraciones de los trabajadores afiliados, dicha entidad, en su calidad de órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, no puede hacer un uso irracional y caprichoso de los derechos y facultades que el ordenamiento jurídico le confiere, sin que el afectado tenga posibilidad de defenderse ante una deuda cuya acción muestra seria evidencia de encontrarse prescrita, citando jurisprudencia al respecto, en la cual se estableció que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado tras el transcurso de un extenso lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare arbitrario e ilegal el actuar de la recurrida, ordenándose que se abstenga de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de remuneraciones, que reembolse los montos indebidamente cobrados en enero de 2025 por un total de $225.353 en un plazo de cinco días hábiles y todo cobro futuro que pudiere ser descontado de manera arbitraria e ilegal, y que se condene expresamente en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, requerido el informe correspondiente a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, comparece representada por la abogada doña Inés Riquelme Arao, quien expone detalladamente las circunstancias que rodean la relación crediticia mantenida con el recurrente y los fundamentos legales que amparan su actuación.

En cuanto a los antecedentes fácticos, relata el historial crediticio del recurrente, señalando que el 6 de febrero de 2017 otorgó a don nombre reservado un primer crédito código 167026545-9 por la suma de $5.034.581, a una tasa de interés de 2,14%, pagadero en un plazo de 42 meses, con una cuota mensual de $190.129, cuyo primer vencimiento se produjo el 31 de marzo de 2017. Respecto de este primer crédito, indica que las cuotas correspondientes a los meses de marzo a noviembre de 2017 (cuotas 1 a 9) fueron efectivamente pagadas durante el período comprendido entre el 10 de abril de 2017 y el 10 de abril de 2018.

Posteriormente, las cuotas del mes de diciembre de 2017 a marzo de 2018, más el saldo de capital pendiente y los intereses penales devengados, fueron objeto de una reprogramación el 16 de abril de 2018, por la suma de $4.779.133, a una tasa de interés de 2,1%, en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $147.698, cuyo primer vencimiento se estableció para el 31 de mayo de 2018. En relación con esta reprogramación, precisa que las cuotas correspondientes al período comprendido entre mayo de 2018 y octubre de 2019 (cuotas 1 a 18) fueron efectivamente pagadas durante el período que se extiende desde el 10 de junio de 2018 hasta el 10 de marzo de 2020, encontrándose las cuotas restantes en situación de mora.

En lo que respecta a los fundamentos jurídicos, sostiene que los descuentos efectuados para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, argumentando que se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada judicialmente prescrita. En este orden de ideas, invoca las disposiciones contenidas en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya interpretación sostiene que se desprende con absoluta claridad que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho.

Complementariamente, sostiene que la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos, sino que debe ser discutida y declarada en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

No obstante lo anterior, manifiesta que, sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, ha dispuesto voluntariamente el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente. Asimismo, indica que dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros. En este contexto, precisa que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos, no obstante lo cual su representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Finalmente, sostiene que el presente recurso ha perdido oportunidad toda vez que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados por el recurrente, por lo que en la actualidad no existe medida alguna que el tribunal pueda adoptar a favor del recurrente, en relación al acto arbitrario e ilegal denunciado en autos, toda vez que la institución ha dado satisfacción voluntaria a las pretensiones del recurrente, por lo que solicita se rechace por falta de oportunidad la acción de protección incoada.

TERCERO: Que, ante las presentaciones del recurrente, en orden a señalar que la institución crediticia no ha realizado el reembolso y tampoco ha cesado en los descuentos, acompañando liquidación de sueldo, la recurrida refiere que los descuentos se encuentran suspendidos, informando que ha realizado la devolución de $339.049 al recurrente.

CUARTO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que en atención a la naturaleza de la entidad de previsión social, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja Acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, ha señalado en Dictamen N° 2659-2020 de 12/8/2020: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagará respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos”

SÉPTIMO: Que en este escenario, no corresponde considerar que la conducta en que se funda la presente acción sea arbitraria o ilegal, desde que se ha ejercido una facultad legal que autoriza la deducción de cuotas de créditos sociales de las liquidaciones de las remuneraciones.

En consecuencia, la recurrida ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de una obligación vigente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción cautelar deducida por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-2408-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.