nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Cristofer Denim Retamal Carrasco e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Fisco de Chile, impugnando la Resolución Afecta nro. 5, de 8 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido en sede administrativa y confirmó la sanción de destitución aplicada mediante Resolución Exenta nro. 31259, de 30 de septiembre de 2025, en el marco de un sumario instruido por Resolución Exenta nro. 23290, de 9 de julio del mismo año.

Expone que ingresó al entonces Departamento de Extranjería y Migración el 1 de octubre de 2013, desempeñándose durante más de doce años en funciones administrativas, sin antecedentes disciplinarios previos.

Agrega que el 9 de julio de 2025 se instruyó la apertura de un sumario administrativo, en el que el 12 de agosto de 2025 fue notificado de los cargos formulados por la fiscal instructora nombre reservado, evacuando descargos el 20 de agosto siguiente, y que posteriormente el 30 de septiembre se le notificó la aplicación de la sanción de destitución.

Señala que el 7 de octubre de 2025 interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio, el que fue rechazado al día siguiente mediante la resolución recurrida.

Indica que uno de los hechos investigados consistió en un viaje realizado a Mendoza, Argentina, durante julio de 2022, mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica por una afección de salud mental, circunstancia que atribuye a una grave situación familiar derivada del cáncer que afectaba a la madre de su pareja de entonces, debiendo acompañarla junto a su hija de corta edad, aún lactante, a quien debió cuidar.

Agrega que su licencia no prescribía reposo total y desconocía que no pudiera salir del país durante su vigencia, que las licencias fueron válidamente emitidas por una profesional de la salud basada en una afección de salud mental producto de reiteradas crisis de pánico que se fueron agudizando por problemas dentro del trabajo, ya que vivió reiteradas situaciones de acoso laboral por una jefatura.

Encontrándose en Argentina, las condiciones climáticas provocaron el cierre del Paso Los Libertadores, impidiendo su retorno oportuno al país.

Sostiene, asimismo, que desconocía cualquier irregularidad asociada a la profesional que emitió algunas de sus licencias médicas y que jamás tuvo conocimiento de procesos penales o impedimentos para ejercer la profesión.

Afirma que la autoridad administrativa no acreditó de qué manera los hechos imputados constituyen una infracción grave al principio de probidad administrativa, denunciando infracción a los principios de tipicidad, reserva legal y proporcionalidad, pues la salida al extranjero durante licencia médica no se encuentra expresamente tipificada como causal de destitución y no se ponderaron adecuadamente sus antecedentes personales, médicos y su trayectoria funcionaria.

Puntualiza que, en la medida que su salida al extranjero fue puntual y justificada en razones distintas a un mero descanso o entretenimiento, no se configuró a su respecto una falta grave a la probidad.

Por todo lo anterior y aduciendo que el acto recurrido es arbitrario e ilegal por los motivos señalados, además de vulnerador de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 nro. 2 de la Constitución Política de la República en conexión con el artículo 19 nro. 3 sobre el derecho al debido proceso, solicita dejar sin efecto la medida expulsiva o, subsidiariamente, sustituirla por una sanción de menor entidad, disponiendo el pago de sus remuneraciones por todos los meses durante los cuales se encuentre desvinculado del servicio.

Segundo: Que, al informar el Servicio Nacional de Migraciones recurrido, solicitó el rechazo íntegro de la acción constitucional.

Expuso que el recurrente ingresó al servicio el 1 de octubre de 2013 y que el procedimiento disciplinario tuvo su origen en el Oficio Reservado nro. ES2604, de 22 de mayo de 2025, mediante el cual la Contraloría General de la República instruyó la apertura de sumarios respecto de funcionarios que hubieren utilizado licencias médicas emitidas por profesionales extranjeros vinculados a investigaciones penales por emisión irregular de reposos médicos.

Señala que, en cumplimiento de dicha instrucción, mediante Resolución Exenta nro. 23290, de 9 de julio de 2025, se ordenó instruir sumario administrativo, designándose como fiscal instructora a nombre reservado; que durante la investigación se incorporó certificado de viajes emitido por la Policía de Investigaciones el 25 de julio de 2025, en el cual consta que el actor salió del país el 7 de julio de 2022 y reingresó el 22 del mismo mes, mientras se encontraba haciendo uso de la licencia médica folio 72080262-7, emitida el 16 de junio de 2022, que prescribía reposo domiciliario total por treinta días.

Indica, además, que entre los años 2022 y 2024 el recurrente hizo uso reiterado de licencias médicas emitidas por nombre reservado y nombre reservado.

Respecto del primero, precisa que fue condenado mediante sentencia de 9 de julio de 2024, dictada en causa RUC 2000795411-6, RIT 6108-2022, del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, por fraude de subvenciones y emisión de licencias médicas falsas; y respecto de la segunda, señala que registra querella penal en causa RIT 5101-2022, RUC 2000795411-6, del 3° Juzgado de Garantía de Santiago.

