nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

C.A. de Santiago Santiago, ocho de abril de dos mil veintiséis.

Proveyendo a los escritos folios 17, 18, 19 y 20: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Héctor Eduardo Rodríguez Mendoza, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), representada por su Director Nacional, Carlos Eduardo Madina Díaz, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Tra N° 101/31/2025 de fecha 3 de octubre de 2025, notificada el 15 de octubre de 2025, la cual declara la vacancia del cargo del recurrente por salud incompatible, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el señor nombre reservado ingresó a la institución el 1 de enero de 1996, desempeñándose como electricista. Expone que, con fecha 6 de agosto de 2025, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) emitió una resolución de evaluación declarando que su salud es recuperable. No obstante, la autoridad administrativa dictó el acto impugnado fundamentando la vacancia en el uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años.

Sostiene que dicha decisión constituye un despido encubierto que le priva de su remuneración y patrimonio, infringiendo el requisito legal de contar con una declaración de irrecuperabilidad para cesar funciones por salud, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 151 del Estatuto Administrativo. Argumenta que el informe de la COMPIN que declara la salud como recuperable es vinculante y obsta a la aplicación de la causal de salud incompatible, calificando el actuar de la administración como una decisión entregada al mero arbitrio.

Pide en definitiva, acoger el recurso, anular la Resolución Tra N° 101/31/2025, dejar sin efecto la declaración de vacancia ordenando su mantención en el cargo, y disponer el pago de todas las remuneraciones devengadas durante la tramitación del proceso, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, comparece el abogado Ignacio Enrique Camino Mardones, en representación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que el actor, en su calidad de funcionario de planta desde el 1 de diciembre de 1997, acumuló un total de 269 días de licencia médica en el período de dos años anteriores al 11 de septiembre de 2025. Precisa que la institución solicitó formalmente a la COMPIN la evaluación de irrecuperabilidad, organismo que el 6 de agosto de 2025 determinó que el estado de salud del funcionario es recuperable. Ante esta confirmación técnica y la verificación objetiva del exceso de los seis meses de licencia, la Dirección procedió a declarar la vacancia para asegurar la continuidad del servicio público y la seguridad operacional.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la resolución se encuentra debidamente motivada y fundamentada en la necesidad de contar con dotación activa para funciones estratégicas. Explica que el cargo de electricista aeroportuario es crítico para el mantenimiento de sistemas de ayudas visuales y distribución eléctrica en los aeródromos, tareas que exigen presencialidad y disponibilidad efectiva, las cuales se ven gravemente afectadas por el ausentismo prolongado del recurrente.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que el artículo 151 del Estatuto Administrativo faculta al Jefe Superior del Servicio para declarar la salud incompatible cuando se supera el plazo de seis meses de licencias, siempre que la COMPIN no declare la irrecuperabilidad. Sostiene que, según la jurisprudencia administrativa vinculante de la Contraloría General de la República y fallos recientes de los tribunales superiores, la declaración de salud "recuperable" es precisamente el antecedente técnico que habilita la declaración de incompatibilidad, diferenciándola de la causal de salud irrecuperable que conlleva otros beneficios y efectos.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas, argumentando además la inexistencia de un derecho indubitado y la improcedencia de utilizar esta vía como una instancia de apelación administrativa.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que constituyen hechos pacíficos y no controvertidos en la presente causa los siguientes:

i) Que el recurrente se desempeñaba como funcionario de planta en la Dirección General de Aeronáutica Civil, en calidad de profesional grado 10°.

ii) Que hizo uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses dentro de los últimos dos años, acumulando 269 días.

iii) Que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, mediante resolución de 6 de agosto de 2025, declaró que su estado de salud es recuperable.

iv) Que mediante Resolución TRA N° 101/31/2025, de 3 de octubre de 2025, se declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible con su desempeño.

QUINTO: Que el artículo 151 del Estatuto Administrativo dispone que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo el haber hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, exigiendo además requerir previamente el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respecto de la condición de irrecuperabilidad.

SEXTO: Que, en la especie, consta que la autoridad administrativa dio cumplimiento a la exigencia legal de requerir el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la cual concluyó que la salud del recurrente era recuperable, configurándose igualmente el presupuesto objetivo relativo al uso de licencias médicas por un período superior a seis meses.

SÉPTIMO: Que, de la interpretación armónica de las normas citadas, se desprende que el legislador distingue entre la salud irrecuperable —que conlleva el retiro del funcionario con efectos previsionales— y la salud incompatible con el desempeño del cargo, hipótesis en la cual la autoridad conserva la facultad de declarar la vacancia cuando el prolongado ausentismo afecta la continuidad del servicio.