Refiere que la investigación permitió establecer que diversas licencias fueron obtenidas sin evaluación clínica presencial y que el propio funcionario reconoció haber participado en una dinámica irregular para obtenerlas.

Señala que mediante Resolución de Fiscalía nro. 3, de 12 de agosto de 2025, se formularon cargos, que el inculpado presentó descargos el 20 de agosto del mismo año, que la fiscal emitió vista fiscal el 29 de igual mes proponiendo la destitución y que, finalmente, mediante Resolución Exenta 31.259, de 30 de septiembre de 2025, se aplicó dicha sanción, conforme al artículo 125, letra e), del Estatuto Administrativo, por estimar configurada una infracción grave al principio de probidad administrativa y un incumplimiento reiterado de deberes funcionarios Añade que el recurso de reposición deducido por el actor fue rechazado mediante Resolución Afecta nro. 5, de 8 de octubre de 2025, por no aportar antecedentes nuevos que desvirtuaran los hechos acreditados; y que el procedimiento desarrollado respetó íntegramente las garantías del debido proceso, que la sanción fue legal, fundada y proporcional a la gravedad de las conductas investigadas y que no existe vulneración alguna de las garantías de igualdad ante la ley ni del debido proceso invocadas por el recurrente.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes allegados al recurso, en especial el informe evacuado por la recurrida y las piezas que componen el sumario administrativo acompañado, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

a) El recurrente nombre reservado, ingresó el 1 de octubre de 2013 al, entonces, Departamento de Extranjería y Migración como funcionario a contrata asimilado al Estamento Administrativo, grado 12° de la Escala Única de Sueldos, desempeñando inicialmente en labores de digitalización y apoyo administrativo, para luego ser asignado a la Oficina de Partes y Gestión Documental, en funciones de recepción, clasificación, archivo y derivación de documentación oficial.

b) Fue incorporado en el Oficio Reservado nro. ES2604 de 22 de mayo de 2025, emitido por la Contraloría General de la República por el cual se instruyó la apertura obligatoria de procedimientos disciplinarios respecto de funcionarios a quienes les fueron otorgadas licencias médicas extendidas por profesionales de la salud de nacionalidad extranjera, que, conforme a los antecedentes remitidos por el Ministerio Público, se encontrarían involucrados en investigaciones penales relacionadas con la emisión irregular de reposos médicos.

c) En cumplimiento de dicho mandato, mediante Resolución Exenta 23290 de 9 de julio de 2025 se abrió sumario administrativo en su contra, designándose como fiscal instructora a la funcionaria nombre reservado, conforme al artículo 126 del Estatuto Administrativo.

d) En el curso de la investigación se incorporó el certificado de viajes del recurrente (fojas 56 del expediente sumarial), emitido por la Policía de Investigaciones de Chile con fecha 25 de julio de 2025 en el que se consigna que el señor nombre reservado salió del país el 7 de julio de 2022 y reingresó el 22 del mismo mes y año, por vía terrestre y Paso Fronterizo Los Libertadores; hallazgo relevante que, al haber tenido lugar durante un período de reposo domiciliario total por 30 días prescrito por licencia médica 72080262-7 de 16 de junio de 2022 (agregada a fojas 28 del expediente sumarial), en el parecer de la autoridad reforzó la conclusión de un uso abusivo e incompatible con el beneficio previsional.

Asimismo, en dicha investigación constató la autoridad que entre los años 2022 y 2024 el señor nombre reservado hizo uso reiterado de licencias médicas emitidas por los profesionales nombre reservado y nombre reservado. El primero fue condenado —según sentencia de fecha 9 de julio de 2024, dictada en causa RUC N° 2000795411-6, RIT N° 6108-2022— del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, como autor del delito de fraude de subvenciones, y a la pena de 678 días de presidio menor en su grado medio, como autor del delito de emisión de licencias médicas falsas. Respecto de la segunda, consta la existencia de una querella penal por la emisión o certificación irregular de licencias médicas, en causa RIT N° 5101-2022, RUC N° 2000795411-6, del 3° Juzgado de Garantía de Santiago.

Incluso -aduce la recurrida- el propio funcionario reconoció haber gestionado al menos una de dichas licencias encontrándose físicamente fuera del país, pese a que el documento prescribía reposo total en su domicilio en Chile.

e) Sobre la base de dicha investigación, se declaró cerrada la investigación el 12 de agosto de 2025 (fojas 188 del expediente administrativo) y se formularon ocho cargos en contra del recurrente (fojas 189), de los cuales la autoridad tuvo por acreditados los seis primeros, relativos al viaje personal realizado al extranjero durante un período de reposo domiciliario total prescrito por licencia médica, al uso abusivo de dicho instrumento de seguridad social, a la utilización en beneficio propio de la remuneración devengada mientras incumplía el reposo y a la obtención y presentación de licencias médicas carentes de sustento clínico suficiente, emitidas por facultativos posteriormente condenados o querellados por delitos vinculados a la emisión irregular de licencias.

f) A fojas 200 del expediente sumarial el actor evacuó sus descargos.

g) A fojas 224 se evacuó la Vista Fiscal, de 29 de agosto de 2025, en la que se propuso la medida de destitución.

h) Por Resolución Exenta nro. 31259, de 30 de septiembre de 2025, el Servicio recurrido aprobó la Vista Fiscal y aplicó al actor la medida disciplinaria de destitución al tenor del artículo 125, letra e), del Estatuto Administrativo, por estimar configurada una infracción grave al principio de probidad administrativa y un incumplimiento reiterado de deberes funcionarios.

Esta resolución fue notificada el mismo día al sumariado.

i) El 7 de octubre de 2025 dedujo recurso de reposición administrativo, el que fue desestimado por Resolución Afecta nro. 5 de 8 de octubre de 2025, por no haber aportado nuevos antecedentes ni elementos clínicos o jurídicos que desvirtuaren los hechos asentados en el sumario.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados, consta que la decisión de destituir al recurrente fue el corolario de un sumario administrativo válidamente tramitado por el Servicio recurrido, instruido en cumplimiento de lo mandatado por la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades.

Sexto: Que, en este escenario, debe recordarse la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema en orden a que el recurso de protección no constituye una instancia de revisión del mérito de lo resuelto en sede administrativa disciplinaria, ni constituye una vía de lato conocimiento apta para debatir la proporcionalidad de las sanciones funcionarias o la ponderación de atenuantes, cuestiones que son de competencia exclusiva del órgano en cuestión.

Séptimo: Que, de esta manera, al haber dispuesto el Servicio recurrido la medida disciplinaria impugnada, en el marco de un sumario administrativo legalmente tramitado e iniciado como consecuencia de una instrucción emanada de la Contraloría General de la República; en el que concluyó la procedencia de la sanción impuesta por estimar que los hechos que tuvo por establecidos -pormenorizadamente descritos en la resolución sumarial de término-, importan una infracción grave al principio de probidad administrativa y un incumplimiento de deberes funcionarios del afectado en los términos previstos en el artículo 125 del Código Tributario, según latamente explica, asimismo, dicho acto resolutivo; se impone concluir que el actuar de la autoridad se ajustó a la ley y cumple, además, con las exigencias de motivación de los artículos 11 y 41 de la Ley nro. 19.880, no pudiendo ser calificado, por ende, como ilegal y/o arbitrario; conclusión que, desde luego, fuerza a rechazar la acción constitucional incoada, atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por abogado Cristofer Denim Retamal Carrasco, en representación del Servicio Nacional de Migraciones y del Fisco de Chile.

Se previene que la Ministra señora Araya concurre al fallo que antecede, sin compartir lo referido en el fundamento sexto, y teniendo además presente:

1.- Que, conforme se ha establecido, el control que la judicatura ejerce por la vía de protección se limita a constatar la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto u omisión denunciados, sin que resulte procedente, por esta sede cautelar, reemplazar la apreciación efectuada por la autoridad administrativa en cuanto a la ponderación de los antecedentes de hecho y de derecho que sustentan la sanción.

2.- Que, examinados los antecedentes acompañados, no se advierte que el acto impugnado haya sido dictado al margen de las facultades que el ordenamiento jurídico entrega al Servicio recurrido, ni se constata infracción a las normas que regulan la tramitación del sumario administrativo de que se trata, desde que la decisión cuestionada se funda en un procedimiento formalmente ajustado a derecho y en una vista fiscal que analiza los hechos investigados.

3.- Que, asimismo, no se configura arbitrariedad en el acto impugnado, toda vez que en él explicitan los antecedentes considerados, la normativa aplicable y las razones que condujeron a la aplicación de la medida de destitución, de modo que se trata de una decisión razonablemente motivada dentro del ámbito de discrecionalidad que la ley le reconoce, sin que la mera discrepancia de la actora con dicha conclusión permita calificarla como caprichosa o desprovista de fundamento.

4.- Que, en relación al análisis de la proporcionalidad del acto administrativo, quien sostiene esta prevención, considera que sí puede ser objeto de análisis a través de la acción incoada, toda vez que aquello implica un examen de legalidad del mismo.

5.- Sin embargo, en el presente caso, no se esgrimieron antecedentes que permitan establecer su quebrantamiento, toda vez que los argumentos consignados en el libelo, más allá que se relacionan con la valoración de los antecedentes efectuada por la autoridad, no desconocen la realización de un viaje a Argentina, durante el lapso en que debió estar cumpliendo reposo en su domicilio, conducta grave, respecto de la cual no se acompañaron en el sumario administrativo antecedentes suficientes que permitan establecer que el órgano recurrido debió atemperar la sanción que en definitiva fue impuesta.

Redacción del ministro Matías de la Noi, y de la prevención su autora.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°24029-2025.