OCTAVO: Que, en estas condiciones, no se advierte que la autoridad haya actuado fuera del ámbito de sus atribuciones legales ni que la decisión impugnada carezca de fundamento, atendido que se sustenta en hechos objetivos verificados y en el ejercicio de una potestad expresamente contemplada por la normativa vigente.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se ha acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por lo que la acción cautelar deducida no podrá prosperar Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado, en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Caro, quien estuvo por acoger el recurso, dejar sin efecto la resolución impugnada y ordenar la reincorporación del actor a sus funciones, por los siguientes fundamentos:

1.- Que, para la adecuada decisión del presente recurso cabe tener presente que el artículo 151 del Estatuto Administrativo, luego de la modificación introducida por la Ley 21.050, dispone: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

2.- Que, la intención del legislador al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si la salud del funcionario resulta o no recuperable, como también si la misma le permite o no desempeñar el cargo, ello a propósito de fundar la incompatibilidad, informe que al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, en principio, no es posible aplicar la causal del artículo 151 del Estatuto Administrativo, si es que la Compin no concluye, a su vez, que la salud del funcionario no le permite desempeñar el cargo.

En este sentido, la norma legal es expresa en cuanto a que la evaluación del funcionario es “respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud” y “que no le permite desempeñar el cargo”, de manera tal que si la Compin concluye que la salud es irrecuperable, corresponde dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 152 del Estatuto Administrativo, en cambio, si dicha comisión concluye que la salud es recuperable, para que el jefe superior del servicio pueda dar aplicación al artículo 151, se requiere que además la Compin evalúe si la salud del funcionario no le permite desempeñar el cargo.

3.- Que, dicha interpretación es la única coherente con la intención del legislador al incorporar el nuevo inciso tercero del artículo 151, pues de otra forma se permitiría que la autoridad administrativa resolviera con independencia de la opinión del organismo técnico, con lo cual la decisión quedaría desprovista de dicha evaluación experta, al prescindirse del informe obligatorio de la Compin, el que no sólo ha de referirse a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario, sino también a la compatibilidad de la misma con el desempeño del cargo.

4.- Que, la conclusión anterior, resulta además coherente con la jurisprudencia reiterada del Excma. Corte Suprema sobre la materia, reflejada, sólo a modo de ejemplo, en las sentencias dictadas en los roles 13.750-2024, 13.442-2024, 13.441-2024 y 12.022-2024, en las que se precisa que antes de la Ley N°21.050, uno de los reproches a la legislación vigente, radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el jefe superior del servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. Por ello, al alero de la antigua normativa, el Tribunal Constitucional sostenía que: “la mera circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años no habilita por sí sola al Jefe superior del servicio para considerar que el funcionario que ha disfrutado de ellas tenga salud incompatible con el desempeño del cargo que le corresponde, sino cuando ellas sean indicativas de que el afectado no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo”(STC Rol 2024-11-INA, de 13 de diciembre de 2012). Del mismo modo, el Tribunal Constitucional expresó que: “no basta para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo el solo hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, y que, de existir efectivamente un estado de salud en el funcionario afectado que le impida desempeñar el cargo, ella es constitutiva de falta de idoneidad personal -que no es ciertamente culposa- para continuar en su trabajo, circunstancia que, al igual que ocurre con la capacidad, la Carta Fundamental contempla específicamente como factor de diferenciación en materias laborales, al aludir de modo expreso a la “idoneidad personal” (STC 3006-16-INA, de 29 de septiembre de 2016).

En razón de dichas objeciones, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N°18.834, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la Compin respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales, proyecto de ley que dio origen al actual inciso tercero del artículo 151, norma que replica, entre otros, en el artículo 148 de la Ley 18.883.

5.- Que, en la especie, la declaración de salud incompatible con el cargo, se basó en la circunstancia de haber hecho uso el recurrente de licencias médicas por un periodo superior a seis meses, en los últimos dos años, presupuesto que no basta para cumplir los requisitos del artículo 151 del Estatuto Administrativo, por cuanto es un hecho no discutido que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, declaró que la salud del recurrente es recuperable, sin pronunciarse sobre si, a pesar de ello, resulta incompatible con el cargo.

Lo anterior deja de manifiesto no sólo la ilegalidad del acto administrativo recurrido, al dar término al vínculo estatutario del actor sin cumplir con el presupuesto legal del citado artículo 151, sino también su arbitrariedad, dado que no cumple con el informe que la ley exige para determinar que la salud del actor no sería compatible con el cargo, limitándose a invocar el hecho de hacer uso de licencias médicas por el lapso establecido en la ley y que la salud del recurrente no sería compatible con su cargo, en base a las razones genéricas consignadas en la resolución impugnada, las que en ningún caso pueden suplir la exigencia legal antes referida, para sustentar la determinación de vacancia del cargo, pues el jefe superior del servicio carece de las competencias técnicas en materia de salud ocupacional, las que, para estos efectos, fueron radicadas por el legislador exclusivamente en la Compin.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-24037-2025.